La tendencia de austeridad del Gobierno ha logrado incidir en un menor nivel relativo de deuda pública, pasando de 58,52% a 56,32% del porcentaje del PIB entre julio de 2021 y junio de este año. Se evidencia que los deberes con gobiernos, especialmente con China, son los que más aportan a la deuda externa del país. Si bien un menor nivel de deuda se podría asociar con una economía más saludable, se deben considerar también factores como la sostenibilidad de la misma, y el rol que juegan las instituciones en el manejo responsable de las obligaciones.
¿CÓMO HA SIDO LA POLÍTICA FISCAL CON RELACIÓN A LA DEUDA PÚBLICA?
El manejo de la política fiscal y el saneamiento de las cuentas públicas se han constituido en uno de los pilares fundamentales en la gestión del Gobierno actual. Bajo este contexto, las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas para el mes de junio muestran que el saldo de la deuda interna disminuyó desde julio del año pasado, llegando a $ 17.534 millones; mientras que la deuda externa se ha incrementado, alcanzando los $ 46.455 millones (Gráfico 1).
Cabe recalcar que se compara los datos con julio del anterior año debido al cambio en la metodología del cálculo de la deuda realizada en este mes, debido a la incorporación de nuevos rubros como las ventas anticipadas de petróleo, la deuda a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las obligaciones con la Seguridad Social. Esto con el fin de dar una mayor transparencia en el manejo de las arcas fiscales.
Gráfico 1
Indicadores de deuda pública (julio 2021-junio 2022)
Si bien las cifras muestran que el saldo de la deuda pública total aumentó de forma interanual, esto se debe comparar con el PIB que el país registra para dicho periodo, por lo que la relación entre la deuda total sobre el PIB a junio de 2022 muestra que la carga se ha disminuido con relación a julio del año pasado, pasando de 58,52% a 56,32%.
Esto evidencia la tendencia de austeridad que ha seguido el Gobierno de Guillermo Lasso, el cual, por primera vez en más de una década, alcanzó un resultado global (diferencia entre ingresos y gastos) del Presupuesto General del Estado (PGE) positivo. Es decir, durante el primer semestre del año, el PGE registró un superávit de $ 438 millones, lo cual se explica por un mayor crecimiento de los ingresos, especialmente tributarios, frente a una incipiente ejecución presupuestaria, que hace que los gastos disminuyan.
LA CARGA DE LA DEUDA HA BAJADO, ¿PERO SE PODRÁ MANTENER?
Al analizar los componentes del saldo de la deuda externa a corto plazo para junio de este año, destacan los convenios originales con gobiernos, que representan $ 13.109 millones (Gráfico 2), donde el principal acreedor es el Banco de China, con $ 120.515 millones. El segundo monto más importante es a los organismos internacionales, con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) como la institución más representativa, con $ 29.320 millones.
Gráfico 2
Perfil de deuda externa a corto plazo (junio 2022)
Por otra parte, al comparar el resultado provisional de junio de 2022 con el total de relación deuda/PIB de anteriores años, se puede evidenciar que hasta el momento se ha registrado una disminución considerable, pasando del 68,78% en 2021 al 56,32% en 2022 (Gráfico 3); no obstante, esta comparación es provisoria, no solo porque el nivel de endeudamiento va subiendo con el paso de los meses, sino también porque se establece la relación con el nivel de producción que estimaba el Banco Central en marzo, por lo que no se toma en cuenta los efectos adversos que provocaría las manifestaciones indígenas en el Producto Interno Bruto total de este año.
Gráfico 3
Evolución de la relación deuda/PIB (2001-2022)
Esta política de austeridad fiscal está en concordancia con lo señalado por el Coplafip, donde se indica que el saldo consolidado de la deuda pública y otras obligaciones no podrá superar el 40% del PIB, y con el fin de alcanzar el cumplimiento de la regla, el ente rector de las finanzas públicas deberá reducir progresivamente el indicador de deuda pública y otras obligaciones, considerando los siguientes límites:
- 57% del PIB hasta el año 2025
- 45% del PIB hasta el año 2030
- 40% del PIB hasta el año 2032 y en adelante
¿CUÁNDO LOS NIVELES DE DEUDA EMPIEZAN A SER VERDADERAMENTE PERJUDICIALES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO?
