Los desaparecidos ahorros nacionales hubieran amortiguado la crisis

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Los desaparecidos ahorros nacionales hubieran amortiguado la crisis

Luis Fierro Carrión *
Mayo 23, 2020 - 05:00

El 11 de mayo pasado, el fondo de inversión soberano de Noruega decidió liquidar el 3% del valor del fondo, para apoyar los esfuerzos del gobierno para combatir la pandemia de COVID-19 e impulsar la reactivación económica. Esta sería una realidad soñada para el Ecuador, que en los últimos años vio desvanecerse los ahorros que hubieran servido para afrontar la severa crisis actual.

Aquel retiro en Noruega del 3% del valor fue equivalente a $ 37 mil millones. Esto es así porque el fondo ha acumulado un valor de $ 1.186 mil millones en activos (es decir, más de un billón en castellano, o trillón en inglés). Es el mayor fondo de inversión soberano del mundo; le siguen los fondos de China (China Investment Corporation), Abu Dhabi, Kuwait y Arabia Saudita, todos con más de $ 500 mil millones en activos a fines del 2019.

En América Latina, algunos países tienen fondos de estabilización y ahorro, pero con montos mucho menores. Por ejemplo, Chile tiene un fondo de estabilización económica y social ($ 14.700 millones) y un Fondo de Reserva de Pensiones ($ 9.400 millones). Otros países con fondos menores incluyen a Perú, Brasil, México, Trinidad y Tobago, Colombia y Bolivia. Venezuela tenía un fondo sustantivo, pero con su prolongada crisis se ha desvanecido.

En el caso de Noruega, el fondo tiene el nombre oficial de “Fondo Global de Pensiones del Gobierno”, y fue creado en 1990 para ahorrar los ingresos petroleros que el país nórdico estaba recibiendo; el objetivo era disminuir la volatilidad de los ingresos fiscales por la fluctuación de los precios del petróleo en el mercado internacional. Un objetivo secundario era reducir el impacto macroeconómico de los ingresos petroleros, que en otros países (incluyendo el Ecuador) ha generado la llamada “enfermedad holandesa”, en que la productividad de otros sectores económicos se ve afectada.

LOS “FONDITOS” EN ECUADOR

En el Ecuador, aparte de las reservas internacionales, hubo algunos intentos por crear un fondo de estabilización o ahorro:

  • En 1998 se creó el Fondo de Estabilización Petrolera (FEP), para acumular los excedentes de los ingresos petroleros por encima del presupuesto.
  • En 2002 se creó el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva, y Reducción del Endeudamiento Público (Feirep), un fideicomiso administrado por el Banco Central.
  • Posteriormente, en 2005, por iniciativa del entonces ministro de Economía, Rafael Correa, el Feirep se transformó en la Cuenta de Reactivación Productiva y Social (Cereps); el 20 % de sus ingresos entraban al Fondo de Ahorro y Contingencia (FAC), aparte de los saldos del Cereps no utilizados al cierre del ejercicio fiscal. El FAC tenia entre sus objetivos específicos el poder atender desastres naturales y otras emergencias.
  • En 2006, se creó el Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energéticos e Hidrocarburíferos (Feiseh), alimentado con los ingresos del Bloque 15 (tras la declaratoria de caducidad del contrato de Occidental), así como de los campos Edén-Yuturi y Limoncocha.

Entre estos “fonditos”, como los llamaba despectivamente el entonces presidente Rafael Correa, se llegaron a acumular ahorros equivalentes a 12,1% del PIB (https://flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/9431.WP_018_CGiraldo_01.pdf). Aparte de ello, se redujo el saldo de la deuda pública.

Durante la Asamblea Constituyente, se aprobó en 2008 una Ley Orgánica para la Recuperación del Uso de los Recursos Petroleros del Estado y Racionalización Administrativa de los Procesos de Endeudamiento. En la práctica, significó la eliminación de los fondos y facilitar el endeudamiento.

