Un equipo conformado por tres entidades de control realizó en Quito un operativo para verificar que los distribuidores de gas licuado de petróleo (GLP) o gas doméstico emitan facturas a los consumidores por la compra de este producto, sin modificar el precio oficial del derivado, que es $ 1,60 incluido el impuesto al valor agregado (IVA). Santiago Andrade, director nacional de Recaudación del SRI, explicó que las personas que no entregan facturas electrónicas pueden ser sancionadas con la clausura de su actividad económica durante siete días, la primera vez. Y si es reincidente se podría cerrar hasta de manera definitiva el establecimiento. Las personas que aún no conocen cómo implementar este mecanismo pueden acudir a una agencia del SRI para conocer más detalles. Fuente: El Comercio.
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