¿Qué le espera a la economía ecuatoriana en el 2020?

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¿Qué le espera a la economía ecuatoriana en el 2020?

Consultora Multiplica *
Enero 19, 2020 - 19:00

El panorama de una economía en estancamiento no parece mejorar. Se cerró el 2019 con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de -0,08%, según la reciente estimación del Banco Central del Ecuador. En este 2020 se proyecta un crecimiento del PIB de 0,7% que, aunque se torne positivo, sigue siendo mínimo e impredecible. Por otro lado, el empleo sigue en decadencia dado que el pleno empleo en los últimos cinco años cayó 10 puntos, mientras que el empleo inadecuado aumenta progresivamente, alcanzando a 56,6% de la población económicamente activa (PEA) en 2019.

Ciertos factores incidieron en que las proyecciones del crecimiento del PIB de 2019 de los distintos organismos sean cuestionables. El entorno económico estaba lleno de incertidumbre debido al comportamiento de los agentes del país tras las medidas tomadas por el Gobierno. Es así como el Acuerdo con el FMI junto a las reformas legales planteadas trajeron consigo el levantamiento social de octubre de 2019. Estos hechos provocaron una alteración de todos los sectores de la economía dejando una pérdida de $ 2.800 millones de dólares, según los gremios, aunque el BCE actualizó ese monto calculándolo en $ 821 millones de dólares.

Cuadro 1 Principales variables macroeconómicas de 2019 y 2020

El consumo de los hogares, que fue la fuente principal del PIB en 2019, se debió en gran parte al robusto crecimiento del crédito. La cartera de crédito creció en 10,6% a noviembre de 2019; sin embargo, este año la oferta crediticia ha caído en picada.

El Cuadro 1 muestra las principales variables macroeconómicas a evaluar en contraste con el 2019. A simple vista, resalta ciertas variables específicas como la inflación, con un cambio tendencial, el déficit, los desequilibrios en la cuenta fiscal, el marginal crecimiento de la productividad y los valores rojos de la balanza de pagos.

CONTINÚA LA TENDENCIA INFLACIONARIA CERCANA A CERO

Aunque la inflación del final de 2019 fue negativa (-0,07%), se espera que para este año cierre con 0,7 puntos de crecimiento inflacionario. El Decreto 883, que ponía fin al subsidio de la gasolina y que luego fue derogado, provocó que la inflación promedio de 2019 haya alcanzado un valor de 0,3%. Si bien una inflación muy alta no es buena para los consumidores ni productores, tampoco es positivo que esta variable sea tan baja, como en el caso ecuatoriano, ya que implica una decadencia de la productividad del país y, por ende, un estancamiento económico.

Gráfico 1 Tendencia inflacionaria en 2020

Para 2020 se espera una inflación menor a un punto porcentual y en promedio de 0,3%, siendo históricamente uno de los niveles más bajos (Gráfico 1); entre las causas están los problemas de liquidez, la falta de inversión pública y privada, el deterioro del mercado laboral y, por supuesto, el estancamiento económico. No obstante, es probable que la inflación pueda aumentar ya que, según el compromiso firmado con el FMI, el gobierno debe reducir gradualmente los subsidios a los combustibles por un equivalente del 2% del PIB, pero esto aún está por verse.

Por el momento, ni la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) ni la Inversión Extranjera Directa (IED) dan señales alentadoras. Según el BCE, la inversión se ha desacelerado desde el último trimestre de 2017 y a partir del 2018 se volvió negativa, tendencia que no ha cambiado. Se espera reformas en el mercado laboral que fomenten un entorno más favorable para los inversionistas.

AJUSTE FISCAL EN EL MARCO DEL ACUERDO CON EL FMI

Los desequilibrios en la cuenta fiscal siguen siendo constantes. El resultado global del Presupuesto General del Estado sigue con números negativos; aunque el déficit en la balanza fiscal se reduce en 2% para el 2020, el Estado sigue gastando más que los ingresos que genera, lo cual dejará una deuda interna de $ 3.384 millones de dólares. Otro punto que aún no se ha controlado, y lamentablemente tampoco se lo hará en este año, es la participación del gasto corriente, que sobrepasa en un 300% a los gastos de capital.