INGRESOS PETROLEROS Y SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES

Durante la década de gobierno de Correa, el país tuvo ingresos petroleros por $ 95.581 millones (35% de todos los ingresos petroleros en la historia del país, en términos reales, según el estudio de Alberto Acosta y John Cajas “Una década desperdiciada”). Entre 2007 y 2016, el sector público no financiero tuvo ingresos totales por $ 283 mil millones. No obstante este masivo nivel de ingresos, no solo que se desbarataron los fondos de ahorro y contingencia, sino que se dejó en términos negativos a la reserva internacional neta; y legó una deuda pública total de cerca de $ 60 mil millones.

Del total de ingresos petroleros, unos $ 23 mil millones (la cuarta parte) se fueron en los subsidios a los combustibles fósiles. Este subsidio es muy regresivo, al beneficiar en más de 50% a los dos quintiles de mayores ingresos; aparte de que una parte significativa del subsidio se escapa por contrabando. El subsidio también incentivó el consumo de combustibles, con efectos adversos sobre el cambio climático, la salud, la contaminación, etc. Un tema que lo analizaremos con mayor profundidad en una siguiente entrega.

Tras un intento fallido en octubre 2019 de eliminar los subsidios a la gasolina extra y al diésel (ya previamente se había eliminado el subsidio a la gasolina súper), el 19 de mayo el presidente emitió el Decreto 1054, mediante el cual se establece un nuevo sistema de precios de mercado para la gasolina extra, extra con etanol y el diésel.  Se establece un sistema de “banda de precios”, tomando en cuenta el costo de los combustibles, el margen de comercialización, más un límite de variación mensual de +/- 5 %.

En el periodo inicial de aplicación de este nuevo sistema de precios, el resultado fue que el precio se redujo, dada la caída significativa del precio internacional del petróleo crudo y de los derivados en los mercados internacionales. Así, el precio de venta al público de la gasolina extra (incluyendo el margen de comercialización) se redujo a $1,75 por galón, y el precio del diésel se redujo ligeramente a $ 1 por galón.  

Se menciona que el Ministerio de Economía y Finanzas diseñará los instrumentos de “compensación necesarios como consecuencia de la aplicación del sistema de bandas de precios”.  El ministro Richard Martínez indicó que el gobierno está analizando mecanismos de protección social en caso de que se produzca un crecimiento sostenido de los precios de la gasolina y el diésel. De manera preliminar, hay una propuesta de aumentar en $ 10 el Bono de Desarrollo Humano y compensar a los más vulnerables en caso de un aumento de los pasajes del transporte público. Otra alternativa es subsidiar el transporte público (sea a los usuarios o a los transportistas).

LEYES APROBADAS POR ASAMBLEA

En las leyes aprobadas por la Asamblea, la Ley Humanitaria o COVID-19 y la de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, hay dos aspectos a destacar con respecto al tema de los ingresos petroleros.

Por un lado, se introduce la posibilidad de contratar un seguro de cobertura del riesgo de la baja del precio del petróleo, como lo ha hecho regularmente el gobierno mexicano (el ministro Martínez aducía que no contaba con el respaldo legal para hacerlo, que ahora será posible gracias a una disposición de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas).

Por otro lado, se vuelve a crear un Fondo de Estabilización Fiscal, proveniente de los ingresos de la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables (petróleo, gas, minería) que superen lo contemplado en el Presupuesto. 

Evidentemente, con los precios actuales no será posible ni acumular recursos en el fondo, ni contratar un seguro del precio, pero la reforma está pensada hacia futuro, para que, de ocurrir otra pandemia, desastre natural o caída abrupta de los precios de las exportaciones, el Ecuador tenga un “colchón” financiero – que el gobierno de Correa nos arrebató.

(*) Economista de la PUCE, posgrados de la Universidad de Oregón y la Universidad de Texas en Austin. Fue funcionario del BID de 1997 a 2013, y representante del Ecuador ante el FMI en 2006. Asesor en temas de financiamiento climático y para el desarrollo. Opiniones personales.

 

 

 

 

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