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La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) desmanteló, el pasado miércoles, cinco campamentos clandestinos en la parroquia azuaya de Pucará. La Cámara de Minería del Ecuador reconoce la lucha contra la minería ilegal que ha llevado adelante el Gobierno Nacional, la Policía Nacional y el Ejército ecuatoriano. Esta lucha se ha materializado en la detección, intervención y posterior sanción de actividades extractivas ilícitas, no solo en Azuay, sino en Imbabura, Loja, Zamora Chinchipe y varias áreas de la Amazonía; las cuales -también- son víctimas de esta práctica criminal.

Hace meses el país fue testigo del drama que, en la parroquia de Buenos Aires en Imbabura, desataron estas operaciones delincuenciales. La minería ilegal constituye un delito contra el Estado ecuatoriano al sustraer recursos que le pertenecen. Además, propicia otras actividades delictivas a su alrededor, como la trata de personas y el tráfico de armas, genera gravísimos impactos ambientales y elude el pago de impuestos. La Cámara de Minería del Ecuador sostiene firmemente su compromiso con la minería responsable, aquella que lleva a la práctica una operación consciente con el ambiente y con el ser humano, aquella que cumple con la normativa ecuatoriana y que genera riqueza y empleo seguro. La minería responsable implica progreso para los empleados, las comunidades de las zonas de influencia y para la sociedad en general. Esta práctica responsable ya es una realidad en el Ecuador. Desde el año pasado, dos proyectos mineros -que cumplen todos los estándares- operan en el país para beneficio de todos.

Last modified on 2020-07-03

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