El 17 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó la ley que establece un plazo de 12 semanas de gestación en mujeres adultas y 18 semanas en niñas, adolescentes y mujeres indígenas que busquen interrumpir el embarazo tras haber sido violadas. Los plazos, sin embargo, fueron establecidos sin tomar en cuenta aspectos técnicos. Más de tres de cada 10 mujeres han sufrido de violencia sexual en el Ecuador. En 2020, se registraron 1.631 nacidos vivos hijos de niñas de 10 a 14 años de edad, es decir, cuatro niñas dan a luz cada día en el país. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece como violación todos los casos en los que la víctima sea menor de 14 años. Solo en 2020 hubo al menos 1.631 violaciones a niñas que terminaron en embarazos.
El 28 de abril del 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto por violación en el país. Antes, estaba permitido únicamente en casos en los que la vida de la mujer corra peligro o por violación de mujeres con discapacidad. Lo que estaba pendiente era legislar un texto que fijara los requisitos para hacerlo, con la indicación de la Corte de no poner trabas.
Sin embargo, la falta de un acuerdo sobre el límite temporal conllevó a un polémico debate en la Asamblea que se resolvió en una segunda votación y tras reducir las semanas de plazo para mujeres adultas. El texto aprobado redujo de 16 a 12 semanas (3 meses) el tiempo para interrumpir el embarazo en mujeres adultas y dejó en 18 semanas (4 meses y medio) para las menores de edad y mujeres indígenas y de zonas rurales. Con esta reforma, la norma alcanzó los 75 votos (de los 70 necesarios), 41 negativos y 7 abstenciones.
El tiempo fijado carece de un análisis técnico sobre la situación real de las mujeres, la violencia sexual a la que están expuestas, las afectaciones socioeconómicas, de bienestar, emocionales y de calidad de vida que implica un embarazo producto de una violación. Además, era fundamental un análisis sobre el tiempo promedio que le toma a una mujer darse cuenta de que está embarazada y tome la decisión de interrumpirlo después del trauma de la violación, especialmente a niñas y adolescentes.
327 DE CADA MIL MUJERES HAN SUFRIDO VIOLENCIA SEXUAL EN ECUADOR
En 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realizó la Encuesta de Violencia contra las Mujeres (ENVIGMU) a mujeres de 15 años y más, en la cual se evidencia el gran porcentaje de violencia de género que sufren las mujeres ecuatorianas.
El 64,9% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en su vida (Gráfico 1). La más frecuente es la violencia psicológica (56,9%), la conducta dirigida a causar daño emocional, disminuir el autoestima, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal o degradar la identidad cultural.
Le sigue la violencia gineco-obstétrica (47,5%), que es toda acción u omisión que limita el derecho de las mujeres embarazadas o no a recibir servicios de salud ginero-obstétricos. Además de las preguntas para identificar la violencia obstétrica en agresiones en los procedimientos de parto, la ENVIGMU también identifica las agresiones a las mujeres que han tenido un aborto.
Más de un tercio de las mujeres han sufrido violencia sexual, el 32,7% de mujeres fueron víctimas de acciones que implican la vulneración del derecho a la integridad y decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación.
La anterior ENVIGMU se realizó en el 2011, y el tipo de violencia que más se incrementó en ambos periodos fue la sexual, pasó de 25,7% en 2011 a 32,7% en 2019. La cifra es mayor entre adolescentes de 15 a 17 años (45%) y es particularmente severa entre las niñas menores de 14 años.
Al desagregar la violencia por distribución territorial, las cifras oficiales indican que la provincia con mayor nivel de violencia es Azuay, donde 79,2% de las mujeres ha sufrido cualquier tipo de violencia, seguida de Morona Santiago (78,9%), Napo (77,7%) y Cañar (74,9%).
Gráfico 1
Violencia de género por tipo a 2029
Dentro de la violencia sexual, la encuesta obtiene resultados específicos sobre violaciones. Pablo Gómez, en su tesis “Implicaciones socioeconómicas y costos económicos de la penalización del aborto en el Ecuador (2014-2019)” desagrega los datos de la ENVIGMU, evidenciando así que de todas las violaciones, excluyendo las de pareja o ex pareja, 33,3% fueron cometidas por padrastros, hermanos, padres y otros parientes, es decir, en el ámbito familiar. El 38,5% de violaciones fueron perpetradas por vecinos, padrinos o compadres, es decir, en el ámbito social cercano a la víctima.
UNA DE CADA 10 MUJERES FUE ABUSADA SEXUALMENTE EN SU INFANCIA Y ADOLESCENCIA
En julio de 2021, las organizaciones Care, World Vision, Plan Internacional y el Programa Mundial de Alimentos presentaron el informe “Análisis Rápido de Género”. Los resultados se obtuvieron a partir de encuestas y grupos focales. El informe indica que solo entre 2015 y 2017 hubo 718 casos denunciados de violación sexual contra niñas menores de 10 años, además, la Fiscalía General del Estado recibe un promedio de 14 denuncias de violación por día y tres de las 14 denuncias provienen de víctimas niñas menores de 14 años de edad.
