En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró este 8 de marzo, analizamos cómo la violencia política afecta de manera diferenciada a las mujeres en Ecuador. Durante las Elecciones Generales 2025, mientras el país enfrentó una escalada sin precedentes de agresiones contra actores políticos, las candidatas y funcionarias mujeres sufrieron una doble vulnerabilidad: además de los ataques físicos, enfrentaron formas específicas de violencia basadas en su género, perpetuando barreras históricas para su participación plena en la democracia.
La violencia política en Ecuador no solo se manifestó en ataques contra la integridad física y la vida, sino también en expresiones de violencia política por razones de género y en discursos que atentaron contra los principios de igualdad y no discriminación. Este fenómeno, que afecta desproporcionadamente a las mujeres, se intensificó durante el último proceso electoral en un contexto nacional ya agravado por la inseguridad generalizada.
Según el informe realizado por el Observatorio Ciudadano de Violencia Política (OCVP), el número de agresiones aumentó de 31 en las Elecciones Anticipadas 2023 a 56 en las Elecciones Generales 2025, lo que representa un incremento del 80%. Esta escalada de violencia política refleja una preocupante tendencia que podría estar relacionada con la creciente presencia de grupos del crimen organizado en el territorio ecuatoriano y su interés por infiltrarse en las instituciones democráticas.
VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO: UNA BATALLA DESIGUAL
La violencia política por razones de género constituye una dimensión específica y particularmente preocupante de la violencia política en Ecuador. Durante las Elecciones Generales 2025, esta forma de violencia se manifestó principalmente en el ámbito digital, especialmente en redes sociales, donde candidatas y funcionarias fueron objeto de ataques basados en estereotipos de género.
El informe del Observatorio Ciudadano de Violencia Política identificó numerosos casos de expresiones denigrantes contra mujeres en política, que incluían referencias a su apariencia física, vida personal, relaciones sentimentales o sexuales, y cuestionamientos sobre su capacidad intelectual o profesional. Estos ataques, a diferencia de las críticas políticas legítimas, se centraban en el hecho de que las víctimas eran mujeres, no en sus propuestas o desempeño político.
Ana Gómez, directora ejecutiva de Mega Mujeres, en entrevista para GESTIÓN, explica esta diferencia fundamental: “La violencia política por razones de género tiene otra causal que viene a ser el género, es una variable distinta que además se estudia desde la doctrina con otro tipo de enfoque, que diferenciar cuál es la causa de este tipo de violencias, y la causa de este tipo de violencias está directamente relacionada con los roles y los estereotipos de género asignados a hombres y a mujeres en las diferentes culturas”.
Un ejemplo claro de esta diferencia es cómo se abordan las críticas a candidatas versus candidatos: “Muy rara vez se toma en cuenta el físico de un candidato para que incida sobre los resultados electorales, o para que la vida privada o los tatuajes o la forma de vestirse influyan directamente como lo hacen en una mujer”, señala Gómez.
El avance tecnológico ha multiplicado los canales para ejercer este tipo de violencia. El uso de redes sociales e inteligencia artificial para generar imágenes falsas o manipuladas de candidatas fue documentado durante la campaña, particularmente contra la candidata presidencial Luisa González. Estos ataques buscan deslegitimar la participación política de las mujeres no por sus ideas o propuestas, sino por su condición de género.
LIDERAZGO POLÍTICO Y GÉNERO: LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
Asimismo, el análisis de las víctimas de la violencia política durante las Elecciones Generales 2025 revela patrones significativos tanto en términos de liderazgo político como de género. Según el informe del Observatorio Ciudadano de Violencia Política, el 52% de las víctimas ejercían liderazgo político, seguidos por funcionarios (27%), líderes de opinión (11%), víctimas colaterales (9%) y exfuncionarios públicos (2%) (Gráfico 1).
