En lo que va de este año, la recaudación tributaria ha aumentado en 28,6%, sobrepasando incluso a la meta planteada para este periodo. Este incremento se vio impulsado por un nivel récord de ventas, no obstante, la inflación hace que estos valores se vean superiores a su incremento real y llega incluso a afectar la recaudación tributaria. Por otra parte, se evidencian las grandes falencias del sistema tributario en materia de equidad, ya que este se ve limitado a priorizar los impuestos indirectos debido a los altos niveles de informalidad, pero también la voluntad política ha favorecido una redistribución regresiva de los ingresos, protegiendo a las grandes fortunas a costa de las clases medias y bajas.
EL NIVEL DE VENTAS PRESENTA CIFRAS RÉCORD, PERO LA INFLACIÓN INCIDE EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
El Servicio de Rentas Internas (SRI) publicó las cifras de recaudación correspondientes a agosto del presente año, donde se destaca que en estos primeros ocho meses de 2022 se recaudaron $ 11.781 millones, lo que equivale a un crecimiento de 28,6% con relación al mismo período del año 2021. Este vasto incremento responde en su mayoría a la reactivación económica, representando el 20,9% del incremento, mientras que el 7,7% restante se explica por la reforma tributaria, la cual significó una mayor carga impositiva para los ciudadanos, ya que 73 de los 91 sectores económicos pagaron más impuestos en el primer trimestre de 2022 que en 2021.
Así, el gobierno logró sobrepasar las metas de recaudación mensual desde abril de este año, y la tendencia ha sido constante en el resto de meses (Gráfico 1); se evidencia, además, cómo el nivel de recaudación impositiva ha superado ampliamente los valores de 2021 en todo el año actual.
Gráfico 1
Evolución de los valores de recaudación tributaria bruta (enero a agosto)
La reactivación mencionada se refleja en el nivel de ventas, el cual llegó a un máximo histórico de $ 123.079 millones entre enero y julio del presente año; los sectores productivos que más crecieron con relación al 2019 fueron: minas y canteras, con 35,7%; agricultura, con 29,8%, y salud, con 20,8%.
No obstante, el SRI presenta estas cifras de manera nominal, es decir, se ven distorsionadas por el nivel de inflación que ha tenido el país, especialmente en el último año. Así, al deflactar las cifras tomando al 2019 como año base, se puede observar cómo el incremento real en ventas no llega a ser tan significativo, llegando a $ 116.930 millones (Gráfico 2).
Gráfico 2
Comparación nivel de ventas en valores nominales y reales (enero a julio 2022)
Es importante relacionar el análisis de la recaudación tributaria con el nivel de inflación que tiene un país, debido a que siempre existe un rezago entre la recaudación de los impuestos por parte del Gobierno y el uso de los mismos (gasto fiscal), es decir, los gastos corrientes del gobierno aumentan a la par con la inflación, mientras que los impuestos se calculan sobre los ingresos o ganancias pasadas; por lo tanto, su valor real se deteriora a medida que aumenta el nivel de inflación, a esto se lo conoce como el efecto Olivera-Tanzi.
EL SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO NO BUSCA GENERAR MAYOR EQUIDAD
Uno de los ejes principales dentro de un plan de gobierno es su sistema tributario, el cual constituye gran parte del financiamiento del mismo y su importancia radica en el afán del Gobierno por generar una distribución de la riqueza cada vez más equitativa a través de un énfasis en impuestos progresivos, orientar el comportamiento de las personas hacia prácticas más amigables con el ambiente, alcanzar objetivos macroeconómicos e, incluso, como herramienta dentro de las políticas de industrialización.
De acuerdo a Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, los cinco componentes deseables que debe tener el diseño de un sistema tributario son:
- Eficiencia económica: no debe interferir en la asignación eficiente de los recursos, no debe ser distorsionador.
- Sencillez administrativa: debe ser fácil y de bajo costo la administración y el cumplimiento.
- Flexibilidad: debe poder adaptarse fácilmente a los cambios de las circunstancias económicas.
- Responsabilidad política: debe ser transparente, de tal forma que cada individuo pueda averiguar que está pagando y saber en qué medida el sistema refleja sus preferencias.
