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Autor: Ángela Meléndez *

Aunque la primera revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) al cumplimiento de las metas de Ecuador fue exitosa, no es menos cierto que el país tiene tareas pendientes a las que debe darles trámite para cumplir con lo proyectado, entre ellas está la aprobación de la reforma laboral, tributaria y los cambios a las atribuciones del Banco Central del Ecuador. Según el “Staff Report”, que fue recientemente revelado por el Fondo, algunas de estas medidas deberán estar listas –o al menos presentadas ante el Legislativo- en agosto y septiembre, pero el panorama político podría no ser favorable.

LA REFORMA AL BANCO CENTRAL

Según el cronograma planteado por el FMI, hasta septiembre próximo deberá al menos remitirse a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para reformar el Banco Central. El FMI explica que se debe incorporar en este cuerpo legal herramientas que faciliten su recapitalización gradual e introducir una prohibición de las actividades “cuasifiscales” del banco, como la ejecución de préstamos directos o indirectos al sector público no financiero, incluida la banca pública.

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Este fue precisamente el único punto en el que Ecuador no salió airoso del reciente examen técnico realizado por el Fondo, pues una de las condiciones planteadas en el acuerdo era no solo que no exista nuevo financiamiento desde el BCE al Gobierno, sino que no se realicen renovaciones, algo que sí ocurrió por un monto aproximado de $ 120 millones. Sin embargo, el staff del FMI no consideró aquello como una falta grave, pues esta renovación habría ocurrido de forma “automática”. Para solucionarlo, las autoridades se comprometieron a revertir este dinero y vigilar que estas renovaciones no se repitan en el futuro.

Textualmente, el reporte señala que este detalle se omitió “debido a la renovación de la deuda previamente contratada”, por lo tanto, “estas reinversiones fueron ejecutadas automáticamente por el sistema de Tesorería, incluida una reinversión de $ 120 millones en marzo de 2019”, pero una vez que las autoridades reconocieron la divergencia con respecto a los compromisos del programa, “se comprometieron a tomar medidas correctivas revirtiendo la reinversión y reembolsando $ 120 millones hasta mediados de septiembre”.

Otro de los compromisos fue modificar el calendario de pagos para prohibir las transferencias que se habían previsto para octubre de 2019 y marzo de 2020.

“Esto se concretará en el proyecto de ley del Banco Central, que prohibirá explícitamente no solo la nueva financiación sino también las transferencias”, añade el texto.

 

LOS CAMBIOS TRIBUTARIOS Y LABORALES

La siguiente reforma en la que debe trabajar el país es la tributaria. El plazo estipulado es octubre, es decir, cuatro meses. Este proyecto, que debe ser consultado previamente con el Fondo, debe contener una reforma tributaria “amplia y favorable al crecimiento, dirigida a mejorar la movilización de ingresos, aumentar la eficiencia, la sencillez y la equidad”.

En la página 60 del Staff Report, se especifica que la reforma debe priorizar los impuestos indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), “la reducción de exenciones y el trato preferencial”. Esta reforma apuntará a un aumento en los ingresos de 1,5% a 2% del PIB para 2021.

Sin embargo, para agosto próximo, es decir en algo más de un mes, Ecuador ya deberá presentar un plan, también en coordinación con la asistencia técnica del FMI, para mejorar su sistema tributario y hacerlo “más amigable simple y más equitativo”.

Otro de los apuros que enfrenta el Gobierno es también la presentación, hasta septiembre, de un plan para liquidar las deudas atrasadas.

Respecto a lo laboral, el Fondo espera que se tramiten nuevas regulaciones que faciliten la contratación y sean menos duras con las empresas con la finalidad de impulsar la generación de empleo. A ello se suma el trabajo que debe hacer el país para reducir la brecha laboral de género a favor de las mujeres.

 

¿POLÍTICAMENTE VIABLE?

El FMI reconoce que el panorama para viabilizar estos cambios es complejo y “podría aumentar la oposición política y social a las reformas contempladas en el programa”, es decir, tienen claro que “el plan de las autoridades de presentar algunas reformas clave conlleva riesgos bidireccionales” y que “si tienen éxito darían un impulso significativo a la confianza”, pero caso contrario “podría afectar negativamente a la confianza del mercado”.

A pesar de ello, el multilateral considera que los cambios recientes en la composición de la Asamblea Nacional, con la elección de las nuevas autoridades como César Litardo en la presidencia, “mitigan este riesgo y crean una oportunidad política para aprobar las reformas necesarias”. Para el FMI será importante que “los cambios de políticas se calibren cuidadosamente y se comuniquen bien para obtener el consenso de la sociedad”.

A comparación de marzo pasado, al momento el organismo cree que las condiciones políticas son más aptas para llevar adelante los cambios esperados.

Pero la realidad nacional podría diferir de esa percepción, pues más de un asambleísta de oposición, incluido el correísmo, ha manifestado públicamente que no apoyará cambios que signifiquen flexibilidad laboral o más impuestos. A eso se suma la fragilidad de una supuesta mayoría parlamentaria que no termina de cuajar, pues se ha evidenciado que en temas menos espinosos les resulta bastante complicado ponerse de acuerdo.

