La violencia y desatención a la niñez y adolescencia en Esmeraldas han provocado que en los últimos cinco años más de 28 mil niñas, niños y adolescentes abandonen las aulas de clases, según datos del Ministerio de Educación. Las y los estudiantes se enfrentan al empobrecimiento, los desastres naturales e incluso, la captación por parte del crimen organizado.
Tamara (nombre protegido) tiene 35 años de edad y es madre de un adolescente de 15 años, un niño de 11 y otro de 6. En 2022, fue forzada a migrar desde Esmeraldas hacia Colombia para salvaguardar su vida y la de su familia.
Las extorsiones, la violencia, la crisis económica y la incertidumbre por la captación de niñas, niños y adolescentes para fines criminales, en la provincia, sumado a una amenaza de muerte a su hijo mayor, la empujaron a escapar.
“Los niños no podían estar en las calles porque inmediatamente sentíamos la intranquilidad de saber que podrían ser secuestrados, manipulados y reclutados. Les ofrecen dinero, regalos como zapatos, juguetes. Todo esto va en incremento y se volvió una incertidumbre constante”, dice Tamara.
Huir del crimen organizado en Esmeraldas obligó a los hijos de Tamara —al igual que, a más de 12 mil estudiantes en esa provincia entre el periodo escolar 2021 hasta el 2023— a abandonar sus escuelas y colegios.
¿QUÉ DICEN LOS DATOS ESTADÍSTICOS?
La situación educativa en la provincia de Esmeraldas históricamente ha sido compleja. Esto se evidencia en el hecho de que, para el año lectivo 2021-2022, un total de 6.760 niñas, niños y adolescentes han salido del sistema educativo nacional.
De acuerdo con los datos de los registros administrativos del Ministerio de Educación (Mineduc), el abandono escolar en la provincia se profundiza desde el subnivel de Educación Básica Superior, es decir, en niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 14 años.
Comparativamente, en el periodo lectivo 2017-2018 y el 2021-2022, en estos rangos de edad, hubo un incremento de abandono escolar del 34.9%, pasando de 1.784 estudiantes que abandonaron sus estudios para el primer periodo, a 2.407 en el segundo periodo de análisis. Esto resulta también evidente con las y los adolescentes y jóvenes de bachillerato.
Si bien, históricamente a nivel nacional la asistencia a bachillerato disminuye, pues muchos de las y los jóvenes desde los 15 años de edad se insertan en el mercado laboral, sobre todo informal. El abandono escolar se incrementó de manera significativa en la provincia de Esmeraldas, superando en 2.52% el promedio nacional en el periodo lectivo 2021-2022.
Tanto en niñas, niños y adolescentes de entre los 12 y 14 años de edad, como en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 17 años de edad que abandonan sus estudios, el mayor porcentaje se centra en hombres, con más del 58% en ambos casos.
Según los datos abiertos disponibles en la página del Ministerio de Educación La provincia reflejó durante el periodo 2021-2022 una tasa de deserción escolar de un 3.95%. En el año lectivo 2022-2023 la cifra se incrementó a un 7.03% de deserción escolar, es decir que 12.143 estudiantes abandonaron las aulas de clase.
Diana Castellanos, subsecretaria para la Innovación Educativa en una entrevista para el medio Primicias, en octubre de 2022, reconoció que una de las principales causas que empuja a las y los estudiantes a abandonar las aulas de clase es la violencia, sumado a la pobreza —expolio y despojo a la que se ve sometida la población esmeraldeña—, embarazos adolescentes y la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
La calidad de vida, vulnerable en muchos rincones del país como Esmeraldas, se desmoronó aún más y la educación pasó de ser un derecho a ser un privilegio para muchas niñas, niños y adolescentes.
El panorama no parece mejorar y el porcentaje de deserción podría incrementarse, durante el periodo lectivo 2023-2024, ya que, tras las inundaciones que se dieron en el mes de junio, después de que seis ríos se desbordaran, en varios cantones de la provincia de Esmeraldas, más de 13 mil estudiantes se retrasaron en sus estudios.