- Justicia: debe ser justo en su manera de tratar a los diferentes individuos, es decir, tratar de forma similar a los que se encuentran en circunstancias similares y obligar a pagar más a los que pueden soportar una mayor carga tributaria.
Bajo este contexto, se busca que el sistema tributario priorice los impuestos progresivos a los regresivos. La diferencia es que un impuesto progresivo se cobra de manera directa y recae sobre una persona que paga más impuestos a medida que más ingresos tiene (ICE, impuesto a la renta, impuesto a la herencia). En cambio, un impuesto regresivo puede gravar más al que menos tiene, como por ejemplo el IVA, que se grava indirectamente a través del consumo.
Esta meta se ve limitada por el alto nivel de informalidad que persiste en la economía ecuatoriana, la cual disminuye la posibilidad de ampliar la base imponible y priorizar los impuestos directos sobre los indirectos; por lo tanto, no se llegan a cumplir del todo los principios de justicia y equidad, ya que la informalidad económica busca evitar el pago de impuestos y todas las contribuciones a la seguridad social.
Consecuentemente, el impuesto al valor agregado constituye el impuesto más importante en la estructura impositiva ecuatoriana a pesar de ser regresivo; es decir, que la población que acumula menor porcentaje del ingreso de la sociedad financia una mayor parte de este. En el caso ecuatoriano, la tasa con la que se calcula este impuesto es del 12%, pero lo que trata de hacer la administración tributaria es no gravar este impuesto sobre productos indispensables, los cuales constituyen la mayor parte del consumo total de las personas con más bajos ingresos.
Las cifras presentadas por el SRI muestran que este impuesto fue el que más creció al comparar los meses de agosto entre 2021 y 2022, con $ 546,69 millones y $ 701,12 millones, respectivamente (Gráfico 3), lo cual denota que existe aún un gran camino por recorrer para que la estructura impositiva ecuatoriana logre ser eficiente y equitativa.
Gráfico 3
Nivel de recaudación de los principales tipos de impuestos (agosto 2021-2022)
Adicionalmente, la tendencia del gobierno no ha sido de justicia social, pues ha eliminado el impuesto a la herencia y a capitales no declarados en el exterior -del que se benefician sobre todo las personas con grandes fortunas-, mientras que aumenta el impuesto a la renta en mayor medida para la clase media y media-alta (personas con ingresos mensuales entre $ 2.000 y $ 8.000) al eliminar los gastos personales deducibles.
A su vez, creó una contribución especial sobre patrimonios millonarios, pero esta es únicamente temporal (un año a las personas naturales y dos años a las sociedades). Para que un impuesto sobre la renta se considere eficiente, debe generarse mediante el principio de la capacidad de pago de los ciudadanos, siendo el objetivo generar una mayor igualdad entre los ciudadanos desde el sistema tributario.
Por su parte, en el ámbito de los objetivos macroeconómicos, el Impuesto a la Salida de Divisas no logró su fin correctivo, es decir, evitar que los capitales salgan del Ecuador, convirtiéndose en el tercer impuesto recaudatorio más importante para el fisco. En este impuesto se critica mucho la transparencia dentro de la responsabilidad política ya que, si bien el Estado sostiene que este impuesto afecta mayoritariamente a los bancos, de acuerdo con los datos del SRI, sus pagos solo constituyen el 2,25% de la recaudación total del ISD.
Se argumenta que, a fin de cuentas, este impuesto lo termina pagando toda la población ya que encarece las importaciones de bienes consumidos por todos los quintiles y genera incentivos negativos para la inversión extranjera, privando así al país de empleos y potencial tejido productivo.
En conclusión, un Impuesto a la Renta bajo los principios de eficiencia y equidad, vinculado con una redistribución en base a una construcción justa en el reparto de las cargas, permite la sostenibilidad del sistema tributario, no obstante, debido a la informalidad extensa, vacíos legales y desigualdad económica reflejada en el poder político de toma de decisiones hacen que el sistema impositivo ecuatoriano recaiga proporcionalmente con más fuerza en la clase media y baja, beneficiando a los grupos de poder y acentuando la inequidad.
(*) Jorge Pérez, analista económico Revista Gestión.
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Last modified on 2022-09-22