Altas expectativas, duras realidades para Lasso

A tres semanas de la posesión del nuevo Gobierno se conoce ya el Programa Económico que guiará su gestión en los próximos años y que busca encaminar al país hacia una recuperación en el marco de la crisis sanitaria y de problemas económicos estructurales. Lo principal, por ahora, es asegurar el Plan de Vacunación para 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días; también está en la lista la revisión de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Aunque las expectativas son altas, la realidad es desafiante y pondrá a prueba el plan del Ejecutivo.

Los planes del gobierno actual buscan crear un entorno que propicie la transparencia y la anticorrupción y que se enfoque en los grupos vulnerables y en la población más pobre que durante la pandemia pasó de 25% a 32,4%. Para esto, la administración de Guillermo Lasso ha puesto en marcha el Programa Económico 2021, cuyos recursos se encuentran –hasta ahora- provistos por el FMI, así como por otros multilaterales y el financiamiento doméstico.

ACCIONES INICIALES DEL GOBIERNO EN UN CONTEXTO DE DÉBIL CRECIMIENTO

El programa del Ejecutivo le presta especial atención al control del gasto público y pretende eliminar los gastos ineficientes para lograr la estabilización fiscal con enfoque social, invirtiendo en proyectos prioritarios como la atención de la desnutrición crónica infantil, la educación, la protección social, la emergencia sanitaria y la gestión por resultados, para combatir la corrupción y el despilfarro.

De igual manera, busca combatir la evasión y elusión fiscal para favorecer la redistribución de los ingresos y asegurar una nación más equitativa. En suma, se busca que la transparencia y la ética sean la piedra angular de la gestión, para lo cual el jefe de Estado emitió el Código de Ética para la función pública.

En cuanto a las expectativas de crecimiento del PIB, el nuevo gabinete se enfrenta a una baja de 2,8% frente a una perspectiva inicial de 3,1% en noviembre 2020. Las razones de este ajuste tienen que ver, en primer lugar, con el decremento de la producción petrolera en 2021, con un total de 174 millones de barriles, menor en 0,8% a la producción de 2020 (175,45 millones de barriles). Otro factor que ha incidido en las proyecciones de decrecimiento son las restricciones de movilidad, el confinamiento de los fines de semana y los toques de queda con horas tope de circulación, lo cual ha afectado a los servicios de turismo, hospitalidad y restaurantes, así como a la actividad comercial.

Considerando los componentes del PIB, el gasto del gobierno caería ligeramente en 2021, en comparación con 2020, cuando se contrajo severamente. El consumo de los hogares crecería en 2%, ayudado por las transferencias que el gobierno realiza a través del sistema de protección social, con apoyo de los organismos multilaterales.

Asimismo, las predicciones muestran que las exportaciones podrían crecer 2% frente a 2020 mientras las importaciones se van a recuperar en 3,3%. Un elemento a favor es la recuperación de los países con mayor preponderancia en la economía mundial (EEUU, China, India, Eurozona), que están impulsando al alza el precio del petróleo con la reanudación de las actividades económicas.

Sobre los subsidios a los combustibles, se busca una solución sostenible, consensuada y que favorezca a los que más lo necesitan. El nuevo Gobierno busca mantener la suspensión de subsidios generalizados y redireccionarlos hacia los sectores que en realidad los necesiten.

¿QUÉ DICEN LAS PRIMERAS ACCIONES DEL PRESIDENTE?

PRIMERA ACCIÓN: el presidente mostró su interés en propiciar un ambiente donde prime la libertad de expresión. Para ello derogó el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación, promulgado hace más de siete años y bajo el cual, desde su aprobación hasta 2017, hubo al menos 370 sanciones a medios de comunicación y periodistas, según datos de Fundamedios.

