El mercado de carbono en Ecuador nació montado sobre grandes grietas legales y políticas: esquiva un mandato constitucional que prohíbe la venta de servicios ambientales y el ministro que diseñó el esquema que regula el sector consta como fundador, representante legal y accionista de una empresa que asesora en esta materia a empresas nacionales e internacionales. Además, aunque ya existe una norma, la Asamblea Nacional discute una nueva ley para los mercados de carbono.
La norma que hoy regula el mercado de carbono en Ecuador cumplió su primer aniversario. El Esquema de Compensación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), expedido el 16 de junio de 2023 por el Ministerio del Ambiente, sentó las bases para que empresas nacionales e internacionales compensen su huella ambiental. Es decir, para que reduzcan sus emisiones de carbono o compensen estos gases responsables del cambio climático a través de iniciativas de mitigación como el desarrollo de sistemas agroforestales, la generación de energía limpia, la restauración de ecosistemas o la conservación.
El documento sortea las restricciones constitucionales únicas que tiene Ecuador desde el 2008, cuando reconoció en su Constitución los derechos de la naturaleza y, como parte de eso, prohibió la venta de servicios ambientales. En consecuencia, en la norma no se habla de un “mercado de bonos de carbono”, como sucede en otros países.
Las iniciativas de mitigación venden bonos de carbono, cada unidad equivale a una tonelada métrica de estos gases retirados de la atmósfera. Infografía: Lorena Muñoz.
“Estamos promoviendo un enfoque retributivo para que sea armónico con la Constitución. No nos enfocamos en la venta de carbono, estamos regulando las compensaciones de carbono como un mecanismo de uso y aprovechamiento de los servicios ambientales relacionados al carbono”, le dijo a esta alianza periodística Karina Barrera, una de las personas que lideró la creación de esta política pública al interior del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), mientras fue subsecretaria de Cambio Climático durante el gobierno de Guillermo Lasso.
Además, hay cuestionamientos sobre el rol que jugó Gustavo Manrique, un conocido empresario quien fue ministro de Ambiente cuando se inició la construcción de la normativa y luego pasó a ser canciller cuando se aprobó. Fue uno de los pocos funcionarios de alto nivel que se mantuvo durante todo el gobierno del expresidente Guillermo Lasso.
Por si fuera poco, el instrumento comienza a implementarse en medio de una carrera para regular este mercado entre el ejecutivo y el legislativo, que podría provocar su derogación.
El Esquema pasó desapercibido en medio de la crisis política del año pasado, cuando el gobierno de Lasso invocó la norma de “la muerte cruzada”, por la cual se disolvió la Asamblea Nacional y se convocaron nuevas elecciones presidenciales en las que ganó Daniel Noboa.
Estos son algunos de los hallazgos de La Barra Espaciadora en el marco de la alianza periodística Carbono Opaco, liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) que reúne a 14 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina.
(Espera mañana un segundo reportaje sobre las preocupaciones sobre la falta de participación de pueblos indígenas en la norma.)
EL EXMINISTRO EMPRESARIO Y LA NORMA QUE REGULA SUS NEGOCIOS
Gustavo Manrique, exministro de Ambiente, durante un encuentro ministerial en la COP27, en Egipto. Foto: Ministerio del Ambiente.
El 24 de mayo de 2021, el banquero Guillermo Lasso asumió la presidencia de Ecuador. Días antes, Gustavo Manrique, un reconocido empresario que ofrece servicios ambientales desde el año 2000, entre esos la gestión de huella de carbono, fue anunciado como Ministro de Ambiente. El 5 de junio de ese mismo año, Lasso y Manrique comunicaron el cambio de nombre de la institución: dejaría de llamarse Ministerio de Ambiente y Agua para convertirse en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate).
El cambio se hizo a través del decreto ejecutivo 59, en el que se ordenó el “desarrollo de incentivos que tengan como objetivo la protección de la naturaleza y ecosistemas, reducción de impactos ambientales tales como gases de efecto invernadero”, entre otros. De esta manera, se impulsó el Programa Ecuador Carbono Cero (PECC), que había sido lanzado a finales del gobierno de Lenín Moreno, pero que entró en vigencia en octubre de 2021, cuando Lasso y Manrique ya estaban en el poder.
