La precariedad laboral se ha convertido en uno de los principales desafíos que enfrentan los mercados laborales en América Latina. En Ecuador, este fenómeno ha cobrado especial relevancia debido a las transformaciones estructurales en el mercado de trabajo durante las últimas décadas. Según los investigadores Diego Carrión y Michael Soria, la tasa de desempleo por sí sola no refleja la dimensión real del problema del empleo, siendo necesario analizar indicadores más comprehensivos como el Índice de Precariedad Laboral (IPL).
EMPLEO ADECUADO EN ECUADOR: UNA REALIDAD PREOCUPANTE
Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) revelan una situación alarmante: solo el 34% de los ecuatorianos cuenta con un empleo adecuado al inicio del 2024. Esto significa que apenas tres de cada diez trabajadores en el país gozan de condiciones laborales que cumplen con los estándares mínimos establecidos (Gráfico 1).
Gráfico 1
Evolución del empleo adecuado
Según la definición del INEC, el empleo adecuado o pleno comprende a las personas que perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo y trabajan igual o más de 40 horas semanales. También incluye a quienes, trabajando menos de 40 horas, reciben al menos el salario mínimo y no desean trabajar horas adicionales.
La evolución de este indicador muestra un deterioro preocupante durante el último año. De un 35,9%, registrado en diciembre de 2023, ha caído a 33% en diciembre de 2024, su punto más bajo del año, evidenciando un retroceso significativo en las condiciones laborales de los ecuatorianos. Este declive en la calidad del empleo subraya la necesidad urgente de examinar las múltiples dimensiones de la precariedad laboral que afectan a la mayoría de los trabajadores del país.
MANIFESTACIONES Y DIMENSIONES DE LA PRECARIEDAD LABORAL EN 2023
Según la tesis de Anahir Salazar, “Precariedad laboral en Ecuador, año 2023”, que analiza los datos anuales más recientes de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), los datos correspondientes al año 2023 revelan un panorama complejo de la precariedad laboral en Ecuador. Utilizando la técnica de Análisis de Componentes Principales (ACP), se construyó un Índice de Precariedad Laboral considerando dimensiones como intensidad laboral, ingresos, protección social, estabilidad y derechos laborales.
Entre los hallazgos más notables, se destaca que variables como el derecho a vacaciones, la afiliación al sistema de seguridad social, los décimos, los ingresos por salarios y el tipo de contrato son factores clave que influyen en la precariedad del empleo ecuatoriano. Esto sugiere que, más allá de la informalidad, existen múltiples dimensiones que determinan la calidad del trabajo en el país.
Por ejemplo, una proporción significativa de trabajadores, especialmente en el sector informal, no están afiliados al sistema de seguridad social, lo que aumenta su vulnerabilidad y limita su acceso a beneficios básicos como atención médica y pensiones. Asimismo, la falta de pago de décimos y otros beneficios legales, particularmente en empleos temporales o informales, contribuye a la inseguridad económica de los trabajadores.
Otro aspecto preocupante son los bajos salarios, con un segmento de la fuerza laboral que percibe ingresos por debajo del salario básico unificado, afectando su capacidad para satisfacer necesidades fundamentales. A esto se suma la inestabilidad derivada de contratos precarios, que expone a los trabajadores a condiciones laborales deficientes y dificulta la planificación a largo plazo.
DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LA PRECARIEDAD
Profundizando en la dimensión espacial de este fenómeno y considerando el Índice de Precariedad Laboral (IPL) construido por Salazar en el que 0 representa ausencia de precariedad y 1 indica precariedad absoluta, los resultados muestran niveles preocupantes de precariedad laboral en Ecuador. En el área urbana, los hombres presentan un IPL de 0,48 y las mujeres de 0,42, lo que indica niveles moderados de precariedad.
Sin embargo, la situación se agrava significativamente en el área rural, donde los hombres registran un IPL muy alto de 0,72, mientras que las mujeres rurales presentan un índice también elevado de 0,59. Estos datos evidencian no solo una clara brecha territorial en las condiciones laborales del país, sino también niveles generalmente altos de precariedad laboral, especialmente en las zonas rurales donde el índice se acerca más a la precariedad absoluta (Gráfico 1).
Gráfico 2
Índice de Precariedad Laboral según sexo y área
Como concluye Salazar en su investigación, “los trabajadores rurales tienen niveles de precariedad laboral más altos que los trabajadores urbanos. Esto indica una creciente inseguridad laboral en las zonas rurales, posiblemente debido a menos oportunidades de empleo y condiciones laborales menos reguladas”.
La autora también destaca que “tanto en las zonas urbanas como en las rurales, los hombres tienen un IPL más alto que las mujeres”, señalando que “esto puede significar que los hombres están realizando actividades más peligrosas, con menos protección”.
Los resultados de Salazar concluyen que los altos niveles de precariedad laboral observados en las áreas rurales indican la necesidad de desarrollar políticas y programas específicos para mejorar las condiciones laborales de estas áreas, incluyendo la formalización del empleo, la formación profesional y la inversión en infraestructura y servicios públicos.
ANÁLISIS DE LAS BRECHAS DE GÉNERO
Por otra parte, según Carrión y Soria, en su artículo titulado “Estructura laboral ecuatoriana: trimestre abril-junio de 2022”, la desagregación de los datos por género revela patrones diferenciados de precariedad laboral que merecen especial atención. Los hombres presentan una mayor incidencia en el trabajo precario por ingresos bajos, alcanzando un 29,01% frente al 18,56% en mujeres. Como señalan los autores, “la PEA para este trimestre está compuesta mayoritariamente por hombres (57,36%)”, lo cual representa una característica importante de la composición del mercado laboral en el período estudiado (Gráfico 2).
