Un informe del grupo FARO sobre el primer año de gobierno del presidente Guillermo Lasso muestra una gestión insuficiente con relación a su oferta de campaña y, en muchos casos, difícil de cuantificar debido a que las promesas no siempre constan en el Plan Nacional de Desarrollo. En el ámbito del empleo sí se cumplió con el incremento del Salario Básico Unificado, pero existe una deuda de 97.831 nuevos empleos plenos. Mientras que en la lucha contra la corrupción no se evidencian resultados reales.
El centro de investigación FARO por medio de su iniciativa “Del Dicho al Hecho” analizó los avances y el desempeño que tuvo el Estado en las áreas de empleo, educación y lucha contra la corrupción. Para eso estableció cuatro ejes principales en torno al análisis del cumplimiento de las propuestas de campaña más relevantes:
- Constancia de la propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
- Institucionalidad
- Recursos destinados para su ejecución
- Normativa que sustenta las acciones
UN MILLÓN DE EMPLEOS EN CUATRO AÑOS: ¿SE ESTÁ CUMPLIENDO LA META?
Con relación al empleo, uno de los principales ofrecimientos fue la creación de un millón de empleos plenos en cuatro años de gestión mediante nuevas modalidades de contratación, reducción de impuestos y fomento al emprendimiento. De esta manera, se establecieron tres metas asociadas a la creación de empleo en el PND.
No obstante, los resultados muestran avances poco significativos. El Proyecto de Ley Orgánica de Creación de Oportunidades enviado por el Ejecutivo, que contenía reformas en materia laboral, tributaria y de inversiones, fue devuelto por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Además, las reformas laborales que buscan fomentar el empleo todavía no ha sido socializadas ni enviada al legislativo.
De esta manera, los datos muestran un avance incipiente hacia la consecución del objetivo, llegando únicamente a 32,73% de empleo pleno a abril de 2022, cuando se esperaba tener mínimo 35,19% para estar en la senda correcta, es decir, se han creado únicamente 152.169 nuevos empleos plenos desde mayo de 2021 a marzo de 2022, cuando se necesita crear al menos 250.000 nuevos empleos plenos por año.
Sin embargo, otras metas relacionadas con el empleo sí han tenido un avance acorde con los objetivos planteados. Se estableció el objetivo de reducir la tasa de desempleo juvenil (entre 18 y 29 años) de 10,08% a 8,17% y al momento es de 8,81%. A su vez, el objetivo de reducir la brecha de empleo adecuado entre hombres y mujeres del 33,50% al 28,45% al 2025 sobrepasó las expectativas, llegando al 23,25% en marzo del presente año.
Además, el gobierno prometió incrementar el salario básico unificado hasta $ 500 a lo largo de los cuatro años de Gobierno; esta propuesta, si bien no ha sido incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, sí se ha cumplido. En diciembre de 2021 se emitió el Acuerdo Ministerial para incremento de salario básico unificado a $ 425 para el año 2022, siendo el aumento más alto de los últimos 8 años y ubicando al Ecuador como uno de los países de América Latina con el mayor salario básico por detrás de México.
Gráfico 1
Salarios mínimos en América Latina 2022 (en dólares)
No obstante, el incremento del SBU fue un ofrecimiento controversial, ya que técnicamente depende de la productividad del trabajo, de la demanda de mano de obra y de otras variables macroeconómicas, por lo que un aumento arbitrario beneficia únicamente a aquellas personas que lo percibían previamente, e incluso puede llegar a afectar a pequeñas empresas y emprendimientos que no logran cubrir los montos, contraponiéndose así a los ofrecimientos de campaña de reactivar la economía.
En definitiva, un mayor nivel de salario básico no siempre significa que una economía sea más fuerte, pues se necesita trabajar en mejorar la calidad del empleo de forma integral con acciones específicas en torno a los trabajadores informales y al subempleo.
¿CÓMO AVANZA LA FORMACIÓN DOCENTE?
En el ámbito educativo, una de las principales propuestas del Gobierno fue implementar programas de excelencia para las futuras generaciones de educadores y crear la escuela digital de capacitación docente con el fin de llevar al máximo el nivel académico y el dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) por parte del magisterio.
