La proforma presupuestaria presentada por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional fue de $ 34.853 millones, un 5,3% menor que la aprobada el año que termina por lo que aparenta un recorte de cierta importancia. No obstante, adolece del mismo mal que ha criticado el presidente Lenín Moreno: aumento del gasto corriente en 9,6%.
Esto no se compadece con la necesidad de rectificar el rumbo hacia una economía sostenible en el gasto. En donde debió haber recorte hay un crecimiento desproporcionado: el rubro bienes y servicios crece 28,2% en comparación a un supuesto optimista de crecimiento del PIB de 2% y en un ritmo algo mayor que el crecimiento de 2016 a 2017.
Por su parte, la masa salarial crecería en 3,8% anual, según la proforma, lo cual relativiza la importancia del Decreto Ejecutivo de austeridad.
Los intereses de deuda crecen en forma obvia dada la vorágine de endeudamiento en la que se ha embarcado el país y en ese caso no queda más que frenar el ritmo de financiamiento y pagar lo que se debe. Como el Gobierno mismo lo reconoce, el pago del servicio de deuda de 2018 por un monto de $ 6.500 millones supera con creces el gasto en educación de $ 4.500 millones o el destinado a salud, de $ 4.160 millones.
Las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) crecerían en 11,5%. Se esperaría que el Gobierno central no aliente el endeudamiento directo de estos gobiernos locales para no continuar complicando la situación financiera del país. Uno de los rubros que pesa en los pagos es el de $ 506 millones de aportes a la Seguridad Social.
¿POR QUÉ – ENTONCES- BAJA EL MONTO DE LA PROFORMA DE 2017 A 2018?
Los rubros que caen significativamente son los de pago de amortizaciones, que se reducen de $ 7.035 millones en 2017 a $ 3.909 millones en 2018, ¿una caída anual de 44,5%? Sí, aunque suena raro, el ministro de Finanzas, Carlos De la Torre, explicó que depende del perfil de vencimientos contratado por el país.
El otro gasto que cae es el de capital, que se reduce 12,3%, por la priorización en la finalización de obras ya iniciadas. De hecho, el ministro De la Torre anunció que el monto destinado al Plan Anual de Inversiones, que está contabilizado en este rubro, se reducirá de $ 5.454 millones en 2017 a $ 4.739 millones en 2018 (-13,1%).
SECTOR PRIVADO ASUMIRÁ COSTOS VÍA IMPUESTOS Y HAY SOBREESTIMACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS
De acuerdo con las medidas económicas anunciadas y plasmadas en la Ley Orgánica para la Reactivación Económica, los distintos cambios tributarios y las acciones legales contra la evasión y elusión de impuestos, a lo que se suman las acciones en aduanas, generarían $ 1.600 millones adicionales netos en cobros a las empresas.
Sin embargo, los ingresos tributarios lucen claramente sobreestimados porque crecerían un 10% frente a los valores reales de recaudación esperados para 2017.
Los ingresos por transferencias y donaciones de capital e inversión aparecen con $ 1.567 millones. En el rubro de ingresos petroleros, se esperan $ 1.839 millones, cuando claramente el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, ha señalado que el petróleo está comprometido en pagos de anticipos petroleros y otras formas de endeudamiento por lo menos seis años en adelante.
Por plantear los ingresos sobreestimados está en duda que el valor real del déficit fiscal termine siendo de $ 4.103 millones en 2018. La expectativa de endeudarse en $ 8.254 millones podría nuevamente quedar corta, del mismo modo que el endeudamiento planeado en 2017 ya ha sido superado.
Es clave el reperfilamiento de deuda que se pueda hacer y el planteamiento de un programa económico que permita hacer creíble un reajuste fiscal que de sostenibilidad a las finanzas públicas en 2018 y los próximos años hasta 2020.
* Editora macroeconómica Revista Gestión Digital.
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