En un momento de emergencia sanitaria como el que atraviesa Ecuador -en el cual el entorno económico mundial es adverso por el cierre económico causado por el virus y la caída del precio del petróleo debajo de los $ 20 por barril-, el 23 de marzo el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, anunció la estrategia que seguirá para enfrentar los compromisos de la enorme deuda pública, que en el presente año implicaba realizar pagos por $ 3.600 millones en intereses y $ 4.300 millones en amortizaciones (aunque en el stock supera los $ 65.000 millones).
El Gobierno ha descartado una moratoria de pagos unilateral y se ha anclado en el soporte técnico que le han prestado los organismos internacionales -principalmente del Fondo Monetario Internacional- y en el soporte político que le da el Tesoro de EE.UU.
En cumplimiento de este plan, realizó el pago de $ 325 millones correspondientes a capital e interés del bono Global 2020 que vencía el 24 de marzo, el cual había reiterado en varias ocasiones a los tenedores de bonos que sí pagaría. En cambio, no se realizará el pago del mes de marzo de $ 197 millones en intereses de los bonos 2022, 2025 y 2030; en lugar de ello decidió acogerse al “periodo de gracia de 30 días” vigente en el contrato.
La propuesta tiene por objeto, primero, reducir la presión financiera inmediata de las obligaciones y mantener abiertos los canales de financiamiento emergente. Segundo, abrir negociación consensuada con todos los acreedores -durante los 30 días de gracia- para reprogramar el pago de pasivos pendientes.
El pago realizado por $ 325 millones muestra el interés de honrar la deuda de parte del Ecuador, lo que -en la compleja situación política y económica del país- ha permitido mantener el soporte político del gobierno de EE.UU. y el soporte técnico del FMI, así como el apoyo de multilaterales para acceder a desembolsos que significarían flujos de recursos inmediatos (en el lapso de tres a cuatro semanas) por hasta $ 2.000 millones (Gráfico 1), según lo ha anunciado el ministro.
Gráfico 1
Desembolsos proyectados para emergencia
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: Consultora Multiplica.
Estos desembolsos suponen una reorganización de cartera con multilaterales, pero con un incremento sobre lo presupuestado para financiamiento al inicio de 2020, pues se han activado las líneas de emergencia con fondos específicos para enfrentar el desafío sanitario.
En cambio, con China ha supuesto una negociación que permita reorientar los recursos destinados a proyectos específicos en ejecución hasta por $ 1.000 millones al uso de “libre disponibilidad” de manera que el gobierno pueda tener un margen de acción en esta coyuntura. $ 102 millones en recursos provenientes de multilaterales se destinarán de inmediato a la emergencia en el sector salud, para enfrentar los requerimientos más apremiantes (Cuadro 1).
Cuadro 1
Destino de recursos para emergencia
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: Consultora Multiplica.
El colapso petrolero y las restricciones comerciales por la crisis mundial del Covid-19 han quebrado los débiles soportes de las finanzas públicas y del sector externo, exacerbando los déficits fiscal y de balanza de pagos a dimensiones impensadas al inicio de 2020, y que han restado liquidez al gobierno central.
A esto se suma la devastación económica para las familias y empresas por la cuarentena nacional para controlar el brote de Covid-19, en cuya vertiginosa expansión Ecuador está en segundo lugar en América Latina, después de Brasil. Desde ya se habla de algunos sectores que serán prioritarios para la reactivación económica, en la reapertura de actividades a nivel nacional: turismo, floricultura, producción de cacao, entre otros.
La reacción de los mercados se podrá mirar en los días siguientes en el indicador de riesgo país que ya castigaba con más de 6.000 puntos un posible default. Técnicamente este no se ha dado por estar en el periodo de gracia para los pagos que no se van a realizar por falta de recursos. Hay temor sobre los riesgos desde el punto de vista legal por la aplicación por parte de los acreedores de las cláusulas de pari passu y cross default que constan en los prospectos de emisión de los bonos.
La pari passu se establece como una cláusula en un contrato financiero para evitar privilegios en el pago a unos acreedores frente a otro, y en este caso se pagaron los bonos 2020. Por otra parte, un cross default significa que cuando un deudor entra en una situación de suspensión de pagos, todos los otros acreedores pueden iniciar un proceso legal de pedir de vuelta su préstamo de forma inmediata. Acá la estrategia apunta a una reprogramación negociada, pero no hay la garantía de que todos los tenedores de los bonos la acepten.
(*) Editora macroeconómica de Revista GESTIÓN y analista económica de Consultora Multiplica.
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Last modified on 2020-03-24