La pobreza infantil, el poco cumplimiento de los derechos a la supervivencia, educación y protección resumirían los ejes fundamentales a los que el Estado debe prestar especial atención para reducir las brechas que limitan a niños, niñas y adolescentes a ejercer plenamente sus derechos.
Esta es una de las conclusiones que arroja el informe Situación de la niñez y adolescencia en el Ecuador, una mirada a través de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). El estudio, que contó con el apoyo de varias organizaciones internacionales, hace hincapié en que en el Ecuador no existe un ente rector responsable de la protección integral de este grupo y hace una crítica al sistema existente pues no ha logrado dar respuestas que garanticen el ejercicio de sus derechos.
Además, el Gobierno debe priorizar la comunión de políticas sociales y económicas para lograr la inclusión de las necesidades de los niños y adolescentes y asignar los recursos para promover y ampliar los sistemas de protección social. A pesar de la difícil situación económica por la que atraviesa el país, expertos afirman que no se puede seguir rezagando a este grupo social, pues la inversión en ellos conduciría a una mejor productividad del país.
Cada vez más niños nacen y heredan una condición de pobreza, por ende son susceptibles a no ser parte del sistema educativo y por consecuencia en su vida adulta no contarán con empleos adecuados. Darle importancia al aspecto social y psicológico de los niños y adolescentes es un factor determinante para cumplir con todas las metas de desarrollo.
Una de las principales alertas que limitan el cumplimiento de las metas de la Niñez 2030 es el aumento del suicidio en adolescentes que ocupa el primer lugar entre las causas de muerte. La tasa más alta es la de Zamora Chinchipe, donde llega a 53 por 100 mil adolescentes, seguida por otra provincia amazónica: Napo, donde es de 33 por 100 mil adolescentes. Cañar y Azuay, con alta migración de padres y madres de familia, registran tasas de 33 y 22, respectivamente. Esta meta demanda la formulación e implementación de una política de salud mental dirigida hacia los y las adolescentes.
Otro de las preocupaciones es el embarazo de niñas y adolescentes. Hasta 2030 se debe garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación. La tasa de partos de niñas entre 10 y 14 años es la que más preocupa y las más altas se ubican en tres provincias del país: Orellana, Sucumbíos y Morona Santiago, donde rebasa los 5 embarazos adolescentes por cada 1.000 adolescentes. Así, 2.115 niñas de 10 a 14 años dieron a luz en el 2016, algunas probablemente como resultado de violaciones o emparejamientos forzados. Por otro lado, 23.809 adolescentes de 15 a 17 años fueron madres en ese mismo año. Además, se encontró que la situación de embarazo empuja muchas veces al suicidio.
Otro de los desafíos es el combate a la malnutrición, obesidad y sobrepeso. El 24% de los niños y niñas menores de 5 años padecen de desnutrición crónica en el país y la mitad de los niños de 6 a 11 meses sufren de anemia (63,9%). Los profesionales recomiendan que parte de la planificación para erradicar esta problemática debe incluir al Ministerio de Salud, a las instituciones de economía popular y solidaria y a escuelas.
Revise la siguiente infografía con más datos sobre la situación de la infancia y adolescencia en el país:
*Community manager y redactora Revista GESTIÓN.
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Last modified on 2019-02-23