Gran parte de los casos de violencia sexual hacia niñas y niños se produce dentro del sistema educativo nacional. El Ministerio de Educación registró 4.584 denuncias, lo que representa el 17% del total de casos de abuso sexual de niñas y niños denunciados. El 65% de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares y personas cercanas a la familia, el 40% ocurrieron en múltiples ocasiones y el 14% fueron abusos sistemáticos, señala el informe.
La misma encuesta para el año 2011 identificó que en el país una de cada 10 mujeres fue abusada sexualmente durante su infancia y adolescencia. Al 46,3% le sucedió en su niñez y al 53,84% cuando tenía entre 13 y 17 años de edad (Gráfico 2). De las mujeres que han sufrido abuso sexual antes de los 18 años, 18,8% fue a los 14 años.
Gráfico 2
Mujeres que han sufrido abuso sexual antes de los 18 años, por edad
CUATRO NIÑAS ENTRE 10 Y 14 AÑOS Y 118 ADOLESCENTES DAN A LUZ CADA DÍA EN EL PAÍS
En el año 2020, se registraron 1.613 nacidos vivos hijos de niñas de 10 a 14 años de edad, de acuerdo con las cifras del Registro Estadístico de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales del INEC. Lo que significa que cuatro niñas dan a luz cada día en el país. Esto responde a una tasa de dos nacidos vivos por cada 1.000 niñas de ese rango de edad (Gráfico 3).
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 171 establece como violación y penaliza al acceso carnal donde exista penetración en todos los casos cuando la víctima sea menor de 14 años. Por lo que únicamente en 2020 hubo al menos 1.631 niñas violadas que terminaron con embarazos.
En cuanto al embarazo adolescente, en 2020 se registraron 43.260 nacidos vivos hijos de adolescentes de 15 a 19 años de edad, lo cual corresponde a una tasa de 54,6 nacidos vivos por cada 1.000 adolescentes en ese rango de edad (Gráfico 3). En Ecuador, 118 adolescentes dan a luz cada día.
Estos datos no incluyen los casos de muerte del feto o de interrupción del embarazo, lo que incrementaría el número de embarazos infantiles y adolescentes. A pesar de los avances registrados en el país en cuanto al embarazo adolescente, Ecuador se mantiene como uno de los países con más altas tasas de embarazo adolescente en América Latina.
Gráfico 3
Tasa específica de nacidos vivos de niñas y adolescentes
El informe de las organizaciones mencionadas indica que el embarazo adolescente está vinculado a un mayor riesgo de mortalidad materna y neonatal, mayores posibilidades de sufrir desnutrición crónica e impactan en la trayectoria educativa, laboral y emocional de las niñas y adolescentes y de sus hijos.
Esta situación podría haberse agravado durante la crisis sanitaria, dada la disminución al acceso a anticonceptivos. Durante la pandemia, no solo se afectó el abastecimiento de anticonceptivos en el sector público, sino también disminuyó la demanda por no acudir a centros sanitarios y las restricciones de movilidad.
En Ecuador, 150.114 mujeres habrían dejado de acceder a anticonceptivos proporcionados por los servicios públicos. Esta situación en las adolescentes, puede implicar problemas de salud pública relacionados con abortos en condición de riesgo, indica el informe.
Además de las consecuencias físicas y emocionales del embarazo adolescente, también se generan pérdidas económicas. Los estudios demuestran que interrumpir la educación incide directamente en la vida laboral futura e incrementa los gastos de cuidado, aumenta la dependencia económica (durante y después del embarazo) y puede ocasionar serios problemas en la salud física de las madres niñas y adolescentes, llegando hasta la mortalidad.
EL COSTO DE MANTENER PENALIZADO EL ABORTO ES DE $ 39,15 MILLONES
La interrupción voluntaria del embarazo es un hecho en el país, sea o no legalizado. Gómez identificó que el costo de mantener penalizado el aborto durante el periodo 2014-2019 fue de $ 39,15 millones, un promedio de $ 6,5 millones cada año.
El análisis toma en cuenta los costos de atención hospitalaria (83,3%), de la Fiscalía General del Estado (0,4%), del Consejo de la Judicatura (0,8%) y de la productividad por muerte prematura (15,6%), además de los años de vida perdidos por las mujeres que fallecieron por razones relacionadas con la penalización del aborto, que suman 2.435 años.
Para el año 2019, el costo total de salud fue de $ 2’058.232, los años de vida perdidos fueron 224 y el valor económico de los años perdidos por la muerte de las mujeres sumó $ 555.062.
A pesar de que la aprobación de la ley por parte de la Asamblea fue hecha sin ningún criterio técnico, es un paso importante para las mujeres que sufren de violencia sexual en el país y que, además, si quedaban embarazadas debían tener al hijo obligatoriamente, con todos los cuidados que implica. Una violación tiene fuertes afectaciones psicológicas y emocionales para la mujer, más aún si debe cuidar de un hijo producto de esta.
Además de la aprobación y despenalización del aborto por violación, son imprescindibles las acciones para disminuir la violencia contra la mujer por su género y el cumplimiento de las penalizaciones para los violadores. Esta nueva excepción para las víctimas de violación, sin embargo, aún debe superar un paso adicional: el veto presidencial.
(*) Analista económica de Revista Gestión.
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Last modified on 2022-02-24