El sueño de la casa propia es inalcanzable para las mujeres pobres

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El sueño de la casa propia es inalcanzable para las mujeres pobres

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Julio 29, 2021 - 05:00

El acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional que, dentro de las dinámicas sociales del Ecuador, se ha otorgado de manera desigual. Las principales afectadas son las mujeres pobres, cuyas solicitudes de crédito hipotecario son, en su mayoría, rechazadas al no cumplir con el nivel de ingreso requerido o con una actividad productiva permanente que garantice el pago de las deudas. Aún quedan brechas profundas por cerrar.

En un estudio sobre la brecha de género en el acceso al mercado hipotecario de Ecuador, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se explora a fondo la problemática que viven día a día las mujeres pobres y al desafío al que se enfrentan al intentar acceder a un crédito para adquirir vivienda propia.

El acceso a una vivienda es un derecho que parte de la necesidad vital de tener un espacio habitable para desarrollar las diversas capacidades humanas. De acuerdo con el BID, la “casa propia” implica bienestar, tranquilidad, seguridad, estabilidad e independencia. Esto se conjuga con la normativa legal ecuatoriana, dado que la Constitución del Ecuador en el Art. 30 establece que “las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”.

Dentro de las prioridades estatales se encuentra garantizar la vivienda para todos los ecuatorianos. Dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir (2017-2021), se estipula que “el derecho a la vivienda digna y adecuada se relaciona con la capacidad de conexión con los sistemas de infraestructura (agua potable y saneamiento, electricidad de la red pública, gestión integral de desechos, entre otras)”.

Pero la realidad revela que el escenario es complejo al introducir un enfoque de género y pobreza. El modelo estructural reproduce una exclusión de las mujeres, especialmente pobres, dentro un marco de violencia patrimonial, lo que les impide tener activos propios (como una vivienda) e independencia financiera.

Esta situación es especialmente evidente en el crédito hipotecario y en el sistema financiero en sí. Según el BID, si se observa la titularidad de cuentas bancarias en el Ecuador, a 2017, el 60% de hombres tenía una y apenas 43% de mujeres. Se refleja una brecha significativa, en donde sigue siendo mayor el porcentaje de mujeres excluidas de este servicio (57%) que el de mujeres incluidas (43%). En la misma línea, dentro del marco de la pobreza, en el mismo año, entre los adultos del 60% de los hogares más ricos, el 74% poseía una cuenta, mientras que en el 40% de los hogares más pobres solo 61% la tenía.

Las mismas tendencias se hacen presentes a nivel de ahorros y depósitos en instituciones financieras (IF). En el Ecuador, 17% de los hombres tiene ahorros en una IF, mientras que solo 8% de las mujeres hace uso de este servicio. Por lo tanto, sigue habiendo más mujeres excluidas del sistema financiero (92%) que incluidas, lo que implica que menos de una de cada 10 mujeres adultas ahorra en instituciones financieras. Algo similar se verifica en términos de brechas según el nivel de ingresos: el 18% de los adultos de los hogares más ricos ahorra en una IF, frente a 4% de los adultos de los hogares más pobres.

En cuanto al acceso al crédito, en Ecuador 16% de los hombres tiene facilidades de obtener un préstamo frente a 8% de las mujeres. Esta situación es avalada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), que confirma que a 2019 de 1’370.949 usuarios de crédito, 57% eran hombres y 43% eran mujeres.

Incluso la participación en la cartera de crédito de SEPS revela brechas profundas de género: solo 39% de mujeres frente a 61% de hombres, además de que los montos de crédito otorgados a los hombres fueron significativamente mayores que los de las mujeres.

Según el BID, estas disparidades en cuanto al acceso al crédito implican, indirectamente, un traslado de los beneficios del ahorro de las mujeres a otros sujetos de crédito, por lo que terminan viéndose gravemente afectadas. Esto, a pesar de que las mujeres presentan mejores indicadores de comportamiento crediticio que los hombres.

LA ODISEA DEL ACCESO AL CRÉDITO HIPOTECARIO PARA LAS MUJERES POBRES

Las posibilidades de tener una vivienda se ven alarmantemente reducidas por la poca participación de la mujer pobre en el sistema financiero y el uso de sus servicios, principalmente el crédito. La persistencia de desigualdades pone en jaque a las jefas del hogar, dejándolas desprovistas de oportunidades, en una clara posición de desventaja a la hora de aplicar a un préstamo hipotecario. En cifras, se presentan aumentos generalizados tanto para las brechas de género (de 17% a 50%) como para las de ingresos (15% a 24%) (Gráfico 1).

Gráfico 1

Brechas de género e ingresos en préstamos de vivienda pendientes 2014 - 2017

 

Estas cifras se comparan con la cantidad de viviendas dirigidas por hombres o mujeres. Según la jefatura del hogar por género, 74% de las viviendas propias en el país tiene jefatura masculina. Esto lleva implícita la facilidad de los hombres de acceder a estos créditos, y de acaparar los títulos de propiedad, dejando a las mujeres de lado.

