Mauricio Pozo: “El camino de la reactivación está trazado”

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Mauricio Pozo: “El camino de la reactivación está trazado”

María de la Paz Vela Z. *
Mayo 5, 2021 - 05:00

La transición de la cartera de Economía se cumple en orden y fluye entre el ministro saliente, Mauricio Pozo, y el entrante, Simón Cueva. Al momento están en Washington en una agenda conjunta con organismos internacionales. En esta entrevista, Pozo le cuenta a GESTIÓN cómo quedan las cuentas nacionales y lo que se esperaría del siguiente gobierno.

 

1. Venimos de 13 años de déficit fiscales, ¿cómo se espera que cierre el déficit fiscal en 2021 y cuándo llegaríamos a un superávit?

Tendremos un déficit estimado para todo el sector público no financiero (SPNF) de $-3.900 millones, aproximadamente (Cuadro 1). Si consideramos que el PIB en este año será de alrededor de $ 100.000 millones, estamos hablando de valores de -3,8% a -3,9% del PIB. Pero hay que considerar que en 2020 se esperaba cerrar con un déficit de $ -8.700 millones y terminamos con un déficit de $ -7.000 millones, un resultado mucho mejor que evitó que tuviésemos que endeudarnos con China. Se ha hecho un esfuerzo enorme, una reducción sustantiva del déficit, fruto de un esfuerzo del año anterior, en donde hay una influencia importante del resultado de la reestructuración de deuda y un esfuerzo de mejor gestión de las finanzas públicas. De acuerdo con el Programa Económico con el FMI, se espera que el superávit fiscal pueda llegar en 2023, atado a que se mantenga el acuerdo -cosa que le interesa al próximo gobierno- y no por un ajuste fiscal sino porque se podría crecer más rápido.

Cuadro 1

En 2021 se espera cerrar el año con un déficit global de $ -3.900 millones

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

 

2. ¿Qué factores pueden contribuir a equilibrar la economía creciendo más?

Veo que en el mediano plazo se puede crecer con más ritmo que lo que se esperaba en la programación económica con el FMI, donde hay estimaciones de crecimiento entre 1% a 2% del PIB, y eso se puede superar; en ese momento las relaciones deuda/PIB, déficit/PIB mejoran. Esto se va a dar si entran las reformas que están en el programa, si la confianza que se genera con buenas expectativas mueven a que el sector privado realice nuevas inversiones, haya reducción de aranceles que castigan el costo de producción de las empresas, mejores tasas de interés con una reforma en su forma de manejo. Eso contribuiría a acelerar el momento de equilibrio de la economía y desde luego a la reactivación económica.

 

3. Pasar de un déficit fiscal de $ -7.000 millones en 2020 a uno de $ -3.900 millones en 2021, ¿qué implica en aumento de ingresos y recorte de gastos?

En las cifras de gastos ya se ven reducciones de rubros importantes: 1) en pago de intereses de la deuda pública por más de $ 1.000 millones; 2) menores gastos en bienes y servicios $ -400 a $ -500 millones; 3) una pequeña reducción en salarios $ -200 a $ -300 millones, donde debería haber más esfuerzo; 4) gasto de capital $ -800 millones. Con eso se tiene una reducción de -7% del PIB a -3,9% del PIB en el déficit fiscal.

En ingresos, el año pasado las recaudaciones cayeron a $ 12.500 millones como producto de la recesión, pero en el presente año las expectativas sobre la recaudación serían de $ 13.100 millones, ¡hay una recuperación!

En cuanto al precio del petróleo, este subió de $ 37 pb en 2020 a un promedio de $ 47 pb en este año, quizá incluso pueda subir más. Con un mejor precio habrá mayores ingresos y eso permitiría mejorar la situación. Una subida del precio del petróleo en un dólar en promedio anual, en las actuales circunstancias, rinde alrededor de $ 80 millones para el presupuesto general del Estado y una reducción de un dólar reduce ingresos en ese mismo monto.