Gráfico 3
Índice de Precariedad Laboral, por género y trabajos precarios
La precariedad por trabajo sin registro también muestra una brecha significativa, afectando al 20,74% de los hombres frente al 9,62% de las mujeres. Sin embargo, las mujeres enfrentan una mayor incidencia de precariedad múltiple, con un 40,16% afectadas por condiciones precarias en ingresos, jornada y registro, en comparación con el 33,27% de los hombres.
Como destacan Carrión y Soria, “tanto hombres como mujeres muestran una considerable presencia en trabajos que reúnen los tres aspectos de la precariedad considerados (ingresos bajos, jornada inadecuada y no registro a la seguridad social)”.
Particularmente notoria es la brecha en el empleo no remunerado, donde las mujeres presentan una tasa del 27,42% frente al 13,62% de los hombres. Esta disparidad refleja la persistencia de roles de género tradicionales y la sobrecarga de trabajo no remunerado que enfrentan las mujeres en la sociedad ecuatoriana. Los autores enfatizan en que “las mujeres tienen presencia mayoritaria en empleos no remunerados. Este último punto es indicativo de un primer tramo del trabajo reproductivo no pagado a las mujeres, y abona a la hipótesis de que sus condiciones laborales son vulneradas con más frecuencia que en los hombres”.
Adicionalmente, Carrión y Soria señalan que “las condiciones desfavorables y la marginación son más agudas entre las mujeres, los jóvenes y los grupos racializados”. Esta observación resalta cómo la precariedad laboral se intersecta con múltiples formas de discriminación, afectando de manera particular a las mujeres. Los autores también destacan que “las mujeres en el mercado laboral tienen menos estabilidad”, lo que sugiere una vulnerabilidad estructural en sus condiciones de trabajo.
Estos patrones de desigualdad de género en el mercado laboral ecuatoriano, identificados por Carrión y Soria para el trimestre abril-junio de 2022, plantean desafíos importantes a largo plazo. Si bien el estudio se enfoca en un período específico, es probable que estas tendencias persistan en el tiempo si no se toman medidas correctivas.
La sobrerrepresentación de las mujeres en empleos no remunerados y su mayor exposición a la precariedad múltiple reflejan barreras estructurales enraizadas en normas sociales y estereotipos de género. Estas desigualdades no solo limitan las oportunidades económicas de las mujeres, sino que también perpetúan ciclos de pobreza y dependencia, tal como lo reflejan los últimos datos de la ENEMDU de enero del 2025 (Gráfico 3).
Gráfico 4
Condiciones laborales por sexo enero 2025
IMPLICACIONES Y DESAFÍOS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA
Los hallazgos presentados plantean importantes desafíos para la política pública en Ecuador. Según la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la OIT, para regular efectivamente el trabajo precario es necesario intervenir en múltiples niveles de políticas sociales y económicas. Esto incluye establecer una base social sólida y un salario vital, reducir la volatilidad del mercado laboral, fortalecer la base imponible, mejorar los servicios públicos y aumentar la inversión pública para crear sociedades más inclusivas y productivas.
En el ámbito de los ingresos, se requiere mantener el crecimiento salarial conforme al aumento de la productividad y evitar la competencia desleal en el mercado laboral. Los sistemas integrales de seguridad social son particularmente importantes pues fortalecen la capacidad de los trabajadores para rechazar empleos precarios.
Los marcos legales deben modificarse para garantizar que los trabajadores en situación precaria reciban, como mínimo, la misma protección que los demás trabajadores. Dada la tendencia de las empresas multinacionales a explotar las diferencias regulatorias, ACTRAV-OIT enfatiza que es imperativa la creación de iniciativas normativas internacionales que limiten y regulen efectivamente el trabajo precario.
Es fundamental garantizar el acceso a la negociación colectiva, lo que requiere presionar a los gobiernos para establecer mecanismos que permitan que los trabajadores en condiciones precarias, independientemente de su relación laboral, puedan negociar efectivamente con uno o varios empleadores. La OIT exige no solo respetar sino promover activamente el derecho a la negociación colectiva mediante iniciativas legales y políticas concretas que respalden la capacidad de los trabajadores de sindicalizarse y negociar colectivamente, especialmente cuando enfrentan obstáculos significativos en la práctica.
En síntesis, la alta incidencia de precariedad múltiple, que afecta principalmente a mujeres y trabajadores rurales, sugiere la necesidad de un replanteamiento de las políticas laborales y de desarrollo económico. La persistencia de altos niveles de empleo no remunerado y trabajo precario por ingresos bajos refleja desafíos estructurales en el mercado laboral ecuatoriano que requieren intervenciones sostenidas y coordinadas. Las disparidades territoriales identificadas demandan un enfoque diferenciado que considere las particularidades de las zonas rurales y urbanas.
Las brechas de género observadas, particularmente en el trabajo no remunerado y la precariedad múltiple, subrayan la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todas las intervenciones de política pública. El objetivo debe ser no solo reducir los niveles generales de precariedad laboral sino también asegurar una distribución más equitativa de las oportunidades y condiciones de trabajo entre diferentes grupos poblacionales y territorios.
(*) Elaborado por economista Liz Ortiz, analista económica Revista
Last modified on 2025-02-25