La política pone en jaque el acuerdo con el FMI

Revista Gestión *

Octubre 24, 2021 - 19:00

El mismo día que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el desembolso de $ 800 millones para el Ecuador, el Consejo de Administración Legislativa devolvió la Ley de Creación de Oportunidades presentada por el Ejecutivo. Los problemas políticos en el país pueden poner en riesgo los futuros desembolsos del FMI y otros organismos multilaterales. El programa indica que el ajuste será mayor por el lado del gasto; antes se esperaba que el superávit se alcance con un incremento de 2,9 puntos en los ingresos y un recorte de 0,5 puntos en el gasto, ahora el gasto significará el 3,5% del PIB y tan solo 1% del PIB provendrá de contribuciones tributarias.

El 29 de septiembre, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un desembolso de $ 800 millones para el Ecuador, después de la segunda y tercera revisión del acuerdo. Ese mismo día, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió devolver la Ley de Creación de Oportunidades que había sido remitida por el Ejecutivo con carácter de económico urgente.

El presidente Guillermo Lasso tiene previsto remitir a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley urgente que solo incluya la reforma tributaria. Esta normativa es urgente, ya que en la segunda y tercera revisión del Fondo una de las metas estructurales era precisamente su aprobación, destinada a generar ingresos y mejorar la eficiencia general del sistema tributario.

Esta reforma debería aprobarse pronto, para que en la cuarta revisión prevista para el 15 de diciembre, el FMI tenga más elementos a favor del país. Las revisiones del Fondo tienen como objetivo analizar las metas cumplidas del programa para poder desembolsar los siguientes montos establecidos. En el caso de que no esté aprobada una reforma tributaria en diciembre, el desembolso previsto de $ 700 millones se estancaría.

Durante el 2022 también se espera recibir $ 1.000 millones, pero esto se podría complicar si el Ecuador no pasa las revisiones del programa (Cuadro 1). Además, el financiamiento esperado de $ 4.500 millones desde organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), correría un destino similar si se estanca el acuerdo con el Fondo.

Aquello desembocaría en un gran problema fiscal, pues el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, mencionó que unos $ 4.500 millones serían financiados por las multilaterales en lo que resta del año y durante el próximo.

Cuadro 1

Cronograma de desembolsos del FMI

SI NO HAY REFORMAS ESTRUCTURALES, EL ECUADOR PUEDE PERDER 6,5% DE PRODUCCIÓN

El reporte del FMI sobre los problemas específicos en el Ecuador, indica que si no hay reformas estructurales significativas, existe un riesgo importante de reducción en el producto potencial, con fuertes repercusiones en el empleo y en la inversión privada. El Ecuador puede perder permanentemente alrededor de 6,5% de producción en el largo plazo. Por otro lado, si existen reformas estructurales, estas pueden impulsar el crecimiento en 4%.

Un tiempo prolongado de desempleo en sectores que fueron fuertemente afectados por la pandemia puede reducir el capital humano, mientras algunos trabajos, empresas y actividades pueden resultar perdidos permanentemente (Cuadro 2).

Cuadro 2

Crecimiento potencial pre y post covid-19

Es necesario reformas de gobernanza que mejoren las instituciones; reformas en el sector financiero –que promuevan la inclusión financiera y se reduzcan los costos de intermediación-, apertura a inversiones extranjeras y reformas en el mercado laboral.

El informe técnico del FMI sobre el Ecuador proyecta, además, un mayor crecimiento de la economía nacional (promedio de 2,8% entre 2022 y 2026) en comparación con el escenario anterior. Sin embargo, se establece que la mejora de la economía podría acelerarse con base en el impulso de reformas estructurales en materia laboral, mercados de bienes, mercados financieros (que garanticen mejor acceso), y en las prácticas de gobierno corporativo del Estado para que sea más eficiente y transparente.

En el tema petrolero, el informe señala que el Ecuador necesita reducir la dependencia de las cuentas públicas de los ingresos petroleros y mitigar los riesgos climáticos. Se reconoce que el país ya cuenta con un marco legal que le permite ahorrar los ingresos extraordinarios del petróleo por el alza de su precio cuando tenga una situación fiscal sólida.

Reducir la dependencia en el petróleo, indica el informe, no solo fortalecerá la política fiscal y dejará espacio para que se desarrollen otros sectores de la economía, sino que también preparará al Ecuador para una transición global para reducir las emisiones de carbono.

EL AJUSTE EN 2022 ES INEVITABLE

Entre las metas cuantitativas para el 2022 se incluye una reducción de 0,4% en el desempleo y de 1,1% en la deuda pública, una inflación de 2,1%, entre otras (Cuadro 3). El sector público no financiero (SPNF) debería alcanzar un superávit de 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2022. Para lograrlo, se necesitará un incremento de los ingresos y reducción de los gastos, pero la proporción de cada uno, después de la segunda y tercera revisión, cambió con respecto al acuerdo original.

