Aunque la Ley de Apoyo Humanitario busca solventar la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, está lejos de ser una reforma sólida que encamine las finanzas públicas o que, al menos, alivie las urgentes necesidades de liquidez del Estado, sobre todo porque pone el esfuerzo en quienes más contribuyen a la economía nacional: los trabajadores y las empresas. Sobrecargar a la ciudadanía sin una visión a largo plazo es inviable. Así lo explica el autor en este análisis.
El COVID-19 ha sido un examen y los países teóricamente más avanzados y los menos avanzados claramente lo han reprobado. Previa preparación, comunicación abierta y control de contagios eran las respuestas para exonerarse. Ecuador fue uno de los primeros países de Latinoamérica en sufrir la enfermedad y eso ha generado un ambiente de nerviosismo e incertidumbre al mismo tiempo. El país sigue resistiendo contra un invasor que está resultando devastador en cada continente.
Los primeros comentarios sobre el estado de excepción se centraron en los errores de la información oficial que ocultaban la gravedad de la situación algo que, ahora sabemos, tuvo un costo calamitoso. En lugar de ello, debimos estar aprendiendo de las naciones que han logrado responder de manera más efectiva: Singapur y Taiwán han mantenido el coronavirus casi completamente bajo control, desarrollando planes de gestión para situaciones imprevistas, almacenando bienes esenciales, activando protocolos de acción rápida, desplegando vigilancia extensa e invasiva de la propagación del virus y comunicando de forma transparente los nuevos casos con las respectivas respuestas de las autoridades.
Cabe destacar que las naciones asiáticas sufrieron los primeros brotes del SARS a partir de 2002 y más reciente la gripe H1N1, en 2009, tiempo suficiente para definir las lecciones aprendidas.
A 46 días de haberse reportado oficialmente el primer caso, el presidente de la República envío a la Asamblea Nacional la Ley de Apoyo Humanitario y la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas para su aprobación en 30 días. Sobre la primera, es importante hacer un extenso análisis, no obstante, estos son sus puntos claves:
-
LA LEY DE APOYO HUMANITARIO NO TIENE VISIÓN NI ESTRATEGIA
El Gobierno, a través de su capacidad de determinar políticas económicas y sociales, no ha sido capaz de trasladar una visión sobre el Ecuador que queremos para 2030. Estas leyes, al igual que las tres anteriores, no muestran un camino a largo plazo ni a dónde queremos llegar. Dado que estamos en una emergencia, a lo que se puede aspirar es al apoyo humanitario y económico, pero, ¿y la pospandemia?, ¿y la reactivación?, ¿y el crecimiento?
La estrategia requiere de un amplio y delicado conocimiento de la situación política, económica, social y tecnológica para priorizar aquellos aspectos urgentes e importantes a atacar, y definir la mejor hoja de ruta para alcanzar resultados rápidos y efectivos.
En la ley se propone contribuciones únicas y temporales a empresas y trabajadores que se enviarán a una cuenta especial que será administrada por el presidente y supervisada por un consejo consultivo de cinco miembros de la sociedad civil; créditos de multilaterales, aportes del Gobierno y donaciones. A simple vista, es evidente que será insuficiente para solucionar las necesidades que surgirán de esta inédita emergencia.
La estrategia, nuevamente, vuelve a brillar por la ausencia puesto que ante una situación extrema, se deben tomar soluciones extremas y las medidas apenas llegarán a cubrir tres puntos del PIB cuando el impacto será al menos de seis puntos del PIB.
-
LA LEY ES RECAUDATORIA Y SIN INCENTIVOS
Por cuarta vez, el Gobierno vuelve a insistir en el concepto de recaudación de aquellos que más tienen para solucionar la debilitada realidad económica que vive el Ecuador. No tiene capacidad de generar más ingresos, no puede expandir el gasto, no tiene ahorros, no puede acceder a créditos rápidos, no puede imprimir moneda y no genera confianza. Con un margen de maniobra tan reducido, era evidente que se iba a apelar a la ayuda interna.