Con la reactivación económica que se está dando, y que se evidencia en recaudación tributaria, se va a poder alcanzar las metas esperadas. Cualquier reforma tributaria que se discuta o apruebe en 2021 dará sus frutos en 2022, nada antes. El gobierno entrante debe abordar en este año las reformas más importantes para generar confianza: reforma tributaria, reforma laboral y reforma de pensiones, todas importantes para equilibrar la economía, ganar confianza, competitividad, pero urgente e impostergable para el sistema pensional. Si no se reforma el sistema de pensiones con urgencia, en el segundo semestre de 2022 no va a tener con qué pagar las pensiones jubilares, lo cual sería terrible.

El gobierno entra con la frescura de nuevos aires de inicio, cuando todo el mundo le respalda, pero después se desgasta y será muy difícil obtener apoyo político para hacerlo.

 

4. Si se piensa en reforma tributaria, ¿qué se puede esperar?

Este es un compromiso con los multilaterales y se tiene que abordar. Se tiene que pensar en ampliar la base de contribución, mejor manejo de las retenciones y exoneraciones tributarias, inclusión de sectores que en este momento no están pagando. Entonces, sí se puede pensar en revisar la tasa de impuestos, se debe iniciar aunque sea una reducción pequeña del impuesto a la salida de divisas (ISD) porque es parte del costo de producción del sector privado y va a ser una buena señal. El impuesto a la renta a las sociedades deberá ser revisado, puede ser hacia abajo [Ndlr: el impuesto corporativo es de 42,5%, el mayor en América Latina]. Solo entonces se podrá pensar en un incremento del IVA, pues de lo contrario no será convincente la propuesta de reforma.  En el neto debe incrementar la recaudación tributaria, porque si no, no tiene sentido. El planteamiento ya tiene que ser del próximo gobierno.

 

4. Con todo esto, los requerimientos de financiamiento del año 2021, ¿por qué monto se esperan y cómo se obtendrían los recursos?

En 2020 los requerimientos de financiamiento bordeaban los $ 14.000 millones con un déficit de $ -7000 millones. En el presente año, con un déficit reducido a $ -3.900 millones y con pagos de amortización de deuda (interna y externa) por alrededor de $ 4.800 millones, los requerimientos serán más moderados y de $ 8.700 millones.

 ¿Cómo se obtienen estos recursos? $3.600 millones provenientes de multilaterales, de los cuales el FMI en el programa está comprometido a desembolsar $ 1.500 millones; lo demás vendrá del BID, BM, CAF y otros. Aunque la meta macroeconómica de abril está cumplida y la aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización está enviada al Registro Oficial, los desembolsos del FMI se harán al próximo gobierno, los $ 400 millones esperados en abril yo no los cuento para mi gestión, como ha sido el compromiso en las reuniones de transición.

Es probable que el gobierno entrante vaya a replantear las metas y haya un ajuste al programa, lo cual haría que se demore el desembolso. Estos temas los voy a tratar en Washington con el ministro de Economía entrante, Simón Cueva, la primera semana de mayo (Ndlr: esta entrevista se realizó el jueves 29 de abril). Es una transición ordenada. Parte de las amortizaciones de deuda interna se pueden solventar con rollover de cetes y bonos al vencimiento. Los atrasos se han reducido de $ 3.600 millones en octubre a $ 1.250 millones en diciembre y se han acumulado a $ 1.950 millones a abril.

Adicionalmente, van a requerir más recursos que signifique una operación puntual comercial vinculada a venta de petróleo, pues a pesar de que ha bajado el riesgo país y hay un mejor ambiente, los bonos soberanos serían más costosos que una operación con un activo no renovable del Estado.

 

6. La Ley de Educación Intercultural, ¿cuánto generaría de desfinanciamiento anual si se pone en práctica?

La Ley tiene impactos fuertes: 1) exige que el salario mínimo para los maestros sea de 2,5 veces el salario básico unificado, o sea al momento el mínimo sería de $ 1.000 desde la escala más baja; 2) propone una política de jubilación diferente, puesto que con cierto número de aportaciones ya se pueden jubilar, o sea con mayores ventajas frente a otros a jubilados del IESS. Entonces, va a aumentar el número de jubilados cuando el IESS al momento tiene un severo problema de mantener a los jubilados actuales, o sea se agravaría la situación del IESS. Eso hay que cuantificar y si no puede cubrir el IESS, lo tendrá que cubrir el Estado, entonces, tiene impacto fiscal. Considerando todos estos elementos, anualmente el impacto de la ley es de $ 3.000 millones y ese gasto fue creado sin fuente de financiamiento, por lo cual la ley es inconstitucional. El Ejecutivo que aprobó la ley, no puede presentar la demanda de inconstitucionalidad de la misma ante la Corte Constitucional, pero algún colectivo perjudicado deberá hacerlo. Los jubilados estarían directamente perjudicados. El monto es similar a que suba el IVA del 12% al 18% para sostener este gasto.