DESPLAZAMIENTO FORZADO, EXILIO Y EL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA
La provincia de Esmeraldas, ubicada en el norte de Ecuador, es un lugar rico en cultura, conocimiento, recursos y diversidad étnica indígena, afrodescendiente, mestiza y montubia: es allí donde se concentra el 33.88% de la población afroecuatoriana, pero también es una zona que se mantiene en una grave crisis de violencia y el panorama continúa empeorando.
De acuerdo a InSight Crime, la ciudad de Esmeraldas, cabecera del cantón homónimo y capital de la provincia, en 2019 registraba 10 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2022, se convirtió en una de las ciudades más inseguras de América Latina, alcanzando 81 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, superando así el promedio nacional de 22 muertes por cada 100 mil habitantes.
Estas cifras reflejan un aumento exponencial de la violencia y la falta de garantías por parte del Estado para responder de manera adecuada a la ciudadanía esmeraldeña. Como consecuencia, el miedo y la desesperanza se apoderan poco a poco de quienes viven en la provincia.
El análisis de InSight Crime señala que el aumento del tráfico de cocaína y los enfrentamientos entre bandas de crimen organizado son la raíz de esta problemática, pero el sociólogo afroesmeraldeño Ismael Bernal, asegura que la semilla de esta violencia se halla en el abandono estatal y la precarización de la vida.
«Esmeraldas ha sido olvidada por los poderes de turno en el país, y su territorio ha sido abandonado a su suerte. La falta de control, el eco de una deuda histórica en servicios básicos como el agua y la privatización de lo público, han desencadenado una tormenta que arrastra a los más vulnerables: los niños, niñas y adolescentes», explica el especialista.
Jonaiker (nombre protegido), adolescente de 15 años de edad, es uno de los tantos jóvenes que tuvo que salir forzosamente de Esmeraldas porque recibió una amenaza de muerte a causa de algo tan simple como un dibujo en una camiseta.
“Llevaba una camiseta con el símbolo de un lagarto con la palabra ‘Lacoste’ [una réplica de la marca original]. A causa de eso recibí un atentado contra mi vivienda y una amenaza de muerte porque según quienes me amenazaron, esto representaba que yo pertenecía a una banda contraria. Después de eso, mi familia y yo nos fuimos. Tuve que dejar mi colegio, mis amigos y los sitios donde solía juntarme con mis vecinos. Era eso o morir”, cuenta.
La deserción escolar es un reflejo de cómo los tentáculos de la violencia y la falta de seguridad arrebatan las oportunidades a niñas, niños y adolescentes. A esto se suma, según el trabajador social afroesmeraldeño, Hugo Bone que “grupos de delincuencia organizada suplen las necesidades que tienen niños y adolescentes para cooptarlos”.
Este escenario hace que familias como la de Tamara y Jonaiker tomen la decisión de salir de Esmeraldas y abandonar sus hogares para salvaguardar la vida de sus hijas e hijos.
Según el reporte de monitoreo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2022, el porcentaje de personas refugiadas que declaran ser sobrevivientes de violencia o abuso es mayor en la frontera norte, específicamente en Esmeraldas con un 28%, frente al 19% en otras partes del país.
Nataly Quiñonez, politóloga afroecuatoriana, explica que el reclutamiento de adolescentes por parte de organizaciones criminales se vuelve un callejón sin salida, pues no todas las familias tienen la capacidad de abandonar sus territorios y poder salvaguardar sus vidas.
Según la experta, muchas personas permanecen en estados de insilio, es decir, obligados a estar dentro de territorios vulnerados, y forzados al silencio; queriendo huir de estos lugares, pero sin alternativas reales de poder hacerlo.
“La falta de recursos económicos para poder migrar, facilita más la captación de niños y adolescentes que muchas veces son obligados, amenazados o manipulados por adultos y si no existen políticas reales y efectivas de seguridad o de protección a las infancias, pues ya estamos viendo los fatídicos resultados”, dice.
