Ecuador apuesta por las alianzas público privadas, APP, para acelerar la construcción de infraestructura y la provisión de servicios públicos. Para ello es indispensable la planificación y priorización de proyectos estratégicos por sector; un marco legal transparente y predecible; y, sobre todo, una estructura interinstitucional con competencias definidas y capacidad de coordinación, seguimiento y control.
El Estado y las empresas del sector privado pueden ser actores complementarios en la provisión de bienes, obras y servicios a la ciudadanía. La responsabilidad fundamental del Gobierno Central y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) es proveer a la ciudadanía de infraestructura y servicios públicos oportunos y de alta calidad. Por otra parte, el sector privado, al asociarse con el Estado, aporta con capital, experiencia y conocimientos específicos. Esta fusión del gobierno con el sector privado se conoce como las alianzas público-privadas, APP.
Chile, Colombia y Perú tienen normativa y experiencias de APP desde hace al menos una década. En Ecuador se promulgó la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas e Inversiones Extranjeras el 18 de diciembre de 2015. Se han suscrito varios contratos de APP[1], incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; tienen, además, en concurso público cinco proyectos viales y nueve proyectos en agenda.[2]
Por otra parte, aunque existen algunas iniciativas promovidas por el sector privado, sigue siendo una tarea pendiente de los GAD cristalizar proyectos a través de este instrumento.
Algunos detalles
El esquema de APP asegura la estabilidad jurídica del contrato y la obtención de beneficios tributarios para el gestor privado, tales como la exoneración del pago por 10 años del impuesto a la renta, la exoneración del impuesto a la salida de divisas sobre las importaciones, financiamiento y pago de dividendos, la reducción del pago de aranceles y de IVA en importaciones relacionadas con el proyecto. También, se prevé la posibilidad de recurrir al arbitraje nacional o internacional para solucionar conflictos que puedan surgir entre los entes públicos y los socios privados.
La ejecución oportuna de los proyectos y la ausencia de conflictos requiere capacidad de coordinación, cooperación interinstitucional y seguimiento por parte del Estado, para lo cual se deberá contar con recursos materiales y humanos idóneos que aseguren el éxito de los proyectos.
Dada la seria limitación de recursos que afecta al Estado, mantener los incentivos contenidos en la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas e Inversiones Extranjeras, y aplicar un sistema moderno y transparente de asociación público-privada contribuirá positivamente al desarrollo del país.
*Abogado para CorralRosales; jirodriguez@corralrosales.com
Revista Gestión no se responsabiliza por las opiniones ni comentarios publicados por sus colaboradores en este espacio, quienes son los responsables del contenido difundido. Si va a hacer uso de este artículo, por favor cite la fuente original. Artículo de información (I).
Encuentre contenido relacionado en nuestro archivo histórico:
La confianza empresarial disminuye levemente
Políticas públicas que sí podrían corregir el déficit fiscal
La confianza empresarial se mantiene estable
La minería paga mejor, pero el comercio emplea más
Los impuestos financian el 70% del sector público
Last modified on 2020-01-07