El secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, denunció este jueves el mal manejo de fondos públicos que fueron utilizados para la campaña publicitaria contra Chevron en el Gobierno de Rafael Correa. Ratificó que el Ecuador agotará todas las instancias que sean necesarias para defender los intereses del pueblo amazónico y ecuatoriano en general.
Jurado mencionó que con el antecedente del veredicto que una corte penal internacional dictó en 2015 a favor de la petrolera, Ecuador podría afrontar un perjuicio económico. “El régimen anterior suscribió contratos por más de $ 10 millones en campaña de comunicación a nivel nacional e internacional, pretendieron hacer creer al país que las celebridades internacionales apoyaban la causa cuando en realidad estas recibían un alto pago por su visita con fondos públicos”.
Jurado señaló además que este caso fue aprovechado por el anterior régimen para ganar protagonismo político y mediático. Durante ese tiempo la cancillería, con Ricardo Patiño al frente, habría suscrito un contrato por $ 2,5 millones con la empresa Satré Comunicaciones para organizar la llegada de personalidades y cubrir su estadía. A esto se suma un contrato por $ 6,4 millones para pagar a celebridades internacionales como Mia Farrow ($ 188.000) y Danny Glover ($ 330.000).
“Las consecuencias inmediatas de un posible dictamen en contra del Ecuador podrían afectar a la economía ecuatoriana y sobre todo a nuestra reputación. El haberse tomado la justicia en sus manos lleva a que todos los ecuatorianos tengamos que pagar de nuestros bolsillos dinero que nunca debimos perder”, dijo, y aclaró que por ese motivo Ecuador enfrenta ahora más de 35 procesos de arbitraje internacional que han costado millones de dólares solamente en honorarios de abogados.
El Gobierno solicitó al procurador general del Estado que ante cualquier sanción económica al país, tome acciones inmediatas necesarias para sancionar a los funcionarios que generaron daño a los intereses del país, con la solicitud de ejercer el derecho de repetición que establece la Constitución.
“Hemos demostrado que el Gobierno actúa en defensa de los ciudadanos ecuatorianos y de los intereses de nuestro país, por eso no cesaremos de solicitar el derecho de repetición que establece la Constitución. El afán del Gobierno anterior por tomar protagonismo internacional y por tener todos los poderes en sus manos podría llevar a un gran perjuicio económico para todos nosotros”, concluyó.
En septiembre de 2013, el propio expresidente Correa lanzó la campaña “La mano sucia de Chevron” denunciando el daño en la Amazonía atribuido a la petrolera.
Allí invitó a celebridades del mundo a expresar su solidaridad con el tema y, según reportó diario El Universo, Correa insistió en que el Gobierno ecuatoriano no había intervenido, “ya que se trata de un proceso entre privados”.
Sin embargo, el exmandatario dijo que su Gobierno reaccionó frente a la “campaña de desprestigio” de la petrolera en la que se habría gastado $ 400 millones.
El juicio contra Chevron –antes Texaco- empezó el 3 de noviembre de 1993, cuando los afectados presentaron una demanda contra la compañía en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y la acusaron de haber usado “tecnología barata y obsoleta” durante la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 hasta 1990.
En febrero de 2011 la justicia nacional emitió una sentencia en primera instancia contra Chevron por $ 9.500 millones, sin embargo, en los últimos siete años la empresa ha alegado que el proceso tiene vacíos legales y vicios de corrupción por lo que se ha negado a cancelar la compensación y continúa con su defensa en el extranjero.
Last modified on 2018-09-06