Empresas de marketing político cobran entre $350 y $2.000 mensualmente por publicar propaganda política disfrazándola de notas periodísticas.
En febrero de 2025, Ecuador vivirá un nuevo proceso electoral y, aunque la campaña no ha comenzado oficialmente, estos espacios ya han empezado a facturar.
El Consejo Nacional Electoral no regula el contenido proselitista que circula en redes sociales, aunque hay un precedente legal que abre la puerta a la regulación.
“Son gobiernos y candidatos los que contratan estos servicios. Te dicen: yo necesito apoyo en redes sociales para dos cosas, 1. subir mi aceptación y 2. bajar la popularidad de mis oponentes”. Así relata el inicio de las estrategias de desinformación, a favor de la política, un joven ecuatoriano a quien llamaremos ‘Andrés’, pues pidió que se ocultara su identidad. ‘Andrés’ firmó una cláusula de confidencialidad con una empresa de marketing político con la que trabajó.
‘Andrés’ empezó como «investigador», con la tarea de buscar en Internet todo lo que hubiera de un candidato a la Presidencia de Ecuador. Luego pasó a la “granja de trolls”, como él llama al área de la empresa donde se crean perfiles falsos y se publica contenido. “El tiempo que trabajé ahí hicimos virales muchas cuentas, algunas que eran falsos medios de comunicación y otras en las que poníamos fotos de chicas desnudas para ganar seguidores y poder influir”, comenta.
Este es un asunto de falta absoluta de transparencia. Estrategias como las que narra ‘Andrés’ “son cada vez más frecuentes en el espectro digital ecuatoriano, sobre todo en procesos democráticos”, explica Marco López Paredes, director del Observatorio de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). En sus palabras, estas prácticas “intentan incidir en la percepción de la gente, a través de la construcción de noticiabilidad falsa, es decir que, de hechos existentes exageran, deconstruyen o reconstruyen información a beneficio o perjuicio del actor político al que están apoyando o tratando de afectar”.
A menos de tres meses de las elecciones presidenciales y legislativas de Ecuador 2025, investigamos varias cuentas de redes sociales que disfrazan sus estrategias de propaganda política con periodismo.
¿Quiénes están detrás de estas cuentas? ¿Cómo trabajan y cuánto cobran?
Ilustración: Jonathan Venegas-La Barra Espaciadora.
EL DATO EC: «¿QUÉ TENGO QUE DARLES O CUÁNTO TENGO QUE DARLES?»
Esta cuenta aparece en las redes X, Facebook, Instagram, Tik Tok y Youtube y se presenta como medio de prensa. Hasta octubre del 2024, este espacio se llamaba La Data Ecu, pero es manejado por un mismo grupo desde su creación, en 2020. Uno de los políticos que más frecuentemente aparece en los contenidos de estas cuentas es el presidente, Daniel Noboa Azín.
#Urgente "¡YO PREFIERO ESTAR DONDE USTEDES ESTÁN, EN TERRITORIO!"
— El Dato Ec 🇪🇨 (@ElDatoEcua) November 26, 2024
El presidente Daniel Noboa Azín afirmó que: "No vamos a detenernos hasta devolverles lo que nunca debieron perder: su dignidad y esperanza".@ElDatoEcua👈#ElDato #Ecuador #DanielNoboa #Gobierno pic.twitter.com/CGU5wyyKmi
A menos de tres meses de las elecciones 2025, La Barra Espaciadora investigó varias cuentas de redes sociales que disfrazan sus estrategias de propaganda política con periodismo. ¿Quiénes están detrás? ¿Cómo trabajan y cuánto cobran?
Melanie Pincay –quien desde octubre de 2024 figura como gerente general de El Dato EC S.A.S., en los registros oficiales de la Superintendencia de Compañías– nos confirmó que solamente están haciendo una “reestructuración, pero que el equipo se mantiene”. Pincay también es presidenta de una compañía llamada Agencia Media EC Groupmedia S.A.S., que fue creada el mismo mes y el mismo año que El Dato EC.
Datos públicos de la Superintendencia de Compañías, hasta noviembre del 2024.
