Deliveries en Quito, el eslabón perdido de los derechos laborales

La lucha por derechos laborales que protagonizan los trabajadores de plataformas en Ecuador desde 2019 no está exenta de criminalización, mientras que las iniciativas estatales para regular este tipo de trabajo no llegan a concretarse.

Luis se levantó a las 04:00 como de costumbre y salió a trabajar en su moto en el norte de Quito. En cuanto dobló la esquina, supo que debía pensar bien la ruta para no ser un blanco fácil de algún asaltante y llegar rápido a su primer pedido, porque si el cliente cancelaba, él debía asumir el costo y, seguramente, una mala calificación. 

Pero los planes cambiaron de repente: un conductor ebrio se saltó el semáforo en rojo y lo atropelló; tres días después, Luis despertó en el hospital Eugenio Espejo. Luis ya no tenía brazos. 

“En estos momentos, mi esposa y mi hermana asumen los gastos del hogar. Tengo una hija pequeña y la recuperación ha sido un proceso difícil tanto física como psicológicamente. He tenido que aprender a vivir de nuevo y por ellas no me puedo rendir”, dice.  

Él, como tantos otros venezolanos, laboraba en la plataforma digital PedidosYa. Llegó de Venezuela en la pandemia con su esposa e hija, con la ilusión de salir adelante en un país dolarizado. Aún no había regularizado su situación migratoria, por lo que “alquiló una cuenta” en esa plataforma a un ecuatoriano para poder trabajar a cambio de 100 dólares mensuales. 

Su historia es un retrato de los riesgos que asumen los repartidores en el país, como la falta de derechos laborales, la exposición a la violencia cotidiana, robos o accidentes de tránsito.

Sin embargo, en Ecuador, Luis no es considerado por las plataformas digitales como un trabajador, no lo sería incluso si hubiese tenido una cuenta a su nombre. Para una plataforma como Uber Eats, por ejemplo, Luis sería un “socio repartidor”; en PedidosYa, un “rider”, y si fuese trabajador de Rappi, un “rappitendero”. La empresa PedidosYa, al ser consultada para esta investigación, se excusó de participar.

FUERA DE LAS CIFRAS 

Aunque existen investigaciones que muestran cifras sobre los trabajadores de plataformas digitales en Ecuador, son solo aproximaciones, pues al no haber una ley que regule esta forma de trabajo, no es posible un registro adecuado. 

Según estudios del Grupo Faro y de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC - vocera de las plataformas digitales), la mayoría de quienes laboran en dichas empresas son ecuatorianos, pero las cifras del Observatorio de Plataformas de Ecuador dicen lo contrario. 

Un estudio del 2021 reveló que 52% de los entrevistados eran migrantes venezolanos, mientras que 43,2% eran ecuatorianos, el 2,6% colombianos y el resto de otros países. Las diferencias en los datos se explican porque las investigaciones tienen metodologías distintas, son aproximaciones y no están actualizadas por la falta de un registro oficial. 

La actual dirigente del Frente de Plataformas Digitales del Ecuador (Frenapp) y coautora del estudio del Observatorio de Plataformas, Carolina Hevia, asegura que “si existiera una ley, las plataformas tendrían que tener una total transparencia con el Estado, tendrían que dar seguridad social a los trabajadores y todos los derechos que garantiza el Código del Trabajo. Esa informalidad también hace que muchos trabajadores se opongan a la existencia de la ley y de un sindicato”. 

PRECARIEDAD LABORAL EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Contrario al informe de la CITEC, que dice que “34% de las personas que utilizan las plataformas a tiempo completo generan en promedio más de 600 dólares al mes”, la investigación del Observatorio señala que “los ingresos del 91% de los encuestados son de menos de 400 dólares mensuales”.  

Además, el 94% no tiene seguridad social, el 84% no ha tenido un solo día de vacaciones y el 100% no ha contado con ningún beneficio de maternidad o paternidad. Incluso, 66% de las mujeres reportó que ha sido acosada en el trabajo. 