Empresas y ciudadanos no podrán deducir ni cruzar como crédito tributario este aporte, es decir, la solidaridad es obligatoria.
Con la intención de proteger el empleo, las empresas tendrán tres mecanismos para acogerse: un tipo de contratación especial emergente que durará dos años para nuevas inversiones o líneas de negocio, jornadas de 20 a 40 horas semanales de seis a ocho horas diarias con un pago proporcional a lo trabajado; reducción de la jornada laboral aplicable hasta por dos años con pago proporcional al tiempo laborado, y concordatos entre deudores y acreedores para aplazar el pago de obligaciones sin arriesgar la estabilidad del negocio.
Estas ideas resguardan a empresas y trabajadores, pero sigue estando pendiente una reforma laboral profunda que flexibilice los tipos de contratación actuales, revea las condiciones de los fondos de jubilación patronal y desahucio, e incentiven al sector empresarial a enrolar a desempleados y subempleados con un mecanismo de compensación de mediano plazo donde exista un ganar – ganar.
No podemos olvidarnos que son 4,6 millones de ecuatorianos sin un empleo formal que se encuentran en situación vulnerable.
-
LAS MEDIDAS AFECTAN LA LIQUIDEZ DE EMPRESAS Y TRABAJADORES
Es conocido que 75% de los ingresos se concentran en las grandes empresas que, a través de sus compras, dinamizan el movimiento de medianas, pequeñas y micro empresas y también de las familias.
Restar liquidez a los dos sectores es poner en riesgo la variable más importante de la economía que es el gasto consumo de los hogares y empresas, que representa 60% del PIB. Si la situación actual apremiaba los flujos de efectivo, ¿qué sentido tiene minar el poder adquisitivo de la clase media que constituye el 60% de la población ecuatoriana y del 3% de las grandes empresas que mueven el 97% restante de la estructura empresarial del país?
-
DEBIÓ SER FIDEICOMISO Y NO CUENTA NACIONAL
El Gobierno actualmente tiene un nivel débil de confianza y aprobación, lo que causa más dudas que respuestas sobre el buen manejo de los recursos captados. La figura del fideicomiso es una buena práctica reconocida internacionalmente, que permite una gestión práctica, fácilmente auditable y que puede avalar el uso de muchos instrumentos financieros en favor del país.
Bastaba un acuerdo entre empresas, Gobierno y multilaterales para plantear una solución que forje el compromiso y la confianza, a fin de atraer inteligentemente parte de los $ 22 mil millones de depósitos de privados en el exterior para dar una solución radical a la emergencia y empezar a pensar en el posconfinamiento y en la reactivación.
-
NO SE ANUNCIA EL MONTO A RECAUDAR
El FMI en su último boletín de proyecciones económicas de la región, menciona que México y Ecuador serán los países más afectados de la crisis sanitaria. Para nuestro caso se prevé decrecer el 6%, es decir, unos $ 6.000 millones. Pues, precisamente, ese es el monto objetivo a recaudar pero el Gobierno no lo anunció por ninguna vía y se puede suponer que las contribuciones, créditos y ayudas no cumplirán el objetivo y necesitemos de una ayuda internacional muy fuerte para cerrar la brecha. En este punto, nada está jugando a favor y la pedaleada está muy cuesta arriba.
¿Qué es lo que se debería estar haciendo? Aquí algunas respuestas:
-
DIAGNOSTICAR NUEVAMENTE LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA
Para establecer una planificación y ejecución estratégica apuntando al 2030. Las leyes, los mercados y los actores no van a ser los mismos luego de esta emergencia. Vamos a vivir muchos años en lo que denomino la “economía de las restricciones” y debemos establecer las mejores jugadas que nos lleven a estabilizarnos y crecer rápido bajo una figura de V y no de L.
-
LAS FINANZAS PÚBLICAS DEBEN PASAR DE SER REACTIVAS A SER PROACTIVAS
En la Ley de Ordenamiento a las Finanzas Públicas se maneja fuertemente el concepto de centralizar el poder del manejo financiero por el ente rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un instrumento, el Plan Nacional de Desarrollo.