Estas empresas manejan planes de contenido para candidatos por $2.000 al mes, que incluyen: 10 post en todas sus redes sociales, 2 entrevistas en sus espacios de transmisión en vivo Termómetro político y Elecciones 2025, 8 cortes de video para historias y 1 cobertura. Sus operaciones de propaganda política están en plena vigencia aunque la campaña electoral se inicia oficialmente el 5 de enero.
Susana Mancheno –presentadora y miembro del equipo de El Dato Ec– aseguró que los candidatos ya están empezando a contratar sus servicios “porque no somos publicidad ni tampoco estamos promoviendo la campaña; nosotros como medio manejamos la estrategia de difundir información, sin necesidad de hacerla notar como campaña”, reconoció.
Como parte de su estrategia, El Dato EC publica noticias sobre la persona que les contrató. El equipo de esta empresa habla sobre algún tema de coyuntura “sin necesidad de mencionar que es candidato a la Asamblea”, explicó Mancheno.
Hace dos años, contactamos a Marjorie Fuentes –quien se presentaba en distintos chats de periodistas como representante de La Data– con el fin de verificar información publicada en sus cuentas. En ese momento, ella confesó que ese espacio digital “empezó por un proyecto de universidad” y que ”era algo de aficionados”. Con respecto a quienes estaban registrados como representantes legales de la Compañía de Publicidad La Data-Ecu S.A. dijo: “Ellos no tienen idea de lo que pasa. Son amigos que prestaron el nombre el momento en el que se hizo el nombramiento”.
“¿Qué tengo que darles o cuánto tengo que darles? –le dijo Fuentes a un reportero de La Barra Espaciadora–; no quiero que salgan los nombres de ellos. Si hay algún problema puedes culparme a mí, con mi nombre y apellido”.
La Data-Ecu S.A. sigue existiendo en los registros de la Superintendencia de Compañías. Como gerente general consta Cristhian López Tello y como presidenta, Angie Flores Maurad. Intentamos contactar a estas personas pero fue imposible ubicarlas. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) de Flores muestra que su razón social corresponde a “actividades económicas de servicios de venta al por mayor y menor” y “ventas de publicidad”.
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Datos públicos de la Superintendencia de Compañías, hasta noviembre del 2024.
En un informe de investigación titulado Contenidos informativos para la red social Facebook del programa digital La Data, que presentó Sara Merchán Cercado como proyecto de titulación de la maestría en Comunicación, de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, en el 2023, consta que en el 2023, la directora encargada de la plataforma era Jessica Sinche Quinto, quien en su cuenta de LinkedIn se presenta como empleada del área de compras públicas en la Prefectura del Guayas.
«EMPEZAMOS A PUBLICAR MENTIRAS DIRECTAMENTE»
En octubre de 2024, la periodista de investigación María Sol Borja publicó en una de sus cuentas en redes sociales: “Hay que dejar de llamar medios a pasquines como La Data o El Dato (o como se llame luego), Urgencia Ecuador o El Portal Ec, cuyo propósito es disfrazar de periodismo a la desinformación y la propaganda política claramente direccionada”.
Estas cuentas de redes sociales publicaron ataques contra ella, cuestionando su profesionalismo debido a que su padre, Diego Borja, es candidato a vicepresidente por el partido Revolución Ciudadana. Incluso le enviaron mensajes directos desde el perfil de El Dato Ec diciéndole: “Cuando a usted le hacen bullying es la primera en llorar a Fundamedios, usted no es nadie en el Ecuador para calificar”.
En septiembre de 2024, algo parecido le ocurrió a la periodista Yalilé Loaiza, a quien acusaron de ser pagada por el medio del gobierno ruso Russia Today, después de que compartió públicamente dos investigaciones que criticaban la gestión del gobierno de Daniel Noboa.
Los supuestos medios de comunicación Alerta Ecuador, Focus Ec, Unidos por Loja y La Tkla 105.7 FM compartieron, en sus perfiles de redes sociales, el mismo mensaje en el que aseguraban que la periodista es “financiada por el correísmo” y que intentaba “desestabilizar la democracia”.