Cuadro 3

Ajuste en indicadores económicos

EL PRINCIPAL AJUSTE VENDRÁ POR EL LADO DE LOS GASTOS

En la revisión de diciembre de 2020, el ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional era de 5,5% del PIB; sin embargo, posterior a la segunda y tercera revisión, ahora será de 4,5% del PIB, es decir, el ajuste fiscal será menor que el del plan original. Esta cifra se refiere al crecimiento en el período 2019-2025.

En la primera revisión del acuerdo - con los precios del petróleo alrededor de los $ 40 por barril y con una deuda que llegó por sobre los 66% del PIB a finales del 2020- se necesitaba de un plan de consolidación fiscal más grande para lograr los objetivos. Actualmente, el rendimiento fiscal fue mejor de lo esperado en 2020, pues bajó la deuda a 61% del PIB y el precio del barril está alrededor de los $ 78, lo que implica que consolidaciones más pequeñas lograrían los mismos objetivos fiscales (llegar al nivel de deuda del 57% del PIB hasta el 2025 y lograr un superávit que no se base en el petróleo).

Sin embargo, una diferencia fundamental es la manera de cómo llegar al resultado global positivo. Antes se esperaba que el superávit se alcance con un incremento de 2,9 puntos en los ingresos y un recorte de 0,5 puntos en el gasto. Es decir, lo opuesto a lo que se espera ahora, pues el principal ajuste vendrá por el lado de los gastos.

Después de la nueva revisión, el mayor esfuerzo será por el lado del gasto público, que significará el 3,5% del PIB y tan solo 1% del PIB provendrá de contribuciones tributarias. Para el 2022, por ejemplo, los ingresos serían el 0,7% del PIB mientras que los gastos el 2,3%. En comparación con la primera revisión, en la cual para el 2022 los ingresos eran el 1,9% del PIB y los gastos 0,9%.

La reducción del gasto desde el 2022 hasta el 2025 provendrá de diferentes fuentes. El 0,7% del PIB será por la masa salarial; el plan es tener un crecimiento nominal más lento en la masa salarial en el mediano plazo que el crecimiento del PIB, lo que implicaría reducir la masa salarial de 9,1% del PIB a 8,2% para el 2025. Esto se lograría al permitir que los salarios crezcan con la inflación o una reducción de salarios en nuevos contratos.

El 1,5% del PIB será por mejoras en el proceso de compras públicas, la mayor reducción se espera que sea en bienes y servicios. Además, se necesita una mayor transparencia y lucha contra la corrupción. El 0,9% del PIB se dará por menores gastos asociados con la pandemia, pues en el 2022 ya no se utilizarán los recursos para programas de apoyo y para el proceso de vacunación. Otro 0,9% del PIB será por racionalización del gasto corriente, específicamente la reforma sobre los subsidios a los combustibles (Cuadro 4).

Cuadro 4

Racionalización del gasto 2022-2025

UNA REFORMA TRIBUTARIA ES URGENTE

Las cifras indican que los objetivos de consolidación al reducir el sector público son más de lo previsto originalmente. Sin embargo, el reporte indica la urgencia de una reforma tributaria, más pequeña, pero aún progresiva, para incrementar los ingresos. En especial, para dejar de depender de los ingresos volátiles del petróleo.

Dentro del acuerdo con el FMI, se establecen los puntos importantes sobre la reforma tributaria, los cuales estaban en la Ley de Creación de Oportunidades. En primer lugar, un impuesto al ingreso (0,7% del PIB), también medidas transitorias (0,5% del PIB) como es la contribución especial de empresas con un valor neto de $ 1 millón cuyas ventas en 2020 superaran a aquellas del 2019 y una contribución especial a individuos con altos ingresos con tasas que incrementen progresivamente de 0,5% a 1,5%.

Sin la reforma tributaria, el país difícilmente alcanzará los objetivos planteados por el FMI, condiciones para los siguientes desembolsos. Esto evidencia, igualmente, la urgencia del presidente Lasso de presentar el proyecto de reforma tributaria.

¿QUÉ TAN BUENAS SON LAS CONDICIONES DEL FMI?

La sostenibilidad fiscal es fundamental para la economía de un país; sin embargo, la forma de llegar a ella debe tener en cuenta las afectaciones sociales. La reducción de gasto público que establece el programa con el FMI es fuerte, pero es importante que esta reducción no empeore la calidad de los servicios o precarice las condiciones de los servidores públicos, ya sea por por no contar con los insumos necesarios o porque sean mal pagados.

Además, esto desembocaría en un mayor descontento social, el cual ya está presente en el país y se evidencia en las marchas de diversos sectores de la sociedad en muestra de protesta. Las reformas estructurales deben fortalecer la economía, priorizando a los sectores más vulnerables de la sociedad y buscar que sean lo más equitativas posible.