En los últimos años, Ecuador ha experimentado un aumento alarmante de la violencia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar si el país se ha convertido en una “narco-democracia”, donde los grupos delictivos ejercen un control territorial y una influencia significativa en las estructuras de poder. El investigador Arduino Tomasi ha realizado un estudio exhaustivo y cuantitativo que arroja luz sobre esta preocupante hipótesis, presentando evidencia estadística contundente que sugiere la penetración del narcotráfico en Ecuador durante un período específico.
La narco-democracia es un término acuñado para describir un sistema político en el cual los grupos del crimen organizado, particularmente los cárteles de la droga, han logrado infiltrarse y ejercer una influencia significativa en las instituciones gubernamentales y en los procesos democráticos. En estas circunstancias, las organizaciones criminales pueden llegar a tener un papel determinante en la toma de decisiones políticas, socavando así la soberanía del Estado y el Estado de Derecho.
El estudio de Tomasi cobra especial relevancia en el contexto actual de Ecuador, donde recientes procesos, como los casos Metástasis y Purga, han revelado inquietantes vínculos entre funcionarios gubernamentales, políticos y organizaciones narcotraficantes. Estas revelaciones han sacudido la confianza pública y han puesto en tela de juicio la integridad de las instituciones democráticas del país.
LA CALMA ANTES DE LA TORMENTA: EL FENÓMENO DE LA “PAX NARCA”
Tomasi ha identificado un patrón intrigante en las estadísticas de muertes violentas en Ecuador entre 2010 y 2018. Si bien la tasa de homicidios registró una disminución durante este período -en el que gobernó Rafael Correa-, las muertes por “intención no determinada”, comúnmente asociadas con actividades del crimen organizado, experimentaron un aumento dramático. Este fenómeno, conocido como “pax narca”, describe una situación de aparente calma y disminución de la violencia en áreas controladas por organizaciones narcotraficantes, a menudo resultado de acuerdos o equilibrios de poder entre grupos criminales y/o el poder político.
La “pax narca” puede interpretarse como un período de relativa estabilidad impuesta por los cárteles de la droga en los territorios bajo su control. Esta aparente calma no se debe a una mayor seguridad o al Estado de Derecho, sino más bien a la gestión y control territorial ejercidos por los narcotraficantes. Sin embargo, esta calma engañosa oculta una realidad siniestra, donde las muertes violentas de “intención no determinada” aumentan de manera significativa.
EL AUMENTO PARALELO DE MUERTES VIOLENTAS DE INTENCIÓN INDETERMINADA
Un aspecto particularmente inquietante del estudio de Tomasi es el hallazgo de que, a pesar de la disminución de la tasa de homicidios durante el gobierno de Correa, se observó simultáneamente un incremento exorbitante en la tasa de muertes violentas de intención no determinada. Esta categoría abarca una amplia gama de casos, desde estrangulamientos y envenenamientos hasta disparos de armas de fuego, en los que no se ha podido determinar si se trató de un accidente, un homicidio o un suicidio (Gráfico 1).
Gráfico 1
Tasa de muertes violentas por tipo 1999 - 2022
En entrevista con GESTIÓN, Tomasi explica que “aunque la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes experimentó una disminución significativa durante el gobierno de Rafael Correa, se observó simultáneamente un incremento exorbitante en la tasa de muertes violentas de intención no determinada, que incluye casos desde estrangulamientos hasta envenenamientos, alcanzando los niveles más altos en la historia reciente del Ecuador”.
Este patrón contradictorio plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de la reducción de homicidios y su posible relación con la actividad del narcotráfico en el país. El expresidente Correa ha compartido gráficos que muestran una disminución significativa en la tasa de homicidios durante su gobierno, utilizándolos como argumento defensivo ante las acusaciones de connivencia con el crimen organizado. Según sus datos, se llegó a una tasa de homicidio de 5,6 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, el aumento paralelo de las muertes violentas de intención indeterminada sugiere que la violencia relacionada con el narcotráfico podría haberse camuflado bajo esta categoría.
Esta divergencia entre las estadísticas oficiales y los hallazgos de Tomasi resalta la importancia de un análisis exhaustivo y transparente de los datos relacionados con la violencia y el crimen organizado en Ecuador.
CORRELACIÓN ENTRE INCAUTACIONES DE COCAÍNA Y MUERTES VIOLENTAS
Uno de los hallazgos más significativos del estudio de Tomasi es la existencia de una correlación estadísticamente significativa entre las incautaciones de cocaína y las muertes violentas de “intención no determinada”. Cuando disminuyen las incautaciones, estas muertes aumentan en las rutas del narcotráfico, particularmente en provincias costeras y orientales. Esta dinámica sugiere que la disminución de las incautaciones podría ser un indicador de una mayor permisividad o tolerancia hacia las actividades del crimen organizado.