YA NO SE REÚNEN PARA HACER TAREAS, AHORA RECOGEN CASQUILLOS DE BALAS
Eugenia (nombre protegido), una madre de familia esmeraldeña, comenta que ahora debe parar sus actividades para ir a retirar a sus hijas e hijos al terminar las clases.
“Los delincuentes están en las puertas de salida de las escuelas acechando a nuestros hijos, les piden que sirvan como campaneros [espías] para averiguar sobre compañeros o sobre los mismos maestros, por eso ya a varios docentes los han amenazado o han atentado contra sus viviendas”, afirmó.
Así como Eugenia, otras madres y padres de familia de Esmeraldas denuncian que hay niños que, desde los ocho años de edad ya hacen “mandados” para grupos criminales, es decir, que cumplen órdenes y espían lugares específicos por encargo de líderes de bandas del crimen organizado, posterior a esto son inducidos a cometer otros delitos. Y es así cómo van cambiando los libros por armas.
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La realidad en Esmeraldas: carencias de lo básico y recrudecimiento de la violencia. | Foto: Ismael Bernal
El Mayor Jorge Guevara, Oficial de Investigaciones de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión de la Policía Nacional del Distrito Metropolitano de Quito (Dinased) menciona que otra de las grandes dificultades a las que se ven enfrentados como institución de investigación y estadística, sobre la muerte en adolescentes, radica en que no se posee datos certeros en la provincia de Esmeraldas de cuántas víctimas mortales suman.
Al llegar a realizar las pericias y levantamientos de los cuerpos, las familias por temor o decisión propia y prácticas propias de la cultura y ancestralidad no desean que sus hijos o familiares sean identificados a fin de precautelar su integridad de posibles represalias o ataques, son ellos mismos quienes antes que llegue las autoridades han decidido llevarse a las víctimas, velarlos o enterrarlos.
El sociólogo Ismael Bernal por su parte comenta que lo que sucede con las niñas, niños y adolescentes está relacionado con “una guerra simbólica y material marcada por la carencia de un sentido de pertenencia desde la niñez que los lleva a sostener una lucha por recursos materiales y económicos con los que no cuentan”.
Por su parte, María José Machado, abogada que trabaja temas de protección y derechos humanos de la niñez y adolescencia, complementa la idea mencionando que si las niñas, niños y adolescentes “no pueden pertenecer a un proyecto, a una comunidad afectiva, laboral, religiosa o cualquier otra por causa de su empobrecimiento, racialización, pocas oportunidades que han tenido, si no se sienten admitidos, pueden sentirse tentados a formar parte de estas organizaciones como una salida económica y un espacio de pertenencia a un colectivo y de reconocimiento”.
Niños jugando con una pelota de fútbol en Esmeraldas. | Foto: Ismael Bernal
La violencia se expande en Esmeraldas y esa amenaza llega también a las escuelas. El pasado 25 de julio de 2023 la ciudad vivió una jornada trágica: la Fiscalía y algunas gasolineras fueron amenazadas con artefactos explosivos, una unidad de transporte interprovincial fue incendiada, hubo explosiones de vehículos, amotinamiento en el centro de privación de libertad y balaceras en algunos barrios.
Mientras tanto, docentes, padres y madres de familia se refugiaban aterrorizados en el piso de una escuela junto a los niños y niñas, tal como se pudo ver en un video que se viralizó en redes sociales. Tras la violencia desmedida, el Gobierno de Guillermo Lasso decretó un nuevo estado de excepción por 60 días y la suspensión de clases.
La respuesta del Estado no ha sido efectiva y la provincia se debate entre estos regímenes especiales fallidos y la inacción del actual Gobierno que ha decretado hasta la fecha cinco estados de excepción y emergencia: el 18 de noviembre de 2021, por grave conmoción interna; el 29 de abril de 2022, por seguridad ciudadana; el 01 de noviembre de 2022 después de ataques a policías, autos e infraestructuras; el 03 de marzo de 2023, por el incremento de la delincuencia organizada, un estado de emergencia en junio de 2023 por el desbordamiento de los ríos (Súa, Tonchigüe, Teaone, Viche, y el río Blanco) que provocó inundaciones.