El estudio Logística y América Latina, publicado en 2024, concluye que el ingreso de las grandes plataformas al país incidió de manera directa en el incremento de la precariedad laboral y el descenso del trabajo estable en las modalidades de mensajería y reparto que anteriormente se regían por relaciones de dependencia. 

Respecto al trabajo en plataformas digitales en Ecuador, el estudio concluye que la población de repartidores es la más golpeada por la precariedad en este sector. “Esto se explica por el enorme aumento de trabajadores en situación de precariedad y también por la disminución de las formas de reparto que ofrecían trabajo estable”. 

Asimismo, el Cuarto informe del observatorio de plataformas digitales de Fairwork para Ecuador 2024, que evalúa el pago, las condiciones, los contratos y la gestión de las plataformas, muestra que 10 empresas analizadas solo Cleon App —una compañía dedicada a servicios de limpieza— pudo demostrar que el salario bruto de sus colaboradores es igual o superior al salario mínimo fijado en 460 dólares al mes. 

Fair Work determinó que el aumento de la inseguridad en Ecuador es la principal preocupación de los trabajadores y que estos pueden ser despedidos o sancionados económicamente con un alto grado de discrecionalidad de las plataformas. 

Solo las compañías de transporte Digitaxi y Azutaxi poseen mecanismos efectivos para que los trabajadores reclamen sus derechos; el resto está privado de libertad de asociación y no existe voluntad de diálogo por parte de las empresas.  

En el caso de PedidosYa, el reporte establece que cumple solo con uno de los 10 puntos: el apartado de contratos. Sin embargo, esto no quiere decir que la plataforma dé garantías laborales, sino que “hay disponibles unos términos y condiciones claros” y se “asegura que no se imponen cláusulas contractuales injustas”. 

Un informe de la Defensoría del Pueblo explica también que “…las empresas celebran con los deliveries contratos civiles que no generan ninguna estabilidad laboral y que no les protegen en caso de accidentes que ocurran en el desempeño de sus actividades”. 

Lo anterior, de acuerdo con la Defensoría, restringe la acción del Ministerio del Trabajo de “poder verificar las condiciones laborales de los socios repartidores”. En el caso de PedidosYa, el informe indica que la trasnacional tiene registrados solo 264 contratos que no incluyen a los riders, quienes laborarían bajo un régimen de “autónomo”. Es por ello que los trabajadores no pueden, por ejemplo, conformar legalmente un sindicato. 

¿QUÉ PIDEN LOS TRABAJADORES? 

Basta dialogar con trabajadores de PedidosYa, para estar al tanto del riesgo que supone estar expuesto a la violencia cotidiana y no tener un mínimo de respaldo en materia de derechos laborales. 

Los ocho deliveries con quienes dialogamos para esta investigación coinciden en que contar con una ley que les reconozca como trabajadores, con un salario digno y derechos laborales es tan solo el inicio “para hablar de dignidad”. Asimismo, exigen ser escuchados por sus empleadores para establecer una relación justa entre el precio del servicio y la distancia a recorrer.

Otras de sus exigencias tienen que ver con los pagos extras en Navidad u otras fechas señaladas, horarios normales de trabajo y que la plataforma les deposite las propinas, pues varios entrevistados reportan que muchas veces PedidosYa se apropia de buena parte de ellas. También piden que existan mecanismos para que cuando los clientes cancelen los pedidos, no sean los repartidores quienes asuman el pago.

A la lista se suma contar con licencias de maternidad y paternidad, derecho a vacaciones, seguro médico y social, que la plataforma les provea los insumos de trabajo y que ellos no tengan que asumir ese costo, pero sobre todo que se humanice el trato hacia ellos y no se les llame por un número.

Piden, además, tener puntos de descanso entre pedidos donde puedan hidratarse o ir al baño y que existan protocolos que les protejan de la violencia, en especial de la violencia de género en el caso de las mujeres.

