Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identifica que la eliminación de los subsidios a los combustibles, sin compensación o focalización, afecta de manera negativa a los hogares más vulnerables del país, por lo que plantea algunas alternativas: aumentar el valor y/o a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, vales de comida y transporte o, incluso, que los sectores más pobres del país accedan al transporte público gratuitamente.
Aparte de los problemas fiscales y sociales, el Ecuador también se enfrenta a problemas relacionados con el cambio climático. Si bien no es una tarea fácil, un estudio del BID sugiere que reemplazar cuidadosamente los subsidios de energía con un mejor gasto en protección social podría ser una forma en que los gobiernos ecuatorianos progresen en los tres frentes: fiscal, social y ambiental.
El análisis técnico sobre la eliminación de los subsidios indica claramente su ineficiencia, regresividad y alto costo. Lo que el gobierno ahorraría al eliminar los subsidios a los combustibles fósiles podría usarse para reducir los déficits y la deuda soberana, o financiar inversiones en educación, salud o infraestructura. Además, quitar los subsidios también ayudaría a reducir el consumo de combustibles fósiles que contribuyen a la contaminación del aire y representan una gran fuente de emisiones de gases de efecto invernadero.
El FMI estima que, en conjunto, el costo social por el calentamiento global, la contaminación del aire, los accidentes y los daños causados por la sobreutilización de la energía subsidiada en Ecuador es tres veces mayor que el costo fiscal de los subsidios energéticos.
LA ELIMINACIÓN DE SUBSIDIOS LE DARÍA AL GOBIERNO ENTRE $ 130 MILLONES Y $ 1.178 MILLONES MÁS AL AÑO
El gobierno podría tener entre $ 130 millones y $ 1.178 millones menos de gasto por año al dejar de subsidiar los combustibles. Debido a la fluctuación de los precios de importación del barril de petróleo, existen tres escenarios: alto, medio y bajo, utilizando el precio mínimo, medio y máximo.
En el Gráfico 1 se puede observar una estimación del monto de ingresos por año disponible, para cada uno de los tres escenarios en el caso de eliminar los subsidios. En el escenario medio (con un precio del barril mediano), los ingresos por diésel serían de alrededor de $ 637 millones, por la electricidad $ 566 millones y para la gasolina $ 542 millones. El dinero que se ahorraría el gobierno al eliminar los subidos; sin embargo, debe considerar las políticas compensatorias necesarias.
Gráfico 1
Estimación de ingresos liberados por año
EL DESAFÍO ES DESHACERSE DE LOS SUBSIDIOS Y PROTEGER A LOS HOGARES POBRES
El problema es que al reducir los subsidios a los combustibles fósiles, aparte ser un desafío político, los hogares pobres y vulnerables en Ecuador se verían afectados negativamente, como lo indican los resultados del estudio del BID. Eliminar los subsidios a la electricidad y al diésel les costaría alrededor del 2% de sus ingresos[1]. Incluso si no consume diésel directamente, los ecuatorianos pobres son vulnerables al aumento de los precios de los alimentos y el transporte público debido a la eliminación este subsidio.
Si bien los ecuatorianos más pobres no tienden a consumir tanta gasolina como los más ricos, ya que son mucho menos propensos a tener un automóvil, la eliminación de los subsidios a la gasolina aún les costaría entre el 1% y el 1,5% de sus ingresos. Por lo que la eliminación de los subsidios a los combustibles sin políticas compensatorias también es regresiva. Las políticas compensatorias son fundamentales y son urgentes.
El informe presenta algunas alternativas a la eliminación de los subsidios a la gasolina y la electricidad:
- Aumentar el monto del Bono de Desarrollo Humano.
- Expandir el Bono de Desarrollo Humano a nuevos beneficiarios.
- Transporte público gratuito para los ecuatorianos más pobres.
- Emisión de vales de comida a grupos vulnerables.
El informe encuentra que estas propuestas dejarían a los ecuatorianos pobres en mejor situación económica, en comparación con la situación actual, y le ahorrarían al gobierno alrededor de $ 1,6 mil millones por año. Además, este paquete podría ganar impulso político, ya que el factor político incide fuertemente en la eliminación de estos subsidios.
AUMENTAR EL VALOR DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO COMPENSARÍA LA ELIMINACIÓN DE LOS SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES
Con respecto al aumento del valor del BDH, la evidencia de estudios alrededor del mundo sugiere que una forma de focalización es devolver a los hogares parte de lo que ahorre el gobierno por la eliminación de subsidios.
