La propuesta del Parlamento de los Pueblos va más allá de la discusión de los subsidios. Será entregada mañana, jueves 31 de octubre, a la ONU y a la Iglesia.
El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, anunció este miércoles 30 de octubre, que el Parlamento Popular de los Pueblos ha logrado consolidar su propuesta y que se la entregará mañana.
Vargas dijo que el documento será entregado a los representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para discutirlas junto con el gobierno.
El representante de la Conaie insistió en que la propuesta no es de esa organización, sino “de los 16 millones de ecuatorianos”, pues dice, que fue construida con la participación de 182 organizaciones sociales de todo el país.
El dirigente se negó a revelar más detalles, pero algunos de sus colegas dirigentes hablaron de una propuesta construida en torno a seis ejes: económico, monetario, fiscal, laboral, sectorial y social.
Así lo dijo, Héctor Caillagua (Feine), una propuesta “que permita generar ingresos al fisco y la optimización de recursos que permita trasladar la inversión a los sectores más vulnerables”. Y añadió que se trata de generar alternativas a la matriz productiva.
Pero los indígenas no se quedaran solo en esa presentación. Vargas firmó, junto con su asesor Pablo Dávalos, una demanda de inconstitucionalidad del acuerdo firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los dirigentes indígenas no detallaron la hora o el lugar de entrega del documento, “se realizará tras coordinar con los representantes de los organismos pertinentes y solicitaremos que la entrega de la propuesta sea pública“, agregó Vargas.
Estas resoluciones son el resultado de la iniciativa que la organización indígena ha conformado bajo el nombre de “Parlamento Popular de los Pueblos”, que se instaló el 25 de octubre de 2019.
El propósito explícito de la organización indígena es “la construcción de un nuevo modelo económico para Ecuador”. Eso a pesar de que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, advirtió que el gobierno no pude someter sus decisiones de política económica a intereses de terceros y que el diálogo con los indígenas se limita a la discusión de los subsidios.
La Conaie dice que esta idea busca asegurar el “buen vivir” y evitar un “paquetazo”. Manteniendo la línea que dio inicio a la última movilización del movimiento indígena, que paralizó a Quito y exigió la derogatoria del Decreto 883, con el que el gobierno había eliminado el subsidio a la gasolina extra y el diésel.
El paro indígena logró reversar la eliminación del Decreto Ejecutivo 883, mediante el cual el gobierno eliminó temporalmente los subisidios a la gasolina extra y al diésel.
Ese anuncio, realizado el 1 de octubre y en vigor desde el 3 de octubre de 2019 desembocó en un paro de transporte, que una vez desactivado se convirtió en un paro nacional impulsado principalmente por los indígenas y que se logró desactivar apenas el 13 de octubre tras un diálogo entre los dirigentes de la Conaie y el gobierno que culminó en la derogatoria del decreto 883.
En ese diálogo se acordó discutir la redacción de un nuevo decreto que reemplace al 883 y permita focalizar los subsidios a los combustibles. Sin embargo la Conaie decidió por su cuenta ampliar la discusión.
Fuente: Primicias
Last modified on 2019-10-31