Siguiendo la misma línea, según los quintiles, los hogares que pertenecen al quintil 5 (20% más rico) poseen más viviendas propias en contraste con los demás. Y, de hecho, la tenencia de vivienda propia es menor en los hogares con jefatura femenina, para todos los quintiles. Se refleja claramente la disparidad que desfavorece a las mujeres, especialmente pobres, y la manera en que no tienen el mismo acceso a los créditos hipotecarios.

En el 2019, de acuerdo con la SEPS, solo 2.783 mujeres, que representan un escaso 1% del total de mujeres que obtuvieron créditos de organizaciones supervisadas por la entidad ese año, tuvieron acceso a créditos de vivienda. De ellas, 0,95% (2.643 mujeres) solicitaron un crédito inmobiliario y 0,05%, es decir, 140 mujeres, inquirieron por un crédito de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIS). Esta última se caracteriza por estar dirigida a la población más pobre del país, y tener un valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el caso particular de los créditos otorgados para VIS, la mayoría de los beneficiarios son mujeres, las cuales representan 53,5% de los deudores, frente al 46,5% de hombres. Esto, a primera vista, representa un paso adelante en favor de las mujeres en materia de acceso habitacional. 

No obstante, hay que considerar que las viviendas VIS poseen baja representación dentro del total del conjunto de operaciones crediticias, ya que equivalen apenas a 2,1%. Por lo tanto, de manera generalizada, sí existe una brecha de género en el acceso a crédito hipotecario para adquisición de vivienda de aproximadamente 9,6 puntos porcentuales, en detrimento de las mujeres.

LAS PROVINCIAS CON MÁS DESIGUALDADES

De acuerdo con el BID, hasta noviembre del 2019 se concedieron un total de 2.013 créditos hipotecarios para viviendas VIP y VIS (Vivienda de Interés Social) mediante el Fideicomiso de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Estas operaciones se llevaron a cabo a nivel nacional, incorporando a 22 provincias del Ecuador en 76 cantones. La mayor concentración se registró en las principales provincias: Pichincha y Guayas, con 26,0% y 25,2%, respectivamente. Le siguió Imbabura, con un porcentaje de créditos de 13,6%, y Manabí, con 6,5%.

Esta distribución geográfica incluye de manera general a hombres y mujeres, pero, ¿en qué provincias la participación femenina fue alarmantemente baja? Si se realiza un desagregado de las cifras con enfoque de género, se obtiene que las locaciones con más brechas fueron, de menor a mayor porcentaje de exclusión: Pichincha, Azuay, Carchi, Guayas, Tungurahua, Napo, Manabí, Loja, Esmeraldas, Bolívar, Pastaza y Cañar. (Gráfico 2)

Gráfico 2

Brechas de género en el acceso a crédito hipotecario, en perjuicio de las mujeres, según provincias (2019)

 

Cabe destacar que en este grupo se encuentran tres de las cuatro provincias con mayor porcentaje de créditos otorgados, lo que termina resultando preocupante al considerar que aun con mayor concentración de créditos otorgados se registraron desigualdades de género al alza.

Para paliar un poco los efectos de estas disparidades, sería pertinente un estudio geográfico y sociodemográfico para identificar las necesidades de créditos por sector de residencia, y diseñar productos de crédito específicos para los hogares pobres que estén encabezados por mujeres, y precautelar un acceso igualitario.

FACTORES DE RIESGO QUE PROFUNDIZAN LAS BRECHAS 

Frente a lo expuesto, queda en evidencia los desafíos que deben enfrentar las mujeres en situación de pobreza para obtener y gestionar un crédito hipotecario. Las dificultades nacen de las condiciones para aplicar a la adquisición de una vivienda dentro de las entidades financieras.

Los obstáculos van desde bajos niveles de ingresos que no superan el mínimo requerido por la realización de actividades no remuneradas, la informalidad que implica no contar con número de Registro Único de Contribuyente (RUC) o de Régimen Impositivo Simplificado (RISE), que no exista un garante o la falta del mínimo de aportaciones al Seguro Social.

Los condicionantes de la aprobación de los créditos van de la mano con los factores de riesgo a los que se han visto sometidas las mujeres pobres. Los elementos clave que explican las disparidades son:

  1. Pobreza por ingresos

La falta de una renta fija y la insuficiencia de ingresos representan uno de los obstáculos más graves al momento de cubrir las necesidades básicas de una familia, entre ellas, la vivienda. La inestabilidad financiera impide que sean acreedoras de préstamos con facilidad. De acuerdo con el BID, las mujeres pobres no cumplen con el nivel de ingreso requerido por las entidades bancarias, ni con actividades productivas permanentes ya que se dedican a empleos por cuenta propia con condiciones precarias, por lo que sus solicitudes de crédito hipotecario son, en su mayoría, rechazadas.