SEGUNDA ACCIÓN: la eliminación de los nombres de deudores de hasta $ 1.000 de los burós de crédito. Esto implica la reincorporación al circuito productivo de 1,7 millones de ecuatorianos. Esto se cumplió con el Decreto Ejecutivo 33 que ordena a todas las instituciones bancarias públicas y privadas que prestan el servicio de referencias crediticias que borren de sus registros la información histórica de obligaciones con las condiciones antes mencionadas. En el caso de las instituciones de la economía popular y solidaria, como las cooperativas, deben borrar a los deudores de menos de $ 500. Esta medida busca ampliar el acceso al crédito a personas naturales. Sin embargo, hay que tener claro que la deuda no desaparece.

TERCERA ACCIÓN: el pedido del mandatario de bajar de las tasas de interés a la banca y a las cooperativas. El presidente Lasso expresó que las condiciones de crédito para el consumo y el emprendimiento deben mejorar, las tasas deben reducirse y los plazos deben extenderse ya que la reactivación de la economía debe funcionar ante todo para quienes más han sufrido los estragos de la pandemia.

CONFIANZA EN EL GOBIERNO SE REFLEJÓ EN UNA CAÍDA DE 345 PUNTOS DEL RIESGO PAÍS

Estas acciones iniciales han generado confianza en la ciudadanía y en los mercados internacionales, lo que ha desembocado en una caída del riesgo país de 345 puntos desde el anuncio de la elección del nuevo presidente, cerrando mayo en 730 puntos básicos (Gráfico 1).

Gráfico 1

Riesgo país podría bajar más tras renegociación del acuerdo con el FMI

 

PLAN DE VACUNACIÓN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS POR $ 550 MILLONES

El plan de vacunación es el foco de mayor atención para contener los impactos generalizados de la crisis sanitaria y para reorientar las dinámicas económicas nacionales hacia una verdadera reactivación productiva. El gobierno anunció el Plan Vacunación 9/100, con la expectativa de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gestión en cuatro fases que incluyen a todos los ciudadanos de 19 años en adelante, priorizando a las personas de edad avanzada y a aquellos con complicaciones de salud.

La situación actual indica que, hasta el 4 de junio, se han vacunado 2,6 millones de ecuatorianos, por tanto, hasta el 30 de agosto habría que vacunar a 6,4 millones para cumplir con los objetivos propuestos. De acuerdo con información pública, hasta el 7 de junio se contaba con una cantidad de 3’757.849 dosis. No obstante, el desafío radica en la obtención de las vacunas ya que la oferta mundial resulta insuficiente frente a la demanda creciente. Frente a esto, el gobierno avanza en las negociaciones para obtener más vacunas de EEUU. A la par concretó la negociación de 6 millones de dosis con China (CanSino) y espera lograr 18 millones de vacunas Sputnik de Rusia. Esta información se refleja en las tablas 1 y 2.

Tabla 1

Número de dosis de vacunas recibidas por Ecuador hasta el 7 de junio 

 

 

Tabla 2

Número de dosis de vacunas en negociación y mes de disponibilidad en Ecuador 

 

 

El éxito de la campaña de vacunación será determinante para que el gobierno gane legitimidad y aprobación. En suma, el plan de vacunación busca alcanzar la inmunidad del 72% de la población, lo que supondría un gran paso para la reactivación del sistema económico y social.

EXPECTATIVA VS. REALIDAD EN LOS DESAFÍOS DEL NUEVO GOBIERNO

 

 

Las decisiones que tome el Ejecutivo se harán con discusiones previas. Los primeros 100 días se hará énfasis en la comunicación con pedagogía, sin medidas sorpresa para alcanzar acuerdos mínimos que permitan avanzar.  No obstante, las reformas que deben instaurarse pueden tener costos para la población y el Gobierno tiene apenas 12 escaños en la Asamblea Nacional fragmentada. La resistencia social a los ajustes fiscales, reformas laborales y tributarias está organizada y es la misma a la que se enfrentó Lenín Moreno en octubre de 2019. El Gobierno tendrá poco margen político para corregir los problemas fiscal, tributario, laboral y de seguridad social. Aunque socialice y explique, será complejo hallar consensos.