 

7. ¿Cuánto le puede llegar a Ecuador de la nueva emisión de derechos especiales de giro (DEGS) que va a emitir el FMI para apuntalar la recuperación de los países miembros?

En las reuniones de primavera del FMI, tuve la oportunidad de hablar con la directora ejecutiva, Kristalina Georgieva, para conocer el avance de la emisión de $ 630 billones de dólares en DEGS y para solicitar que considere a Ecuador como país de ingreso medio que requiere apoyo en estos momentos. Esto fue muy bien recibido, de manera que estamos en los mejores términos. Una vez que se dé esta emisión le llegarán al país más o menos $ 1.000 millones que no se esperaban, que no están contabilizados en ninguna parte y serán un alivio para la situación fiscal. Va a reducir directamente las necesidades de financiamiento, más no el ajuste: por encima de la línea tienes que realizar el trabajo y llegar a la meta; por debajo de la línea te llega un monto inesperado.

 

8. ¿Cómo opera el convenio firmado con Development Financial Corporation, DFC?

El objetivo del convenio es reemplazar deuda cara por deuda barata. El convenio no menciona en absoluto qué deuda es susceptible de ser considerada para esta facilidad; sin embargo, el saldo de la deuda bilateral está en alrededor de $ 5.000 millones, de los cuales, lo más oneroso es de $ 3.500 millones, que están contratados con China. Es el mismo monto que se podría levantar con el convenio, pero queda de tarea para el próximo gobierno. La viceministra de Economía, María de los Angeles Rodríguez, ha trabajado para adelantar las gestiones del convenio lo que más se pueda.

Hemos querido avanzar en el tema pero ha faltado información: ¿cómo monetizas el campo Sacha si no lo tienes valorado? Temas de esta naturaleza han retrasado. Se diseñó especialmente para Ecuador y se instrumenta a través de la monetización de activos del Estado. Identificas los activos, envías la información, se firma un convenio de crédito para ese proyecto, te adelantan los recursos y con eso pre-pagas la deuda, que en nuestro caso sería la deuda con China. El momento en que se monetiza el activo, le pagas al DFC una parte, dependiendo de cada proyecto y otra parte se destina a la reactivación productiva. Si no monetizas no tienes el dinero del DFC.

 

9. El BID asesoraba al Ecuador siquiera desde hace dos años para evaluar proyectos de monetización de bienes públicos, ¿qué proyectos están en carpeta?

En telecomunicaciones, la venta de torres; el Banco del Pacífico (pero tiene implicaciones políticas), en hidroelectricidad está avanzado el proyecto Sopladora, y el Campo Sacha (pero no tiene la valoración). Coca Codo Sinclair no entra porque tiene el problema de que no está entregada la obra final. El tema de la monetización de activos no se ha perdido, está vigente y la gente lo debe tener presente.

 

10. ¿En qué forma la monetización de activos ayudaría a la reactivación económica?

Los recursos que se reciban de la monetización de activos del Estado tienen dos objetivos: reemplazar deuda cara por deuda barata, y adicionalmente promover la actividad económica. Un ejemplo sería este: si le adelantan al Estado $ 1.000 millones por la monetización y/o concesión de operación de un activo, con $ 800 millones reemplazo deuda cara por deuda más económica y con $ 200 millones le meto en una línea de crédito preferencial para el sector de microempresas y medianas empresas. Ese es un mecanismo de reactivación económica.

 

11. El crédito Reactívate Ecuador no dio resultado, ¿por qué?

No prosperó por algunas razones. Primero, para reactivar la economía canalizando crédito necesitas utilizar los canales del sistema financiero tradicional. Pero si para este sistema las condiciones no son atractivas, no se instrumentan los créditos a través de la banca, cooperativas, mutualistas. Este crédito se circunscribió casi exclusivamente al Banco del Pacífico, se otorgaron $ 98 millones a la fecha y se cerrará en alrededor de $ 115 millones.