LA LUCHA POR LA SINDICALIZARSE 

PedidosYa es una empresa uruguaya, perteneciente a la multinacional alemana Delivery Hero y está presente en más de 50 países. En el 2021, esta multinacional compró las operaciones de Glovo Ecuador, que operaba desde 2018 en el país, por lo que los deliveries de Glovo pasaron a PedidosYa. 

Yuli Ramírez es una abogada venezolana de 41 años que tras emigrar a Ecuador decidió trabajar como repartidora en la plataforma Glovo. Fue una de las que en 2019 decidió alzar su voz en la manifestación ‘Hora 0’ para exigir sus derechos. 

En una de las protestas frente a la Asamblea Nacional registrada en video se le escucha gritar: “Vamos a por ese sindicato, porque nosotros sí podemos”; a la par, otro de los trabajadores dice: “Mientras en la pandemia nosotros arriesgábamos nuestras vidas en las calles, Glovo bajó las tarifas y eso no le importó ni al Estado, ni a las empresas”. 

Pero nadie los escuchó.

A raíz de ello, los deliveries crearon un grupo de WhatsApp del que más adelante surgió Glovers Ecuador, la primera organización que agrupaba a trabajadores de plataformas con el fin de luchar por sus derechos laborales. 

El 24 de agosto de 2020, los Glovers Ecuador se manifestaron nuevamente frente al Legislativo contra la precarización laboral, la falta de seguridad y la reducción del porcentaje por entrega. Ya en abril de ese año, habían decidido sumarse a un paro internacional para exigir a las empresas pagos justos. El reclamo se repitió en las calles guayaquileñas el 13 de septiembre. 

Finalmente, el 7 de octubre de 2021, nació el Frente de Trabajadores de Plataformas Digitales del Ecuador (Frenapp). En sus inicios contaba con 712 afiliados a nivel nacional, ofrecía asesoría jurídica gratuita a los trabajadores e intentaba reclamar sus derechos mediante la toma del espacio público. 

El 8 de noviembre de ese año, Yuli Ramírez y Carolina Hevia, fundadoras de la organización, intentaron sin éxito registrar a Frenapp como sindicato en el Ministerio del Trabajo. ¿La razón? Los miembros no mantenían relación laboral con un empleador común, por lo que el pedido salía del ámbito del Código del Trabajo.

“Era necesario organizarse en un sindicato para la defensa de los derechos humanos y laborales ya que era un gremio invisibilizado. Las huelgas, protestas o denuncias públicas que hacían los trabajadores no eran tomadas en cuenta y lo que hacían las empresas cuando protestaban era ubicarlos con el GPS de la app y los bloqueaban, los dejaban sin trabajo”, explica Hevia. 

Pero un evento cambió un poco la historia. Una sentencia de la Corte Provincial de Pichincha, de mayo de 2021, ordenó el registro de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas Bananeros y Campesinos (Astac) a pesar de estar conformada por trabajadores de diversos empleadores, lo cual fue un precedente legal para Frenapp, que en noviembre de 2021 intentó por primera vez sindicalizarse, aunque recibió una negativa. En mayo de 2022 lo volvió a intentar sin éxito, por lo que en julio presentó ante la Corte Constitucional una demanda por incumplimiento de sentencia, que sigue sin resolverse hasta hoy a pesar de la insistencia de Frenapp.

A la par, en agosto del 2022, la organización presentó una queja ante el Comité de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo (Normes) en Ginebra. El reclamo fue trasladado también a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en octubre de 2023 pidió al gobierno ecuatoriano el registro inmediato de Frenapp como sindicato por rama, pero eso no ocurrió.

El 25 de marzo de 2024, la Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Trabajo, a través de un informe, a expedir “una norma que regule la relación de trabajo de los socios repartidores con las plataformas digitales” y realizar inspecciones frecuentes a las empresas para verificar el cumplimiento de las normas laborales. 

