Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gasto público en América Latina y el Caribe aumentó en promedio siete puntos porcentuales durante los últimos 20 años, sin embargo, esto no se refleja de manera similar en aumentos del capital físico y humano de calidad o en beneficios sociales duraderos, especialmente en casos como Ecuador. Los países tienen opciones que no se limitan a la disyuntiva de subir los impuestos o recortar el gasto. Una alternativa es identificar las eficiencias en el gasto público para realizar un gasto “inteligente”.
Un problema del gasto público en América Latina es que durante la última década este ha manifestado un comportamiento pro cíclico, lo cual quiere decir que se gasta más cuando la economía está en auge y menos cuando los recursos se reducen, esto tiende a aumentar las fluctuaciones creando amplios costos sociales y afectando a los sectores más vulnerables de la población.
Como prueba de esto, a partir de datos entre 1980 y 2016, el BID estimó la correlación (una medida de relación entre dos variables) entre el ciclo económico y el gasto primario, una correlación positiva indica una política de gasto público pro cíclica. Ecuador manifiesta esta situación, aunque no presenta valores tan altos como los de Ruanda y Argentina. Por otra parte, los países industrializados por lo general presentan política de gasto contra cíclica (Gráfico 1) para mantener la demanda agregada y que las crisis sean menos agresivas.
Gráfico 1
Correlación entre ciclo del producto y gasto primario total
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.
Se estima además que el gasto público general consolidado es de 29,7 % del Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina y el Caribe, en comparación con 43,5 % en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cabe mencionar que la diferencia es que estos países no han logrado este porcentaje a costa de sufrir insostenibilidad fiscal, lo cual sí ha ocurrido con el primer grupo. Los países que más gastan son Argentina, Brasil, Ecuador, Trinidad y Tobago y Uruguay (más de 35% del PIB). En el caso de Ecuador, para agosto 2018 el porcentaje alcanzó 56,97% (Gráfico 2).
Gráfico 2
Deuda como porcentaje del PIB en Ecuador
Fuente: Ministerio de Finanzas.
Elaboración: Consultora Multiplica.
GASTAR SIN MEDIDA LIMITA EL ACCESO AL CRÉDITO
El informe menciona que este tipo de políticas de gasto se deben principalmente a dos factores: 1) distorsiones políticas e instituciones débiles y 2) limitado acceso a crédito en malas épocas. La primera razón afirma que los hacedores de política pública buscan resultados a corto plazo y además tienen presiones para gastar cuando existen recursos disponibles, el resultado inevitable de esto es que en épocas de recesión se debe recortar el gasto. La segunda razón se refiere al hecho de que usualmente los países en vías de desarrollo pierden acceso al crédito debido a su irrazonable gasto en tiempos de bonanza.
Para superar esta etapa de ajuste de una forma estable, el BID propone ciertas herramientas que se basan en solucionar problemas de ineficiencia técnica e ineficiencia asignativa. La primera refleja el hecho de que los gobiernos hacen las cosas adecuadas pero de forma incorrecta, es decir, utilizan más recursos de los necesarios para alcanzar un determinado resultado. Por otra parte, la ineficiencia asignativa afirma que usualmente en la región el presupuesto se asigna de acuerdo con estándares históricos y no se considera en realidad dónde un dólar más de gasto será más útil. El informe estima que entre 10 % y 30 % de la inversión en proyectos de construcción financiados con dinero público llega a perderse fruto de la corrupción.
