En América Latina y el Caribe, la maternidad infantil forzada sigue siendo una realidad alarmante que afecta a miles de niñas cada año. Hace cinco años, el movimiento “Son Niñas, No Madres” dio un paso crucial en la lucha por los derechos de este grupo vulnerable al presentar ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuatro casos emblemáticos de niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual que fueron obligadas por sus Estados a continuar con embarazos producto de esas agresiones. Entre ellas se encuentra Norma, una niña ecuatoriana a quien se le negó el acceso al aborto legal a pesar de que su vida y salud estaban en riesgo tras ser víctima de violaciones reiteradas por parte de su padre.
Este litigio, aún sin dictamen, busca resaltar la urgente necesidad de justicia para las niñas latinoamericanas víctimas de violencia sexual y hacer un llamado a los Estados para que protejan a las sobrevivientes y les garanticen el acceso a servicios de salud y educación sexual integral. Como parte de la conmemoración de los cinco años de la presentación de estos casos, monumentos y lugares emblemáticos de varios países latinoamericanos se iluminaron para visibilizar esta problemática y exigir la garantía de los derechos de las niñas.
LA MATERNIDAD INFANTIL Y ADOLESCENTE EN CIFRAS
Las estadísticas sobre nacimientos en Ecuador revelan una realidad alarmante: la persistencia de la maternidad infantil y adolescente en el país. Según datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), en 2022 se registraron 1.921 partos de niñas entre 10 y 14 años, una cifra que evidencia la gravedad de la problemática de la maternidad forzada. Además, en el grupo de 15 a 19 años se reportaron 38.087 nacimientos, lo que representa una proporción significativa del total de nacimientos en el país. Estas cifras ponen de manifiesto la magnitud del embarazo infantil y adolescente (Gráfico 1).
Gráfico 1
Nacidos vivos por edad de la madre
Si bien se observa una disminución en el número de nacimientos en el grupo de 15 a 19 años en comparación con años anteriores, pasando de 54.168 en 2018 a 38.087 en 2022, esta cifra sigue siendo inaceptablemente alta. Es fundamental reconocer que detrás de cada uno de estos números hay una niña o adolescente cuya vida se ve profundamente afectada por un embarazo no deseado, a menudo producto de violencia sexual.
IMPACTOS DEVASTADORES EN LA VIDA DE LAS NIÑAS
La maternidad forzada tiene un impacto profundo y duradero en la vida de las niñas, afectando su salud física y mental, así como su desarrollo educativo y social. Paulina Ponce, subdirectora de programas de Planned Parenthood Global en Ecuador, explica que a nivel físico “la violencia sexual deja huellas a largo plazo” y es “un hecho muy difícil de asimilar y si es enfrentado a temprana edad, un embarazo puede traer varias consecuencias debido a que el cuerpo aún se encuentra en desarrollo, hay varios impactos de tipo ginecológico, porque no está preparada la niña para dar un parto”.
Además de los riesgos físicos, la experta advierte sobre los graves impactos en la salud mental de las niñas. “Luego de enfrentar la violencia, las niñas se someten a mucha tensión y angustia, además de muchas veces sentir el rechazo de sus familias”, señala en entrevista a Gestión.
En términos educativos, Ponce explica que “las niñas se ven obligadas a abandonar sus estudios, renunciando a sus sueños y a la posibilidad de vivir plenamente su infancia. La maternidad forzada les arrebata este derecho fundamental, dejando profundas secuelas emocionales y psicológicas. Reconstruir la vida después de una experiencia tan traumática es un proceso complejo y doloroso, y muchas de estas niñas enfrentan grandes dificultades para reinsertarse en el sistema educativo”.
Las consecuencias de esta situación se extienden a largo plazo, ya que “estas niñas se ven expuestas a situaciones de gran vulnerabilidad”, pues a menudo acceden a trabajos precarios y mal remunerados, que no les permiten alcanzar una verdadera autonomía económica. Además, se ven atrapadas en círculos de discriminación, violencia y pobreza, siendo excluidas y estigmatizadas por sus propios entornos. “El impacto de esta realidad no solo afecta a las niñas individuales, sino que tiene repercusiones profundas en la sociedad en su conjunto”, apunta.
EL CASO DE NORMA
Norma es una mujer que, cuando tenía 13 años, fue violada por su padre, quedó embarazada y la obligaron a ser madre. Cuando fue obligada a ser madre, todavía no se aprobaba el aborto por violación en el Ecuador. Como lo relata el medio Wambra, Norma no fue violada una sola vez. Era una práctica recurrente de su padre y tampoco fue su única víctima. Él también habría violado a una prima de Norma y a su hermana, ambas menores de edad y agredía a la madre de Norma. “Norma desconocía lo que era estar embarazada. En su casa nadie le habló de esto y en la escuela no recibió información sobre salud sexual y reproductiva. Su padre y a la vez su agresor la retiró de la escuela y la tenía encerrada dedicada al trabajo doméstico. Nadie en la escuela preguntó por ella”, señala el artículo.
Allí se explica, además, que antes de quedar embarazada Norma había tenido recién su primera menstruación, por eso no sabía que debía volver a menstruar. Es su hermana quien le dice que está embarazada y la lleva donde una doctora privada. Tenía siete meses de gestación. “Norma expresó su deseo de no continuar con su embarazo, le provocaba tensión, depresión, rabia, pensamientos suicidas. Pero a Norma no le dieron opción de decidir”. Su padre y violador murió sin ser sancionado.
DESAFÍOS LEGISLATIVOS Y AVANCES RECIENTES
Si bien Ecuador ha logrado avances significativos en los últimos años en materia de derechos reproductivos, aún persisten desafíos importantes en la legislación. Uno de los hitos más relevantes fue la despenalización del aborto por violación en 2021, que permitió que desde esa fecha hasta agosto de 2023, 611 niñas menores de 14 años pudieran acceder a un aborto legal. Sin embargo, Ponce advierte que “si comparamos el dato con el número de denuncias, se puede ver una brecha bastante grande”.