Para María Sol Borja, estos ataques son una forma de desprestigiar al periodismo porque “ocupan el espacio que no les corresponde… ellos pueden ser cualquier cosa menos medios de comunicación, porque simplemente no cumplen los estándares mínimos del periodismo y pretenden ampararse en garantías que los estándares internacionales y convenios ofrecen al periodismo por la función que cumple, sin ellos cumplir con las obligaciones del periodismo”, dijo la conductora del programa Esto no es político a La Barra Espaciadora. “Es un desafío para el periodismo y para los ciudadanos diferenciar y definir qué es un medio de comunicación”, dijo Borja y exigió un mínimo de transparencia sobre quienes están detrás de estos espacios y cómo se financian.
Diego Zambrano, abogado experto en temas electorales y profesor universitario, explica que una cuenta de redes sociales se considera medio de prensa cuando “tiene como característica sobre todo la permanencia, programas a horas estables y un enfoque informativo”. Esto se enmarca en el Reglamento de Promoción Electoral vigente.
En estos casos, dijo que “el CNE está obligado a controlar las redes sociales por la Constitución, por el Código de la Democracia y por una jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE)”.
Coincide con él Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, quien explicó que “ya existen sentencias del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en las que se ha pronunciado sobre la utilización de redes sociales y sobre los actos que pueden constituir infracciones electorales. Ya hay sanciones de destitución, suspensión y multa”.
La sentencia a la que se refirió Jaramillo es la que emitió el TCE el 8 de mayo de 2024, como resolución del caso de Alembert Vera, quien fue destituido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), con una multa de $22.000 y cuatro años de suspensión de derechos políticos, por infracciones electorales graves relacionadas con redes sociales y apoyo político indebido.
Sin embargo, Geovana Guano, directora nacional de Fiscalización y Control del Consejo Nacional Electoral (CNE), respondió, a inicios de octubre de 2024, en una entrevista con Ecuavisa -cuyo audio nos proporcionaron desde el departamento de comunicación del CNE- que: “En nuestra propia normativa se exceptúa el tema de las redes sociales”. De acuerdo con su postura, la resolución del TCE “es para los participantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.
Hemos solicitado entrevistas directas sobre este tema con Guano y con los consejeros José Cabrera y Enrique Pita, a través de sus departamentos de comunicación, pero hasta la fecha de esta publicación no hemos obtenido respuesta.
En el caso de publicaciones en redes sociales de particulares, aunque se autodenominen medios de comunicación, pero no cumplan con las características necesarias, Zambrano dijo que el control de la propaganda electoral es “muy complejo porque no se puede atribuir la autoría ni el beneficiario”, incluso porque muchas de estas cuentas actúan desde otros países. A pesar de esto, aclaró que “cualquier ciudadano que identifique una infracción electoral puede presentar una denuncia”.
Ilustración: Jonathan Venegas-La Barra Espaciadora.
‘Andrés’ recuerda que en su paso por la agencia de marketing político, el equipo creó un perfil en el que compartía noticias. “Al principio eran hechos reales, con elementos informativos, porque había profesionales de todo tipo, incluso periodistas -cuenta-, eso hicimos hasta tener miles de seguidores y luego sí empezamos a publicar mentiras directamente en las que poníamos: el presidente tal no está cumpliendo lo que dijo, entonces no podemos confiar en él”.
‘Andrés’ describe la oficina en la que trabajaban como un cuarto grande sin paredes, solo con mesas, en las que unas 40 personas “le daban vida” a 50 perfiles cada una. “Nos pagaban $700 y la meta era hacer al menos 200 comentarios al día y teníamos que conectarnos a las transmisiones en vivo para apoyar a los candidatos o insultarles, dependiendo del caso”, dice.
Según Guido Moreno, experto en marketing político, a estas estrategias les llaman “campaña dos, campaña negra o lado B de la campaña” y “absolutamente todas las campañas electorales las usan, no solamente en Ecuador”. Constan de tres pilares: “1. hay personas detrás, 2. existen plataformas y 3. circula dinero que ayuda a mantener todo vivo y trabajando constantemente”, explica Moreno.