La propuesta, si bien está plasmada en el Plan de Gobierno inscrito en el Consejo Nacional Electoral, no ha sido tomada en cuenta en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual dificulta el seguimiento a la propuesta.
A pesar de ello, en junio de 2021 se creó la normativa para la dignificación de la carrera a través de la formación profesional continua, la actualización del escalafón docente y la implementación de incentivos laborales complementarios al salario. Así, en la propuesta de reforma a la LOEI realizada en 2021, se propuso un nuevo escalafón docente donde la categoría más baja tendría un salario de $ 1.086. Sin embargo, esta reforma fue vetada totalmente en 2022 por parte del Ejecutivo pero nuevamente puesta en vigencia por la Corte Constitucional, por lo que el tema aún está en el limbo.
Con relación a esto, las cifras del presupuesto para el Ministerio de Educación presentan un aumento en enero de 2022 respecto al mismo mes de 2021, pasando de $ 2.997,96 millones a $ 3.312,94 millones. No obstante, este monto no es superior a la cifra de 2020, cuando llegó a $ 3.328,14 millones.
Paralelamente, en agosto de 2021, el Ministerio de Educación lanzó el “Plan Nacional de Formación Permanente” actualizando la plataforma “Mecapacito” y presentándola públicamente el 3 de mayo de 2022 con el apoyo de aliados estratégicos como universidades, institutos de educación superior, entidades públicas y privadas y organismos multilaterales para construir un itinerario formativo individual con base en un diagnóstico previo de las competencias a fortalecer.
Aunque el Plan de Formación Permanente y la plataforma “Mecapacito” presentan avances significativos, no plantean expresamente la Escuela Digital de Capacitación Docente, con lo que la oferta queda pendiente. Este ofrecimiento es clave pues 81% de docentes evaluados presentaron niveles de logro por debajo de los 700 puntos por lo que, además de contar con procesos de evaluación actualizados, se requiere fortalecer las habilidades docentes que faciliten el proceso para mejora de salarios.
Gráfico 2
Porcentaje de docentes fiscales capacitados en programas de formación permanente (2013-2021)
La meta establecida por el Ministerio de Educación busca que para el 2025 el 85% de docentes accedan a programas de formación permanente con criterios de calidad y pertinencia.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, UN DESAFÍO PENDIENTE
Las metas del gobierno en torno a la corrupción incluyen la creación de una Comisión Anticorrupción respaldada por organismos internacionales y la promoción de una cultura anticorrupción que refuerce las instituciones de control y facilite el acceso a la información pública; ambas con resultados poco alentadores a la fecha.
En cuanto a la creación de la Comisión Anticorrupción, no se encuentran metas en el PND asociadas al cumplimiento de la propuesta, ni en el Plan de Gobierno presentado al CNE. El presidente modificó la propuesta, pasándola de una comisión de carácter internacional a la conformación de una Comisión Nacional Anticorrupción integrada por representantes de las cinco funciones del Estado, la Asociación de Municipalidades (AME), el Consorcio de Consejos Provinciales (Congope), el defensor del Pueblo, el contralor y el procurador. No obstante, tampoco se han dado pasos concretos en su trabajo.
La propuesta de promoción de una cultura anticorrupción que refuerce las instituciones de control y facilite el acceso a la información pública sí posee metas asociadas a su cumplimiento en el PND, las cuales tienen que ver con el nivel de confianza institucional en el gobierno, un mejor posicionamiento en el ranking de percepción de corrupción mundial, el incremento en el índice de gobierno electrónico y la participación de entidades públicas.
Gráfico 3
Índice de percepción de la corrupción en Ecuador (IPC), 2012-2021
No obstante, los resultados relacionados en la percepción y confianza ciudadana no han sido los esperados, retrocediendo 13 posiciones en el ranking mundial de percepción de corrupción respecto al 2020, ocupando el puesto 105 de 180 países, posicionándose como el tercer problema más importante identificado por los ecuatorianos.
Del resto de metas establecidas no se dispone información actualizada que permita un seguimiento apropiado en su consecución, evidenciando voluntad política, pero sin mecanismos de seguimiento o asignación de recursos.
(*) Jorge Pérez, analista económico Revista Gestión.
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Last modified on 2022-06-01