Y finalmente, el 25 de julio de 2023 por un amotinamiento en el centro de rehabilitación de varones de Esmeraldas, además de la declaratoria de zona de seguridad.
Todo esto mientras la crisis escolar en Esmeraldas y la región Costa se mantiene como una herida abierta que no cesa y que dejó 53 mil estudiantes sin matricularse en el periodo 2022-2023, ya sea por falta de recursos económicos o por la crisis de violencia que los convierte en objetivos de la captación por parte de las bandas del crimen organizado.
¿EL PLAN NACIONAL “ESCUELAS SEGURAS” HA LOGRADO MITIGAR LA VIOLENCIA EN ESMERALDAS?
El Estado tiene la responsabilidad de resguardar a la comunidad educativa y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes. Por ello, debido al incremento de la inseguridad en los alrededores de las instituciones educativas, el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional implementaron en octubre de 2022 el plan nacional “Escuelas Seguras” con el objetivo de prevenir la violencia y brindar espacios de protección.
Ocho instituciones educativas de la provincia de Esmeraldas forman parte de este plan debido a los altos índices de violencia y homicidios de niñas, niños y adolescentes. Según información recolectada por DINASED desde el 2021 hasta el 15 de agosto de 2023, la tasa de homicidios intencionales a adolescentes de 12 a 17 años 11 meses a nivel nacional fue de 384.
Mientras que, desde el 01 de enero de 2021 hasta el 24 de julio de 2023 en Esmeraldas 64 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados por bandas del crimen organizado, según la Dinased.
Según Castellanos, subsecretaria para la Innovación Educativa, se han presentado casos dentro del sistema escolar donde niños de ocho y nueve años son reclutados por las bandas delincuenciales, sin embargo, son los adolescentes de 12 años las mayores víctimas. Entre las causas de asesinatos se registra la resistencia de estas niñas, niños y adolescentes para formar parte de bandas criminales.
Otras, en cambio, han sido registradas como “víctimas colaterales” por temas de venganzas o por equivocación. Y finalmente, algunas víctimas han sufrido ataques pero han sobrevivido y luego huido a otras ciudades para salvar sus vidas.
Durante el lanzamiento del proyecto “Escuelas seguras”, en noviembre de 2022, Juan Zapata, Ministro del Interior, aseguró que en cada escuela y colegio, en los horarios de ingreso y salida, habría de cuatro a seis servidores policiales, dependiendo del espacio y tamaño de la institución.
Esto, debido a que ya habían ocurrido asesinatos de adolescentes en exteriores o alrededores de los planteles educativos, así como le ocurrió a Bryan T., un joven de 18 años que hacía fletes en una mototaxi y que fue asesinado el 7 de septiembre de 2022, cerca del Instituto Tecnológico Eloy Alfaro. Su madre lo esperaba en casa. Ese día, Bryan no llegó a la hora habitual y después de una transmisión en vivo de un medio de comunicación local de Esmeraldas, su madre se enteró de su muerte.
Sin embargo, es imposible establecer con certeza cuántos de estos asesinatos han ocurrido durante este último año, pues la Fiscalía no cuenta con registros y no se puede conocer el número exacto de adolescentes (hombres y mujeres) asesinados en los exteriores de sus instituciones educativas, en horarios de entrada y salida de clases.
Un asesinato similar ocurrió al culminar la jornada de clases del 15 de noviembre del 2022, un día después del lanzamiento del Plan Nacional “Escuelas Seguras”. Darío (nombre protegido), un joven de 16 años fue asesinado en los exteriores de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, cursaba el tercer año de bachillerato y se dirigía a su casa. Tras el ataque, dos de sus compañeras también resultaron heridas.
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Exteriores de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, en Esmeraldas. Imágenes del día donde asesinaron a Darío el 15 de noviembre del 2022.