De acuerdo con información de otra fuente relacionada con campañas de marketing -quien pidió que se proteja su identidad-, muchas empresas tienen sus centros de operación en otras provincias o países para no ser detectadas y esa logística puede costar el doble o el triple de lo que cuesta una campaña oficial.
PD TRENDY: «DESDE EL LADO B PODEMOS TRABAJAR EN LA COMPRA DE SEGUIDORES»
Este espacio digital -administrado por PD Agencia– genera contenido aparentemente informativo en las plataformas de Youtube e Instagram. Según Israel Mena, director de estrategias de marketing de esta agencia, “PD Trendy es un medio digital” con el que llegaron a “120 mil seguidores nuevos en 5 meses, entre 20 a 25 mil seguidores por mes, y algunos videos llegaron a más del millón de vistas en TikTok”.
A través de un chat de WhatsApp, Mena dijo que su equipo podía “crear un medio parecido [a PD Trendy] solo para el candidato o incluso para todo el partido”.
“Desde el lado B podemos trabajar en la compra de seguidores, comunidad digital de apoyo, bots de posicionamiento [programas de software con comportamiento humano] y generación de tendencia en X”, explicó. El costo depende de la cantidad de contenido que se contrate y se puede usar “algo mixto con inteligencia artificial y personas”.
Según Guido Moreno, antes las agencias robaban fotos de personas reales para usarlas en las fotos de perfil, pero ahora usan la inteligencia artificial para generar esas imágenes.
Como referencia, Mena comentó que un paquete básico de 4 videos por día, 80 videos por mes, más pauta digital, costaría aproximadamente $1.200, si son videos de estudio, y $1.800 si se producen videos en la calle.
“Por ser temas políticos toca ser muy sencillos con el guión y las fuentes, pero tendríamos que analizar los temas muy bien y crear un buen guión y combinar con noticias que agraden a la audiencia y noticias que ayuden al partido”, explicó.
En su perfil de LinkedIn, PD Agencia se muestra como una empresa de Ecuador, Colombia y España, que está vigente desde 2015. Está registrada en la Superintendencia de Compañías como ISANTE PUBLICIDAD DIGITAL S.A.S., desde abril del 2021, y constan, como Gerente General, Santiago Mena y como accionistas, Israel Mena, Esteffany Dorado y Katherine Valdiviezo
RED ECUADOR MEDIA: «DAMOS A CONOCER AL CANDIDATO A TRAVÉS DE NUESTRAS PLATAFORMAS DIGITALES»
Según se lee en su cuenta de X, Red Ecuador se creó en diciembre del 2022 y al momento tiene más de 15.677 seguidores. Mantiene un espacio con formato de noticiero y postea y repostea información con tendencia favorable al gobierno de Noboa y a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.
Una de las personas que trabaja en este supuesto medio de comunicación es Marjorie Fuentes, la misma persona que hace unos años trabajaba en La Data Ecu. Según Fuentes, actualmente en este espacio se manejan paquetes de 3 publicaciones a la semana por un precio de $350 mensuales, que incluyen un ‘reportaje’ y una ‘entrevista’ en su supuesto espacio de noticias.
“Hacemos un trabajo de hormiga. Damos a conocer al candidato a través de nuestras plataformas digitales, le damos el espacio de 25 minutos donde puede hablar todos los temas que desee a favor de él”, confesó Fuentes.
Red Ecuador está en Instagram, X, Youtube, Tik Tok y Facebook. “Actualmente, nosotros también trabajamos creando el contenido a otros políticos. Nos manejamos 100% profesional, o sea, somos totalmente imparciales. No es que decimos: ah, esta línea es correísta no voy a publicar. No, para nosotros lo que cuenta es generar el contenido y hacer un buen trabajo”, explicó Fuentes.
La empresa se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías como AgencyRedEcuador S.A.S.
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Datos públicos de la Superintendencia de Compañías, hasta noviembre del 2024.
Las oficinas de este supuesto medio de comunicación están registradas en el edificio The Point, en Guayaquil, la misma dirección que registra El Dato Ec.