El PECC permite que empresas nacionales obtengan certificados por cuantificación, reducción y neutralización de su huella de carbono organizacional. En ese entonces, para que las compañías compensen las emisiones que no pudieron reducir en proyectos ecuatorianos y así alcanzar los certificados de neutralidad, hacía falta normar el mercado de carbono en Ecuador.
El siguiente paso sería crear el Esquema de Compensación, instrumento que se diseñó mientras Manrique ocupaba el mayor cargo de la autoridad ambiental nacional. El empresario dejó el puesto en abril de 2023 para convertirse en Canciller. Poco después, en junio de 2023, el Maate expidió la norma técnica que establece el Esquema de Compensación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Sade Fritschi, Ministra de Ambiente, durante la entrega de distintivos de Cuantificación de la Huella de Carbono, del PECC. Foto: Ministerio del Ambiente.
Ese Esquema de Compensación emitido en junio de 2023 podría favorecer a las empresas dedicadas al tema de bonos de carbono, según varios expertos ambientales consultados por La Barra Espaciadora. “Han proliferado consultoras que miden huella de carbono, asesoran en cómo reducir y cómo compensar”, dice Melissa Moreano, académica de la Universidad Andina Simón Bolívar y experta en bonos de carbono y mecanismos de conservación de bosques. No descarta que haya empresas con intereses reales en mitigar el cambio climático con acciones efectivas, “hay mucho de ‘greenwashing’; el mayor motor para este sector es que los mercados de carbono producen dinero”.
Entre esas empresas que podrían beneficiarse con la normativa está la Consultora Ambiental Ecosambito, constituida en el año 2002 por Manrique y José Javier Guarderas. De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, Ecosambito consta como uno de los accionistas de Sambiholding; Manrique es el representante legal de Sambiholding, y Ecosambito y Sambiholding son accionistas de Soluciones Totales Sambito. Manrique fue representante legal de Ecosambito en varias ocasiones, el penúltimo de estos periodos entre agosto de 2020 y julio de 2022. Fue nombrado representante legal de la empresa nuevamente en marzo de 2024.
Sambito ofrece servicios de gestión de la huella de carbono a empresas que operan en Ecuador y, de manera ocasional, a empresas establecidas fuera del país.
El ser representante legal de la empresa del sector ambiental no impidió que Manrique fuera titular del Maate ni que participara en el diseño de la norma para elaborar el Esquema de Compensación, pese a que la Constitución de Ecuador, en su artículo 232, dice que “no podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan”.
Contactado por La Barra Espaciadora, Manrique pidió hacer cualquier pregunta a Guarderas, el gerente general de Sambito, quien explicó a esta alianza periodística cómo funcionan los servicios en gestión de huella de carbono que ofrecen. Empiezan con el inventario de emisión de gases de efecto invernadero de la empresa que se convierte en su cliente. Una vez que Sambito determina el impacto en toneladas de CO2 equivalentes al año, se pasa a la planeación de cómo reducir las emisiones, ya sea con la adquisición de tecnología, mayor eficiencia energética o cambios de comportamiento en el uso de recursos.
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En noviembre de 2023, Guillermo Lasso condecoró a Gustavo Manrique (centro) con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. A la derecha, José Javier Guarderas. Foto: Cuenta de Instagram @JJGuarderas
Por último, también se contempla la compensación de emisiones mediante bonos de carbono como los que permite el mercado voluntario. Cada bono representa la remoción de una tonelada de dióxido de carbono de la atmósfera terrestre. “Hay que compensar el saldo comprando bonos de carbono o apadrinando un área de bosque que pueda captar las toneladas necesarias”, dice Guarderas. Así se alcanza, explica, la carbono neutralidad de la empresa, que consiste en que no tenga emisiones netas de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono o metano.
El apadrinamiento consiste, según explicó Guarderas, en financiar, total o parcialmente y por un tiempo determinado, la gestión de un bosque a cambio de que la empresa que busca la neutralidad se apropie del carbono almacenado por el ecosistema. “Lo lógico es que se compense en proyectos de Ecuador, ahora hay trabas”, dijo Guarderas. “Cuando se podía compensar en Ecuador, trabajamos con el Municipio de Limón Indanza, luego de que hubo el bloqueo constitucional [se refiere a la Constitución del 2008], el 100% de nuestros clientes lo hacen comprando bonos de carbono en las Naciones Unidas”, añadió.
