En Ecuador, hasta diciembre de 2019 alrededor de 1’050.638 niñas, niños y adolescentes estaban en situación de vulnerabilidad. La crisis que ha causado la cuarentena obligatoria puede repercutir gravemente en los empleos y, por ende, en los ingresos de las familias. Esto podría ocasionar que el número de infantes y adolescentes vulnerables llegue a los 2,5 millones de personas. La seguridad social podría ser una garantía para este grupo, sin embargo, el 52% de ellos no tiene ninguna cobertura de este tipo. Todo esto se revela en el estudio La vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes en Ecuador frente a la cuarentena.
Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, la vulnerabilidad es el factor interno de una persona u objeto que está expuesto a alguna amenaza y, por tanto, incrementa su probabilidad de sufrir daños. En Ecuador, se evidencia la falta de una cultura de prevención frente a los riesgos para prevenir, enfrentar y reponerse a los desastres. Ello hace que en momentos de crisis se ponga en riesgo las condiciones sociales, económicas y humanas, como ya se evidenció en el terremoto de 2016.
En la actualidad, el COVID ha provocado que muchos hogares que no disponían de empleos fijos enfrenten situaciones complejas para garantizar su consumo. En el país, gran parte de la población trabaja por horas, por lo que los pagos se vuelven inciertos en momentos de crisis, además de las condiciones de inestabilidad y los ingresos menores al salario mínimo. Otros, en cambio, optan por autoemplearse estableciendo negocios que, generalmente, son pequeños y dependen de las ventas diarias.
Para Pablo Samaniego, autor del estudio, catedrático de la PUCE y coordinador del Laboratorio de Estudios de la Niñez y Adolescencia, la cuarentena obligada por la pandemia implicó una importante restricción del consumo, es decir, menor capacidad de los hogares para adquirir bienes y servicios, afectando mayormente a los pequeños negocios. Se supondría que aquellos que cuentan con un empleo formal tienen más posibilidades de no caer en la vulnerabilidad. Sin embargo, en estos momentos muchos empleos se ven en peligro porque las empresas sí han reducido personal pese a las medidas de protección del gobierno.
Por ello, esta compleja situación se traslada a los hogares en los hay niños, niñas y adolescentes en su etapa crucial de desarrollo, pero que sus hogares han caído en vulnerabilidad por la pandemia, o ya vivían previamente en esta situación.
En la última Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), de diciembre 2019, publicada por el INEC se evidencia que el mayor grupo de la población que vive en condiciones precarias es el de los niños y niñas (Tabla 1). La pobreza en el país es del 25% y la extrema pobreza del 8,9%, pero son los niños entre 3 a 11 años los que tienen mayor participación acumulada y más aún los infantes menores a 3 años, donde más de 45% de este grupo son pobres o extremadamente pobres. Esto quiere decir que casi la mitad de los niños que vienen al mundo en el país, nacen, viven y crecen en condiciones de pobreza.
A nivel nacional, solamente entre niñas, niños y adolescentes hay 1,2 millones que viven en hogares que están en riesgo. Puede ser con insuficiencia de ingresos o si el hogar tiene dificultades para conseguir medios para subsistir. Y si lo reducimos solo a niños menores de 5 años son 593.000 niños y niñas en esta situación. La principal preocupación se da porque es cuando una persona requiere mayor cuidado por estar en la etapa de desarrollo, donde se forma el sistema inmunológico, las conexiones neuronales, la talla y el peso.
No obstante, la población con posibles afectaciones debido a la inestabilidad para conseguir sus ingresos o por no contar con un seguro social podría alcanzar a los 2,5 millones de personas de hasta 19 años. Hasta diciembre de 2019, según reportó el INEC, 22,7% de los que se encuentran en esta situación representan 1’050.638 personas.
Entre los grupos de vulnerabilidad, según Samaniego, se debe diferenciar entre los no vulnerables, los potencialmente vulnerables y los vulnerables, que depende de la condición laboral. En los grupos no vulnerables están los hogares con al menos una persona empleada en el sector privado y público con ingresos seguros, al menos en el corto plazo. Luego, los potencialmente vulnerables, son hogares que están empleados bajo modalidades de patrono o por cuenta propia; este grupo es potencialmente vulnerable porque depende de los ingresos que posee y los fondos de reserva que disponga.
Finalmente, está el grupo que se ha denominado como vulnerable, al que pertenecen los jornaleros, trabajadores no remunerados y empleo doméstico. El pago de los primeros pudo verse interrumpido por la suspensión de trabajos. Los segundos, al no ser remunerados, reciben techo y comida a cambio de su trabajo, estando actualmente en una situación severa. Y el tercero, el servicio doméstico, también suele ser contratado por horas, por lo que no se conoce si los patronos les hayan reconocido el tiempo no trabajado.
