La calidad se transforma con la buena gobernanza

¿Alguna vez le sucedió que su proyecto en la práctica necesitó más autorizaciones y permisos que los que tenía inicialmente planificado? ¿Además, en el camino se encontró con que debe rendir cuentas por la misma temática no solo a una autoridad de control sino a dos o más?

El semáforo nutricional posiblemente sirve para ilustrar este problema. No es suficiente completar los trámites para obtener y mantener el registro sanitario, también debe asegurarse de tramitar un certificado de inspección en caso reciba alguna vez una visita de control por parte del Ministerio de Producción. Claro que las normativas relacionadas, entre el tira y afloja de las entidades de control, han sido relativamente armonizadas; desafortunadamente, no se tomó el camino más práctico para la sociedad, esto es, unificar la normativa minimizando tiempos, costos y haciendo más fácil la vida para emprendedores y empresas.

A partir del año 2000, el Ecuador ha suscrito distintos instrumentos comerciales orientados a lograr una liberalización progresiva del comercio en sectores identificados como de interés para las partes donde se determinan los plazos dentro de los cuales ocurrirá la reducción o liberalización arancelaria para los productos o servicios negociados.

Desde el punto de vista de la política pública, este tipo de acuerdos implica para el país, impulsar diferentes instrumentos orientados a incrementar la productividad y la competitividad de las empresas ecuatorianas para que aprovechen las oportunidades en los mercados internacionales. Además, cumplir con una serie de compromisos orientados a facilitar el comercio internacional.

En este contexto, el sistema o infraestructura de la calidad cobra relevancia como una de esas herramientas de política pública, no por el uso indiscriminado e incluso político que en el pasado reciente se le ha dado –particularmente para crear barreras a las importaciones- sino por la ruta que puede marcar para que las empresas incorporen prácticas y procesos orientados a optimizar sus propias capacidades. Y, además, entregar productos y servicios que puedan competir en el mundo.

EL EJEMPLO DE MÉXICO

Resulta valioso en un principio que el Ecuador busque caminar hacia esa senda aprendiendo de las buenas prácticas que incorporó México, resultado de un amplio proceso de desregulación y de reformas estructurales y económicas que le permitieron consolidarse institucionalmente y establecer a la gobernanza regulatoria como una política de Estado. 

La gobernanza regulatoria en México va más allá de la infraestructura de la calidad, fue impulsada inicialmente como un esquema de mejora regulatoria hasta convertirse en Ley; si bien se reconoce que todavía existe un arduo camino por recorrer en los ámbitos locales, son varios los aspectos positivos consecuencia de ese proceso de transformación.

A nivel institucional, mayor eficacia resultado de procedimientos administrativos orientados a crear valor con los recursos disponibles. A nivel ciudadano, mejor interacción con el gobierno basada en principios de transparencia y participación, disminuyendo incluso la discrecionalidad y eliminando los espacios susceptibles de corrupción. Y, a nivel empresarial, instituciones con procesos ágiles, trámites eficaces y regulaciones que facilitan el ambiente para hacer negocios.

En general, fue un proceso de cambios institucionales y reformas que todas las instituciones públicas a nivel federal tuvieron que cumplir, y que a su vez, alcanzó a los esquemas de promoción de proyectos normativos y de regulación técnica que son parte de la infraestructura de la calidad. Como resultado de esto, los proyectos de regulación técnica tuvieron que obligatoriamente cumplir con los siguientes parámetros:

Dichos esfuerzos, se vieron reflejados en un mejor desempeño de México en términos de competitividad, según el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (2019) previo a la pandemia; en Latinoamérica es el segundo país más competitivo después de Chile, y específicamente, con relación al pilar 11 (Dinamismo en los negocios: requerimientos administrativos) destaca junto con Jamaica.

LA REGULACIÓN TÉCNICA EN EL ECUADOR 

En el Ecuador, las actuaciones de las instancias públicas se encuentran reguladas por el Código Orgánico Administrativo (COA), sin embargo, este no establece procedimientos que las entidades públicas deban cumplir para emitir actos, procedimientos o resoluciones que con su implementación signifiquen cambios o costos para quienes deben cumplirlo, menos aún, establece lineamientos orientados a lograr mejoras en el ámbito regulatorio.

Es así, que los procesos y procedimientos relacionados con la emisión de regulaciones quedan a discreción de cada entidad pública, lo cual, ante la ausencia de procedimientos administrativos internos, incluso puede quedar al libre albedrío de quien esté a cargo de la dirección.

Esta realidad no es diferente para el Sistema Ecuatoriano de la Calidad cuya máxima instancia, el Comité Interministerial de la Calidad (CIMC), ni tampoco su organismo rector, el Ministerio de Producción, establecieron un procedimiento claro para la elaboración y aprobación de los proyectos de regulación técnica.

