En Ecuador, el trabajo no remunerado representa el 19,1% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta cifra revela la enorme contribución económica de una labor tradicionalmente invisibilizada y mayoritariamente realizada por mujeres. Casi una quinta parte de la economía ecuatoriana depende de este trabajo no pagado, principalmente realizado en los hogares.
Según Alison Vásconez, Amparo Armas y Jackeline Contreras en su estudio titulado “La economía del cuidado, el trabajo no remunerado y remunerado en Ecuador”, este trabajo “permite el mantenimiento del hogar” y “aporta en gran medida a la economía”. Sin embargo, al realizarse fuera del mercado laboral formal, no se contabiliza en las cuentas nacionales ni se valora adecuadamente su contribución.
ECUADOR EN EL CONTEXTO REGIONAL
En el contexto latinoamericano, Ecuador se sitúa ligeramente por debajo del promedio regional en cuanto al peso del trabajo no remunerado en la economía. Mientras que en Ecuador representa el 19,1% del PIB, el promedio de América Latina y el Caribe es del 21,4% (Gráfico 1).
Gráfico 1
Porcentaje con relación al PIB de América Latina y el Caribe
Chile lidera la región con un 25,6%, seguido de cerca por Costa Rica (25,3%) y México (24,3%). Estos porcentajes superan incluso el promedio de los países de la OCDE, que se sitúa en el 15%. Ecuador se encuentra en una posición similar a países como Guatemala (19%) y Colombia (19,6%).
Es interesante notar que países con diferentes niveles de desarrollo económico muestran porcentajes similares. Por ejemplo, Uruguay, con una economía más desarrollada, muestra un porcentaje (23,8%) cercano al de El Salvador (21,3%), un país de ingresos medios-bajos. Esto sugiere que la contribución del trabajo no remunerado es una característica estructural de las economías latinoamericanas, independientemente de su nivel de desarrollo.
LA BRECHA DE GÉNERO EN EL TRABAJO NO REMUNERADO
Al examinar la distribución por género del trabajo no remunerado, se observa una disparidad marcada tanto en Ecuador como en toda la región. En Ecuador, las mujeres dedican el 14,5% de su tiempo al trabajo no remunerado (TNR), mientras que los hombres solo el 4,6% (Gráfico 2).
Gráfico 2
Participación por género en el (TNR)
Esta brecha de género se repite en todos los países analizados. Chile muestra la mayor participación femenina, con un 17,5%, frente a un 8,1% de los hombres. Guatemala presenta la brecha más amplia: 15,5% para las mujeres frente a solo 3,5% para los hombres.
Ecuador se sitúa cerca del promedio regional en cuanto a la participación femenina (14,5% frente al promedio de 15,7%), pero ligeramente por debajo en la participación masculina (4,6% frente al promedio de 5,7%).
Como señalan Andrea Subía, Priscila Robles, Ana Guzmán, Javier Pinto en su artículo “Violencia económica y laboral en contra de las mujeres en Ecuador”, esta división sexual del trabajo “refuerza el estereotipo de hombre proveedor y mujer ama de casa, cocinera o cuidadora de niños”. La sobrecarga de trabajo no remunerado limita las oportunidades laborales y económicas de las mujeres ecuatorianas, perpetuando ciclos de dependencia y desigualdad.
IMPACTO DEL TRABAJO NO REMUNERADO EN LA PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA
Karla Vizuete, en su documento “La sobrecarga del trabajo no remunerado en las actividades de cuidado para las mujeres”, explica que el trabajo no remunerado tiene un impacto significativo en la participación laboral femenina en Ecuador. La autora señala que entre 2010 y 2019, las mujeres ecuatorianas trabajaron en promedio 34 horas semanales de forma remunerada, cifra inferior a la jornada laboral completa de 40 horas. Además, mantuvieron una brecha salarial de 19,81% respecto a los hombres.
Vizuete destaca que existe una relación inversa entre el ingreso laboral y el trabajo no remunerado: cuando aumenta el ingreso laboral, las mujeres tienden a reducir las horas dedicadas al trabajo no remunerado. Sin embargo, esta relación se intensifica en períodos económicamente difíciles. Por ejemplo, en 2016, un año de contracción económica, las mujeres estaban dispuestas a reducir hasta 8,43 horas de trabajo no remunerado ante incrementos en su ingreso laboral.
La presencia de miembros del hogar que requieren cuidados también incrementa significativamente el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado. La autora indica que si hay niños menores de 6 años en el hogar, las mujeres dedican en promedio 1,8 horas adicionales al trabajo no remunerado. Si hay una persona con discapacidad, pueden llegar a dedicar hasta 18 horas adicionales semanales.
En ese sentido, considerando datos recientes de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) anualizada para 2023 se revela que la brecha de género en el empleo no remunerado en Ecuador sigue siendo significativa. Esta categoría, que incluye el trabajo del hogar no remunerado así como jornaleros y asalariados que no perciben remuneración, muestra una marcada disparidad entre hombres y mujeres.
