Quitar el subsidio a los combustibles mejora la distribución pero aumenta la pobreza

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Quitar el subsidio a los combustibles mejora la distribución pero aumenta la pobreza

Pablo Samaniego Ponce *
Octubre 24, 2019 - 05:00

Los combustibles son uno de los elementos motrices de la economía y la sociedad por el tipo de desarrollo al que hemos arribado. Son necesarios tanto para el funcionamiento de las empresas como para las actividades que realizan los hogares en ámbitos tan diversos como el transporte para asistir al trabajo, estudiar o para entretenimiento. En este artículo se presentará solo el consumo de los hogares. Estos demandan directamente carburantes para cocer los alimentos y para poner en marcha sus medios de transporte o asistir a actividades fuera del hogar utilizando transporte público. En tanto el precio del gas de uso doméstico está fuera de discusión, no se lo incluye.

El consumo de medios de transporte (por carretera, mar y ríos) y combustibles para uso de los hogares tiene diferencias si se los divide ordenándolos de menor a mayor ingreso. En efecto, los hogares más pobres junto con los deciles 4 y 5, son los que más ingresos deben invertir (7,3 a 7,4%), en tanto que los más ricos solo destinan 5,8% del gasto corriente de consumo.

 

 

Del consumo directo de combustibles y de su uso indirecto al emplear los diversos tipos de transporte, el principal es el que se realiza por vía terrestre pues ocupa 68% del gasto y, el segundo, es la compra directa de gasolinas y diésel, que representa 26%.

Sin embargo, esa distribución se modifica significativamente al comparar los ámbitos urbano y rural: el consumo de combustibles para transporte es mayor en el primero, en tanto que el consumo de servicios de movilidad es mucho mayor en el segundo.

 

 

Ahora bien, ¿cuánto gastan los hogares en los dos rubros principales? Para conocerlo, vale la pena dividir a la población en urbana y rural, pero además entre las personas que se autodefinen como indígenas y las que no, a fin de indagar sobre una de las razones que se esgrimieron en las movilizaciones de las últimas semanas.

 

El mayor peso en el presupuesto familiar en los dos ítems analizados tienen los indígenas que habitan el área rural en transporte de pasajeros, con un valor mayor a tres puntos porcentuales comparado con el que realizan los otros grupos étnicos urbanos. En cambio, los urbanos y rurales no indígenas tienen el mayor consumo en combustibles de todos los grupos.

El aumento promedio de los combustibles fue de 73,7%, valor ponderado de acuerdo con la cobertura de la demanda nacional. Para los indígenas rurales esto implica un incremento de 0,6% a 1,5% en combustibles con relación al gasto corriente de consumo de los hogares, pero para el transporte de pasajeros, asumiendo el aumento de 32% decretado por la Agencia Nacional de Transporte para el servicio interprovincial, habría un incremento de 8% al 10,5% del total que consumen los hogares; en los hogares no indígenas urbanos ese aumento es de 4,6% a 6,1%. Sin embargo, comparativamente, los hogares indígenas rurales deberán destinar 12% de su gasto corriente a los dos ítems, en tanto que los no indígenas urbanos dedicarán 9,5.

En términos absolutos una elevación de los precios de los combustibles recaerá más en los sectores de altos ingresos. Por ello, es cierto que la eliminación de esos subsidios contribuye a una mejor distribución en el destino de los recursos públicos, pero como se ha mostrado, afecta en mayor proporción a los hogares pobres por las restricciones presupuestarias que tienen, es decir, hay más equidad en el gasto público, pero junto con una reducción en la capacidad de compra de los sectores vulnerables; en efecto, el excedente del hogar (diferencia entre ingresos y gastos) sería negativo en 1,5 dólares en los hogares rurales indígenas una vez aplicado el incremento, en tanto que los hogares urbanos no indígenas mantendrían un excedente positivo de $ 29. La inequidad global pesa sobre los resultados finales.

 

(*) Profesor de Desarrollo y Planificación, y Pensamiento Económico en la Facultad de Economía de la PUCE. Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), tiene una maestría en Economía con especialización en Desarrollo y Política Económica de la Flacso (Ecuador), encabezó la Dirección de Investigaciones Económicas del Banco Central del Ecuador.

 

 

 

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