El viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, afirma que la economía nacional muestra evidentes signos de mejoría, y que si bien la recuperación es lenta, ya no se puede hablar de recesión. En una entrevista con GESTIÓN, Carrillo señaló que una de las alternativas para mejorar los ingresos estatales, y cumplir de paso con las condiciones del Acuerdo con el FMI, será concretar la concesión de activos en al menos $ 1.000 millones este año. Otra medida será la optimización del Estado y la aprobación de las leyes laborales y tributarias.
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¿Se cumplieron las metas fiscales y monetarias de la primera revisión del Acuerdo con el FMI?
El Acuerdo es del tipo “facilidad extendida” y no simplemente un stand-by como el país había tenido anteriormente. Es un acuerdo inédito, que nos permite realizar una reforma estructural, y dinámico, en el sentido de que podría haber ciertos cambios. Se mide cada trimestre según la disponibilidad de cifras que se obtienen hasta 45 días después del cierre trimestral. En este caso se revisó marzo, a escasas dos semanas de la firma del Acuerdo, pero con una gestión de finanzas públicas enrumbada en los compromisos. Se hizo una revisión integral de ingresos, gastos y financiamiento.
El programa está definido a nivel del sector público no financiero (Spnf), que engloba el Presupuesto General del Estado, las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y el sistema de seguridad social (IESS, ISSFA, ISSPOL). Los objetivos están definidos a nivel del PGE, de las empresas públicas, de la Función Ejecutiva y del Sistema de Seguridad Social.
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¿Se evalúan las políticas y los indicadores de desempeño?
El Memorando de Políticas contempla algunos pilares: consolidación fiscal y estabilidad monetaria; protección de derechos e igualdad de oportunidades; productividad y competitividad; crecimiento económico y empleo, y el pilar transversal de transparencia en el uso de los recursos públicos.
No se ha hecho público el detalle de la primera revisión que implica cómo se cumplieron las metas respecto de lo acordado, considerando tres indicadores de desempeño, y un cuarto que es un indicativo que varía también con el precio: 1) el resultado primario no petrolero incluidos los subsidios (se aísla el resultado de la variación de precios, se aísla del monto de pago de intereses, se incluyen los subsidios sobre los cuales hay compromisos de políticas); 2) el nivel de reservas internacionales netas (que excluye los depósitos del sector privado); 3) el piso de protección social, que garantiza la inversión mínima para los sectores vulnerables, resumido en el Plan Toda una Vida, y el 4) resultado global (ingresos totales menos gastos totales en el presupuesto). Los detalles de esa aprobación a nivel de los técnicos del FMI deberá pasar al directorio [ndlr: 26 de junio].
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Partiendo de la aprobación de esta primera revisión, ¿qué esperamos para el año?
La economía es dinámica y el Acuerdo también lo es. Revisamos el desempeño de la economía de enero a marzo, tenemos en algunos casos información a abril; las revisiones se harán en junio, en septiembre y diciembre. Se ha hecho una redefinición de los niveles de los indicadores porque, tal como una programación o un presupuesto, son estimaciones susceptibles de calibrar en función de los objetivos, conforme el comportamiento de la economía. De otro lado, acordamos que el escenario macroeconómico se mantiene en los términos establecidos en el Acuerdo: el nivel de crecimiento conservador de -0,5% estimado por el FMI.
La expectativa del Gobierno es que haya un crecimiento moderado entre 0,5% y 1% del PIB, y esto se puede decir porque en los primeros cuatro meses del año hay indicadores que muestran una mejoría (Gráficos): crecimiento del crédito, de los depósitos, crecimiento de ventas, que nos permiten estimar que la economía está en un proceso de recuperación –tal vez lenta- pero no de recesión.
Esto va a ocurrir y se va a poder oficiar en septiembre, tras las revisiones correspondientes. Tras la primera revisión habrá el desembolso de $ 256,4 millones. A esto se suma el acceso a financiamiento por $ 1.500 millones en condiciones ventajosas y a desembolsarse entre mayo y junio, como parte del apoyo de la comunidad internacional, y segmento de los $ 4.200 millones previstos para este año.
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¿Cuáles son las políticas que permiten aumentar ingresos y reducir gastos en 5% del PIB hasta 2021?
En 2019 se pueden señalar dos elementos, cada uno de los cuales contribuye con 1% del PIB en el presente año: 1) En términos de ingresos concretar el proceso de monetización de activos estimado en $ 900 millones a $ 1.000 millones, que es el valor incluido en el Presupuesto General del Estado del Gobierno Central. En 2020 se esperaría algo similar.
Conjuntamente con el BID hemos mapeado activos concesionables y delegables de operar por la empresa privada por un monto de $ 6.300 millones. Dentro de ese universo, el objetivo de este año – muy posible de cumplir – es alcanzar $ 1.000 millones en concesiones en diferentes sectores: sector eléctrico (concesión de Sopladora, Minas San Francisco, Delsitanisagua), hidrocarburos (concesión del Campo Sacha, Refinería de Esmeraldas), telecomunicaciones (algunos activos de CNT).