Gráfico 1
Víctimas de violencia según tipo de liderazgo
Estas cifras reflejan que la violencia política no solo afecta a quienes están en campaña electoral, sino también a quienes ya ejercen cargos públicos. “Al momento de analizar desde el liderazgo y la posición de liderazgo, en realidad para las personas que quieren candidatizarse se convierte en un riesgo, y en un riesgo no solo contra sí mismo sino contra su familia, un riesgo contra los sectores cercanos”, señala Gómez.
En términos de género, los datos muestran que los hombres constituyen la mayoría de las víctimas numéricas, representando el 67% del total, frente al 33% de mujeres. Sin embargo, esta distribución cuantitativa oculta diferencias cualitativas importantes en la naturaleza de la violencia experimentada (Gráfico 2).
Gráfico 2
Número de agresiones por género
Gómez explica esta diferencia: “Los ataques contra la integridad y la vida en la política tienen orígenes distintos al género; sin embargo, se vuelve necesario identificar una diferenciación que permita a las autoridades tomar las decisiones adecuadas en cuanto a prevención, investigación, sanción y reparación”.
Y añade: “Mientras los hombres son víctimas de una violencia en su mayoría física, las mujeres en política sufren por actos de coacción, específicamente, de acciones dirigidas al menosprecio de su capacidad para ostentar un cargo de elección popular o como funcionaria pública, por el hecho de ser mujer”.
Esta distinción es crucial para comprender la complejidad de la violencia política y diseñar respuestas efectivas. Mientras que los hombres suelen ser víctimas de violencia física directa, las mujeres enfrentan formas de violencia más sutiles pero igualmente perjudiciales, como la descalificación basada en estereotipos de género, el acoso sexual, la difusión de información falsa o la manipulación de su imagen pública.
El informe destaca que, desde 2020 hasta 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha recibido 63 denuncias por violencia política por razones de género, de las cuales, únicamente nueve han recibido una sentencia condenatoria. Este bajo índice de sanciones sugiere la existencia de obstáculos significativos para la denuncia y sanción efectiva de estos casos. Pese a la existencia de un marco legal que tipifica la violencia política por razones de género en el Código de la Democracia (artículo 280), la impunidad sigue siendo la norma.
Los obstáculos para la sanción efectiva son múltiples, como lo explica Gómez: “Uno de los principales obstáculos que existe dentro de los procesos para la denuncia es que en la norma se establece que la violencia política por razones de género es una infracción electoral, por lo tanto, quien denuncia tiene la obligación de demostrar lo que denuncia, es decir, tiene la carga de la prueba”. A esto se suman los costos económicos del litigio, los plazos cortos y el miedo a represalias dentro de las propias organizaciones políticas.
Esta forma de violencia no solo afecta a las víctimas directas, sino que envía un mensaje disuasorio a otras mujeres que podrían considerar participar en política, reforzando la subrepresentación femenina en espacios de toma de decisiones.
LA ESCALADA DE VIOLENCIA: CIFRAS QUE ALARMAN
Las cifras recopiladas por el Observatorio Ciudadano de Violencia Política revelan una preocupante escalada de violencia durante el proceso electoral de 2025. De acuerdo con los datos, el 45% de las agresiones documentadas correspondieron a asesinatos, seguidos por amenazas (34%), atentados (14%), secuestros (5%) y agresiones físicas (2%) (Gráfico 3).
Gráfico 3
Número y tipo de agresiones
Es particularmente alarmante que de los 56 casos de violencia política registrados, 25 fueron asesinatos. Esta cifra supera significativamente a los 13 asesinatos documentados durante las Elecciones Anticipadas 2023, lo que evidencia un recrudecimiento de la violencia letal contra actores políticos en apenas un año.
El informe del OCVP también revela una distribución temporal de las agresiones que merece atención: seis agresiones ocurrieron fuera del período electoral, 35 durante el período electoral y 15 durante la campaña y el silencio electoral. Esto indica que, si bien el período de campaña suele concentrar la mayor tensión política, la violencia se manifestó de manera sostenida a lo largo de todo el proceso electoral.