Además, Ponce señala que la ley que regula la causal de aborto por violación aún enfrenta críticas por no cumplir con las recomendaciones internacionales para garantizar el acceso al aborto como un servicio de salud básico. “La ley de aborto por violación fue discutida en la Asamblea Nacional, pero fue vetada por el Ejecutivo. Este veto impuso una serie de restricciones para el acceso a servicios de aborto”, añade la experta.
Ponce destaca que hasta el momento se han admitido cinco medidas cautelares contra la ley. Una de ellas se relaciona con la autorización parental, ya que la ley establecía que una niña necesitaba el permiso o acompañamiento de sus padres para acceder a un aborto. “Sin embargo, la Corte Constitucional ha admitido la medida cautelar que solicitaba retirar esta condición, porque en muchos casos la violencia sexual se produce en las propias casas. Si el acceso al servicio depende de la autorización del agresor, es bastante complejo que la niña pueda acceder”.
Actualmente, ese artículo de la ley está suspendido, al igual que otros requisitos como la necesidad de una declaración jurada o denuncia. Además, se ha extendido el plazo para acceder al servicio hasta las 12 semanas de gestación y no se requiere una ecografía previa.
Otro desafío importante que identifica la experta es la falta de educación sexual integral, que impide que las niñas conozcan sus derechos y las implicaciones del consentimiento en las relaciones sexuales y afectivas. “Una adecuada educación sexual y que esta sea integral es totalmente necesaria, ya que por falta de información las niñas no identifican estas experiencias, lo que impide que se alerte a tiempo, es importante trabajar en políticas, para que estas niñas puedan acceder a servicios de ayuda a tiempo”, afirma. Sin embargo, aún persisten barreras y resistencias para implementar programas de educación sexual en las escuelas.
LA IMPORTANCIA DE DIFERENCIAR ENTRE NIÑAS Y ADOLESCENTES EMBARAZADAS
Es necesario distinguir entre los embarazos en niñas menores de 15 años y de adolescentes de 15 a 19 años, pues anteriormente se hablaba de embarazo adolescente de manera general, pero la investigación social ha permitido visibilizar la problemática específica de las niñas menores de 14 años, quienes a menudo son víctimas de violencia sexual.
Esta distinción es crucial, ya que las niñas menores de 15 años enfrentan riesgos y desafíos particulares debido a su corta edad y desarrollo físico. Sus cuerpos aún no están completamente preparados para afrontar un embarazo y un parto, lo que aumenta significativamente las probabilidades de complicaciones obstétricas y resultados adversos para su salud y la de sus bebés.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las niñas menores de 15 años tienen un riesgo cinco veces mayor de morir durante el embarazo y el parto en comparación con las mujeres mayores de 20 años. Además, los bebés de madres adolescentes tienen una probabilidad 50% mayor de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida en comparación con los bebés de mujeres de 20 a 29 años.
Estos riesgos se agravan aún más cuando se trata de niñas menores de 15 años, cuyo desarrollo físico y reproductivo está lejos de ser óptimo para un embarazo. Sus cuerpos inmaduros enfrentan mayores riesgos de complicaciones como la preeclampsia, el parto prematuro, las lesiones durante el parto y las infecciones posparto.
A NIVEL PROVINCIAL, GUAYAS ENCABEZA LA LISTA DE NIÑAS MADRE
Las estadísticas provinciales del INEC para el año 2022 resaltan la importancia de esta distinción. A nivel nacional, se registraron 1.921 nacimientos de madres menores de 15 años, mientras que en el grupo de 15 a 19 años, la cifra asciende a 38.087. Las provincias con mayor número de casos en menores de 15 años son Guayas (442), Manabí (252), Los Ríos (203) y Esmeraldas (161) (Gráfico 2).
Gráfico 2
Madres menores a 15 años por provincia
Las cifras muestran que, evidentemente, la lucha contra la maternidad infantil forzada en Ecuador y América Latina es un desafío urgente y complejo que requiere el compromiso decidido de toda la sociedad. Los casos emblemáticos presentados ante las Naciones Unidas por el movimiento “Son Niñas, No Madres” han visibilizado la cruel realidad que enfrentan miles de niñas, cuyas vidas son devastadas por la violencia sexual y los embarazos impuestos.
Los impactos del embarazo y la maternidad forzada en las niñas son profundos y duraderos. Además de los riesgos físicos y las secuelas en su salud, enfrentan traumas emocionales, estigmatización y barreras para continuar su educación. Se ven atrapadas en círculos de pobreza y violencia que perpetúan la desigualdad.
Es fundamental involucrar a las familias, comunidades e instituciones en la creación de entornos protectores para las niñas. Esto implica desafiar las normas sociales que toleran la violencia sexual, promover la igualdad de género y fortalecer los sistemas de protección y justicia. La situación de las niñas madres en Ecuador y América Latina es un reflejo de las profundas inequidades y violencias que persisten en nuestras sociedades. Es un llamado urgente a la acción y a la solidaridad. No podemos seguir tolerando que las infancias sean robadas y los derechos vulnerados.
La justicia y la reparación para las niñas víctimas de violencia sexual y embarazos forzados no pueden esperar. Requieren del compromiso decidido del Estado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y cada uno de los ciudadanos. La lucha del movimiento “Son Niñas, No Madres” es un recordatorio poderoso de que la defensa de los derechos de las niñas es una responsabilidad compartida e impostergable.
(*) Elaborado por Liz Ortiz, analista económica Revista Gestión.
Last modified on 2024-06-09