Si bien un menor nivel de deuda se podría asociar con una economía más saludable, el debate va mucho más allá del porcentaje de la misma sobre el PIB. Se puede evidenciar que economías como la colombiana mantienen una relación del 65,66% de deuda pública sobre el PIB, mientras que Estados Unidos en 2020 alcanzó el 134,24% del PIB, por lo que se necesitan indicadores complementarios para medir la sostenibilidad de la deuda a través del tiempo, es decir, si el Gobierno es capaz de cumplir con sus obligaciones actuales y futuras sin asistencia excepcional o caer en el incumplimiento.
Para esto, el Reporte de Consistencia Macroeconómica (RCM) publicado por la PUCE calculó el índice de Blanchard desde 2010 a 2020, el cual mide si la tasa de interés de la deuda pública es mayor a la tasa de crecimiento real de la economía; esto para determinar si la política fiscal es sostenible o no dados los niveles actuales de gasto público e ingresos fiscales.
Los resultados muestran que la política fiscal en todos los periodos estudiados ha sido insostenible y que ha existido una tendencia creciente de este indicador a partir del 2012, por lo que se recomendaría que el Estado genere más ingresos o reduzca gastos para que la deuda llegue a ser sostenible a través del tiempo, ya que si en el largo plazo la tasa de interés real es superior a la tasa de crecimiento de la economía, los superávits primarios serían insuficientes para cubrir el costo de la deuda.
Cuando el endeudamiento llega a niveles insostenibles, estas obligaciones comienzan a generar efectos negativos en el desarrollo y en el crecimiento económico de los países.
En sí, la economía ecuatoriana se ha mantenido vulnerable a shocks externos, especialmente a cambios en los precios de petróleo y a repentinas caídas en el flujo de capitales, aumentos de la tasa de interés, disminución de las remesas internacionales o desastres naturales; por lo que la adquisición y acumulación de deuda tanto interna como externa se ha vuelto una constante a lo largo de la historia del país.
No obstante, no se puede inferir que la deuda sea perjudicial por sí misma para una economía, sino que existen muchos factores que determinan su incidencia en el desarrollo del país, tales como las condiciones de financiamiento, el destino de la deuda, los multiplicadores fiscales de la economía, la calidad institucional de un país, entre otras.
Con relación a este último, un análisis escrito por Andrés Mideros y Galo Abad para la revista científica Cuestiones Económicas establece que la calidad institucional es de vital importancia para evitar desplazamientos de recursos hacia actividades no productivas y de beneficio personal (corrupción) que generan la disminución de la inversión y una reducción del desarrollo y crecimiento económico.
Se establece que los países en desarrollo, como Ecuador, tienen dificultades no solo con la baja calidad institucional, también está la falta de recursos para potenciar el crecimiento y el desarrollo, por lo que es de vital importancia gestionar los desembolsos de deuda de manera responsable y orientarlos a mecanismos que logren propiciar un mayor nivel de desarrollo.
En sí, se necesita planificación para hacer inversiones que permitan una rápida reactivación de la economía, que a la larga será la única forma de hacer sostenible la deuda.
Es por esto que la Constitución, en su artículo 290, menciona que el endeudamiento público debe estar destinado a programas y proyectos de inversión y no a gasto corriente; a su vez, el endeudamiento solo se realizará cuando no se afecte a la soberanía ni a los derechos del buen vivir “que son el deber fundamental y por tanto el principal rol del Estado”.
En conclusión, la deuda no es del gobierno de turno, ni del gobierno que la contrajo, sino que es un pasivo que recae en todos los ecuatorianos a través de mayores niveles de impuestos y restricciones futuras en el gasto público, por lo que se deben propiciar métodos de control ciudadano y participación activa para un manejo responsable de deuda. El apoyo y coordinación entre el sector público, privado y la sociedad civil coadyuva a que las instituciones del país logren un mejor desempeño e incidan positivamente en el desarrollo.
(*) Analista económico Revista Gestión.
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Last modified on 2022-09-11