La deuda pública del país se ha convertido en un tema cotidiano y preocupante, pues este gasto representa un poco más del 10% del Presupuesto General del Estado (PGE). De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, el Estado paga cada año alrededor de $ 3.365 millones a los gastos financieros relacionados con el pago de intereses y deuda. Los desembolsos superan incluso a los gastos en inversión. Sin estos deberes, el Ecuador podría realizar el doble de inversiones en los distintos sectores económicos. La deuda total ha crecido en más de $ 37.800 millones en los últimos diez años, capturando un peso relativo del PIB de casi 45,3% (Gráfico 1).
Gráfico 1
Estado de la deuda con relación al PIB
Dentro de la cuenta de gastos financieros del PGE están rubros como los intereses de obligaciones y bonos, intereses de deuda y las diferencias de tipo cambiario cuando se realizan operaciones comerciales con países en el extranjero. En la Proforma Presupuestaria del Estado ecuatoriano, los gastos financieros están dentro de los gastos permanentes porque su desembolso es periódico y son obligaciones de las cuales no se puede escapar, ya que de hacerlo el Estado caería en default y no podría adquirir deuda en los mercados internacionales.
Por la cantidad de deuda externa que mantiene el Ecuador, la cuenta de gastos financieros es una de las más importantes y captura un amplio porcentaje dentro del PGE.
A finales de cada año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene la obligación de presentar ante el Ejecutivo y el Legislativo la cantidad de ingresos que percibirá y una estimación de los egresos que realizará en el siguiente año para asegurar que los fondos vayan a los sectores que más lo necesiten.
Ahora bien, la Proforma Presupuestaria debe ajustarse a los planes de desarrollo, que durante este periodo presidencial se enmarcan en el Plan de Prosperidad, que tiene como principales directrices la transparencia de las cuentas nacionales, austeridad en el gasto y generación de crecimiento económico. Dentro de los objetivos del Plan Prosperidad 2018-2021 se encuentran la Ley de Fomento Productivo, la optimación del Estado, la sostenibilidad fiscal, la transparencia y la protección social.
CASI LA CUARTA PARTE DE GASTOS PERMANENTES VA AL PAGO DE DEUDA
En términos reales, el PGE de 2019 alcanzó los $ 31.318 millones, siendo 10,1% menor al de 2018. En los últimos 10 años el gasto realizado por el Estado ha crecido en 64,4%, pasando de $ 19.168 millones en 2009 a superar los $ 30.000 millones en 2019.
El tamaño del gasto se define según una serie de factores, como el incremento de ingresos petroleros, la optimización de la recaudación tributaria y las fuentes de financiamiento externas, pues dadas las condiciones del mercado internacional se hizo más simple adquirir deuda al Ecuador (Gráfico 2) en los últimos años.
El autodenominado Gobierno de Todos también busca generar equilibrio primario, esto quiere decir que todos los gastos permanentes se financien con ingresos permanentes, con el fin de asegurar la estabilidad fiscal al largo plazo.
Gráfico 2
PGE 2009-2019
Sin embargo, el equilibrio primario es una tarea difícil de cumplir por los gastos financieros que el Estado debe cubrir. Dentro de la Proforma 2019 se estima un total de $ 26.016 millones en gastos, de los cuales $ 18.865 corresponden a permanentes y $ 3.365 a financieros, es decir, pago e intereses de la deuda. Este rubro representa casi un tercio de lo que se gasta en personal, que bordea los $ 9.948 millones con lo que, si la magnitud de la deuda no fuera tan grande, se podría contratar a más servidores públicos para áreas como educación y salud, o destinar fondos a proyectos de inversión en los mismos sectores (Gráfico 3). En términos relativos, el pago al personal es el gasto permanente más fuerte, con 50,4% del total, seguido de los gastos financieros (17,8%) y de bienes y servicios, con 12,6%.
Gráfico 3
Gastos permanentes 2019
UN ESCENARIO SIN DEUDA
Al Plan Anual de Inversiones que consta en la Proforma de 2019 se le asignó un total de $ 3.314 millones, siendo 20% menor al de 2018. Si comparamos esta cifra con la de gastos financieros, se observa que la segunda es ligeramente mayor a los fondos destinados a la formación bruta de capital fijo. Esto quiere decir que el Estado gasta más en deuda que en proyectos de inversión. Esto se corrobora si comparamos la cifra destinada a los gastos financieros y las categorías en las que se subdivide el plan de inversiones; al pago de la deuda se destina 4,8 más que a la construcción de obra pública y 7,2 veces más que al personal que realiza dichos proyectos de inversión (Gráfico 4).
Gráfico 4
Gastos de inversión 2019
Si la deuda no existiese, se podría realizar casi cinco veces más obra pública de la que se desarrolla ahora. El pago de la deuda se convierte en un chaleco de fuerza para el óptimo desarrollo del PGE, generando debilidad en otros sectores, porque caer en default sería el peor de los escenarios.
Por: Eduardo Cobos, redacción Revista GESTIÓN.
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Last modified on 2019-10-22