Fuentes confirmó que el CEO de este espacio digital es Roberto Parreño, quien además figura como Presidente de la empresa. De acuerdo con lo que Parreño publica en sus perfiles de redes sociales, se graduó en Estudios de Comunicación en el Queens College y vive en Nueva York. Además, maneja otros giros de negocios y actividades en Estados Unidos.
A noviembre de 2024, la compañía registra un capital suscrito de $20.000.
NO HAY IDEOLOGÍA, SOLO DINERO
“Estas empresas hacen todo por plata”, asegura ‘Andrés’ y recalca que “no es ninguna ideología política ni nada. Haces lo que sabes para el que te contrate y si gana bien, te quedas más tiempo, y si no gana tampoco pasa nada, hay otros que te van a contratar”.
‘Andrés’ recuerda la gran cantidad de chips de celulares que tenían. Los guardaban en un archivador y servían para validar los perfiles de redes sociales. Para ellos “lo más complicado era que las plataformas les bloqueen las cuentas porque podían perder el trabajo de muchos meses. Hay que estudiar full, porque cada red social tiene su lógica y por eso también cobran tanto por una estrategia así, porque está hecha por personas reales, lo más real posible”.
López Paredes dice que en tiempos de elecciones las cuentas falsas manejadas por bots producen al menos el 50% del contenido que se publica en redes sociales y, en este panorama: el 72% de la población se informa de temas políticos a través de redes sociales, según datos recientes del Observatorio de Comunicación de la PUCE.
En el mundo, casos como el de Cambridge Analytica dejaron precedentes sobre cómo una campaña diseñada para manipular la opinión pública pudo influir en las elecciones de Estados Unidos, en el 2016. A través de un test de personalidad, la consultora recolectó datos de 87 millones de usuarios de Facebook que utilizó para desarrollar perfiles psicológicos detallados para enviar mensajes políticos personalizados.
La cantidad de dinero que genera esta actividad, hace que en un episodio de El Hilo podcast sobre desinformación y el voto latino en Estados Unidos se hable del “negocio de la desinformación”, que en 2021 generó, solo en Estados Unidos, más de mil millones de dólares en ingresos, y más de 2 mil millones de dólares en todo el mundo.
LOS ESTADOS Y LAS EMPRESAS SON LOS PRINCIPALES RESPONSABLES
Paloma Lara Castro, coordinadora de Políticas Públicas de la organización Derechos Digitales, dice que la desinformación no es un fenómeno nuevo, pero que “la tecnología ha hecho posible que diversos actores creen, difundan y amplifiquen información falsa o manipulada por motivos políticos, ideológicos o comerciales a una gran escala, velocidad y con un alcance sin precedentes”.
Lara Castro asegura que la desinformación “es un problema de derechos humanos que es agravado por un desorden informativo” y que “tiende a prosperar ahí donde los derechos humanos son limitados, donde el régimen de información pública no es sólido y donde el nivel de calidad, diversidad, independencia de los medios de comunicación es bajo”.
La libertad de expresión, según Lara Castro, es lo más importante en el marco de los derechos humanos, porque cuando cumple con los parámetros de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad es un “antídoto” contra la desinformación y “los periodistas y otras personas son capaces de cuestionar las falacias y presentar otros puntos de vista”.
En el 2021, Irene Khan, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, propuso una “regulación inteligente” para enfrentar la desinformación e instó a las empresas a que revisen su modelo de negocio y a los estados a que adopten respuestas multidimensionales potenciando los medios de comunicación libres, independientes y diversos, invirtiendo en alfabetización mediática y digital y reconstruyendo la confianza en las sociedades.
En el contexto mundial, Lara Castro cita a países como Brasil, Nicaragua y Estados Unidos, donde han tenido lugar algunas de las campañas de desinformación más grandes por parte de políticos. Por esto asegura que “los Estados son los principales responsables de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos”, siempre de una forma equilibrada en la que “no restrinjan la libertad de expresión en línea y tampoco fuera de Internet como medidas de represión”.
Las grandes corporaciones dueñas de las redes sociales tienen un papel importante en el urgente combate a la desinformación. Lara Castro dice que en este momento, los Estados y las empresas “tienen respuestas insuficientes ante este problema sin precedentes que genera agravios políticos, sociales y económicos en el mundo real”.