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Lo que podría suceder, entonces, es que previamente se alcancen los acuerdos políticos necesarios con la finalidad de que las reformas lleguen y se aprueben enseguida.

Aunque existe posibilidad de ajuste a los tiempos de cumplimiento, la concreción de una u otra meta en los plazos establecidos dará muestra de la estabilidad que el país quiere transmitir hacia afuera.

 

SOBRE EL ACUERDO CON EL FMI

El 11 de marzo de 2019 se aprobó una Facilidad Extendida de Financiamiento a 36 meses plazo por un monto de alrededor de $ 4.204 millones con el FMI. El primer desembolso, en marzo, fue de $ 652 millones y en los últimos días aprobó un nuevo desembolso por $ 251 millones, a 10,5 años plazo (4,5 años de gracia) y una tasa de interés de 3,2%.

Según el Ministerio de Finanzas, estos son los principales resultados de la implementación del Plan de Prosperidad en el primer trimestre de 2019:

  1. El Plan de Prosperidad, que recibe el respaldo del FMI, entre otros organismos multilaterales, avanza según lo planificado y está en general bien encaminado. Se han alcanzado todos los criterios de desempeño y se ha solicitado una ampliación del tiempo para cumplir la meta relacionada al financiamiento del Banco Central al sector público no financiero.

 

  1. Las políticas implementadas están dando resultados: la situación fiscal está mejorando, las reservas internacionales están aumentando y los costos de los préstamos están disminuyendo.

 

  1. Los objetivos del programa a mediano plazo se mantienen:
  • Las perspectivas macroeconómicas para los próximos tres años se mantienen prácticamente sin cambios desde que se otorgó el apoyo financiero al Ecuador. Las autoridades han ratificado los objetivos de política fiscal y acumulación de reservas. Se espera que el programa económico que se está implementando reduzca la deuda pública a cerca del 40 por ciento del PIB como lo establece la normativa vigente y reconstituya las reservas a mediano plazo.
  • Los principales logros de desempeño son:
    • El aumento y reconstitución de las reservas internacionales ($ 2.388 millones), lo cual apoya la consolidación de la dolarización.
    • El gasto de $ 183 millones en protección social, durante el primer trimestre, para lo más vulnerables, en pobreza y extrema pobreza. Se planifica incrementar la inversión social en $ 400 millones hasta diciembre de este año.
    • La reducción del déficit primario no petrolero a $ 115, lo que contribuye a una mejor posición fiscal y mayor sostenibilidad de las finanzas públicas.
    • El fortalecimiento y recuperación de la situación fiscal y las reformas estructurales planificadas (tributaria, laboral, de finanzas públicas, la del Banco Central) ayudarán a impulsar el crecimiento económico y crear nuevos empleos en el mediano plazo, incluso se espera que la economía ecuatoriana crezca 
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    • El gobierno nacional ratifica su compromiso con la protección de los más pobres y vulnerables. Se ha definido una nueva institucionalidad para el Registro Social y se lo está fortaleciendo. Se han implementado acciones para ampliar la cobertura para garantizar que los más vulnerables permanezcan protegidos. Se han incorporado programas como Las Manuelas, los Centros de Desarrollo Infantil, la adquisición de ayudas técnicas y una línea para poder fortalecer el sistema de protección social e incrementar los $ 400 millones previstos.
    • El gobierno ha demostrado su decisión de restablecer la sostenibilidad fiscal. Se han dado importantes pasos para racionalizar el gasto público, fortalecer la dolarización y fortalecer la competitividad externa del país. 
  1. Otro avance es el mejoramiento del marco de gestión de las finanzas públicas. En abril se publicó un plan de acción cuyo objetivo es fortalecer la preparación y la ejecución del presupuesto y las prácticas de gestión de liquidez, reducir la discrecionalidad, fortalecer el seguimiento, mejorar la presentación de informes fiscales transparentes e introducir un marco sólido de normas fiscales. Las autoridades también están trabajando en el fortalecimiento de las prácticas de gestión de la deuda. La reforma del Banco Central avanza según lo planificado y pretende fortalecer su marco institucional lo que será clave para apoyar el régimen de dolarización y aumentar las reservas internacionales.
  2. Las reformas que están previstas ser impulsadas son esenciales para respaldar la creación de empleos, aumentar la competitividad y lograr un crecimiento sólido, sostenible y equitativo.
  3. Se están preparando revisiones al marco legal para la lucha contra la corrupción, fortaleciendo las instituciones de transparencia y tomando medidas para combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Estas medidas ayudarán a reducir las vulnerabilidades a la corrupción, salvaguardarán los recursos públicos y promoverán un entorno económico y productivo que favorezca el crecimiento y la creación de empleo.
  4. Apuntalar al sistema financiero es crucial para preservar su estabilidad, hacer más eficiente su intermediación y mejorar la preparación frente a posibles shocks.

 

(*) Editora general Revista GESTIÓN.

 

 

 

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Last modified on 2019-07-04

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