El nivel de producción petrolera del país se ha visto beneficiado por los altos precios del petróleo fruto de la guerra en Ucrania, llegando a los $ 1.051 millones de recaudación tributaria en lo que va del año. Debido a esto, han existido presiones para destinar esos excedentes al gasto público; sin embargo, existe un riesgo al condicionar las políticas públicas a una variable tan volátil como el petróleo, sin contar además con mecanismos de contingencia. Adicionalmente, la capacidad del Gobierno de incrementar la producción petrolera a un millón de barriles diarios, como se prometió en la campaña electoral, ha sido desestimada e incluso las inversiones futuras se verán condicionadas por la moratoria propuesta por los sectores indígenas.
LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA PETROLERA SE RECUPERA Y ES MÁS ALTA QUE EN EL MISMO PERIODO DE LOS TRES AÑOS ANTERIORES JUNTOS
La extracción, uso y exportación de petróleo es de suma importancia para el sector fiscal y, específicamente, para la elaboración del Presupuesto General del Estado, debido a que esta es una de las principales fuentes de ingresos.
De esta manera, en años en los que el precio internacional del crudo disminuyó, el gobierno se ha visto en la necesidad de reducir el presupuesto y buscar financiamiento por otras vías, ya sea a través de endeudamiento o aumento de impuestos; afortunadamente para el país, esta no ha sido la tendencia de los precios en los últimos periodos.
Las cifras publicadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), para agosto de 2022, si bien muestran cómo la explotación de minas y canteras se encuentra en el cuarto lugar de importancia con $ 1.562 millones (Gráfico 1), está impulsada casi en su totalidad por la producción petrolera, seguida por la subcategoría de extracción de minerales metalíferos.
Gráfico 1
Recaudación tributaria por actividad económica (agosto 2022)
El SRI destaca que esta categoría fue la que mayor recuperación presentó frente a los niveles pre pandemia, con un crecimiento de 35,7% comparando las cifras entre enero y agosto de 2019 con las del año en curso. A su vez, al aislar únicamente la subcategoría de extracción de crudo y gas natural, se muestra un crecimiento sustancial al comparar las cifras desde 2018. Así, para 2022 esta cifra llega a los $ 1.051 millones, significando un valor mayor al presentado si se sumaran las cifras desde 2019 (Gráfico 2).
Gráfico 2
Evolución de la recaudación tributaria por extracción de petróleo y gas natural entre enero y agosto (2018-2022)
LOS ALTOS PRECIOS DEL PETRÓLEO NO HAN SIDO SUFICIENTES
A pesar de que el precio del petróleo ha tenido una tendencia creciente durante la administración actual, llegando incluso a los $ 123 por barril en marzo de este año (Gráfico 3), el Gobierno argumenta que tuvo que aumentar el nivel de impuestos para cubrir el déficit fiscal, lo que demuestra que el precio del crudo no ha sido un factor determinante en la elaboración y ejecución del Presupuesto General del Estado.
Gráfico 3
Evolución del precio del petróleo WTI (2021-2022)
Esto responde no solo a un principio de austeridad en las arcas fiscales, sino también a una prudencia fiscal, pues las condiciones internas y externas de una “bonanza petrolera” son muy distintas a las del gobierno de Rafael Correa. Así, no es conveniente atar el gasto público a una variable tan volátil como el precio internacional del petróleo, por lo que exigir que se aumente el gato desmedidamente cuando el precio del crudo sube, es caer en el “sesgo del presente”.
La volatilidad de los precios llega a influenciar en la economía del país en la medida en que las políticas públicas respondan a mecanismos pro-cíclicos, es decir, expandir la economía en momentos de auge y contraerla en momentos de crisis, viéndose obligada en el último caso a financiar el gasto a través de un incremento en la deuda pública al no contar con alternativas de ahorro.
De acuerdo con una investigación realizada por Andrés Iza para la PUCE, los cambios inesperados en los precios del petróleo presentaron resultados importantes dentro de todos los sectores macroeconómicos (PIB, balanza comercial, oferta monetaria, reservas internacionales, recaudación tributaria y FBKF), por lo que su influencia debería ser atenuada a través de políticas públicas anticíclicas.
En el pasado, el país contó con fondos de inversión petroleros, los cuales constituían un mecanismo compensatorio que permitía generar ahorros de los ingresos y excedentes producidos por las ventas de recursos naturales no renovables, en este caso petróleo, en periodos de auge. Su objetivo era generar una contingencia para contrarrestar la volatilidad del crecimiento económico y poder estimular la economía ante situaciones de recesión.
No obstante, esta es una política de Estado bastante controversial, ya que se argumenta que un país como Ecuador, con necesidades estructurales urgentes, no se puede dar el lujo de ahorrar recursos que podrían servir para un mayor nivel de inversión y gasto público, por lo que la Asamblea Nacional en el 2008 eliminó los fondos de ahorro y contingencia que tenía el país.
En sí, no existe un consenso absoluto en la disyuntiva entre ahorro e inversión, no obstante, la priorización de la responsabilidad fiscal y el hecho de no utilizar los recursos para aumentar los niveles de gasto, y por consiguiente de popularidad del mandatario de turno, coadyuvan a que el nivel de crecimiento y desarrollo del país pueda sostenerse en el tiempo
EL GOBIERNO NO ALCANZARÁ LA META DE 1 MILLÓN DE BARRILES DIARIOS
Una de las principales propuestas de campaña del Gobierno de Guillermo Lasso fue aumentar la producción petrolera a un millón de barriles diarios, intensificando los procesos de extracción, con el fin de aprovechar los altos precios del crudo.
No obstante, hasta ahora no se ha visto una mejora sustancial de la producción; ya sea debido a la declinación natural de los campos, el paro de junio, la ruptura de oleoductos, la falta de presupuesto para encontrar más reservas y extraer las existentes, entre otras.
Las cifras muestran que entre enero y junio de este año, la producción promedio de barriles de petróleo no llegó ni a la mitad del valor ofrecido en campaña, con 472.000 barriles diarios en promedio (Gráfico 4). Hace pocas semanas, el Gobierno admitió que la meta de producción deberá posponerse para 2026, es decir, un año posterior a la finalización del mandato de Lasso.
Gráfico 4
Producción diaria promedio de barriles de petróleo entre enero y junio (2007-2022)
Adicionalmente, la moratoria petrolera, firmada entre el Gobierno Nacional y las organizaciones indígenas, la cual consiste en suspender la aprobación de nuevos proyectos en territorios indígenas considerados ancestrales, áreas de protección ambiental y zonas arqueológicas hasta que se establezca una ley de consulta previa, hace que el nivel de producción de crudo se vea estancado, ya que no se va a poder expandir la frontera petrolera, por lo menos en el mediano plazo.
El hecho de que el Estado haya concesionado varias zonas de la Amazonía sin tomar en cuenta las condiciones de los habitantes del sector, hace que estas no tenga el respaldo de la población, debido a los grandes impactos que genera la actividad petrolera; de allí que se necesiten abrir procesos de diálogo con dichas comunidades como primer paso dentro de la ley de consulta previa.
En sí, este puede ser un proceso largo que afecta directamente a los niveles de inversión, ya que ningún inversionista estaría dispuesto a arriesgar su capital si las condiciones institucionales y legales de un país no garantizan una estabilidad a largo plazo.
(*) Analista económico Revista Gestión.
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Last modified on 2022-09-28