 

12. Ustedes anunciaron el crédito Resurgimos Ecuador, ¿en qué consiste?

A mediados de abril se hizo este anuncio que es un proyecto que reemplaza al anterior y ya está negociado con el sistema financiero y aceptado por el mismo Banco Pichincha, que es el que maneja el 30% del mercado bancario. Eso es bueno porque se cambiaron condiciones y habrá una tasa preferencial. Ahora las operaciones se harán hasta 48 meses, con seis de gracia, la tasa de interés se reduce de 30% a 25% para mipymes y microempresas y esto en términos anuales sería un total de unos $ 400 millones. Esto se hace posible con un aporte del Estado del 40% que lo hace a través de deuda y con un 60% de aporte de la liquidez de los bancos. Esta fórmula es la que permite reducir tasas de interés.

Cuadro 2

Segmentos de crédito Resurgimos Ecuador y su respectiva tasa de interés

 

 

Fuente: Información del Crédito Resurgimos Ecuador, MEF.

 

13. ¿Con la baja de riesgo país tenemos que esperar que baje la tasa de interés a nivel local?

En el país no está operando el mercado de oferta y demanda de crédito para definir el nivel de tasas de interés. Es la autoridad la que determina la tasa de interés máxima y con ese referente prestan los bancos. Las tasas pasivas sí operan más con el mercado. Para que la baja del riesgo país incida en las tasas de interés a nivel local, hay que cambiar el sistema de determinación de tasas, tarea que le compete a la Junta de Política Financiera creada en la Ley de Defensa de la Dolarización que fue aprobada y ya está en el Registro Oficial. Si han podido observar, con riesgo país de 5.000 puntos en algún momento y con riesgo país de 800 puntos recientemente, las tasas de interés máximas de crédito han estado en el mismo nivel, lo cual no tiene sentido.

estamos trabajando en un esquema cercano a lo que pasa en un entorno internacional, con la sugerencia de que se utilice un sistema de bandas de fluctuación para que las tasas de interés puedan fluctuar de acuerdo a lo que pase en el mercado y  elementos como el riesgo país se incorporen en la determinación de las tasas internas. Eso ayudaría a que bajen las tasas, pero es un tema que debe ser manejado técnicamente pero también con consideraciones políticas por ser delicado. La decisión es caminar hacia la creación del mecanismo técnico. Otro elemento fundamental sería el ingreso de un banco grande al país que traiga competencia: Bank of America, West Fargo, Santander, pero eso no se dará en el mediano plazo hasta que se creen condiciones de confianza y estabilidad.

 

14. Ministro, ¿cuánto se destinó a programas sociales para aliviar la situación de los más vulnerables por la pandemia, considerando 2020 y 2021?

En 2020, aparte del presupuesto de salud, se destinaron $ 1.000 millones. Para este año va a significar financiamiento de multilaterales de $ 200 millones del BID, $ 150 millones del Banco Mundial para compra de vacunas y equipamiento de atención covid. Para vacunas hemos destinado exclusivamente $ 108 millones para cubrir las necesidades de las 4’000.000 de dosis que este gobierno pone. En adelante se ajustarán estas cifras con el próximo gobierno.

En asignaciones para la gente más vulnerable, hay todos los recursos asignados para los bonos de desarrollo humano (en plena ejecución), pero aparte de eso se abrieron bonos para los empleados del sector público de primera línea de atención de la pandemia: médicos y policías, a quienes se les dio un bono de $ 200 por una sola vez, lo que implicó un monto de $ 70 millones. De ahí el bono de $ 500 dólares para desempleados, para lo que hemos tenido problema en la identificación de estas personas con el registro y hemos tenido demora. Ahí el monto total es de $ 270 millones para ese concepto. Este gasto ha sido prioritario y hemos tenido problema de data, más que nada, porque no se puede entregar dinero del Estado a personas que no constan como sujeto legal y si no se tiene un registro con toda la documentación, se comete peculado. Hubo una entrega de $ 60 y luego otra de $ 120 para los que están en la red de beneficios de bonos. Si se suma todo esto se habla de $ 650 millones en apoyo a los más vulnerables entre 2020 y 2021.

 

 
(*) Editora macroeconómica Revista Gestión.

 

 

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