Este domingo 4 de febrero de 2018 será la consulta popular y referendo. Los ecuatorianos inscritos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) acudirán a las urnas para votar Sí o No en las siete preguntas planteadas por el presidente Lenín Moreno.
A continuación les preparamos un breve resumen de lo que plantean las preguntas:
La pregunta que quiere castigar la corrupción
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El objetivo de la pregunta es que las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado esten prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función o dignidad pública.
En este contexto, el Gobierno Nacional se ha pronunciado explicando que la corrupción constituye un flagelo mundial que afecta a la sociedad entera, además de que vulnera los derechos de los ciudadanos a una vida digna, y atenta contra la actividad misma del Estado. Además, se ha iniciado un proceso de lucha contra la corrupción descubierta en algunos procesos de contratación de obras de interés nacional, las investigaciones de estos actos han sido dirigidas en contra de múltiples servidores públicos, así como personas particulares.
Aquí puede leer el pdf completo: anexo de la pregunta 1 de la consulta popular.
Un límite a la reelección indefinida
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Cómo se explica en una parte del anexo de la pregunta 2, uno de los objetivos de esta pregunta es modificar el artículo 114 de la Constitución: “Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan".
La pregunta se justifica en que el sustento de toda sociedad democrática se constituye en el derecho a participar en los asuntos públicos y que se permita dicha participación, además una sociedad en la cual sean pocos los que acceden a los puestos de elección popular, atenta contra la misma razón de ser un proceso democrático. El Gobierno explica que la alternatividad permitirá poner límites al abuso del poder y tener transparencia en asuntos de gestión pública.
Aquí puede leer el pdf completo: anexo de la pregunta 2 de la consulta popular.
La reforma a la institucionalidad del país está en la pregunta 3
Como lo explica el Gobierno, uno de los hitos de la Constitución, fue el incorporar en el ordenamiento constitucional la Función de Transparencia y Control Social cuyo objetivo era realizar un control ciudadano sobre el servicio público, así como también fomentar la participación ciudadana, prevenir y combatir todo tipo de corrupción. A pesar de esto el Consejo de Participación Ciudadana, que es una de las instituciones de mayor relevancia en la Función de Transparencia, se ha limitado a cumplir un rol formalista que en varias ocasiones ha sido cuestionado por la ciudadanía, informó el Gobierno.
Con este contexto y cómo se explica en el anexo de esta pregunta, los ciudadanos tienen el poder del voto para elegir si se reforma o no el Consejo de Participación Ciudadana. De ser así, las consejeras y consejeros serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto cada cuatro años, así mismo deberán contar con trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción, etc., y no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años.
Aquí puede leer el pdf completo: anexo de la pregunta 3 de la consulta popular.
Una reforma contra la impunidad del abuso infantil
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La presidencia del Ecuador en un comunicado informó que "El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas".
Es de radical importancia las acciones que los Estados y la sociedad en sí, deben efectuar para poder garantizar una óptima protección de las niñas, niños y adolescentes, pues es preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, si no también las características particulares de la situación en la que se encuentren ellos.
De aprobarse esta reforma se modificaría el artículo 46 de la Constitución: "Las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niñas, niños y adolescentes serán imprescriptibles”.
Aquí puede leer el pdf completo: anexo de la pregunta 4 de la consulta popular.
Un control a la minería metálica
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El modelo económico planteado, según la Presidencia, es un proceso no extractivista, el cual parte desde la cosmovisión indígena, sustentado por el buen principio del buen vivir o Sumak Kawsay. Que implica encontrar armonía entre la persona - comunidad y su entorno.
Este nuevo modelo implica el reconocimiento de otros derechos como el de la naturaleza, el derecho de la tierra, soberanía alimentaria, protección de la biodiversidad, conocimientos ancestrales , que claramente es una propuesta válida ante el modelo caduco y extractivista neoliberal, donde el individuo, se aprovecha de manera indiscriminada de los recursos del planeta.
Es así que se considera necesario ampliar la protección de los derechos de la naturaleza hacia otras áreas,y, en tal sentido, que no pueda explotarse minerales en áreas protegidas, zonas intangibles y centros poblados.
Aquí puede leer el pdf completo: anexo de la pregunta 5 de la consulta popular.
Un incentivo al sector constructor
En relación a esta pregunta, el Gobierno Nacional expone que la propiedad debe cumplir una finalidad social y generalmente es sobre los patrimonios que se establecen los diferentes tributos, a fin de sustentar las diversas actividades del Estado para la provisión de bienes y prestación de servicios hacia sectores menos favorecidos, facilitando con ello la justa redistribución de la riqueza, las cargas impositivas no pueden ni deben ir más allá del principio de equidad.
La reforma que se propone, establece la derogatoria de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación Sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, y tiene como objetivo el incentivar el sector de la construcción de vivienda urbana y rural e incrementar plazas de trabajo de mano de obra directa como de mano de obra indirecta.
Aquí puede leer el pdf completo: anexo de la pregunta 6 de la consulta popular.
Una pregunta ecológica ambigua
En el artículo 71 de la Constitución de la República se determina que "La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos" y, en tal sentido, en el inciso tercero de la misma disposición constitucional estable la obligación del Estado de promover "el respeto a todos los elementos que conforman el ecosistema".
La reforma constitucional propuesta parte del hecho de que, en los lugares en los cuales se hayan establecido zonas especiales de protección, aumentar la zona intangible a fin de evitar procesos productivos, anunció la Presidencia.
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Documento oficial en pdf: anexo completo consulta popular 2018.