El Ecuador comienza el 2024 con su mayor ola de violencia, esta situación alarmante se evidencia en la escalada notable de la tasa de criminalidad, llevando al país a sumergirse en una de las más graves crisis de violencia que ha vivido en tiempos recientes. El año 2023 cerró con una preocupante tasa de 46,5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la más alta registrada en América del Sur. Este incremento dramático, que supone un aumento considerable respecto a años previos, la sitúa como la nación con mayor índice de violencia en la región y probablemente seguirá una tendencia al alza para este año. En esta primera entrega mostramos un panorama de la situación actual antes de abordar los porques.
Este cambio es especialmente sorprendente considerando que Ecuador era conocido anteriormente como uno de los países más pacíficos. De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional, se registraron 7.832 homicidios intencionales hasta el 30 de diciembre de 2023. Además, la tasa de homicidios por cada mil habitantes experimentó un aumento significativo, pasando de 26,99 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 46,5 en 2023, reflejando una tendencia creciente y preocupante en la violencia en el país (Gráfico 1).
Gráfico 1
Evolución del número de homicidios 2010 - 2023
El Coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, Renato Rivera, en una entrevista con La Voz, destacó que “Ecuador ha superado en niveles de violencia a países tradicionalmente asociados con altas tasas de criminalidad, como Colombia y México en un tiempo preocupantemente corto”.
La escalada de violencia en Ecuador puede atribuirse a varios factores. Uno de los principales es el aumento del crimen organizado, especialmente relacionado con el narcotráfico. Las bandas criminales han intensificado su presencia y operaciones en el país, lo que ha llevado a un incremento en los enfrentamientos armados, el control territorial y las actividades ilegales como el tráfico de drogas y armas. Además, la situación económica del país, marcada por la inestabilidad y la pobreza, ha creado un terreno fértil para que los grupos criminales recluten a jóvenes y expandan sus operaciones.
Otro aspecto preocupante es el incremento en la posesión y uso de armas ilícitas. La facilidad de acceso a estas armas ha contribuido significativamente al aumento de la violencia. Según informes, muchas de estas armas entran al país a través de rutas ilegales y luego se distribuyen en diversas regiones, alimentando el ciclo de violencia
GUAYAS, LA PROVINCIA CON MÁS EVENTOS DE ARMAS ILÍCITAS
Guayaquil, una de las ciudades más grandes y pobladas de Ecuador, se ha convertido en un punto crítico en términos de violencia relacionada con armas ilícitas. Según las estadísticas más recientes proporcionadas por el Ministerio del Interior en el periodo enero – noviembre 2023, a nivel nacional se han registrado 9235 eventos y las cinco provincias con más eventos son las siguientes: Guayas encabeza la lista con 3.159, seguida de Manabí, con 873, Los Ríos, con 775, Esmeraldas, con 697, y Pichincha, con 653 (Gráfico 2).
Gráfico 2
Las cinco provincias con más eventos de armas ilícitas enero – noviembre 2023
OLA DE DETENCIONES REFLEJA LA CRISIS DE VIOLENCIA EN ECUADOR
La creciente ola de detenciones en Ecuador es otro claro reflejo de la crisis de violencia que azota al país. Las autoridades, enfrentando un aumento sin precedentes en la criminalidad y la violencia, han intensificado sus esfuerzos para controlar la situación. Como resultado, ha habido un incremento notable en el número de aprehensiones. Según El Universo, la escalada de detenciones en Ecuador subraya la complejidad y gravedad de la situación de seguridad, destacando la necesidad crítica de abordar las causas de la violencia.
Según las cifras del Ministerio del Interior, en el periodo enero – noviembre 2023, a nivel nacional se detuvieron/aprehendieron a 68.662 personas y las cinco provincias con cifras altas son: Guayas, que de nuevo encabeza la lista con 14.171, seguida de Pichincha, con 11823; Manabí, con 4.642; El Oro, con 3.888, y Los Ríos, con 3.474 (Gráfico 3).
Gráfico 3
Registros de personas detenidas/aprehendidas por provincia
Esta situación pone de relieve los desafíos significativos que enfrenta el país en términos de seguridad pública y resalta la urgencia de implementar estrategias efectivas para combatir estas tendencias alarmantes.
Asimismo, el Ministerio del Interior ha proporcionado un desglose detallado de las categorías de delitos durante el período analizado. De acuerdo con estos datos, los delitos contra el derecho a la propiedad representan la mayor proporción de detenciones, con un 19%. Esto es seguido por boletas de apremio, que constituyen el 16%, y los delitos relacionados con la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, que representan el 15%. Además, las contravenciones de tránsito y los delitos contra la seguridad pública, cada uno abarca el 8% de las detenciones/aprehensiones (Gráfico 4).
Gráfico 4
Personas detenidas/aprehendidas tipo de categorías
El alto porcentaje de delitos contra la propiedad y los relacionados con sustancias ilícitas subraya la complejidad del panorama del crimen en Ecuador. Estos datos no solo reflejan las áreas prioritarias en las que las autoridades están enfocando sus esfuerzos, sino que también señalan las áreas donde se requiere atención y recursos adicionales para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad pública.
