La lucha contra la evasión tributaria podrá funcionar únicamente si una plataforma de países, y no solo unos cuantos, impulsa decididamente el rediseño de las reglas fiscales globales, dijo la responsable de justicia fiscal de Oxfam, Susana Ruiz, en el marco del Encuentro de Alto Nivel con Personalidades Eminentes del Sur que fue organizado por Ecuador en su calidad de presidente del G77+China. “Debe existir una masa crítica de países que plantee que esto tiene que ser un elemento de discusión política para alcanzar la Agenda 2030 Desarrollo Sostenible 2030”, explicó Ruiz, al tiempo de insistir en la necesidad de que “sea una mayoría de países los que busquen estas reformas”.
El encuentro, que tuvo lugar este lunes 11 de diciembre en Quito, tuvo el objetivo de que los países del sur global discutieran desde su visión temas como el cambio climático, la geopolítica, la movilidad humana y la lucha contra los paraísos fiscales.
En ese sentido, Ruiz reconoció el rol determinante que ha tenido Ecuador en la lucha contra la evasión fiscal, que ha respondido a “una posición ideológica diferente y a un compromiso diferente”, donde el Gobierno ecuatoriano “ha tenido un papel muy importante, un liderazgo antes y durante la presidencia del G77”.
“Ha sido valiente al tratar de rescatar una agenda donde nos habíamos encontrado con bloqueos, con resistencias explícitas de algunas grandes economías”, declaró la especialista.
Por ello, espera que la construcción de un órgano intergubernamental en el seno de la ONU que combata la evasión fiscal se concrete en el corto tiempo o, al menos, avance mientras Ecuador ocupa la presidencia del grupo de los 77, pues “a la final las agendas dependen mucho de la voluntad de la presidencia y el próximo año no tenemos todavía garantía de que va a haber una continuidad”.
De ahí que “es importante que Ecuador no deje caer esta agenda aun no teniendo la presidencia y siga impulsando a quien tome el relevo para que esto sea una prioridad”, agregó la representante de Oxfam.
Ruiz considera necesario que exista un grupo de países “realmente fuertes y convencidos, decididos, para que planten voz sobre cuáles tienen que ser la prioridades en la lucha” contra los paraísos fiscales, “sino seguiremos teniendo a una serie de países que marcan los ritmos de la reforma, pero cuyos intereses no son los que van a representar a los países del sur”.
Para la experta, el momento coyuntural es el más propicio para generar cambios, luego de que los escándalos revelados por la prensa –tanto los Panama Papers como los Paradise Papers- pusieran el tema en la agenda pública.
“Con los escándalos fiscales que han existido y el trabajo que hemos hecho para trasladar a la ciudadanía en general la idea de que este tema es parte de su cotidianidad, hemos conseguido ganar la batalla de la opinión pública (aunque) no hemos conseguido ganar la batalla de la opinión política”, apunta la especialista en justicia fiscal.
Y aunque aclara que podría parecer “muy dramático hablar de una nueva gobernanza”, recalca que existen “ámbitos en los que necesitamos que exista también un espacio donde todos los países puedan participar del diseño de las reglas fiscales internacionales en las mismas condiciones de igualdad”.
Según datos de Oxfam, la utilización de paraísos fiscales por parte de las grandes corporaciones supone para los países en desarrollo una pérdida de al menos $ 100 mil millones, que serían suficientes para garantizar la escolarización de 124 millones de niños o para salvar la vida de seis millones de infantes en el mundo.
El Encuentro de Alto Nivel con Personalidades Eminentes del Sur se realizó por mandato de la II Cumbre del Sur que encomendó a Ecuador la creación de un grupo que proporcione opciones de desarrollo para apoyar la participación e integración de los países en desarrollo en la economía mundial en el contexto del multilateralismo y promover la cooperación sur-sur.
Desde el inicio de su presidencia pro témpore en enero pasado, Ecuador ha puesto en el centro de su agenda de trabajo el combate a los paraísos fiscales, incluso en la consulta popular de febrero pasado la ciudadanía aprobó una medida que en adelante impedirá a los funcionarios y autoridades de elección popular tener activos en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.