Para Gómez, este incremento no puede analizarse sin considerar el contexto general de inseguridad que vive el país: “Creo que no está lejos del análisis tampoco del índice de criminalidad del país que nos ha ubicado lamentablemente en el último año dentro de las listas de los países más peligrosos del mundo, y eso también tiene que ver directamente con todos los ámbitos en los que se desarrollan la ciudadanía, incluida la política”.
La comparación con las Elecciones Anticipadas 2023 muestra un incremento alarmante en casi todas las categorías de violencia política. Las amenazas aumentaron de cinco a 19 casos, los asesinatos pasaron de 13 a 25, mientras que los secuestros se mantuvieron estables en tres casos. Solo los atentados registraron una leve disminución, pasando de 10 a 8 casos (Gráfico 4).
Gráfico 4
Comparación número de agresiones Elecciones 2023 y Elecciones 2025
CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA: EL MAPA DE LA VIOLENCIA POLÍTICA
La violencia política en Ecuador durante las Elecciones Generales 2025 no se distribuyó de manera uniforme en el territorio nacional. Según los datos recopilados por el Observatorio Ciudadano de Violencia Política, dos provincias concentraron más del 50% de los casos: Guayas (29%) y Manabí (25%).
Esta concentración geográfica coincide con las zonas donde el crimen organizado ha incrementado su presencia y control territorial en los últimos años. En Guayas, la provincia más poblada del país y donde se encuentra Guayaquil, se registraron 14 agresiones, incluyendo 8 asesinatos, 3 atentados y 3 secuestros. Por su parte, Manabí registró 12 agresiones, entre ellas, 10 asesinatos (Gráfico 5).
Gráfico 5
Agresiones por provincia
Otras provincias con números significativos de agresiones fueron El Oro y Pichincha, ambas con cinco casos (10% del total), y Santa Elena, con cuatro casos (8%). El resto de las agresiones se distribuyeron entre Azuay, Bolívar, Esmeraldas, Los Ríos, Santo Domingo, Sucumbíos y Tungurahua.
Este patrón geográfico no es casual. Ana Gómez observa que “estos cantones en donde han sido agredidos los alcaldes, los concejales, coinciden con las provincias y cantones con mayor índice de criminalidad y con la presencia de grupos de delincuencia organizada, ya sea para la minería ilegal o para otro tipo de eventos”.
La concentración de la violencia política en determinadas regiones sugiere que existe una estrecha relación entre esta y otras formas de violencia criminal. Las provincias costeras, que han experimentado un aumento significativo en la presencia de carteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales, también son las que registran los mayores índices de violencia política, lo que apunta a una posible infiltración del crimen organizado en los procesos electorales y en las instituciones democráticas locales.
Es particularmente preocupante que en estas provincias se hayan registrado la mayoría de los asesinatos de actores políticos, lo que indica que no se trata solo de intimidación, sino de eliminación sistemática de candidatos y funcionarios públicos que podrían representar obstáculos para los intereses criminales.
Las Elecciones Generales 2025 en Ecuador han puesto de manifiesto la grave amenaza que representa la violencia política para la democracia del país. El incremento sustancial en el número y la intensidad de las agresiones, la concentración geográfica en zonas con fuerte presencia del crimen organizado, y las manifestaciones específicas de violencia por razones de género evidencian un fenómeno complejo que requiere respuestas integrales y urgentes.
La violencia política no solo pone en riesgo la vida e integridad de candidatos y funcionarios públicos, sino que erosiona los fundamentos mismos del sistema democrático al distorsionar la competencia electoral, disuadir la participación ciudadana y limitar la libertad de expresión. El futuro de la democracia ecuatoriana dependerá en gran medida de la capacidad del Estado y la sociedad civil para enfrentar la violencia política en todas sus manifestaciones, garantizando que los procesos electorales sean verdaderos espacios de debate democrático, libres de intimidación y violencia. Solo así podrá asegurarse que la voluntad popular, y no el miedo o la coacción, determine el rumbo político del país.
(*) Economista, analista económica Revista Gestión.
Last modified on 2025-03-09