Collage: Ismael Bernal
El desamparo es evidente. Personal docente de algunas escuelas y colegios de Esmeraldas, que fueron entrevistados para este reportaje comentan que no existe presencia policial en los planteles, a pesar de que algunas Unidades de Policía Comunitaria (UPC) están cerca.
Pese a las alertas que las madres y padres de familia han levantado sobre la captación de adolescentes y también, niñas y niños (que oscilan entre los 8 y 12 años de edad y se encuentran en la etapa escolar primaria) por parte de las bandas del crimen organizado, es imposible hacer una denuncia formal debido a que este tipo de reclutamiento forzado no está tipificado como un delito y la Fiscalía tampoco cuenta con el registro correspondiente.
Patricia M. (nombre protegido), una docente que ha vivido de cerca estos conflictos, considera que el Estado no puede brindar o garantizar algo que no tiene, refiriéndose a la seguridad. “Este es un Estado débil con un territorio bajo el control de bandas, no puede proteger a la ciudadanía y mucho menos cuenta con estrategias para proteger a niños, niñas y adolescentes. Estamos luchando solas”, expresa con la voz entrecortada.
Para la abogada María José Machado, la captación de niñas, niños y adolescentes por parte de bandas del crimen organizado y el encarcelamiento de los mismos es resultado de la falla del Estado y la falta de servicios de recreación cultural, artística u otras actividades para evitar que organizaciones paraestatales suplan necesidades básicas y tengan influencia.
Por ello, no basta con implementar un Plan de Escuelas Seguras, es importante también fortalecer la educación, promover entornos familiares adecuados y libres de violencia, al igual que espacios recreativos seguros, pues la violencia desmedida, sumado a la precarización, la falta de servicios públicos y la deserción escolar deja graves secuelas en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, enfatiza la abogada.
LA DESERCIÓN ESCOLAR, UNA CONSECUENCIA DE LA VIOLENCIA
El impacto de ser obligada a abandonar el lugar donde una persona crece y establece relaciones tanto comunitarias como identitarias es un duro golpe para las infancias y las adolescencias. Los lugares se convierten en espacios inhabitables, espacios en los que ya no se puede estar porque están declarados como territorio de alguna banda, hay una delimitación (se debe solicitar autorización o permiso a líderes o cabecillas que poseen control en ciertas zonas), para poder acceder a ciertos sitios como parques, canchas de fútbol o lugares públicos a los que antes la comunidad iba con tranquilidad.
Que Tamara y sus hijos abandonaran de manera forzada su hogar les obligó a dejar atrás una vida entera, recuerdos e incluso sueños. Al volver de Colombia a Ecuador, se asentaron sobre una zona rural, donde sienten que pueden vivir con un poco de tranquilidad, pero eso también tiene un costo emocional.
“Tuve que empezar de cero en un nuevo colegio, con mis hermanos. La costumbre de haber vivido en la ciudad que me permitía hacer ciertas actividades que en el campo no existen, me genera frustración, ira, rabia y dolor. Extraño mi antigua vida, a mis maestros y a mi ciudad”, dice Jonaiker, hijo de Tamara.
Reconoce que tiene varios problemas en su nuevo colegio debido a ciertos patrones de comportamiento propios del desencuentro con las nuevas dinámicas de un lugar al que no logra acostumbrarse. Menciona que el acoso escolar, por ser el “nuevo”, es algo que no esperaba vivir, el tema del racismo y la criminalización por comentar sobre la situación de violencia que se vive en el barrio de donde proviene, inmediatamente, según sus palabras, lo convierte en una persona sospechosa o a la que se le debe tener miedo.
Eso es lo único que se cuenta ahora sobre estos barrios mayoritariamente empobrecidos y cooptados por la lógica de la violencia y el despojo de los territorios para las actividades propias del crimen organizado.
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Collage: Ismael Bernal
Pero las consecuencias de la violencia y la deserción escolar van mucho más allá. Para Hugo Bone, trabajador social y activista afroesmeraldeño, la niñez y adolescencia en Esmeraldas también abandona la escuela y el colegio porque deben asumir otras responsabilidades como el trabajo de cuidado en sus hogares que, mayoritariamente, recae sobre las niñas y adolescentes.