No quisiera concluir que el nuevo rol del Ministerio va a ser anclarse a un documento y burocratizar aún más el Estado. Al contrario, debe ser una institución crítica sobre el uso de los recursos y que optimice el tamaño del Estado para que los ingresos permanentes guardados se puedan destinar a la inversión pública.
Ministro, ¡no se olvide que la estrategia pone el número, y no al revés!
-
AHORRAR
Ante la conocida variabilidad de la economía y los mercados, hay que diseñar un fondo de ahorro. Los últimos 120 años de historia republicana del Ecuador, se han caracterizado por vivir a los vaivenes de los ciclos económicos: años de crecimiento y décadas de decrecimiento.
Ahorrar para prever los shocks externos se ha vuelto un tema más polémico que la política, la religión o el fútbol. La falta de iniciativa y de acuerdo nos ha llevado a registrar los niveles de reservas internacionales más bajos de los últimos 18 años. Inaudito por decirlo menos.
La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas contempla la formación de un Fondo de Estabilización Fiscal que se alimentará de los ingresos de los recursos naturales no renovables más allá del Presupuesto General del Estado (PGE), una vez que se hayan cumplido deudas y obligaciones. La idea dio en el blanco, la aplicación, errada.
Si el país hubiera logrado ahorrar a lo largo de los últimos diez años, apenas el ingreso petrolero que se recibió el año pasado contemplado en el PGE, que llegó a $ 2.800 millones, hubiéramos podido activarlos mediante políticas contra cíclicas y sortear la primera parte de la emergencia con sobrada solvencia. El resto de las ayudas vendrían sobre la marcha. De esa oportunidad histórica se perdió el Ecuador y ahora estamos a la fila, como estamos muchos para ingresar a los supermercados, a la espera de un nuevo desembolso.
-
CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, viniendo del Comité Empresarial y las Cámaras, puede liderar y viabilizar el cambio de matriz productiva. En este momento, el país debe preguntarse seriamente si el petróleo ha sido una enfermedad o un remedio. Hemos pasado por dos boom petroleros y su herencia han sido varias décadas perdidas sin que podamos rozar el crecimiento sostenido.
Ahora que el precio del crudo no supera los $ 20 por barril, se vuelve valioso retomar el estudio y las vías para cambiar nuestra matriz productiva impulsando los nuevos encadenamientos productivos y aumentar la oferta exportable. Existen claros ejemplos de estos sectores como: hormigón, acero, cerámica, turismo, agroindustria, logística, servicios bancarios y tecnología. Podemos convertirnos en serios referentes en un par de años, pero el primer paso es: productividad, competitividad y acuerdos empresa-Estado que vayan más allá de las alianzas público-privadas (APP).
Es muy importante entender que estos aislamientos lo que hacen es solamente comprar tiempo. Entonces, si estamos comprando tiempo a un costo muy elevado, debemos invertirlo de la manera más estratégica e inteligente posible.
Conseguir dinero requiere esfuerzo y tiempo, por tanto, debemos centrar la cuestión del buen manejo de esta emergencia donde está el dinero: en el exterior.
Internamente, es vital motivar los acuerdos económicos, políticos y sociales mínimos que edifiquen los escalones que nos lleven no solamente hacia la estabilidad, sino hacia el crecimiento sostenido, materia pendiente de los gobiernos de los últimos 120 años.
(*) Economista, inversionista y analista económico.
Si va a hacer uso de este artículo, por favor cite la fuente original. Artículo de información (I).
Encuentre contenido relacionado en nuestro archivo histórico:
El petróleo puede repuntar, pero ya no como antes
Un Estado maniatado busca en la clase media y en la empresa contención para la crisis
Ecuador frente al COVID 19: ¿cómo enfrentamos la crisis económica?
Gobierno se ancla en la estrategia de pagar deuda para lograr más desembolsos
La liquidez, el talón de Aquiles de las empresas ecuatorianas