En Ecuador, el panorama legal del aborto ha experimentado cambios en los últimos años: ha sido despenalizado en ciertas circunstancias, como en casos de violación, incesto, malformación del feto incompatible con la vida y cuando la vida o salud de la mujer esté en peligro. Sin embargo, a pesar de este avance, la criminalización del aborto en otras circunstancias aún representa un desafío significativo tanto en términos económicos como sociales para el país.
Según Human Rights Watch, en su artículo titulado “Ecuador: Government Should End Criminalization of Abortion”, el gobierno ecuatoriano tiene la obligación de despenalizar el aborto en todas las circunstancias y eliminar las barreras que impiden el acceso a este servicio esencial de salud, pues el enfoque punitivo no sólo viola los derechos humanos fundamentales de las mujeres y niñas, sino que también genera costos económicos sustanciales para el sistema de salud y la sociedad en general.
¿CÓMO VA EL ECUADOR EN EL TEMA?
La criminalización del aborto en Ecuador tiene implicaciones que van más allá de lo legal, afectando diversos aspectos de la sociedad y el sistema de salud. Según Sofía Zaragocin, María Cevallos, Íñigo Arrazola y Verónica Vera en su artículo titulado “Mapeando la criminalización del aborto en el Ecuador”, desde agosto de 2014 hasta julio de 2021, la Fiscalía General del Estado registró 503 personas procesadas por el delito de aborto consentido bajo el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este dato revela la magnitud de la judicialización de mujeres por aborto en el país.
Sin embargo, recientemente (2021) la Corte Constitucional del Ecuador dio un paso significativo hacia la despenalización del aborto en casos de violación. En la sentencia 34-19-IN/21, declaró inconstitucional la frase “en una mujer que padezca de discapacidad mental” del artículo 150 numeral 2 del COIP, por considerarla contraria a varios derechos fundamentales. La Corte examinó la norma respecto a la proporcionalidad de la sanción penal, la protección del nasciturus y el derecho a la integridad de las víctimas, la penalización del aborto en casos de violación, incesto, graves malformaciones e inseminación forzada, y su contrariedad con el derecho a la igualdad y no discriminación. Además, dispuso que se prepare y discuta un proyecto de ley para adecuar la legislación a esta decisión.
Este fallo representó un avance importante en la garantía de los derechos reproductivos de las mujeres en Ecuador. No obstante, la criminalización del aborto en otras circunstancias sigue teniendo un impacto significativo en la salud pública y la equidad social del país.
Esto se refleja también en el sistema de salud. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se puede observar una tendencia preocupante en los casos de aborto inseguro. En 2020 se registraron 701 casos, cifra que aumentó a 923 en 2021, 937 en 2022, y alcanzó los 1.012 casos en 2023. Este incremento del 44% en solo tres años sugiere que la criminalización puede estar empujando a las mujeres a buscar procedimientos clandestinos e inseguros, lo que a su vez aumenta los riesgos para su salud (Gráfico 1).
Gráfico 1
Evolución de casos relacionados con aborto
Por otro lado, las cifras generales de abortos registrados, que incluyen los espontáneos y los no especificados, también muestran datos relevantes. En 2023, se reportaron 2.647 casos de aborto no especificado y 8.207 de aborto espontáneo. Si bien estas cifras globales son mayores a las de aborto inseguro, es importante notar que particularmente los abortos no especificados podrían estar ocultando realidades más complejas.
IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA Y MORTALIDAD MATERNA
La salud materna en Ecuador enfrenta desafíos significativos, como se evidencia en los datos de egresos hospitalarios por complicaciones relacionadas con el puerperio y otras afecciones obstétricas. Según datos del INEC, estas complicaciones han mantenido cifras considerables en los últimos años: 17.829 casos en 2020, aumentando a 18.058 en 2021 y manteniéndose en niveles similares con 17.945 casos en 2022. Es importante notar que, aunque se observa una ligera disminución a 15.818 casos en 2023, estas cifras siguen siendo preocupantemente altas.
Estas estadísticas reflejan la carga que las complicaciones obstétricas representan para el sistema de salud ecuatoriano. Aunque estos datos no se refieren específicamente al aborto, proporcionan un contexto importante sobre la salud materna en general en el país (Gráfico 2).
Gráfico 2
Evolución de egresos hospitalarios relacionados con complicaciones obstétricas
En el contexto de la criminalización del aborto, es crucial considerar cómo las políticas restrictivas pueden influir en la salud materna en general. Según Human Rights Watch, la criminalización del aborto puede llevar a las mujeres a buscar procedimientos inseguros, lo que potencialmente contribuye a complicaciones obstétricas y puerperales.
