La crisis tridimensional -sanitaria, social y económica- que vive el Ecuador de hoy -como elemento a resaltar- es que no tiene como origen el aparecimiento de la pandemia global (covid-19) pues, más bien, lo que sucedió fue que la pandemia -como crisis sanitaria- potenció la crisis socioeconómica que de forma acumulada venía en evolución desde hace varios años.
El déficit fiscal, el abultado endeudamiento estatal, los bajos niveles de competitividad y la caída sostenida del precio del petróleo, combinados con una corrupción en ascenso exponencial, venían siendo los dolores de cabeza gubernamental que, frente a su gravedad, iban ocupando el desgaste de energías del centro de atención de la agenda de política económica del gobierno del presidente Lenín Moreno.
Hay varias estimaciones sobre el decrecimiento histórico de la economía ecuatoriana para este 2020. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se proyecta una caída de la producción nacional de alrededor del 11% -la contracción más alta de la historia de la economía del Ecuador-, pues ni en la gran crisis financiera de 1999 se llegó a tanto -en ese año, cayó el PIB en 4,6%- y, claro, el gran problema es que la disminución en la producción, sistémicamente, se verá reflejada por doble lado: en la reducción del empleo adecuado -del 37,9% a diciembre de 2019 pasó al 16,7% en junio de 2020- y en el aumento de la pobreza medida en términos de ingresos.
Lo anterior, desde la óptica socioeconómica, se convierte en un escenario que, al final, terminará incrementando las desigualdades socioeconómicas que, desde antes de la pandemia, ya eran un problema estructural para el Ecuador y América Latina -de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Latinoamérica es la región con mayores niveles de desigualdad del mundo-.
Surgiendo, así, como desafío el que, mediante medidas de política pública social y económica en interacción con las estrategias del sector productivo nacional privado más el apoyo de los organismos multilaterales internacionales de financiamiento y los gobiernos de países que estén en mejor situación, se logre que esta recesión económica dure el menor tiempo posible y el impacto negativo sea el menor, sobre todo en aquellos segmentos de la población en estado de mayor vulnerabilidad socioeconómica: mujeres jefas de hogar, adultos mayores, niños en situación de pobreza, migrantes de otros países, personas en situación de pobreza y pobreza extrema, desempleados, subempleados, etc. -la lista se vuelve interminable e indica el trabajo grande que se está por hacer-.
En este espacio de las soluciones, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mypyme) es clave a la hora de preservar las fuentes de trabajo -es el sector que genera alrededor del 65% del empleo nacional- e inclusive, en aquellas que tienen grandes capacidades de escalamiento, se podrían generar más fuentes de empleo.
Ahora, claro, una realidad que debe ser reconocida, a la hora de poner en marcha este proceso de recuperación productiva y económica es que, si el Estado ecuatoriano no tiene recursos para entregar a la población -una clara realidad actual- y, así, contracíclicamente, ayudar a la reactivación nacional -como lo están haciendo, con cierta mayor facilidad, países de la región como Colombia, Chile y Perú-, por lo menos, con los recursos limitados y la infraestructura física y organizacional disponible debería empeñarse por hacer mejoras sustanciales al clima de negocios e inversiones del país.
Por ejemplo, ahora que “a la fuerza” la mayoría de la población se ha ido incorporando al uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) se deberían digitalizar, de forma integrada y segura, todos los trámites estatales para disminuir el costo de las transacciones que deben hacer los usuarios -personas y empresas- y, así, ayudar a la mejora de la productividad que, finalmente, terminan incidiendo en el incremento de la capacidad de operación de un sector productivo ávido por reponerse y salir adelante en medio de una crisis sanitaria en evolución y de una crisis socioeconómica acumulada y potenciada por el covid-19.
Otro punto importante que, también, debe ser incorporado en el proceso de recuperación productiva y económica es que, el Ecuador, al tener como modelo monetario a la dolarización, tiene restricciones en cuanto a la posibilidad de emitir moneda propia y de gestionar de forma autónoma una política monetaria integrada. Y, claro, en medio de esas restricciones para que la dolarización se mantenga en el largo plazo será fundamental que las medidas de política económica que se adopten -en medio de una pandemia todavía en evolución- tengan como buen propósito la atractividad de llegada de dólares al país vía mayores exportaciones no petroleras y posible ingreso de dólares provenientes de inversión que retorne de propios agentes nacionales o de extranjeros que busquen invertir en el Ecuador, siempre y cuando el país ofrezca seguridad sobre la base de reglas del juego claras y permanentes en el tiempo.
Finalmente, en este escenario de una economía de guerra dura, la única forma de salir adelante es si nos unimos todos, dejamos a un lado las ideologías e intereses políticos personales y/o grupales y somos más pragmáticos a la hora de encontrar soluciones colaborativas que, en última instancia, beneficien a toda la sociedad ecuatoriana que, hoy más que nunca, está buscando encontrar un escenario en donde se reactive la economía, se genere empleo y, así, se logre una convivencia más equitativa en pro de conseguir un bienestar que no sea privilegio de solo unos pocos.
Luego de los aprendizajes de la pandemia, va quedando claro que hay que trabajar sinérgicamente, como un equipo de ecuatorianos que sabe que la cosa es difícil pero no imposible y, sobre ese pensamiento concienciado, desde de diferentes espacios, arrimar el hombro para ir reactivando al país y, con ello, ganar inclusivamente todos sin ningún tipo de distingos.
(*) Vicerrector y director del Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Presidente de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD).
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Last modified on 2020-09-30