 

 

La revisión de los acuerdos con el Fondo Monetario internacional puede llevar a una flexibilización de los mimos en términos de los plazos requeridos para cumplir y la gradualidad de las implementaciones necesarias. En términos generales, el Acuerdo con el FMI señala que el déficit del Sector Público No Financiero se reduciría de -7,3% en 2020 a -2,9% en 2021. En las negociaciones se espera poner esta perspectiva en la mesa con el objetivo de obtener un ajuste más gradual a mediano plazo.

Se esperaba que este año se obtuvieran $ 1.500 millones del FMI, según el acuerdo firmado en septiembre de 2020, pero este momento está sujeto a renegociación. Adicionalmente, en septiembre se esperaría recibir un total de $ 1.000 millones de derechos especiales de giro, por la capitalización del FMI para apoyar a los países miembros a superar la pandemia.

Otro reto que debe enfrentar el gobierno es equilibrar las cuentas fiscales, debido a que el déficit fiscal el año pasado fue de -6% del PIB para el Sector Público No Financiero, y de -7,5% para el Gobierno Central. Frente a esto, el Acuerdo con el FMI señala que se requiere un ajuste fiscal de 5,5 puntos porcentuales del PIB hasta 2025, incluyendo el correctivo del subsidio a los combustibles. La fórmula para lograrlo sería con incremento de ingresos de 2% del PIB y reducción de gastos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en la realidad, para renegociar con el FMI se va a requerir un crecimiento sostenido del PIB y recortes de gasto ineficientes, así como una propuesta de incremento de impuestos y eliminación de exoneraciones tributarias. Esto se lo podría llevar a cabo a partir de 2022, pues en medio de la crisis sanitaria la población en general no estaría de acuerdo debido a que las economías del hogar han sido las más afectadas por la pandemia, por lo que hacer frente a eso, sumadas las nuevas medidas, se volvería insostenible.

 

 

En el contexto de emergencia sanitaria, atraer inversión extranjera directa (IED) que cumpla normas sociales, ambientales y tributarias se vuelve sustancial, de manera que se puedan establecer concesiones y alianzas público privadas y así tener un mayor alcance al momento de redireccionar las inversiones hacia los grupos más vulnerables.  El conocimiento o “know how” obtenido por esas inversiones permitirá ofrecer servicios de calidad para la sociedad.

En ese sentido, el nuevo Gobierno ha puesto especial énfasis en la necesidad de la concesión de las tres refinerías que tiene Ecuador (Esmeraldas, La Libertad y Amazonas), el puerto logístico de Santa Elena para distribución de combustible, las carreteras interprovinciales, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y la venta del Banco del Pacífico a través de un concurso para que un banco internacional entre a competir con tasas de interés más bajas.

Las perspectivas indican que las inversiones extranjeras aumentarán frente al año anterior en apenas 1%, lo cual es un ritmo muy bajo considerando que 2020 se registró una caída de -11,9% (Gráfico 2). El reto del nuevo gobierno es seguir atrayendo las inversiones, y con ello se podría superar en el periodo 2021-2025 el bajo nivel de inversión extranjera directa que padece Ecuador, que es menor a $ 1.000 millones por año.

Gráfico 2

La Inversión Extranjera Directa en Ecuador es inferior a $ 1.000 millones por año

 

No obstante, la realidad refleja una fuerte oposición ideológica a las concesiones. Históricamente este ha sido un motivo de huelgas en el país. Por esta oposición y por las dificultades de financiamiento externo, viabilizar Alianzas Público-Privadas no será fácil. Atraer inversionistas al país, con el contexto geopolítico de Colombia, Perú y lo vivido en octubre 2019 tiene riesgo social elevado.