ABORTO Y COMPLICACIONES EN CIFRAS
Las cifras del Registro Estadístico de Camas y Egresos Hospitalarios 2023 revelan tendencias importantes en relación al aborto y sus complicaciones en Ecuador. Los datos muestran que los intentos fallidos de aborto han disminuido gradualmente, pasando de 48 casos en 2020 a 30 en 2023. Esta reducción podría indicar un mayor acceso a métodos más seguros o una disminución en los intentos de aborto clandestino (Gráfico 3).
Gráfico 3
Egresos por aborto fallido y complicaciones
Sin embargo, las complicaciones consecutivas al aborto, embarazo ectópico y embarazo molar muestran una tendencia preocupante al alza. Los casos aumentaron de 296 en 2020 a 448 en 2023, lo que representa un incremento del 51% en este periodo.
Según los autores de “Mapeando la criminalización del aborto en el Ecuador”, la penalización del aborto en Ecuador “no solo falla en prevenir los abortos, sino que además genera costos significativos para el sistema de salud y perpetúa desigualdades socioeconómicas”. El aumento en las complicaciones observado en estos datos parece respaldar esta afirmación, sugiriendo que la criminalización puede estar llevando a más mujeres a buscar procedimientos inseguros que resultan en complicaciones médicas.
DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS Y ACCESO A LA SALUD REPRODUCTIVA
La criminalización del aborto en Ecuador exacerba las desigualdades socioeconómicas existentes en el acceso a la salud reproductiva. Como lo demuestran las cifras, las mujeres de bajos recursos son las más afectadas por esta política, ya que carecen de los medios para acceder a alternativas seguras, ya sea dentro del país o en el extranjero. Según el artículo “Mapeando la criminalización del aborto en el Ecuador”, las mujeres procesadas por aborto son mayoritariamente de sectores empobrecidos y racializados, lo que evidencia un sesgo clasista y racial en la aplicación de la ley.
Además, la criminalización del aborto tiene repercusiones más amplias en el desarrollo económico y social del país. Al negar a las mujeres el control sobre su salud reproductiva, se limita su capacidad para participar plenamente en la fuerza laboral y en la educación superior. Esto resulta en una pérdida significativa de capital humano y productividad para la economía ecuatoriana.
Los embarazos no deseados, especialmente en adolescentes, perpetúan ciclos de pobreza y limitan las oportunidades de movilidad social. Según el artículo antes mencionado, el embarazo adolescente es particularmente alto en regiones con mayores índices de pobreza, como la Amazonía y ciertas provincias costeras.
La criminalización del aborto en Ecuador representa un desafío multidimensional que trasciende el ámbito legal, afectando profundamente la salud pública, la economía y el tejido social del país. Los datos analizados revelan un panorama preocupante: un aumento significativo en las complicaciones relacionadas con abortos inseguros, persistentes desigualdades socioeconómicas en el acceso a la salud reproductiva, y una carga sustancial para el sistema de salud pública.
Es por ello que Human Rights Watch destaca que “Ecuador debería cumplir y alinear sus leyes y políticas nacionales con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para despenalizar el aborto”. La despenalización del aborto no es solo una cuestión de derechos humanos, sino también una necesidad económica y de salud pública. Al mantener políticas restrictivas, Ecuador no solo viola los derechos fundamentales de las mujeres y niñas, sino que también compromete su desarrollo económico y social a largo plazo.
Se reitera que en Ecuador, el aborto está despenalizado solo en casos de violación y cuando la vida o salud de la mujer está en riesgo, según lo establecido por el Código Orgánico Integral Penal y la sentencia 34-19-IN/21 de la Corte Constitucional. Sin embargo, esta despenalización parcial aún presenta desafíos en su implementación y no aborda todas las situaciones en las que las mujeres pueden necesitar acceder a un aborto seguro.
Una reforma legislativa integral para despenalizar el aborto en todas las circunstancias, acompañada de políticas de salud reproductiva, se presenta como un camino necesario para abordar estas problemáticas interconectadas. Tal reforma no solo alinearía al país con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, sino que también podría conducir a significativos beneficios económicos y sociales.
En última instancia, el desafío para Ecuador radica en reconocer que no despenalizar el aborto es una política contraproducente que genera más daños que beneficios. Un enfoque basado en la salud pública y los derechos humanos no solo mejoraría la salud y el bienestar de las mujeres, sino que también contribuiría a una sociedad más equitativa.
(*) Elaborado por economista Liz Ortiz, analista económica Revista
Last modified on 2024-10-02