¿CONFLICTOS DE INTERÉS?
Manrique representó a Ecuador en varios espacios internacionales de negociación en temas climáticos, incluyendo las cumbres de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) realizadas en Escocia y Egipto. “Creo que hay muchas más oportunidades alrededor de ingresos en bonos de carbono, en pago por evitar deforestación, en conservación de biodiversidad, en protecciones de cuencas hídricas y demás”, dijo Manrique a La Barra Espaciadora en octubre de 2021, un mes antes de la COP26.
Después de su paso por el gobierno de Lasso, tanto en la cartera de Ambiente como en la Cancillería, Manrique mantuvo su perfil como especialista en el tema de bonos de carbono. En febrero de 2024 participó, junto a quien le sucedió en el Maate, José Antonio Dávalos, y su entonces subsecretaria Karina Barrera, en el conversatorio Integración a los Mercados de Carbono, organizado por Premios Sacha, una iniciativa que busca identificar y promover programas y proyectos de acción climática en Ecuador.
Gustavo Manrique, izquierda, durante la entrega del certificado de carbono neutralidad al puerto Contecon Guayaquil. Foto: Cuenta de X de @ConteconGYE.
¿En el diseño del Esquema de Compensación hubo posibles conflicto de intereses? “Sin duda que sí, no es el caso únicamente de Manrique, han existido una serie de casos. A pesar de la disposición constitucional, no existe una ley que regule de forma efectiva los conflictos de interés en el país”, dice Marcelo Espinel, abogado y subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, organismo que en 2021 presentó el proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflictos de Interés (LOPCI), que fue archivado por la Asamblea Nacional.
“Quienes regulan el mercado de carbono tienen que estar libres de conflictos de intereses”, dice Daniel Ortega Pacheco, quien fue ministro de Ambiente entre 2015 y 2016 y hoy forma parte del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono (ICVCM) que busca elevar los estándares de calidad en ese sector.
Varias normativas internacionales sobre el mercado de carbono —añadió— piden, justamente, evitar ese tipo de puertas giratorias. Por ejemplo, el artículo 2.7.3 del Sistema de Compensación y Reducción de Emisiones de Carbono en la Aviación Internacional (Corsia, por sus siglas en inglés) señala que los programas de compensación “deben contar con políticas que impidan que el personal del programa, los miembros de la junta directiva y la gerencia tengan conflictos de intereses financieros, comerciales o fiduciarios en el gobierno o la prestación de servicios del programa”.
Beneficiarios del sur de los Andes del programa de pago por conservación Socio Bosque, durante un recorrido con técnicos del Maate. Foto: Cuenta de X @SocioBosque
Otros expertos ambientales creen que no hay un conflicto de interés. “Me parece que la norma está construida bajo una estructura que se ha montado en el país y que va más allá del ministro Manrique”, dice Max Lascano, economista experto en mitigación y adaptación al cambio climático y gerente del Programa Socio Bosque entre 2008 y 2016. Se refiere a varias acciones que ha realizado Ecuador, como la implementación de Redd+, que arrancó con la fase de preparación en 2012. Este programa del Fondo Verde del Clima, de pago por disminución de la deforestación, parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
“Dejamos de trabajar con empresas de alto impacto, como minería o petróleo, así sean empresas privadas, durante 30 meses”, dice Guarderas y se refiere al tiempo en el que Manrique estuvo en el gobierno, entre mayo de 2021 y noviembre de 2023. “Una vez que salió de la administración decidimos no tener ningún tipo de negocio o transacción con ninguna entidad pública”, agregó. Siguen, en todo caso, ofreciendo servicios ambientales relacionados a la compensación de gases de efecto invernadero.
COMPENSACIONES ANTES DE QUE EXISTIERA EL ESQUEMA
El posible conflicto de intereses no es el único problema en potencia. Antes de que existiera el Esquema de Compensación, Sambito habría estado ayudando a sus clientes a compensar su huella ambiental a través de la captura de carbono de bosques en Ecuador, pero bajo un sistema de “apadrinamiento”, el cual hasta ese momento no estaba regulado en el país.