Las transferencias de efectivo son una de las mejores herramientas para brindar asistencia social, pues tienden a aumentar los indicadores de salud, empleo y bienestar y, al ser específicas para ciertos sectores de la población más vulnerables, también son económicamente eficientes.
En Ecuador, al gobierno le cuesta alrededor de $ 2 desembolsar $ 1 a un hogar pobre que usa el bono, lo cual es considerablemente más barato que los subsidios de energía (según el estudio, el subsidio a la gasolina cuesta $ 15,5 transferir $ 1 a hogares pobres). Un aumento de los desembolsos del bono en $ 17 por mes sería suficiente para compensar a los ecuatorianos pobres por el impacto promedio de eliminar todos los subsidios a la energía. Además, aumentar el bono costaría menos de lo que cuestan actualmente los subsidios a la energía y ese dinero podría usarse para reducir el déficit, estimular la economía o financiar otras prioridades de desarrollo social.
Otra alternativa es ampliar el número de beneficiarios en 900.000 hogares adicionales cuyos ingresos sean menores a $ 180 per cápita, o realizando los estudios técnicos pertinentes. En este caso, el primer y segundo quintil de la población son los que más se beneficiarían, pues es una política progresiva. Para esta alternativa, es importante que los beneficiarios estén bien identificados y sean procesos transparentes.
TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO PARA HOGARES MÁS POBRES, OTRA OPCIÓN DE COMPENSACIÓN
Aparte de las transferencias monetarias, el informe presenta alternativas de transferencias en especies. Los programas de transferencias en especies se modelan para beneficiar al 40% más pobre de los hogares, por lo tanto, los impactos tienden a ser progresivos.
La eliminación del subsidio al diésel conlleva un aumento en los gastos del transporte público, por lo que una alternativa es un sistema de vales con tarifas reducidas, o incluso transporte público gratuito para los hogares más pobres. Para esta alternativa; sin embargo, es necesaria una mejora en la tecnología del transporte público, por ejemplo, el uso de tarjetas para el pago de pasajes.
Aparte del transporte, la eliminación de los subsidios también tiene un efecto indirecto en el precio de los alimentos. Por lo que el informe del BID propone la emisión de vales de comida a grupos vulnerables que podrían aliviar estos efectos. Los costos para esta medida de compensación son bastante bajos, por lo que los ingresos restantes son elevados y permiten implementar otras políticas.
ECUADOR EN EL TOP 10 DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA QUE MÁS EMITEN GASES DE EFECTO INVERNADERO
El efecto de los combustibles en el ambiente también es una preocupación importante dentro de la discusión sobre la eliminación de los subsidios. Según un informe del FMI, Ecuador está dentro del top 10 de los países de América Latina y el Caribe que más emiten gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial (Gráfico 2).
Los GEI incluyen CO2, CH4, N2O y gases fluorados, procedentes de la energía, la industria, la agricultura, los desechos y otras fuentes. El país con más emisiones de GEI en la región es Brasil, pues representa 2,3% del total mundial; le sigue México, con el 1,5%. En el octavo puesto se encuentra Ecuador, que contribuye con 0,1% de la emisión de GEI del total mundial.
Gráfico 2
Emisión de GEI en América Latina y el Caribe
LO QUE QUEDE POR ELIMINAR SUBSIDIOS SE PUEDE UTILIZAR PARA AGRICULTURA SOSTENIBLE
El informe destaca que aparte de la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, para alcanzar las metas de mitigación climática, los países de América Latina y el Caribe deberían aplicar medidas no basadas en precios. Dentro de estas medidas se incluye la inversión pública en tecnologías o infraestructuras de bajas emisiones de carbono, incentivos fiscales y regulaciones de apoyo.
El subvencionar al menos en un primer momento la agricultura sostenible, es una opción que beneficia al ambiente y también puede contribuir a impulsar el crecimiento y generar nuevos empleos. La demanda de productos sostenibles está aumentando a escala mundial, por lo que incentivar esta producción a nivel nacional aumentaría la resiliencia externa y contribuiría a la seguridad alimentaria, además de incrementar las fuentes de ingresos nacionales.
