El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se vio obligado a utilizar $ 1.000 millones de su escasa liquidez entre noviembre de 2019 y abril de 2020, con el fin de terminar con dos riesgosas operaciones de “repos” o “recompra de activo” en las que incurrió: una, el 28 de agosto de 2018 por $ 500 millones con Goldman Sachs International (GSI) y otra, por $ 500 millones en octubre de 2020 con Credit Suisse por el mismo monto y en términos similares. Es decir, las operaciones de crédito de 2018 terminaron en pago anticipado en abril 2020, secando más la liquidez
En 2018, en lugar de hacer los ajustes correspondientes a la economía, como los ha anunciado recién en mayo de 2020, el Gobierno continuaba endeudándose irresponsablemente para operar. En esos momentos, con los fundamentos de la economía que venían deteriorándose aceleradamente, entre ellos un bajo nivel de reservas internacionales, las condiciones de financiamiento para Ecuador se iban complicando y surgieron estas riesgosas oportunidades en el mercado internacional, como ya lo comentó Gestión en su momento.
¿Cuáles eran las condiciones? Plazo de cuatro años (vencimiento en 2022), tasa de interés variable equivalente a una tasa de 6,6% (Libor 90 días + 425 puntos). Hasta aquí suena bien. El tema es que a cambio de los desembolsos en efectivo, la República vendió y transfirió a GSI y a CS bonos soberanos por un valor nominal de $ 2.400 millones emitidos por una reapertura de los bonos 2022, 2023 y 2026.
Ahí se observa que en la operación el colateral es de 2,4 veces el monto del crédito en efectivo que recibe Ecuador, un nivel de garantía gigantesco y arriesgado. El contrato considera que el precio de los bonos dejados en colateral no puede bajar de 40%, algo que se consideraba remoto en 2018. Si bajaba del 40%, la República se veía obligada a compensar la baja con desembolsos en efectivo para mantener el valor del colateral. Pero en el caso de no contar con efectivo, se gatillaría la emisión de $ 2.400 millones en bonos soberanos.
En noviembre, los precios de los bonos cayeron por debajo de 40%, lo cual obligó al MEF a compensar la garantía en efectivo. En diciembre se recuperó el precio y los bancos internacionales devolvieron el efectivo a la República. Pero con el colapso del precio del petróleo en febrero, se disparó el riesgo país, los precios de los bonos bajaron de 30% y ello obligó al MEF a utilizar su escasa liquidez a compensar la caída de precios del colateral, para evitar que esos bonos que se registraban en “pasivos contingentes” incrementen la deuda pública en $ 2.410 millones en bonos.
Al ser una operación de recompra (repo), si la República quiere terminar la operación lo hace con un monto de efectivo de $ 1.000 millones, que es lo que han hecho. Con ello recupera los bonos emitidos y evita que estos se contabilicen en deuda externa. Debido a que este pago se hizo antes de los cuatro años, se habla de un pago anticipado de la deuda, una precancelación. No se conoce si hay penalidad por la precancelación, ni de cuánto es esta penalidad, por lo cual no sabemos el verdadero costo de esta operación de crédito, y esto se debe transparentar.
Sería importante que tanto el Comité de Deuda que aprobó la operación, como el ministro Richard Martínez, expliquen ¿por qué razón se toman estos riesgos tan elevados en operaciones de deuda? Es fundamental que se transparenten estas dos operaciones y, en general, todo tipo de operaciones de deuda pública, pues la información que se da a conocer es parcial y no inmediata siendo de absoluto interés de la ciudadanía, máxime cuando el país atraviesa una falta de liquidez severa en medio de la pandemia de Covid 19. En esta situación el costo de oportunidad de uso de esa liquidez es enorme en salud y bienestar de los ecuatorianos.
EL MINISTERIO RECONOCE QUE FUE UNA TRANSACCIÓN COMPLEJA
Finalmente, en una rueda de prensa sobre el estado de la deuda pública nacional, el ministro Martínez reconoció la noche de este viernes que las operaciones “repo” son “complejas” pero las justificó señalando que “las circunstancias del país demandaban mantener acceso a financiamiento” a cualquier costo. En su opinión, la incertidumbre que rodeaba a la imagen nacional no dio posibilidad de acceder a mejores mecanismos y la ventaja de estos préstamos era que “el costo era bastante bajo y el Ecuador no tenía acceso ese momento” a otras fuentes, es decir, “no existían las condiciones para emitir deuda”.
A decir del secretario de Estado, esta precancelación quitó del camino el riesgo de un cross default y evitó que el activo subyacente, que eran los bonos, se materialice y se pierdan dichos bonos.
(*) Editora macroeconómica de Revista GESTIÓN y analista económica de Consultora Multiplica.
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Last modified on 2020-05-29