La relación observada se mantiene incluso después de incorporar variables de control, como las variaciones en las incautaciones de cocaína en el resto de América Latina y el mundo. Este hecho refuerza la hipótesis de que durante el período analizado pudo haber existido una cierta tolerancia gubernamental hacia las actividades del crimen organizado, reflejada en las crecientes tasas de muertes violentas indeterminadas (Gráfico 2).
Gráfico 2
Muertes por causas indeterminadas e incautaciones de Cocaína
Asimismo, el investigador Jorge Mantilla en su artículo titulado “Narcotráfico y crimen organizado” señala que el Ecuador es el segundo país con más incautaciones de cocaína en la región, solo después de Colombia, pero estima que las incautaciones en Ecuador alcanzan solo alrededor del 56% del total de droga que se calcula se exporta a través de sus fronteras. Esto refuerza la idea de que una disminución en las incautaciones podría reflejar una mayor permisividad o tolerancia hacia las actividades del crimen organizado, lo cual se correlaciona con el aumento de las muertes violentas de “intención no determinada” observado por Tomasi.
“CAMINO DE LA MUERTE”
El estudio de Tomasi no solo revela patrones temporales, sino también una distribución geográfica coherente de las muertes violentas de “intención no determinada”. Estas muertes se concentraron principalmente en provincias claves para las rutas del narcotráfico, lo que refuerza contundentemente la hipótesis de una estrecha relación con las actividades del crimen organizado. En palabras de Tomasi, “hay dos opciones: o fueron suicidios masivos o están totalmente relacionadas con el narcotráfico”.
Además, el análisis muestra que esta dinámica siniestra se intensificó tras el cierre de la Base Militar de Manta en 2009, un evento que coincidió con un aumento significativo de estas muertes violentas en áreas estratégicas. Como lo afirma el autor, se trata de “un auténtico camino de muertes” (Gráfico 3) .
Gráfico 3
Aumento de muertes no determinadas 2009
Se puede ver también cómo la tasa de muertes aumenta en provincias fronterizas para el 2010 (Gráfico 4).
Gráfico 4
Aumento de muertes no determinadas 2013
La Base Militar de Manta, operada por los Estados Unidos hasta su cierre en 2009, desempeñaba un papel crucial en la lucha contra el narcotráfico en la región. Su desmantelamiento parece haber facilitado la apertura y consolidación de nuevas rutas de tráfico de drogas a través de Ecuador, lo que se refleja en el aumento de las muertes violentas de “intención no determinada” en las provincias clave para estas rutas.
LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA IMPUNIDAD
Los hallazgos de Tomasi apuntan a una situación alarmante de violación sistemática de los derechos humanos y una cultura de impunidad generalizada en Ecuador. Entre 2007 y 2018, se registraron aproximadamente 7.379 muertes violentas de “intención no determinada”, lo que representa un promedio de 1,7 ecuatorianos cada día. Cada una de estas muertes sin resolver constituye potencialmente un crimen sin castigo y una violación flagrante del derecho fundamental a la vida.
La acumulación de miles de estos casos socava el Estado de Derecho y pone en tela de juicio el cumplimiento del Estado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Estas estadísticas revelan la existencia de una posible violación sistemática de los derechos humanos y una situación de impunidad generalizada en el país durante el período analizado. Para Tomasi, “la explicación del Dr. Francisco Huerta tenía razón: estamos frente a una narco-democracia”.
El estudio de Arduino Tomasi es un llamado de atención sobre la creciente influencia del narcotráfico en Ecuador y sus impactos en la seguridad, la gobernabilidad y el respeto por los derechos humanos. La evidencia estadística presentada, respaldada por análisis geográficos y temporales, sugiere la existencia de una “narco-democracia” en el país durante el período analizado.
La penetración del narcotráfico en las estructuras de poder no solo representa una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho, sino que también pone en riesgo la estabilidad social y económica del país. Es esencial contar con políticas y estrategias integrales para combatir esta problemática, fortaleciendo las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, y fomentando una cultura de legalidad y respeto por los derechos humanos.
Asimismo, es crucial que se realicen investigaciones exhaustivas y procesos judiciales imparciales para esclarecer los vínculos entre el crimen organizado y los funcionarios públicos, de modo que se pueda restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
(*) Analista económica Revista Gestión.
Last modified on 2024-05-07