En al menos dos casos, la compensación gestionada por Sambito se logró a través del “apadrinamiento” de bosques en Ecuador. En 2019, el Ministerio de Ambiente publicó en sus redes sociales una felicitación al puerto Contecon Guayaquil por la obtención de la Certificación de Verificación de Neutralidad de Carbono, desde el ingreso a la terminal portuaria hasta el embarque de las mercancías. Esto lo habría logrado “por la remoción de 32 762 toneladas de CO2, según el informe de captura de carbono anual en Tinajillas – Río Gualaceño y el área de manglar Cerrito de los Morreños, presentado por Sambito Ecuador”, según señala el Ministerio. El certificado de verificación de neutralidad de carbono, que el Ministerio publicó en sus redes, señala que el informe de captura de carbono fue preparado por Sambito.
La empresa de colchones Chaide es otro cliente de Sambito, promocionándose en su sitio web como “la primera empresa de descanso del país en recibir el certificado Carbono Neutro por parte de la firma Soluciones Ambientales Totales (Sambito)”. A su vez, el sitio web de la empresa de servicios ambientales la incluye en su sección de Clientes. En 2020, Chaide conformó una alianza público privada con el Municipio de Limón Indanza para el apadrinamiento durante tres años de 1082 hectáreas de la misma Área Ecológica de Conservación Municipal Tinajillas Río Gualaceño, en la provincia de Morona Santiago, en el sur de la Amazonía ecuatoriana, con el objetivo de neutralizar su huella de carbono, de acuerdo con el diario El Universo. En estos bosques tropicales, húmedos y nubosos habitan especies emblemáticas para la conservación, como el tapir de montaña y el oso de anteojos.
Una tangara coronidorada (Iridosornis rufivertex) captada en el Área Ecológica de Conservación Municipal Tinajillas – Río Gualaceño. Foto: Facebook AECM Tinajillas – Río Gualaceño.
El problema es que entre 2019 y 2020 todavía no existía una normativa, después vendría el Esquema, que establece que cualquier iniciativa de mitigación debe mostrar adicionalidad. En este caso, las iniciativas relacionadas a los bosques no deben solo asegurar la conservación para ser candidatas al intercambio en el mercado de carbono, sino proponer acciones como la restauración con especies nativas o la creación de bosques comestibles.
“El 100% de nuestros clientes compensan comprando bonos de carbono en las Naciones Unidas (desde la Constitución del 2008)”, asegura Guarderas, refiriéndose a la plataforma de United Nations Carbon Offset Platform que lista 72 proyectos avalados por la Convención Marco de Cambio Climático. “Antes de tener normativa ecuatoriana, ya se podía compensar afuera”, señaló José Antonio Dávalos, último ministro de Ambiente de Lasso. Dávalos hace referencia a que las empresas ecuatorianas sí podían acceder a proyectos de compensación ofrecidos en otros países.
Esta alianza periodística preguntó al Maate sobre cómo Sambito podía gestionar para sus clientes programas de compensación antes de que existiera la normativa. “Existen varios tipos de mercados de carbono a nivel mundial (…) Existen también distintos registros donde se puede acceder a dichas unidades de mitigación verificadas”, respondió el Ministerio el 26 de octubre de 2023, a través de su Dirección de Comunicación.
RETRIBUCIÓN POR VENTA, AUNQUE HAY TRANSACCIÓN
El Esquema de Compensación aprobado por el gobierno nacional a mediados del año pasado creó un marco legal para el mercado voluntario de carbono en Ecuador, permitiendo que empresas nacionales, a través del Programa Ecuador Carbono Cero (establecido en 2021) y empresas internacionales compensen sus emisiones en el país. Antes tuvo que sortear el artículo 74 de la Constitución de la República, el cual establece que “los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”. Se refiere a servicios ambientales como el suministro del agua limpia, la descomposición de desechos y, también, la captura de carbono.
El 1 de diciembre de 2021, la Corte Constitucional prohibió la explotación minera en el Bosque Protector Los Cedros, con base en una sentencia que desarrolla los derechos de la naturaleza. Foto: Cuenta de Facebook de Los Cedros Biological Reserve.