LA INEFICIENCIA EN EL EMPLEO PÚBLICO
Dentro del informe se plantea la cuestión salarial, puesto que se ha encontrado que los salarios promedio del sector público son mayores a los del sector privado, lo cual puede deberse a: 1) habilidades diferentes en cada sector; 2) poder monopólico del Gobierno para fijar salarios no competitivos; 3) sindicatos públicos con poder de negociación que exijan mayores salarios o 4) periodos electorales que elevan primas salariales.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la prima salarial en América Latina y el Caribe para el sector público es una de las más elevadas del mundo, llegando a ser 34 % más elevada. Esto puede significar que el gasto corriente en salarios está siendo mayor a lo que debería ser para mantener a sus empleados y seguir siendo competitivos con el sector privado. Los países que más malgastan son aquellos con las primas salariales más altas y una menor proporción de trabajadores no calificados: El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Ecuador (más del 20%), y Colombia y Costa Rica (más del 15%). En Ecuador, entre 2006 y 2017 se dio un aumento de 204% en el gasto en salarios (Gráfico 3).
Gráfico 3
Gasto en salarios del Gobierno central base devengado (millones de $)
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Consultora Multiplica.
TRANSFERENCIAS FOCALIZADAS: ¿MÁS FILTRACIONES?
El informe indica además que cerca de 29,4% del gasto público en promedio en América Latina y el Caribe abarca transferencias, incluidos los programas sociales (las transferencias monetarias condicionadas y las pensiones no contributivas), los subsidios a las empresas (sobre todo los subsidios a la energía) y las pensiones contributivas.
Es así pues que los errores, el fraude o corrupción reducen la eficiencia económica de estas intervenciones disminuyendo la cantidad de dinero destinada a los beneficiarios focalizados. El error en la focalización implica la parte de los fondos de un programa de protección social que no llega a los pobres o beneficiarios que no son pobres.
En Ecuador, el Estado invierte alrededor de $ 254 millones en la entrega del Bono de Desarrollo Humano (BDH) a alrededor de 423.000 personas en todo el país, esto supone grandes esfuerzos para regular la existencia de errores en la focalización, adicionalmente existe el bono Joaquín Gallegos Lara y la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad con lo cual la cifra de beneficiarios supera el millón de personas.
INFRAESTRUCTURA
Este es un aspecto a tomar en cuenta en el país, pues el BID afirma que una forma eficaz de reducir el gasto en infraestructura consiste en evitar invertir en proyectos que ni satisfacen demandas o necesidades definidas ni aportan suficientes beneficios. Ecuador está en séptimo lugar en la región respecto a la eficiencia de la gestión de la inversión pública, ligeramente por encima del promedio.
En el informe se clasificó a los países en grupos de acuerdo a su capacidad de planificación para la infraestructura y optimización de la selección del proyecto de acuerdo a cinco etapas en la ejecución de estos proyectos (estimación, selección, implementación, preparación y evaluación, con una calificación sobre cuatro puntos en las tres primeras etapas y sobre 100 en la cuarta) (Tabla 1). Los resultados clasifican a los países en 4 grupos:
Grupo 1 (muy fuertes): Chile, Colombia, México y Perú.
Grupo 2 (fuerte): Bolivia, Ecuador, Nicaragua y República Dominicana.
Grupo 3 (débil): Argentina, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Uruguay.
Grupo 4 (muy débil): El Salvador, Panamá y Paraguay
Tabla 1
Indicadores de capacidad institucional de generación de infraestructura 2017
Se afirma además que los niveles de eficiencia en la construcción en la región son bajos, por lo cual se debería mejorar la gobernanza corporativa y regulatoria, y proporcionar incentivos para reservar fondos y blindarlos para gastos en mantenimiento. De igual manera, los retrasos en la construcción suponen aumentar significativamente los costos de construcción.
A partir de este informe se puede observar que la eficiencia en la ejecución de proyectos es fundamental para el ajuste del gasto público para América Latina y especialmente para Ecuador. Elegir de manera correcta qué proyectos ejecutar y hacerlos de una forma eficiente puede reducir de manera importante el gasto público. Además, el ajuste a partir de la masa salarial en el sector público es importante, la diferencia en salarios para un mismo nivel de cualificación en el sector público y privado puede introducir distorsiones en el mercado laboral y generar gasto innecesario para el sector público.
Por: Sebastián Rodríguez, redacción Revista GESTIÓN.
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Last modified on 2018-09-26