El Ecuador vive una crisis sanitaria y económica sin precedentes. La pandemia de coronavirus ha golpeado fuertemente al país, y lo seguirá haciendo mientras no se adopten estrictas medidas de distanciamiento social. El impacto sobre la economía mundial y nacional también será significativo, tanto por la caída de los precios del petróleo y otros productos de exportación, como por los efectos de la paralización de la producción y el consumo internos. Frente a ello, es necesario que los sectores políticos y sociales del país se unan en un Gran Acuerdo Nacional, para enfrentar a esta situación, que es similar a una economía de guerra.
- Apoyar las medidas adoptadas por el COE del Gobierno Nacional con respecto a la necesidad de observar el distanciamiento social, saliendo únicamente en casos imprescindibles para comprar productos de primera necesidad y medicamentos (excepto, claro, los trabajadores del sector de la salud, el sector agropecuario, los vendedores de tiendas, supermercados y farmacias, los empleados de instituciones financieras, y otros empleados de sectores estratégicos como petróleo, electricidad, agua potable, etc.).
- Permitir el ingreso de ciudadanos y residentes ecuatorianos que se encuentren en el exterior, así como la salida de extranjeros que se encuentran en el país y deseen regresar a sus países de origen. Esto debe enfocarse únicamente en los viajes humanitarios que sean imprescindibles.
- Es urgente invertir en mejorar la capacidad de la salud pública, incluyendo especialmente el número de camas hospitalarias, el número de camas en unidades de cuidados intensivos, ventiladores y respiradores. Es urgente ampliar la infraestructura hospitalaria del país.
- Es urgente, así mismo, aumentar el número de pruebas para detectar la presencia de SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la enfermedad COVID-19. Solo expandiendo el número de pruebas será posible: a) saber la extensión del problema; b) aislar a los contagiados; c) establecer un cerco epidemiológico de las personas que han estado en contacto con los infectados.
- Es vital proveer a los hospitales y centros de salud de mascarillas, guantes, y otros materiales de bioprotección. Si se enferman los médicos, enfermeros y otros trabajadores de salud, el problema se volverá mucho más grave.
- El precio del petróleo crudo ha caído a la tercera parte de la que estaba a inicios de enero. Los precios de otros productos de exportación también han caído. Esto mermará las exportaciones y los ingresos fiscales del país.
- El distanciamiento social obligatorio tendrá, ineludiblemente, un impacto adverso sobre la economía, al reducirse tanto la oferta como la demanda de bienes y servicios. Sufrirán en particular algunos sectores de servicios (turismo, hoteles, restaurantes, sector de entretenimiento, comercio de productos no-alimenticios, entre otros).
- Dado que solo 40% de la población económicamente activa tenía empleo adecuado antes de esta crisis, se puede prever que el nivel de desempleo aumentará rápidamente. Muchos trabajadores del sector informal perderán sus fuentes de ingresos. Esto puede derivar en una crisis humanitaria de proporciones y urgente.
- Están en camino algunas iniciativas públicas y privadas para proveer de alimentos y productos de primera necesidad. Hay iniciativas de cadenas de supermercados, ONG, instituciones religiosas, entre otras. El MIES junto con las cadenas de supermercados ha creado el sitio www.darunamanoecuador.com para donaciones. Es urgente que el gobierno establezca un Fondo Solidario para garantizar la seguridad alimentaria de la población.
- También se debe aumentar tanto el monto como la cobertura del Bono de Desarrollo Humano, para que llegue al menos al 40 % de la población de menores ingresos.
- Para financiar estas medidas urgentes (sanitarias y de protección social), se requieren recursos. Lamentablemente, el gobierno de Rafael Correa dejó al país sin reservas (las reservas internacionales netas eran negativas al final de su mandato), sin fondos de ahorro o inversión (desbarató los fondos existentes), y altamente endeudado (cerca de $60 mil millones de deuda pública, entre deuda externa, interna y otras obligaciones pendientes de pago).
- Ante la caída del precio del petróleo, se ha disparado el “riesgo país” o la tasa de interés a la cual el Ecuador podría acceder a recursos del mercado financiero internacional.
- Por ende, se deben buscar otras fuentes de recursos para enfrentar la emergencia.
- El Gobierno debe solicitar recursos de emergencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el BID, la CAF, y otros bancos y agencias de desarrollo multilaterales y bilaterales. Se han constituido también fondos fiduciarios en Naciones Unidas.
- Es imperativo renegociar los préstamos bilaterales, en particular con China (tasas más bajas, plazos más extensos).
- No se debe declarar una moratoria unilateral de los bonos, lo cual únicamente causaría un aumento mayor del “riesgo país” y un cierre del acceso a recursos. Pero sí se puede explorar, con el apoyo del FMI, una reestructuración amigable, integral y concertada de la deuda externa.
- Aprovechando que los precios de los combustibles fósiles están bajos, se deben eliminar los subsidios a los mismos. Se puede paliar el impacto de tal medida (que será menor, dados los bajos precios) con el aumento del Bono de Desarrollo Humano, y quizás mediante un subsidio directo al transporte público (urbano e interprovincial).
- Acelerar la negociación de tratados de libre comercio con nuestros principales socios comerciales con los cuales todavía no los tenemos (Estados Unidos, Alianza del Pacifico, etc.).
- Reducir la nómina del sector público. La forma más expedita sería mediante una contribución especial del 20 % de los sueldos y salarios de todo el sector público (no solo el Ejecutivo) mientras dure esta crisis. Se debe continuar con políticas de austeridad, tales como la eliminación de ministerios, secretarías y agencias innecesarias, así como la venta, concesión o cierre de empresas públicas que generen pérdidas acumuladas.
- Establecer un impuesto temporal al patrimonio del 1%, que se aplique a los patrimonios de más de $ 100.000.
- Buscar mecanismos flexibles y adaptados a cada caso para frenar la pérdida de empleo, y permitir la recuperación del empleo una vez se vaya aliviando la crisis sanitaria. Por ejemplo, permitir la contratación por horas, a tiempo parcial; mayor periodo de prueba inicial, entre otros.
- Que los bancos y cooperativas (públicos y privados) extiendan periodos de gracia para los préstamos sin cobrar intereses de mora ni reportar a la central de créditos.
- Establecer un fondo de compensación temporal entre importadores y exportadores privados, mediante un recargo temporal a las importaciones del sector privado de bienes de consumo (no bienes intermedios o de capital que se usen en la producción); con una compensación de la misma magnitud a los exportadores no-minerales del sector privado. Al ser un mecanismo del sector privado, no requeriría recursos públicos (esta propuesta, entre otras, se deriva de la presentada por un grupo de 11 economistas).
- Renegociar los contratos con empresas petroleras privadas establecidos por el gobierno de Correa, que garantizaban un precio de hasta $ 42 por barril de petróleo.
- Acelerar la concesión o venta de empresas estatales, en particular de medios de comunicación, empresa de telecomunicaciones y bancos incautados.
(*) Economista de la PUCE, posgrados de la Universidad de Oregón y la Universidad de Texas en Austin. Fue funcionario del BID de 1997 a 2013, y Representante del Ecuador ante el FMI en 2006. Asesor en temas de financiamiento climático y para el desarrollo. Opiniones personales, no reflejan las de institución alguna.
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Last modified on 2020-03-25