¿Y si la avioneta no se caía? Esa es la pregunta que hoy todos nos hacemos frente a los hechos que vuelven ineludible hablar nuevamente de lo corrompido que está el país. La avioneta que presuntamente fue robada a Alfredo Adoum, y que hoy niega que sea suya y en la que viajaba el hoy caído en desgracia Daniel Salcedo Bonilla, ha sido la punta del ovillo de una serie de irregularidades que solo demuestran el estado de descomposición al que asistimos.
Cuando la avioneta se estrelló en Tumbes, el pasado 8 de junio, nadie esperó que este accidente desencadenaría una serie de sucesos que hoy llenan de indignación a la opinión pública. Más allá de que Salcedo está siendo procesado por la Fiscalía dentro de una investigación por peculado en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la venta con sobreprecio de bolsas para embalaje de cadáveres, su detención abrió una caja de Pandora.
Las autoridades identificaron que Salcedo tenía un carné de discapacidad debido a una supuesta deficiencia auditiva. Su hermano, Noé Salcedo, también tiene este documento por aparente discapacidad física. A él se suman varios amigos del hoy detenido. Con estos documentos, Salcedo intentó importar autos con exoneración de aranceles. Tras conocer estas irregularidades, el Ministerio de Salud Pública (MSP) suspendió el carné de discapacidad de Salcedo, y también de sus allegados.
Si bien este primer hallazgo causó un malestar generalizado entre la ciudadanía, lo peor estaba por venir. Varios medios de comunicación se dieron a la tarea de investigar el uso que se había dado a los carnés de discapacidad, y las sorpresas fueron mayúsculas. Empezaron por asambleístas, para pasar por alcaldes, directivos de entidades públicas, jueces y hasta deportistas.
¿Se puede caer más bajo? Cada semana comprobamos que sí, que en el país al parecer siempre se puede caer más bajo. Caso contrario es inentendible que un asambleísta con 51% de aparente discapacidad auditiva utilice esa condición para importar en enero de este año un auto pagando $ 23.500 mientras adeuda $ 12.000 por la pensión de alimentos de su hijo, quien además tiene autismo y cuyo porcentaje de discapacidad (46%), irónicamente, es menor que el de su padre. Pero como siempre se puede ir más allá, Fabricio Villamar ha usado ese argumento para pedir una reducción en la manutención, tal como consta en el proceso judicial.
Asegura que todo lo hizo apegado a la ley, que incluso está dispuesto a someterse a una reevaluación de su discapacidad. Pero ese, precisamente, es uno de los mayores problemas al que asistimos: en el país se ha usado la norma para legalizar conductas moralmente dudosas; sin embargo, que algo sea legal no quiere decir que sea legítimo o ético.
Actuar bajo la “legalidad” desde hace tiempo dejó de ser prueba de actuar correctamente, la cuestión es que cuando la corrupción ocurre a niveles tan sensibles como con las discapacidades, indigna aún más.
Aunque no todos han usado los beneficios de la ley para importar autos, es inexplicable y deleznable que cientos de ciudadanos con discapacidades más severas y evidentes no hayan logrado siquiera obtener el carné de discapacidad viviendo cada día un calvario y sometiéndose a procesos humillantes dentro del sistema de salud pública.
Pero aun así le piden a la ciudadanía que arrime el hombro y trabaje para impulsar el desarrollo nacional. Con estos antecedentes, no se puede pedir más a la sociedad, no se puede pedir al ciudadano común mayores esfuerzos cuando la indecencia prima en la función pública, en un país donde, además, su propio presidente vive con una discapacidad.
Muchos dicen que la solución está en retirar los aranceles de los vehículos, que resultan excesivos en un país como el Ecuador, y que eso evitaría que la gente busque cómo esquivar la ley. ¿Es esa la solución? O lo ideal sería no robar, no eludir la ley, no abusar de un beneficio que no me corresponde y actuar bajo mínimos estándares éticos. Así de desdibujada está la realidad, cuando en verdad las personas que viven con una discapacidad tienen anhelos más importantes que comprarse un carro de lujo, su lucha diaria es muchas veces únicamente sobrevivir.
El tema pasa por corregir las estructuras sociales desde el principio, pero hacerlo será un proceso que tome años o décadas. Mientras tanto, ¿cómo se puede contener el malestar ciudadano? ¿Cómo se puede frenar el descontento social que solo se acrecienta con el paso de los días? Lo preocupante aquí es que así como en el tema de las discapacidades se ha abierto la olla de grillos, ¿qué otras esferas de la vida pública no están contaminadas? ¿Acaso debemos esperar que otra avioneta caiga para descubrir nuevos negociados y corrupción?, ¿o es momento de más bien adecentar el camino para las nuevas generaciones?
Last modified on 2020-07-09