“Esto responde a la estructura patriarcal del país que establece roles de género. Además, son hogares encabezados por mujeres que deben buscar el sustento y no pueden hacerse cargo del trabajo de cuidado en sus hogares», menciona.
Cuidar de bebés, familiares con discapacidad, personas enfermas o adultas mayores, así como cocinar para toda la familia y mantener el hogar limpio son actividades de trabajo no remunerado que las niñas y adolescentes ejercen, indispensable para el sostenimiento de la vida y del que también se benefician los grupos del crimen organizado. Al final del día, ¿quién cocina, limpia y cuida de quienes asesinan a la niñez y adolescencia en Esmeraldas?
En ese sentido, la búsqueda por atender la necesidad básica de cuidado y alimentación genera que la educación quede fuera de las prioridades de niñas, niños y adolescentes e incluso de sus familias. A veces ir a las escuelas y colegios implica tener acceso al derecho a la alimentación; específicamente al “desayuno escolar” muchos estudiantes perciben el ir a estudiar, como un mecanismo de supervivencia alimentaria.
El crimen organizado se ha adueñado de los espacios comunitarios y las niñas, niños y adolescentes no cuentan con muchos lugares recreativos o de desarrollo integral; esto los expone a altos niveles de violencia que pone en peligro su bienestar y sus vidas.
En relación al trabajo remunerado, los niños y adolescentes recurren a todo tipo de actividades para contribuir económicamente en sus hogares, mientras aspiran a alcanzar sus sueños como es el caso de Andrés (nombre protegido), un adolescente de 16 años de edad que anhelaba ser futbolista profesional para forjarse un futuro y contribuir con los gastos de su casa.
Trabajaba como ayudante en varios espacios de forma esporádica y fue asesinado en el sur de Esmeraldas. Él, así como otros adolescentes, trabajan en áreas como la construcción, en mecánicas de motos o talleres de bicicleta, expuestos a la explotación infantil, la precarización y la explotación laboral en edades tempranas.
Las consecuencias psicológicas también son evidentes. La psicóloga indígena Samay Cañamar es clara al mencionar que la atención de la salud mental en la niñez y adolescencia dentro de pueblos y nacionalidades —como la afroecuatoriana— son usualmente dejados de lado, pues existe mucho desconocimiento en el abordaje de los episodios de violencia de los que son víctimas y en cómo estos afectan al desarrollo integral de las comunidades.
Es necesario entender que la psicología es importante abordarla desde lo intercultural hasta lo espiritual y territorial, explica la especialista. “No nos debemos olvidar del desarrollo neuro integral de la niñez, estamos siempre pensando desde el adultocentrismo, muchos de los niños y niñas están pululando en el abandono, la soledad y el miedo”, comenta.
En ese sentido las niñas, niños y adolescentes merecen ser escuchados.
“Yo deseo que ya termine la violencia”, dice María (nombre protegido), niña de 10 años de edad. Este es un pedido generalizado en Esmeraldas, tanto así que, en julio de 2023, un grupo de niñas y niños del barrio Bellavista realizaron una cadena de oración pidiendo la paz y una vigilia en memoria de las personas asesinadas.
Y así, de manera reiterada van expresando su sentir, “Yo quiero poder ir a la playa y al parque sin miedo”, dice Juan, niño de 10 años de edad. “A mí me gustaría que podamos ir a la iglesia a orar», comenta Jordan, de 12 años de edad. “Quiero estudiar en mi escuela con mis maestras, para que no se vayan», manifiesta Yoselyn, de 9 años de edad. “Que la gente adulta no nos haga daño, yo quiero juntarme con mis vecinos”, dice Moisés, de 10 años de edad. “Ya no quiero ver muertos en las calles”, menciona Lucely, de 11 años de edad.
Todas voces de una niñez que ya no soporta este contexto de terror generalizado al que han sido sometidas.