En el 2008, Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución. Gustavo Redín, presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y Ambiente (Cedenma), que agrupa a 34 organizaciones dedicadas a la conservación del ambiente, explica que el artículo 74 es “coherente”, pues demanda la no comercialización de la naturaleza en su condición de sujeto de derechos. El alcance y los efectos de este reconocimiento todavía están en discusión, pero existen ya varias sentencias constitucionales con las que se está ampliando ese entendimiento.
El gobierno de Guillermo Lasso intentó reformar este articulado constitucional en el referendo del 5 de febrero del 2023, con la pregunta ocho de la consulta: “¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 8?”. El 55,9% de la población votó “No” en esta pregunta. En general, Lasso fue considerado el perdedor de esa jornada, pues ninguna de las ocho preguntas planteadas por el ejecutivo, en su mayoría sobre seguridad, tuvo la aprobación de los votantes.
La “apropiación” a la que se refiere la Constitución se ha interpretado ampliamente como venta. Por lo tanto, al no poder vender los servicios ambientales en Ecuador, en el texto del Esquema de Compensación se habla de “retribución por conservación”. Con ello, cualquier compensación de CO2 realizada en Ecuador se sumará a la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) —es decir, a los compromisos del país en el Acuerdo de París— y no a la NDC de la nación de origen de la empresa financista. En otras palabras, los resultados de los servicios ambientales se contarán en las metas climáticas de Ecuador y no en los países cuyas empresas paguen por poder usarlos.
Panorama de los proyectos piloto de Resultados de Mitigación Transferidos Internacionalmente en el mundo. Imagen: Foro Económico Mundial y PwC
Aunque el lenguaje esquiva un mandato de la Carta Magna, la constitucionalidad de esta norma queda en duda debido al riesgo de apropiación de los servicios ambientales, considera Gustavo Redín, quien cree que esto debe resolverlo la Corte Constitucional, pero primero, una persona o colectivo debería presentar una acción de inconstitucionalidad, algo que no ha sucedido justamente por el bajo perfil de esta normativa, frente a problemáticas urgentes que enfrenta el país, como la ley de consulta previa, libre e informada o el ataque de la minería ilegal.
“Se hizo la normativa sin que todavía el Ecuador tenga claro o haya discutido cuál es su estrategia nacional de conservación”, dice David Suárez, coordinador del programa de consentimiento libre, previo e informado para América Latina de la organización internacional Land is Life. Esta estrategia debería mitigar los impactos de actividades como la minería, tanto la concesionada como la ilegal, la apertura de redes viales y la agroindustria, que son los principales factores de deforestación en el país y lo que amenaza a sus reservas de carbono.
Sólo en la Amazonía ecuatoriana, en 2022, se registró el más alto índice de pérdida de bosque de los últimos diez años, con 18 902 hectáreas, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Eso representó un aumento del 80 % en relación con 2021, cuando se deforestaron 12 000 hectáreas.
En 2022, la deforestación en la Amazonía ecuatoriana alcanzó 18 902 hectáreas, un aumento del 80% desde 2021. Foto: maaproject.org
Ecuador tampoco ha establecido impuestos al carbono. De hecho, el país invertirá en 2024 USD 3093 millones en subsidios al diésel y a la gasolina. “Nosotros no entramos por ahí debido a la sensibilidad política que hay al hablar de combustibles en el país”, dijo la exsubsecretaria Barrera, refiriéndose al gobierno de Lasso, durante una entrevista sobre el Esquema.
Movimientos sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se han opuesto con paros nacionales al retiro de los subsidios a los combustibles, por el impacto económico que sufriría la población, al tiempo que han demandado el retiro de estos beneficios a los sectores empresariales, como lo reiteró recientemente Leonidas Iza, presidente de la organización. En 2022, las industrias camaronera, pesquera y atunera fueron beneficiadas con al menos 400 millones de dólares en subsidios de combustibles. A finales de ese año, se eliminaron los subsidios a la industria camaronera, que representaban 254 millones anuales.
