La Prefecta de Pichincha es acusada por, supuestamente, haber incitado a desestabilizar el Gobierno. La Fiscalía la vincula con a “actos delictivos registrados durante las protestas de días atrás”. La institución también allanó la sede del movimiento Fuerza Compromiso Social.
La prefecta de Pichincha fue detenida la madrugada del lunes 14 de octubre. La Fiscalía presume que participó en el financiamiento y organización de grupos violentos que aparecieron en las jornadas de protesta.
La audiencia, de carácter reservado, empezó a las 05:00, en la Corte de Pichincha. Su presidente Julio Arrieta decidió que permanecerá detenida. La instrucción fiscal tomará 90 días.
La misma medida dictó para otro de Christian González, detenido junto con Pabón. Para Pablo del Hierro, el tercer investigado, Arrieta dictó la presentación periódica en un juzgado. Contra los tres también se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.
La Fiscalía informó que, durante la audiencia, formuló cargos por el delito de rebelión en contra de los tres procesados, en relación a los actos delictivos registrados durante las protestas de días atrás. Ese delito es sancionado con penas de 5 a 10 años de prisión.
Ramiro Aguilar, exasambleísta y abogado de Pabón, protestó por el fallo y dijo que pedirá el traslado de la prefecta a una casa de confianza, ubicada en Conocoto, al sur oriente de Quito.
Pabón, militante del movimiento Fuerza Compromiso Social, no es la única en problemas. El lunes, la Fiscalía también allanó el domicilio del secretario de la agrupación, Virgilio Hernández. Él no ha sido detenido.
Y, la noche del lunes, también allanó las oficinas de ese movimiento político. Como indicios, informó en Twitter, se levantaron 5 computadoras portátiles, 2 CPU y 2 celulares.
Fuente: Primicias
Last modified on 2019-10-15