En Ecuador, el 23,6% de la niñez y adolescencia son potencialmente vulnerables y pobres, mientras que el 5,1% de infantes y adolescentes ya son vulnerables. El 80% de estos grupos no tiene ningún tipo de seguro, lo que los pone en mayor riesgo. Contar con un seguro social es clave en estos momentos porque los hogares pueden sostenerse con el seguro de desempleo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que al tratarse de hogares no todos los individuos cuentan con un seguro por lo que, si la cobertura es baja, es posible que no sea suficiente para cubrir el umbral de consumo de las personas
Por eso, según Samaniego, se estima que las secuelas de la cuarentena por el coronavirus a nivel nacional afecten a 2,5 millones de niñas, niños y adolescentes, es decir al 37% del total de este grupo de la población.
Gráfico 1
Distribución de niñas, niños y adolescentes en condición de pobreza, según la vulnerabilidad de ingresos y cobertura de la seguridad social
LA POBREZA Y VULNERABILIDAD INFANTIL PERSISTE EN EL SECTOR RURAL
Según el Fondo de Naciones Unidas para la infancia (Unicef), la brecha entre urbes y ruralidad está claramente marcada, pese a que la pobreza infantil se redujo de 69% en 2006 a 45% en 2016. En infantes y adolescentes el sector rural también concentra mayor porcentaje de vulnerabilidad. Pues 53,5% de infantes y adolescentes que son vulnerables se ubican en esta área donde, en su mayoría, son niños o niñas menores a 5 años (Gráfico 2). Cabe mencionar que Unicef establece que se consideran niños hasta los 9 años, adolescentes tempranos quienes tienen entre 9 y 14 años, y adolescentes tardíos personas de entre 15 a 19 años.
Aunque en la zona rural 71% de la población económicamente activa (PEA) se dedica a actividades agrícolas, esto no determina una mejor calidad de alimentación para la población. Pues, según señala el Observatorio Social del Ecuador (2018), la desnutrición crónica afecta en 32% a las niñas y niños menores de 5 años en las zonas rurales, en contraste con 20% en zonas urbanas.
Gráfico 2
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes vulnerables según área en Ecuador
Las ciudades que concentran mayor vulnerabilidad en este grupo de la población son Guayaquil (18,6%) y Machala (17,7%). Un factor que incide para estos resultados es que para la zona rural la presencia de protección social es más limitada. Además, la situación es más compleja en cuanto al acceso a educación, salud, protección y agua, saneamiento e higiene.
MAYOR VULNERABILIDAD EN FAMILIAS CON JEFE DE HOGAR HOMBRE
En Ecuador, los hogares tradicionales son los más comunes y numerosos. Este tipo de hogares son aquellos conformados por papá y mamá, a los que se les conoce como biparentales. Además, mayoritariamente son los hombres los jefes del hogar. Sin embargo, también son este tipo de hogares biparentales, con el hombre como jefe de hogar, los que tienen mayor porcentaje de infantes en condiciones de vulnerabilidad (14,9%).
En segundo lugar están los que tienen a las mujeres como jefa de hogar, con 4,8% de los infantes en vulnerabilidad. El sexo del jefe de hogar puede marcar ciertas diferencias y añadir situaciones más complejas; una de ellas, por ejemplo, es que las mujeres reciben menores ingresos que los hombres por realizar la misma actividad o también el hecho de que son las primeras desplazadas en el mercado laboral en situaciones de crisis.
Gráfico 3
Hogares con niñas, niños y adolescentes según características del hogar y condición de vulnerabilidad
Samaniego enfatiza en la relevancia que tienen los sistemas públicos de seguridad social para asegurar los ingresos de las personas en el corto plazo. Por eso es urgente establecer mecanismos para sostener al IESS y lograr que este disponga de los recursos necesarios, lo que implica que el Gobierno pague sus deudas y que las empresas sigan cumpliendo con sus obligaciones laborales.
Sostener la demanda en esta época de crisis es crucial para estimular el consumo de bienes y servicios, lo que equivale a crear empleos. En este tiempo de pandemia, 151 países han aplicado programas de asistencia social basados en transferencias directas como un mecanismo de palear la crisis. Según Samaniego, en Ecuador se requeriría una inversión del 0,5% del PIB para aplicar una política que beneficie a los hogares donde habitan estas niñas, niños y adolescentes vulnerables. Por eso, aunque sea un porcentaje importante no es exorbitante y evitará un círculo vicioso que solo alimenta a la pobreza con secuelas en la nutrición, problema de crecimiento y desarrollo de las capacidades de este grupo de la población.
Por: Karen Lucero, revista GESTIÓN.
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Last modified on 2020-06-26