Donde el sector privado pueda aportar capital, tecnología, gestión, el Gobierno lo considerará dentro de la estrategia de monetización. No son privatizaciones, porque ni la Constitución ni la ley lo permite. El plazo es corto, y para cumplir este objetivo, el presidente ha emitido el Decreto 740 con el cual se crea el Comité de Gestión Delegada que busca concretar acciones. El mapeo de posibles proyectos se hizo en el tercer trimestre de 2018, no es un tema nuevo.
2) En términos de gastos, un segundo elemento será continuar con el proceso de optimización del Estado (Spnf) por el lado del gasto corriente en masa salarial, bienes y servicios o gastos de operación. 3) Totalmente descartado en 2019 cualquier nuevo cambio en el tema de subsidios a los combustibles. Con estas acciones se puede lograr el objetivo esperado de 2% del PIB este año. Objetivo similar se espera en 2020 y un 1% de corrección en 2021.
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Si no se concretan las concesiones, ¿podrían hacer una emisión de bonos para cumplir los ingresos?
Son temas diferentes. Las concesiones como están definidas son ingresos para el presupuesto y para el programa y nada tienen que ver con una emisión para el reperfilamiento de la deuda pública, que es parte de otra estrategia. En 2020 tenemos un vencimiento de $ 1.500 millones en bonos 2020 y en el 2022 otro pago por $ 2.000 millones, de deudas que se colocaron años atrás. Encontrar una “solución de mercado” que permita liberar recursos el próximo año sí va a ser algo beneficioso.
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¿Qué esfuerzos se estarían haciendo en 2020? ¿Reforma tributaria y focalización de subsidios?
Sí hay una expectativa de mayores ingresos ligados a la reforma tributaria, que conceptualmente busca simplificar y facilitar el pago de impuestos y transparentar el pago de obligaciones y al mismo tiempo tener un efecto recaudatorio de alrededor de $ 1.700 millones. Si calculamos que el esfuerzo fiscal en 2020 tiene que rendir un 2% del PIB, un 70% de este esfuerzo se va a lograr en materia tributaria y un 30% con el esfuerzo adicional en recortes de gasto de masa salarial y en bienes y servicios, reducción del gasto corriente que se mantiene en 2020 y en 2021. Un tema importante es el incremento del gasto de 1% del PIB destinado a la protección social.
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¿Se van a revisar las metas en el nivel de las reservas internacionales netas (RIN)? ¿Cómo se puede cumplir con esto?
En la dinámica de revisión del Acuerdo, puede cambiar el número ligado al indicador y también algún elemento ligado al concepto. No se puede hablar de un relajamiento en el objetivo, puesto que todo esto debe ser ratificado por el directorio del FMI. La acumulación de reservas se daría por el control fiscal de ingresos y gastos, por una parte; por un mejor acceso a financiamiento, por otra parte; y el esfuerzo de administración de caja, que también influiría. Las dos variables determinan la evolución de las RI. Las metas están fijadas con las RIN, definición que aísla el componente de los depósitos del sector privado en el Banco Central del Ecuador.
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En marzo el MEF hizo una emisión fuerte de Cetes para cumplir con el nivel de reservas comprometido…
Los Cetes son operaciones normales en la estrategia de fondeo de una Tesorería, no hay una restricción en el uso de Cetes. Al haber operado apenas dos semanas se necesitaba el financiamiento para el cumplimiento de la meta y por ello se privilegió la emisión de este instrumento por más de $ 1.000 millones, porque el Gobierno tiene el compromiso de fortalecer las reservas.
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¿Cuándo se enviará la segunda Ley de Fomento Productivo a la Asamblea Nacional?
Este es un tema en desarrollo. Determinar la estrategia legislativa para cambios estructurales está en manos del Presidente de la República. Lo que entiendo es que se va a privilegiar la reforma laboral, mientras que la reforma tributaria estaría en la Asamblea Nacional hacia el mes de agosto o septiembre. Sobre esa base se están definiendo qué otras iniciativas legales se requieren para el cumplimiento del programa económico. Ejemplo: iniciativas para alianzas público privadas, reforma de la Ley del Mercado de Valores, al Coplafip (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas), al COMF (Código Orgánico Monetario y Financiero), leyes sectoriales específicas.
Vale la pena mencionar que hay un ámbito de negociación con la Asamblea Nacional sobre la forma del proyecto, el tiempo adecuado para hacerlo, y las reformas planteadas dentro del Acuerdo con el FMI han ido encajando de acuerdo con los compromisos. Acciones previas, envío de información financiera y estadística y de deuda oportuna; Plan de Reforma del Coplafip a fines de abril; fortalecimiento del Banco Central y del COMF; envío al Gabinete Económico Productivo del Plan de Fortalecimiento de esta entidad.