La inversión pública en tecnologías con bajas emisiones de carbono sería, por ejemplo, la electrificación de flotas de autobuses públicos, turbinas eólicas, o la instalación de paneles solares, además de los métodos de agricultura más sostenible.
El informe analiza no solo eliminar los subsidios, sino introducir un impuesto al uso de combustibles fósiles, lo cual elevaría de forma significativa sus precios, pero también generaría mayores ingresos fiscales que pueden utilizarse para compensar a los grupos vulnerables y reducir las emisiones de carbono.
LA FOCALIZACIÓN NO DEBERÍA SER ÚNICAMENTE AL SECTOR DEL TRANSPORTE
A pesar de que uno de los grandes problemas de la eliminación del subsidio es el frente político, el plantemiento de políticas compensatorias definitivamente facilitaría el proceso. Los expertos entrevistados para el estudio del BID indican que la reforma de los subsidios más problemática es la del diésel, por la influencia de un sector del transporte (de carga y buses para transporte público) que depende en gran medida de los bajos precios por el subsidio.
Un entrevistado indicó que para evitar posibles protestas contra los altos precios de la gasolina por parte del sector de los taxistas se podría proporcionar una tarjeta con una cuota mensual de gasolina.
El gobierno nacional, hasta ahora, solo ha hablado de la focalización del subsidio de los combustibles para el transporte público urbano, intracantonal e interprovincial, pero aún falta determinar desde qué fecha y en qué valor del diésel se focalizará. Las mesas de diálogo de más de cuatro meses también llegaron a acuerdos de compensaciones, como las rebajas en llantas, aceites, entre otros.
El director nacional del movimieto Pachakutik, Marlon Santi, en entrevista con Sonorama, indicó que está de acuerdo con la focalización de los combustibles y no con el congelamiento de los precios para toda la población, pues se “debe dar paso a propuestas que beneficien a los transportistas, ciudadanos, los pobres del país”, dijo.
Por otro lado, el economista Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe), dijo que el Gobierno “solo conversó con el sector de los transportistas, cuando en realidad en esta situación de los subsidios estamos involucrados absolutamente todos, no se ha identificado a los sectores más necesitados”, señaló en entrevista con FM Mundo. Dialogar con los sectores más afectados es fundamental para determinar un mecanismo de compensación que permita otorgar beneficios focalizados.
En este sentido, por ejemplo, no se ha tomado en cuenta al transporte escolar, sin considerar que el aumento en los precios de los combustibles incide en que los choferes suban los precios, lo que afecta directamente a las familias.
Priscila Hermida, profesora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la PUCE, en entrevista con GESTIÓN plantea, además de las alternativas de focalización, otras de políticas sociales. Una de ellas tiene que ver con la educación, que se vio fuertemente afectada en la pandemia, especialmente por la virtualidad y la falta de acceso a internet de muchos hogares. Hermida propone que en lugar de los subsidios a los combustibles, se subsidie una red wifi nacional, la cual beneficia al país en mayor acceso a educación e información y, por lo tanto, en capital humano.
Las alternativas para la focalización y las políticas compensatorias existen, y serían mucho más beneficiosas para sectores más vulnerables que el subsidio de los combustibles. El problema es que el sistema de bandas se implementó para la eliminación del subsidio sin establecer claramente cómo se evitaría afectar a esta población.
Por presión política, es importante llegar a acuerdos con el sector de transporte, pero se debe tomar en cuenta la parte social y beneficiar a los más afectados con un análisis técnico. Actualmente, la reducción del subsidio ya es evidente en los precios de los combustibles, si no se toman medidas compensatorias en el corto plazo, los precios de los demás productos también incrementarán, y habrá una afectación social más fuerte y regresiva.
(*) Analista económica de Revista Gestión.
[1] La base de datos que utiliza el estudio del BID corresponde a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbano y Rurales 2011-2012, Manuel González realiza una actualización de los datos hasta el 2019 tomando en cuenta la inflación de esos años.
Si va a hacer uso de este artículo, por favor cite la fuente original. Artículo de información (I).
Encuentre contenido relacionado en nuestro archivo histórico:
¿Es justo destinar más dinero a subsidiar combustibles que salud o educación?
¿Cuánto más puede subir la gasolina en el país?
Ecuador: de la economía del petróleo a la bioeconomía
Focalización, la vía más clara para sanear el problema de los subsidios
La riqueza petrolera no ha sido suficiente para barrer con la pobreza
Last modified on 2021-12-13