Sin embargo, el pasado 17 de junio la Frenapp denunció a través de su cuenta de X que aún no han podido sindicalizarse y que no existe una respuesta del ministerio: “Vergonzoso, al Estado ecuatoriano se le olvidan las recomendaciones de la OIT. Viola el derecho a sindicalizarse, además de que hace 7 años se le exhortó a que reduzca el número de 30 trabajadores para registrar un sindicato; hasta la fecha no se concreta nada”.

EL COSTO DE LA LUCHA 

El 27 de marzo de 2022, Frenapp convocó a un paro en Quito para exigir al gobierno que fiscalice a las empresas de plataformas digitales y promulgue una ley que dote a sus trabajadores de derechos laborales. 

Ese día, un grupo de trabajadores se desvió de la ruta de la huelga y robaron insumos como mochilas, uniformes, entre otros, de las instalaciones de PedidosYa. Hevia y Ramírez sostienen que los responsables no formaban parte del sindicato y están seguras de que se trató de “un intento por desacreditar a Frenapp y criminalizar su lucha”.

Ramírez cuenta que por su activismo ha sido perseguida e, incluso, tuvo que salir del país. “En Ecuador mi familia y yo fuimos amenazadas”, confiesa. Hevia también señala haber recibido amenazas y sido víctima de campañas de descrédito. 

En todos los casos han denunciado los hechos en la Fiscalía y dichas denuncias han sido puestas en conocimiento de  la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

El 27 de enero de 2023, Ramírez compareció ante la Fiscalía para denunciar que recibió amenazas que llegaban a su teléfono celular “mediante llamadas de números no identificados”. Eran “amenazas graves de muerte, como que iban acabar conmigo y mi familia, que nos iban a desaparecer. Esto se extendió por varias semanas, incluso me amenazaron con mi pequeña hija de 7 años, diciendo: ‘Sabemos dónde estudia tu hija, vamos por ella’”, dice Ramírez en su versión ante la Fiscalía. 

Cuentan, además, que es común ver el hashtag #FrenappNoMeRepresenta en diversas campañas mediáticas contra el sindicato. Hevia ha denunciado ante la Fiscalía la campaña contra Frenapp. 

En su testimonio especifica que “desde el 25 de mayo de 2022 a través de redes sociales de la página de Facebook Ecuador - Patriotismo y Nacionalismo, y la página de Facebook Orgullo Ecuatoriano han venido realizando publicaciones en contra del sindicato Frente de Trabajadores de Plataformas Digitales del Ecuador (Frenapp) que fomentan el odio, la xenofobia, el racismo, la ideología y discriminación, entre otros”.

Hevia asegura que estas denuncias están en proceso de investigación y actualmente la lucha continúa desde Frenapp, aunque muchos de los que la conformaban ya no están, como consecuencia de la criminalización. 

Actualmente, la organización sigue buscando incidir jurídica y políticamente para lograr la protección de los trabajadores; también apoyan a quienes denuncian violaciones de sus derechos laborales, como el cierre de cuentas o accidentes, para ello tienen el respaldo de la Defensoría del Pueblo, que recibe y recopila las denuncias, que a su vez son comunicadas a organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

LOS TROPIEZOS DE UNA LEY EN PUGNA 

El 8 de marzo de 2022, Chile se convirtió en el primer país de América Latina y el Caribe en promulgar un nuevo marco normativo para regular el trabajo relacionado con las plataformas digitales. 

Dicha ley incluye las relaciones de dependencia o independencia regidas por un contrato e implicaría que quienes laboran en plataformas sean reconocidos como trabajadores y puedan gozar de derechos. 