Las escenas de violencia y asesinatos pasan a la vista de las niñas, niños y adolescentes. Es insostenible la permanente exposición a ver los cuerpos asesinados de sus vecinos, amistades, familiares. “Que ya no vivamos con miedo de que nos vayan a robar, quiero vivir en paz», manifiesta Olger, de 9 años de edad.
“Que mis derechos no se me quiten y pueda ser un niño feliz», enfatiza Luis, de 10 años de edad. “Quiero poder salir al desfile del 5 de agosto [fiesta de independencia de Esmeraldas] y mostrar las enseñanzas de mi escuela sin miedo de que pasen cosas malas”, finaliza Amelia, de 8 años de edad.
“No educamos en lo que decimos, ni en lo que hacemos, sino en lo que vivimos. Si estamos mal en nuestro territorio, la crianza positiva es imposible. Necesitamos cuidarnos física y emocionalmente, descansar y pedir ayuda cuando nos sintamos abrumados”, dice la docente Patricia M. Ella enfatiza en que un entorno seguro es imprescindible para el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes en sus hogares, en sus comunidades y en los programas educativos.
Al igual que lo es para cada profesional que ejerce la docencia, para que puedan trabajar y rendir plenamente. Los entornos seguros son una condición fundamental para una educación de calidad.
Por ello, la docente plantea la importancia de la etnoeducación como un “proceso educativo ancestral para romper las barreras de la desigualdad y la discriminación que busca, revitalizar la memoria colectiva, fortalecer la identidad, valorar los conocimientos y saberes, reducir los índices de exclusión. Y que sirva como una respuesta a este sistema educativo caduco”, tal como se plantea en el acuerdo 45 del Ministerio de Educación del 20 de mayo de 2016.
Incidir positivamente en el mejoramiento y comprensión de las realidades que viven las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias en la provincia de Esmeraldas es fundamental para su desarrollo personal, comunitario y su bienestar, al igual que una vida libre de todo tipo de violencia y la garantía de políticas públicas que hagan posible el respeto y ejercicio pleno de sus derechos para evitar que más familias como la de Tamara, Jonaiker y sus hermanos tengan que dejar sus hogares y huir para precautelar sus vidas y para evitar que otras familias como la de Eugenia tengan que vivir con miedo y zozobra sin un mañana esperanzador, temiendo por la vida de sus hijas e hijos. También, para que docentes como Patricia y expertos como Ismael Bernal y Hugo Bone puedan realizar su trabajo sin que eso represente un riesgo para su vida.
Es importante que el Estado y el gobierno planteen políticas oportunas en la provincia de Esmeraldas y para ello no solo basta con militarizar el territorio o decretar estados de excepción fallidos. Es importante que se le pregunte a la población esmeraldeña qué quiere, qué necesita y trabajar en conjunto, escuchando sus propuestas. Así también, reparar a las familias que han salido de Esmeraldas, que han perdido a sus hijos, hijas, hermanos y otros familiares en manos del crimen organizado y que se han visto obligados a migrar por los altos niveles de violencia.
Las personas que habitan la provincia de Esmeraldas, hacen un fuerte llamado de atención al Estado ecuatoriano para erradicar todo tipo de violencia de sus territorios. Claman por que se garantice la provisión de servicios básicos, la existencia de programas de reinserción escolar, soberanía y seguridad alimentaria, piden que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la provincia sean escuchados y se atienda de forma integral sus necesidades, poniendo su vida y su bienestar en el centro.
Mientras esto sucede algunas interrogantes quedan en el aire: ¿Cómo proteger y garantizar la permanencia de la niñez y adolescencia en el sistema escolar? ¿Cuánto deben esperar las familias de los adolescentes asesinados para tener justicia y reparación? ¿Cuándo podrán las infancias y juventudes esmeraldeñas tener derecho a habitar la ciudad y contar con espacios seguros libres de violencia? ¿Es una solución viable aplicar “mano dura” contra el crimen organizado en el contexto actual? Estos también son algunos de los retos que tendrá que enfrentar y resolver el Gobierno actual y el próximo.