El gobierno de Lenín Moreno se ha enfocado en cumplir las metas acordadas con el FMI en conjunto con el Ministerio de Finanzas, a cargo del ministro Richard Martínez, por lo que su gestión ha sido la de propiciar un entorno favorable para la inversión.

Además, en su periodo de tres años, el acuerdo estipula una corrección subsidiaria de 0,8% del PIB y en el 2020 de 0,2%, lo que apura un cambio en las políticas del Gobierno junto con una reducción en el gasto público. No obstante, dado el énfasis de este Gobierno por fortalecer el gasto de capital y la sostenibilidad de los sectores más vulnerables, es probable que se aumente la inyección de recursos para estos sectores.

Se pretende para el 2020 un plan para la consolidación fiscal en ingresos y subsidios. Los ingresos tributarios crecerían a $ 14.772 millones de dólares con la Ley de Simplicidad Tributaria aprobada por la Asamblea Nacional. Esto no quita, sin embargo, el riesgo que corre el país por causa de una externalidad, como una caída en el precio del petróleo o sobrestimación de los ingresos generados por las concesiones como las mineras, refinerías, oleoductos, redes eléctricas y de telecomunicaciones. En cualquiera de estos casos, el país debe buscar fuentes de endeudamiento por alrededor de $ 4.000 millones de dólares. Y, por si no fuera poco, debido al alto riesgo país y a una débil estabilidad política y económica las fuentes de financiamiento son muy escasas.

EL EMPLEO SIGUE EN DECADENCIA EN LA ZONA RURAL MÁS QUE A NIVEL NACIONAL

La elevación del salario básico unificado de $ 394 a $ 400 dólares a partir de 2020 fue una medida calculada a partir de la inflación (0,84%) y el crecimiento de PIB (0,7%) esperados para el presente año (Gráfico 2), aunque el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios buscaba un aumento de al menos $ 20 dólares (a pesar de que Ecuador tenga uno de los salarios más altos de la región). Esto abre el debate para algunos sectores, especialmente para el sector productivo ya que aumentaría los costos de producción y, por ende, la competitividad de la producción nacional.

Gráfico 2 Salario nominal vs crecimiento del PIB

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En los últimos cinco años, la población económicamente activa (PEA) aumentó un 17,3%, es decir, se incorporaron 1’234.158 personas al mercado laboral. ¿Con respuestas favorables? Posiblemente no. El deterioro del empleo adecuado en los últimos años sigue en aumento. Se pasó de 47,8% de personas con pleno empleo en 2014, o sea afiliados a un seguro, con contrato, entre otras ventajas, a 38,5% en 2019, además de 56,6% de subempleo o empleo inadecuado. Es decir, que de las 8’379.355 personas que trabajan o desean trabajar, apenas 3’228.032 personas lo hacen en condiciones adecuadas y esto empeora en la zona rural.

La tendencia decreciente del pleno empleo en el sector rural es nefasta (Gráfico 3). El empleo inadecuado subió de 63,3% en 2014 a 76% en 2019, mientras el desempleo sigue en aumento. Este es un indicador que explica uno de los problemas sociales evidenciados en octubre de 2019 y la fuerte migración interna a las urbes. El desplazamiento de las agroindustrias hace que el éxodo humano siga en ascenso y que las condiciones de vida en las zonas rurales sigan en decadencia. Además, la estacionalidad del sector agrícola más la baja productividad no permite que se pueda emplear con todas las condiciones establecidas por ley.

Para ello, la reforma laboral propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central, siguiendo el acuerdo con el FMI, pretende adaptarse a las condiciones de mercado y a la situación social. Se busca una mayor flexibilización en la contratación laboral como un incentivo fuerte de inversión que genere nuevos trabajos y estimule el crecimiento de las Pymes. Cabe mencionar que son medidas anti populares que pueden tener otra incidencia social en el país.

Gráfico 3 Empleo adecuado, inadecuado y desempleo en el sector rural

* MULTIPLICA es una compañía de consultoría e investigación, fundada en enero de 1994. Su objetivo central es llevar adelante investigación aplicada en las áreas empresariales, macroeconómicas, finanzas y desarrollo.

 

 

 

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