En Ecuador, en 2023 ya se habían unificado tres proyectos de ley que trataban el tema y se encontraban en debate en la Comisión de los Derechos Laborales y la Seguridad Social. Se había pasado un primer debate y el informe para segundo debate estaba listo, pero todo quedó paralizado porque el expresidente Guillermo Lasso activó en mayo de ese año el mecanismo de la muerte cruzada y disolvió el Legislativo. 

Nathaly Pernett es una abogada quiteña que fue asesora externa de la Cámara de Innovación y Tecnología (CITEC) hasta septiembre de 2023. Ella representó a las empresas en los debates del ‘Proyecto de Ley que Reforma el Código del Trabajo y a la Ley de Seguridad Social para el Reconocimiento de la Relación Laboral de los Trabajadores de Empresas que Operan a través de Plataformas Digitales’. 

Pernett resume que proponían un mecanismo híbrido de contratación —como ocurre en Chile— donde los socios pueden optar por el trabajo autónomo o en relación de dependencia. 

Comenta que el proyecto se difundió entre los deliveries, quienes mostraban posturas divididas, pero no tenían posibilidad de ser escuchados en la comisión. “Ellos se acercaron a mí para poder participar en las reuniones de la comisión del trabajo y accedí a mediar para que esto sucediera”, comenta. 

Gracias a la gestión de la abogada, un grupo de trabajadores presentó una carta a los asambleístas implicados en el debate del proyecto, donde aclaraban que estaban en contra de la relación de dependencia y desconocían a Frenapp como su representante e, incluso, algunos comparecieron ante la comisión argumentando estar en contra de la Ley. 

La exasambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Viviana Paredes, quien también participó en los debates del proyecto, coincide con esta versión y afirma que los representantes del sector empresarial “defendieron las condiciones actuales, en las que los trabajadores no cuentan con relación de dependencia” y que algunos trabajadores “apoyaron la propuesta de las empresas digitales”. 

A decir de la exlegisladora, el discurso de estos trabajadores “coincidía exactamente con el de los representantes de las empresas que los acompañaban”.

Paredes relata que en esas sesiones Carolina Hevia fue atacada por el grupo de trabajadores  a favor de las empresas. En varios chats “se le denigraba como mujer, se hablaba de violencia física en su contra e incluso amenazas de muerte y se le acusaba de querer mermar su derecho al trabajo”, dijo Paredes. 

“Mientras se debatía la ley, cierto sector de trabajadores, que respondía a los intereses de las plataformas, armó una campaña en redes sociales que decía que con la ley les iban a quitar ingresos”, confirma la también exasambleísta Johana Ortiz, al tiempo de insistir en que “hubo un cabildeo muy fuerte por parte de las empresas y trasnacionales involucradas… Intentaron imponer una narrativa que no garantizaba los derechos y fue una lucha muy fuerte por parte de Frenapp”.

Las personas consultadas para este reportaje consideran que la oposición a la ley se debe a que cualquier tipo de regulación o registro del trabajo en plataformas daría luz verde para que el Estado fiscalice a las empresas y les exija mejores condiciones laborales para sus colaboradores. El alquiler de cuentas sería cosa del pasado. 

En los debates participó Uber, representada por Cristhian Northcote, quien expuso que si bien “están a favor de los proyectos de ley que se enfoquen en el marco de la protección para las personas que actúan en estas plataformas”, dejó claro que no existe una relación laboral, sino nuevas relaciones económicas y que quienes trabajan para las plataformas “no tienen la calidad de trabajadores, pero deben tener un marco legal para su protección”.

En el proyecto se incluyen temas tan básicos como el registro de las plataformas digitales en la Superintendencia de Compañías y los registros mercantiles pertinentes, ya que no existe -al menos en el caso de las trasnacionales- un control de cuántas plataformas hay en el país y cuántas personas trabajan en ellas. 

El proyecto también aborda el derecho a la desconexión, a la libre asociación y a otras garantías. 

