El golpe de la pandemia a la economía ecuatoriana ha sido devastador: en el curso de 60 días arrasó con 150.000 empleos y erosionó las perspectivas de ingresos en $ 8.000 millones para 2020, a lo que se suma un déficit fiscal que al inicio del año bordeaba los $ 4.000 millones.
El resultado de más de una década de agrandar el Estado benefactor y de derechos, sumado a la compleja crisis que ha traído el COVID-19, han tenido sobre la economía del Ecuador el efecto de “un terremoto de grado 9 en la escala Richter”, en palabras del Observatorio de la Política Fiscal en su reciente carta dirigida a la opinión pública el 18 de mayo.
Anticipaba este organismo de la sociedad civil que es una obligación colectiva: del gobierno, los políticos, las empresas y la ciudadanía hacer todos los esfuerzos para redimensionar el tamaño del Estado y los gastos del sector público a la caída de ingresos que soporta el presupuesto de 2020 y que se extenderá probablemente a mediano plazo.
RECORTE PRESUPUESTARIO DE $ 4.000 MILLONES SOBRE TODO EN MASA SALARIAL
Los anuncios de medidas económicas que ha hecho el presidente Lenín Moreno el 19 de mayo llegan tarde a esta reducción del tamaño del Estado, pues se esperaban en 2017, pero van en el sentido adecuado y en una magnitud aceptable.
Primero, un recorte de $ 4.000 millones en el gasto presupuestario son 4% del PIB, algo que ya es significativo para el tamaño de la crisis. ¿Cómo llega a esta reducción? Con un recorte de $ 1.300 millones en gasto de capital, dice el Gobierno, pero en realidad podría ir mucho más allá de esa cifra. Un tijeretazo sustancial de $ 400 millones a gastos en bienes y servicios, que se hace más factible en modo de teletrabajo y ante la llamada ‘nueva normalidad´ llena de incertidumbre.
En términos de política, la más drástica de las decisiones es la necesaria reducción de la jornada laboral del sector público a seis horas, un 25% menos de lo normal y un salario acorde, lo que significa una reducción de casi 17% en el salario y va a representar una baja de $ 980 millones en la masa salarial en todo el año. Los empleados públicos son los únicos que tienen seguridad en el trabajo hoy en día y se requiere que este grupo arrime el hombro para sacar adelante al país. No es viable que parte de los créditos multilaterales negociados para dar impulso al país en la reactivación, en el fortalecimiento del sector salud vayan a parar a salarios del sector público, que están sobredimensionados desde hace años con respecto al tamaño de la economía del país, más aún cuando esta se achica, aplastada por el tsunami económico del Covid-19.
Los restantes $ 1.320 millones de recorte –en este año- provendrían de la estrategia de renegociación de deuda que ha iniciado el gobierno con acreedores: $ 811 millones con tenedores de bonos soberanos, $ 175 millones de tenedores de bonos de Petroamazonas, y otros que no se han especificado pero que están en este rubro.
AMPUTACIÓN DE PÉRDIDAS
No hay que menospreciar las pérdidas acumuladas por varias empresas del Estado y finalmente se decidió poner punto final. Este tipo de decisiones son rápidas en el sector privado porque de otra forma el accionista o el emprendedor pierden hasta la camisa. Pero en el sector público algunas empresas se mantienen por decisiones políticas y succionan los aportes tributarios de la ciudadanía sin límite.
Tarde pero bien, Moreno ha comunicado la eliminación de siete empresas públicas. La primera y más conocida es TAME, la aerolínea que acumulaba pérdidas de $ 400 millones en los últimos cinco años, que se va a liquidar para evitar una mayor acumulación de pérdidas en esta crisis de la aviación comercial.
Otras siete que acumulan pérdidas también desaparecerán: Ecuador Estratégico, Unidad de Almacenamiento EP, Medios Públicos EPMPCE, Correos del Ecuador, Ferrocarriles, Siembra y Crear. No se ha referido cuántas plazas de trabajo se recortan, pero es impensable para ningún gobierno sostener empresas a pérdida. La actuación es correcta pero tardía. Deberíamos saber cuánta pérdida se acumuló y al menos tener estados financieros actualizados de todas estas empresas.
CAE EL PRECIO DE COMBUSTIBLES Y SE ABRE PASO A UN MANEJO NOVEDOSO
Desmonopolización en la importación de derivados es la alternativa por la que ha apostado el Gobierno, abriendo a los industriales la posibilidad de obtener este insumo indispensable para la pesca, por ejemplo. Esto le va a llegar como anillo al dedo –a precios de mercado- a la innovadora industria de la acuacultura y pesca que se mueve con diesel. El Gobierno ya no tiene recursos para comprar diesel caro y venderlo barato, esa era terminó.
A tono con los precios actuales tan bajos del crudo y sus derivados a nivel mundial, el precio de la gasolina Extra y la Ecopaís bajan de $ 1,85 a $ 1,75; el diesel a $ 1 por galón. Con esos valores se inicia una banda de precios –instrumento de la política energética para amortiguar la volatilidad del precio internacional- que adoptando el precio en el mercado mundial permite una fluctuación hasta de 5% entre el tope y el piso del precio al interior del país.
De esta manera, el consumidor no sentirá la variación diaria y el máximo organismo de control del sector anunciaría cada mes el precio de acuerdo al nivel internacional; el Gobierno no acumulará pérdidas porque el ajuste es mensual. Es otra forma de evitar que a futuro se compliquen las finanzas públicas con subidas de precios y subsidios universales. De 2005 a 2019 se utilizaron alrededor de $ 50.000 millones en subsidios a los combustibles, un monto que equivale al 71% de la deuda pública estimada a 2019.
Esta sería una estrategia que se va a complementar con algún subsidio focalizado a los sectores más vulnerables o al transporte público. El gas licuado de petróleo no se toca, pues afectaría al 30% del quintil más bajo de ingresos en el país.
CRÉDITO MULTILATERAL PARA ECUADOR YA LLEGÓ
Representantes de los organismos multilaterales de crédito: Banco Mundial, BID, CAF y Fondo Monetario Internacional, destacaron el 18 de mayo en una webinar organizada por Revista Clave, que “la actitud de buena fe del Ecuador de pagar su deuda de $ 341 millones y de renegociar amigablemente sus obligaciones de deuda” ha sido bien recibida en los directorios de los distintos organismos y ha facilitado la rapidez y la magnitud del crédito concesional recibido. Si declaraba un default no hubiese calificado para los montos de ayuda dilatados que ha obtenido y que se están negociando, sino probablemente solo a los créditos de emergencia sanitaria y de libre utilización pero en montos menores.
Los multilaterales están colaborando con el socio Ecuador con asistencia técnica para superar los graves problemas de un pobre manejo fiscal y de la reducida competitividad del país, coincidieron los representantes de los cuatro organismos de crédito consultados.
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, FB, 19 de mayo, 2020.
(*) Editora macroeconómica de Revista GESTIÓN y analista económica de Consultora Multiplica.
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Last modified on 2020-05-20