 

 

La reforma tributaria es necesaria para aumentar el acervo de recaudación, pero de manera gradual para evitar afectaciones sociales. En líneas generales, el nuevo gobierno busca no subir impuestos, simplificar el sistema fiscal y aumentar la base imponible, marcando un valor básico para aportar en el impuesto a la renta. En cuanto a la simplificación del sistema, es necesario poner especial atención en los mecanismos de cobro para los contribuyentes. Las exoneraciones del IVA en los feriados de turismo se constituyen como una buena oportunidad para la reactivación, pero requieren reforma legal (Tabla 3) y sacrifican recursos para el fisco.

Tabla 3

El desmantelamiento gradual del ISD y la reducción del IVA turístico requieren reformas legales

 

Hay que tener en cuenta que, en la realidad, para un mejor aprovechamiento de las reformas y conseguir una consolidación fiscal sostenible, el nuevo gabinete debe analizar cuánto genera cada impuesto y cuánto restan las exoneraciones, compensaciones y devoluciones. El gobierno no ha hablado de poner impuestos patrimoniales temporales a las personas de ingresos más altos, medida que podría significar tranquilidad social, pero que podría generar oposición de los segmentos más pudientes de la población y de los inversionistas. Sin recursos para ayudar a la población de manera sostenida, no se cumpliría el apoyo solidario a los más pobres en la magnitud que se requiere.

 

 

Frente al panorama de dificultades laborales durante la crisis sanitaria, en América Latina las pequeñas y medianas empresas (Mipymes), han constituido la mayor parte del sistema productivo al abarcar cerca de 99,5% del total de las empresas, contar con 60% de la población ocupada y aportar cerca de 25% del PIB regional, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Por ello, es fundamental promover nuevos planes crediticios para pymes y Mipymes, con una línea de crédito de $ 350 millones de la CFN y la Conafips, para contribuir a la reactivación de empresas de mujeres, jóvenes, negocios ambientales, etc.

Para esto, se debe dar prioridad a la reforma laboral para generar oportunidades de trabajo tras la pérdida de 700.000 empleos formales en 2020 a causa de la pandemia. Ante las consideraciones actuales que muestran 5,5 millones de desempleados o personas que crean su propio empleo desde la informalidad (Gráfico 3), se vuelve imperante promulgar normas que amparen a los desempleados y jóvenes, para que se incorporen a la formalidad. La formalización de la fuerza de trabajo iría de la mano con un favorecimiento para al IESS. Hay que implementar sistemas de contratación productivos por tiempo parcial, de modo que los jóvenes puedan estudiar mientras trabajan.

 

Gráfico 3

Empleo en Ecuador: 60, 6% con empleo inadecuado

 

En la realidad, la Constitución prohíbe el trabajo por horas, por lo cual estas reformas tendrán que ser tratadas como trabajo de tiempo parcial, trabajo por obra, etc. Esta norma paralela va a ser la única forma de crear empleo competitivo. Habrá complicaciones en la Asamblea Nacional para aprobar una legislación al respecto y habrá presiones sindicales para que no se apruebe. Los sindicatos acusarán al gobierno de precarización laboral, lo que podría desvirtuarse si se considera que el pago a la seguridad social corresponda a las horas trabajadas. 

En suma, el nuevo gobierno ha planteado diversas metas para encaminar las dinámicas económicas nacionales hacia un crecimiento económico sostenido, estabilización fiscal con equidad que permita manejar un nivel adecuado de deuda pública y facilite el acceso a financiamiento, y buen uso de los recursos escasos en gasto prioritario, sin despilfarro ni corrupción. Para esto es necesario que se implementen medidas de tipo gradual, para minimizar las afectaciones sociales y, a su vez, cumplir con el FMI para acceder al financiamiento externo necesario, de modo que el país se vuelva más atractivo para la inversión extranjera directa. Es sustancial, además, instaurar una serie de reformas tributarias, para una recaudación más responsable y una redistribución de la riqueza más efectiva. La resistencia política y social son los factores que deberán sortear con mayor inteligencia el presidente Lasso y su equipo.

 

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Last modified on 2021-06-23