Tampoco se ha dado cumplimiento al Artículo 4 del Reglamento a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que determina que “mediante resolución motivada del CIMC se designarán a las entidades e instituciones públicas que, en función de sus competencias, tendrán la capacidad de expedir normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad; y, que formarán parte del Sistema Ecuatoriano de la Calidad”.

Este contexto  –caracterizado por el débil liderazgo que ha tenido al CIMC, derivado de la falta de visión y compromiso político- resultó en que el INEN y la Subsecretaría de la Calidad asuman la función de elaboración y aprobación de reglamentos técnicos, independientemente de que el alcance de la regulación corresponda o no a un ámbito de su competencia.

¿Hasta qué punto las instancias reguladoras han estado involucradas en el proceso y cuáles fueron los mecanismos de consulta pública que formaron parte del mismo? La respuesta es que al no existir un procedimiento, tanto la invitación a participar a una instancia reguladora así como los procesos de consulta pública han quedado a discreción de quien se encuentra a cargo del proceso. Lamentablemente, son pocos los casos en que un reglamento técnico ha sido motivado por una instancia rectora o esta ha participado activamente en su elaboración y aprobación.

Las consecuencias de todo esto se encuentra en el gran “espagueti regulatorio” que se ha creado, en el cual las regulaciones técnicas publicadas por el INEN no son las únicas que existen en el país. De hecho, son varias las regulaciones que han sido emitidas por distintas instancias gubernamentales con competencia para ello, y, a pesar de no cumplir con las formalidades para clasificar a dichas regulaciones como “técnicas”, por el alcance y objeto de regulación son de carácter “técnico”.

Lamentablemente, ese “espagueti regulatorio” implica no solo para el empresario o productor, sumar tiempos y costos a sus proyectos o emprendimientos; sino también, para la sociedad, que debe asumir los costos y las ineficiencias de los procesos burocráticos creados.

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA?

Antes que nada, es fundamental que las instancias gubernamentales entiendan que están para prestar un servicio público y que las acciones que toman deben enmarcarse en ayudar a las personas y a la sociedad a cumplir sus objetivos, esto es, que las regulaciones debe ser entendidas como parte de un todo y no el todo en sí mismo.

Es así que, al ser la calidad un objetivo a alcanzar en distintos ámbitos de la sociedad, es necesario impulsar una institucionalidad técnicamente sólida, con capacidad de liderazgo y de coordinar diversos actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, con el fin de que los proyectos de regulación que impulsen, lo hagan cumpliendo mínimamente los seis parámetros básicos que podemos aprender de la experiencia mexicana: interés público, transparencia, impacto regulatorio, normas y estándares internacionales, compromiso empresarial, y proceso dinámico. Será clave el respaldo incluso del presidente, más cuando existen instancias públicas con pesadas burocracias que tenderán a mantener el statu-quo.

Es clave también, crear las capacidades para entender las dinámicas, interacciones y herramientas que tiene la infraestructura de la calidad, tanto en el ámbito nacional e internacional y comprender los roles y compromisos que se generan entre las distintas instancias públicas y privadas una vez que se acuerda trabajar en pro de un objetivo.

Para esto, es fundamental que los procesos regulatorios sean definidos, será mucho mejor si están articulados a un esquema de mejora regulatoria de alcance nacional. En este punto, resulta valioso destacar la decisión del gobierno ecuatoriano de impulsar la mejora regulatoria como política de Estado, y los esfuerzos iniciales realizados para obligar a las instancias públicas a presentar de forma anual sus planes regulatorios -justificados en un análisis de impacto regulatorio- lo que permitirá cierto grado de transparencia en el proceso.

El impulso a la calidad no será posible lograr en el escritorio de una instancia pública, debe, por el contrario, constituirse en un proceso sinérgico y articulado con todas las instancias de regulación del Estado y con todos los agentes económicos y sociales. Solo de esta manera, con objetivos y procedimientos claramente establecidos, los reglamentos técnicos pueden constituirse en herramientas poderosas de política pública, no solo por su objeto de proteger la salud, el ambiente, la seguridad y a los consumidores, sino porque efectivamente constituyen un vehículo para impulsar la productividad y la competitividad.

En buena hora que el Ecuador retome los esfuerzos por impulsar la mejora regulatoria, clave para fortalecer el Sistema Ecuatoriano de la Calidad y una base fundamental para poner en marcha una efectiva agenda de competitividad. No obstante, considerando las complejidades que tiene este proceso, el liderazgo institucional y la reforma, entre otras de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, serán relevantes. Sin cambios estructurales profundos, las buenas intenciones no encontrarán buen puerto. Este es uno de los compromisos que el presidente debe asumir dentro de su agenda, de lograrlo, será el mejor legado que deje al país.

(*) Consultora especializada en estrategia, innovación y sostenibilidad. Colabora con la empresa WOBAX | BTBOX en Argentina. Fue asesora en el Ministerio de Industrias y Productividad y coordinadora general de Política Pública en el anterior Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad.

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