Según los resultados obtenidos por el BID, durante el 2020, el 27% de las mujeres que aplicó para un crédito de vivienda VIS presentaba ingresos mensuales inferiores a 1 Salario Básico Unificado (SBU), mientras que 48% de ellas recibía de 1 a 1,5 SBU, 17% de ellas de 1,5 a 2 SBU, y apenas el 9% de las mujeres percibían entre 2 y 2,5 SBU (Gráfico 3).

Gráfico 3

Mujeres demandantes de VIS Segmento 2b, según nivel de ingresos al 15 de enero de 2020

 

Es fundamental resaltar que las mujeres que reciben menos de 1 SBU superan con creces a los hombres, exactamente de 12 puntos porcentuales, mientras que, para los demás niveles de ingresos de las mujeres, los de las ellas son inferiores en un promedio de 4 puntos porcentuales.

  1. Brechas salariales y precariedad laboral

Las condiciones laborales también dejan mucho que desear, justamente por los mecanismos de discriminación que existen dentro del mercado. Esto se explica a través de una división sexual del trabajo, que se fundamenta en una menor y peor participación laboral de las mujeres, brechas en los ingresos laborales, procesos de segregación, así como la concentración de las mujeres en diferentes espacios de precariedad laboral y desprotección social.

Las diferencias salariales son evidentes. A diciembre de 2016, el ingreso laboral promedio de las mujeres alcanzaba los $ 287,18, mientras que el de los hombres bordeaba los $ 367,70 (Gráfico 4). Esta disparidad representa una relación del 78% y, por tanto, se verifica una brecha de género de 22 puntos porcentuales que pone en situación de clara desventaja a las mujeres.

Gráfico 4

Brecha salarial entre hombres y mujeres, por área, 2007-2016

 

Si bien ha existido en los últimos años una creciente incorporación femenina a las dinámicas laborales, esta sigue siendo significativamente menor, lo cual se demuestra con las cifras presentadas por el INEC en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Para marzo del 2021, la tasa de empleo adecuado se ubicó en 38,5% para los hombres y 27,8% para las mujeres y la tasa de desempleo se ubicó en 6,9% para las mujeres y 4,4% para los hombres.

Se pueden evidenciar las diferencias de género existentes, así como una notoria brecha salarial, que permite, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que “las mujeres sigan estando subrepresentadas en las categorías tradicionalmente ocupadas por hombres y se les siga pagando menos que a estos…”.

Asimismo, las mujeres rurales se han encontrado en situaciones de mayor precariedad laboral en comparación con sus contrapartes de la urbe. Así, solo 13,7% de las mujeres rurales contaba con un empleo adecuado y 34,8% se encontraba empleada sin remuneración. Otro factor de riesgo es la persistencia de la informalidad, así como las excesivas jornadas laborales, sobre todo en trabajos agropecuarios. Todos estos factores inciden en la movilidad de las mujeres pobres, que están lejos de poder alcanzar un mayor acceso a créditos y la compra de su vivienda propia.

  1. Actividades del cuidado

Históricamente, las mujeres se han visto relegadas a la actividad reproductiva y a las actividades del cuidado de los niños y el hogar. Esto se configura como un costo de oportunidad dentro del uso de su tiempo en alguna actividad laboral, o incluso para el ocio y descanso. Según el BID, el ser mujer incrementa en 12,3% la probabilidad de carecer de tiempo libre. Es así que las actividades del hogar son invisibilizadas y no están plenamente cuantificadas al no poder asignarle su correspondiente valor económico.

Debido a la necesidad de conciliar el trabajo no remunerado y las actividades productivas que sí generan ingresos, las mujeres se ven obligadas a doblar su jornada laboral. Esto conlleva a que, a nivel nacional, el tiempo total de trabajo (remunerado y no remunerado) de las mujeres sea de 77,39 horas semanales, mientras que el de los hombres de 59,57 horas. Estas distinciones se profundizan en las zonas rurales donde hay mayor pertinencia de pobreza, donde las mujeres trabajan 81,36 horas a la semana, y las mujeres indígenas, 86,45.

La sobrecarga de actividades y su falta de independencia financiera repercuten directamente en el acceso al crédito, particularmente hipotecario. Esta situación genera un círculo vicioso, ya que la mujer no podrá usufructuar de un patrimonio propio, por lo que tendrá que seguir dependiendo de su pareja, profundizando las disparidades de género.

En suma, las mujeres pobres se han tenido a que enfrentar a un escenario desigual que profundiza y perpetua su vulnerabilidad al tener obstáculos para poder acceder a créditos hipotecarios. La vivienda propia es fundamental para la calidad de vida de las personas, y el poder hacer uso de sus propios activos aún más. Es imperante buscar herramientas y mecanismos que cierren las brechas y que brinden asistencia a las mujeres que lo requieran, de modo que se reduzca considerablemente la exclusión a las mismas y se equilibre la balanza de oportunidades.

 

(*) Aitana Veloz, analista económica Revista Gestión.

 

 

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