“Una vez que retornamos a la Asamblea Nacional, el proyecto debía estar en segunda instancia para debatirlo y aprobarlo, pero sigue existiendo el tema del cabildeo de diferentes facciones. En este momento, la ley sigue estando en el despacho del presidente de la Asamblea, lista para aprobación, pero no llega al pleno de la Asamblea Nacional”, añade Ortiz. 

A decir de la exlegisladora, “al tener un gobierno de corte neoliberal que gastó millones en una consulta innecesaria para dar paso al trabajo por horas y vulnerar los derechos de los trabajadores, la ley podría ser aprobada en la Asamblea, pero vetada total y parcialmente por él (presidente)”. 

El veto parcial implicaría que regrese al Legislativo, quien debería decidir si se ratifica en aprobado o se allana al veto parcial del Ejecutivo; mientras que si el veto es total no se puede tratar la ley durante un año. 

A NIVEL LOCAL HAY AVANCES, PERO SON POCOS

El pasado 6 de marzo, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, presentó a la Comisión de Movilidad el proyecto de ‘Ordenanza para la Regulación y Control del Servicio de Entregas a Domicilio–Delivery’. Esta plantea un registro completo para regular esta actividad económica. Habla del control de la circulación de dos personas en moto e incluye un censo y el uso de identificaciones visibles por parte de los deliveries, así como la existencia de un botón de emergencia que prevenga situaciones de violencia para repartidores y consumidores. 

Frenapp presentó una carta al alcalde con fecha 9 de abril de 2024 que preguntaba: ¿Cómo se pretende abordar de manera adecuada la inseguridad y los conflictos de movilidad relacionados al servicio de delivery sin considerar las responsabilidades de las empresas que lo ofrecen? 

Hevia explica que Frenapp está de acuerdo con gran parte de lo que plantea la ordenanza, aunque no aprueba algunos puntos, como que el Municipio quiera cobrar a los repartidores por registrarse, ya que se trata de una comunidad económicamente vulnerable que de por sí comparte sus ingresos con las empresas. 

“El registro es esencial porque el Estado sabría quiénes trabajan en las plataformas, pero la ordenanza viene también con sanciones desde 47 hasta más de 200 dólares para los trabajadores que no estén registrados o laboren con cuentas alquiladas y me pregunto: ¿Dónde están las sanciones a las plataformas? Estas solo tendrán que dar actualizaciones cada seis meses al Municipio acerca de quiénes son los trabajadores y los registros biométricos de estos. Todo el peso cae nuevamente sobre el repartidor”, argumenta. 

Para Hevia, otro problema es que la indumentaria de los trabajadores no está codificada de manera adecuada, por lo que cualquiera puede adquirirla y suplantar la identidad de un trabajador para cometer delitos, “pero son las empresas las que deberían tener ese control para cuidar a sus trabajadores y clientes”, explica. 

EL CAMINO QUE FALTA POR RECORRER

Falta mucho por recorrer en materia de derechos laborales para los deliveries, pero también hay pugnas internas por la representación gremial, pues a la par de Frenapp existe una agrupación que se opone al proyecto. 

Por otro lado, como argumentan las exasambleístas entrevistadas, el debate de la ley se encuentra estancado y el clima político no es favorable para su aprobación. Y aunque el Municipio de Quito intenta con la ordenanza tener un control de los trabajadores de plataformas, esto no les garantiza derecho laboral alguno.

Lo grave es que la falta de regulación a las plataformas favorece el trabajo informal y perjudica sobre todo a los migrantes en condiciones irregulares, quienes hoy son considerados mano de obra barata.

La cadena de explotación -aunque las empresas no lo reconozcan- empieza en ese empleador que vende el mito de la autonomía, pero que en realidad promueve el trabajo sin garantías de descanso, seguridad social o remuneración digna y hace que los deliveries terminen siendo el eslabón perdido de los derechos laborales. 

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Este reportaje se realizó gracias al programa de becas de producción de nuestra Red de Periodismo de Investigación, un proyecto de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.

 

Last modified on 2024-07-17