UNA CARRERA QUE PODRÍA TERMINAR EN INESTABILIDAD JURÍDICA
La creación del Esquema no fue el primer intento en Ecuador por encontrar una manera de esquivar la prohibición plasmada en la Constitución y que ha sido considerada un “candado”, como lo han expresado en medios empresarios interesados en el mercado de carbono, como Víctor Hugo Macías, gerente general de Servicios Ambientales Rainforest del Ecuador. En 2022, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional planteó una reforma al Código Orgánico del Ambiente (COA) para regular los mecanismos de retribución de servicios ambientales, incluyendo los bonos o créditos vendidos en el mercado de carbono.
Las intenciones de reformar al COA generaron preocupación entre los expertos consultados por La Barra Espaciadora. Melissa Moreano asegura que la empresa Servicios Ambientales Rainforest del Ecuador hizo lobby en la Asamblea para promover las reformas al COA.
“Personalmente inicié la creación del mercado de carbono voluntario en Ecuador. No lo permitían basándose en una mentira”, confirmó a esta alianza periodística Macías. La empresa, creada en 2016, fue señalada en lo civil y en lo penal por haber comprado, presuntamente con conocimiento de causa, una propiedad con disputas por apropiación de territorios, de acuerdo con Jefferson Mecham, de la Alianza por los Derechos Humanos. Rainforest del Ecuador tiene proyectos de conservación en bosques del Chocó Andino, norte del país, y en la provincia amazónica de Morona Santiago.
En Ecuador ya se han denunciado casos de acaparamiento de tierras en el marco de los mercados de bonos de carbono. Foto: Carolina Zambrano / Fundación Aldea
Esa iniciativa de reformar al COA se cayó cuando en mayo el expresidente Guillermo Lasso usó el artículo 148 de la Constitución para disolver el órgano legislativo y así evitar el juicio político por peculado que enfrentaba.
Así que el proyecto de ley quedó en el limbo. Y un mes después, en junio de 2023, el Maate expidió vía acuerdo ministerial la norma técnica que hoy se conoce como el Esquema de Compensación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Terminó ganando así en lo que después terminó convirtiéndose en una especie de competencia entre el Legislativo y el Ejecutivo por regular el mercado de carbono en Ecuador.
El Esquema propuesto por el Ministerio de Ambiente, al ser una norma y no una ley, es susceptible de ser derogado directa o tácitamente, porque la Asamblea está empezando a regular ese mismo tema, y al emitir una ley, este documento se sobrepondría a la norma.
Durante las primeras semanas de mayo de 2024, la Comisión de Biodiversidad del Parlamento que se posesionó en enero de este año retomó las discusiones para regular el mercado voluntario internacional de carbono.
“Entiendo que hay una normativa que no es total, pero nosotros como asambleístas tenemos la potestad de reformar las leyes”, dijo a La Barra Espaciadora el asambleísta Comps Córdova, integrante de esa comisión legislativa.
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La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional está discutiendo una ley para regular los mercados de carbono en Ecuador. Foto: Asamblea Nacional.
Una de las diferencias sustanciales entre el Esquema del Maate y la propuesta de modificaciones al COA, es que el parlamento plantea regular la canalización de financiamiento para todos los servicios ambientales (de aprovisionamiento, de regulación, de hábitat y culturales), no solamente el servicio de captura de gases de efecto invernadero. Eso también ha levantado alarmas. “Se proponen articulados de manera bastante sencilla. Son unos 10 artículos, pero creo que el mercado de carbono, un tema con tantas aristas, amerita un capítulo o una ley”, dice Lascano.
“En la Asamblea están buscando abrir los mercados de carbono sin control, las reformas caerían en la inconstitucionalidad”, advierte Gustavo Redín.
“En ninguna de las dos iniciativas hubo una discusión real sobre lo que significa compensar servicios ambientales en un marco constitucional como el ecuatoriano. Fue una pelea entre estos dos espacios [la Asamblea y el Ejecutivo], que terminó perjudicando a la regulación”, dice Cristina Melo, asesora legal y coordinadora del programa de derechos humanos y derechos de la naturaleza de la Fundación Pachamama.
Podrían pasar meses hasta que la propuesta de reforma llegue al pleno de la Asamblea Nacional, pero de ser aprobada, podría conllevar la derogación de la Norma Técnica que expidió el gobierno, provocando que el campo de juego para el mercado voluntario ecuatoriano se complique aún más.