EPICENTROS DEL NARCOTRÁFICO EN ECUADOR
Ecuador enfrenta un reto significativo en su lucha contra el narcotráfico, uno de los componentes clave de la actual crisis de seguridad. Un aspecto crucial en este desafío es la localización y la magnitud de los depósitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a lo largo de sus provincias. Estos depósitos, que son indicativos de las actividades del narcotráfico, varían en tamaño y concentración según la región, proporcionando una visión clara de cómo y dónde se concentra este delito en el país.
En este sentido, según el Ministerio del Interior, a nivel nacional se tienen 5.575 depósitos de sustancias sujetas a fiscalización, las 10 provincias que concentran un mayor número son: principalmente Guayas y Pichincha, con 1.143, seguidas de Manabí, con 444; Esmeraldas, con 324, y Carchi, con 282. (Gráfico 5).
Gráfico 5
Top 10 provincias con depósitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
La situación de seguridad en Ecuador, marcada por un alto índice de delitos contra la propiedad y actividades relacionadas con el narcotráfico, no solo plantea desafíos en términos de orden público, sino que también tiene implicaciones económicas profundas. Que los depósitos de sustancias sujetas a fiscalización a nivel nacional se encuentren especialmente concentrados en provincias como Guayas y Pichincha, señala la magnitud del problema del narcotráfico en el país. Esta situación, además de afectar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, repercute negativamente en la economía de Ecuador.
¿CÓMO AFECTA LA VIOLENCIA A LA ECONOMÍA?
La violencia y el crimen, especialmente el narcotráfico, impactan de manera significativa en la economía ecuatoriana. Según un estudio realizado por el Banco Mundial, la violencia y la delincuencia pueden reducir el crecimiento económico debido a los altos costos de seguridad, la disminución de la inversión extranjera y el turismo, y los efectos adversos en la productividad laboral.
Además, el narcotráfico desvía recursos de la economía formal a la informal, lo que reduce los ingresos fiscales del gobierno y aumenta los costos de seguridad y justicia. Este escenario de inseguridad y violencia también puede llevar a una fuga de talentos y cerebros, ya que las personas buscan mejores condiciones de vida en otros países, lo cual a su vez impacta en el desarrollo y la innovación a largo plazo en Ecuador.
Rivera y Bravo en su artículo Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del ecuador en la economía del narcotráfico, a través de entrevistas semi-estructuradas y técnicas de teledetección, concluyeron que el crimen organizado en Ecuador se aprovecha de la geografía del país, la baja coordinación estatal y la diversidad cultural para establecer sus operaciones. Esta situación contribuye a una economía ilícita que funciona paralela a la economía formal, afectando la estructura económica del país
¿LA CONSULTA POPULAR Y LA MILITARIZACIÓN FRENARÁN LA VIOLENCIA?
Entre las preguntas de la consulta se encuentran propuestas que buscan fortalecer el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y el control de armas, municiones, explosivos y accesorios. Además, se contempla la reforma del Código Orgánico Integral Penal para incrementar las penas en delitos graves como terrorismo, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, secuestro extorsivo, entre otros. También se plantea la posibilidad de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en el desempeño de su misión, sean juzgadas por jueces especializados en materia penal militar y policía.
Según el Abogado constitucionalista Marcos Ortiz, los cambios propuestos por el presidente no configuran propuestas estructurales en la generación de política criminal efectiva, por el contrario, activan a otras funciones del Estado para cambios legales que podrían darse de manera ordinaria sin acudir a las urnas.
La generación de un plan multidimensional y coordinado desde las instituciones estatales de corto y mediano plazo debe enfocarse en inversión en las áreas de seguridad, procesos de indultos para disminuir el hacinamiento en los centros de privación de la libertad, participación de la academia en políticas públicas estructurales efectivas y utilización de tecnología en la lucha contra las bandas criminales. Asimismo, Ortiz recalca que los problemas sociales a los que se enfrenta el Ecuador en el año 2024 no se resuelven con cambios normativos, puesto que las herramientas jurídicas existen pero no se utilizan.
El Ecuador enfrenta una crisis multidimensional de violencia y crimen organizado que requiere soluciones integrales e innovadoras, más allá de reformas legales y mayor participación militar. Si bien el Gobierno ha dado pasos iniciales, hace falta una estrategia sostenida que aborde las causas socioeconómicas subyacentes que analizaremos en la siguiente entrega y que involucre a actores como la academia y la sociedad civil.
Restaurar la confianza ciudadana también es crucial, priorizando transparencia, rendición de cuentas y combate a la impunidad. De no revertir las tendencias actuales, la violencia seguirá impactando negativamente indicadores sociales y económicos en el mediano y largo plazo. Se necesita voluntad política para implementar cambios multidimensionales que reviertan este complejo panorama.
(*) Liz Ortiz, analista económica Revista Gestión.
Last modified on 2024-01-14