Según estas cifras, el 16,2% de las mujeres en Ecuador se encuentran en situación de empleo no remunerado, en comparación con solo el 5,1% de los hombres. Esta diferencia de más de 11 puntos porcentuales subraya la persistencia de patrones de desigualdad en la distribución del trabajo no remunerado entre géneros (Gráfico 3).
Gráfico 3
Empleo no remunerado por género
Estos datos actualizados refuerzan las conclusiones presentadas por Karla Vizuete en su estudio sobre la sobrecarga del trabajo no remunerado en las mujeres ecuatorianas. La alta proporción de mujeres en el empleo no remunerado sugiere que continúan asumiendo una carga desproporcionada de las tareas domésticas y de cuidado, lo cual limita sus oportunidades de participación en el mercado laboral formal y remunerado.
¿CÓMO EL TRABAJO NO REMUNERADO PERPETÚA LA VIOLENCIA ECONÓMICA?
El trabajo no remunerado, mayoritariamente realizado por mujeres, es un pilar invisible que sostiene la economía ecuatoriana, pero también es un mecanismo que perpetúa la violencia económica y la desigualdad de género. Según Subía, Robles, Guzmán y Pinto, esto afecta de forma integral en la vida de las mujeres, quienes se hallan limitadas en sus ingresos y en su economía.
La carga desproporcionada del trabajo no remunerado sobre las mujeres tiene consecuencias directas en su capacidad para participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones. Como señala Eva Peña en su estudio “Teletrabajo, trabajo no remunerado y violencia de género en el Ecuador durante la pandemia por COVID-19”, “las mujeres son las más afectadas por tener que trabajar a distancia y realizar al mismo tiempo las tareas del hogar”. Esta doble jornada no solo limita las oportunidades profesionales de las mujeres, sino que también refuerza su dependencia económica, un factor clave en la perpetuación de ciclos de violencia doméstica.
La invisibilización del trabajo no remunerado en las políticas públicas y en la conciencia social contribuye a la normalización de la violencia económica. Los autores antes mencionados enfatizan en que “a nivel estructural es necesario continuar en el proceso de una cultura de prevención y erradicación de todo tipo de violencia en contra de las mujeres en todos los niveles y especialmente de los tipos de violencia económica, patrimonial y laboral que casi no llegan a identificarse como conductas de discriminación y desigualdad”.
DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS: HACIA UNA ECONOMÍA DEL CUIDADO EN ECUADOR
Frente a esta realidad, Ecuador ha dado pasos significativos para reconocer y valorar el trabajo no remunerado. La Constitución de 2008 no solo reconoce este trabajo como productivo, sino que también establece el derecho a la seguridad social para quienes lo realizan. Este reconocimiento se ha fortalecido recientemente con la promulgación de la Ley Orgánica del Cuidado Humano en 2023, que visibiliza el derecho al cuidado humano como un eje central del funcionamiento de la sociedad.
Sin embargo, como señala el estudio de Subía, Robles, Guzmán y Pinto, la implementación efectiva de estas políticas enfrenta desafíos. De las 211.899 personas afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por trabajo no remunerado, el 99,8% son mujeres, lo que refleja la persistencia de la división sexual del trabajo.
El reconocimiento y la valoración del trabajo no remunerado son pasos cruciales para romper este ciclo. Iniciativas como la afiliación al seguro social para personas que realizan trabajo no remunerado en el hogar son avances importantes, pero insuficientes. Se requiere una transformación profunda en la distribución de las tareas de cuidado, políticas que faciliten la conciliación entre trabajo remunerado y no remunerado, y un cambio cultural que reconozca el valor económico y social del trabajo doméstico y de cuidados. Como Armas, Contreras y Vásconez proponen en su estudio, es necesario “considerar la sobrevivencia (y su provisión o sostenimiento) como el eje central del sistema, subordinando el mercado y el intercambio a este objetivo fundamental”.
Avanzar hacia una economía que ponga en el centro el sostenimiento de la vida implica grandes desafíos para Ecuador, pero también abre perspectivas para construir una sociedad más justa e igualitaria. Esto requiere no solo la valoración del trabajo no remunerado, sino también políticas activas para su redistribución entre géneros y entre el Estado, el mercado y las familias.
Las experiencias de otros países de la región, como el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay, pueden ofrecer lecciones valiosas para Ecuador en la implementación de su propia Ley Orgánica del Cuidado Humano. Asimismo, es crucial fortalecer las políticas de prevención y atención a la violencia económica, reconociendo su estrecha relación con la desigual distribución del trabajo no remunerado.
En última instancia, visibilizar y valorar el trabajo no remunerado en Ecuador es un paso crucial hacia la equidad de género y el desarrollo sostenible del país. Solo reconociendo plenamente esta contribución invisible y traduciendo el marco normativo existente en acciones concretas, podremos construir una economía verdaderamente inclusiva y justa.
(*) Elaborado por economista Liz Ortiz, analista económica Revista Gestión.
Last modified on 2024-08-22