Planificar, dotar de recursos y asegurar el personal sanitario para que cada niño y niña reciba sus vacunas completas y a tiempo, es crucial para que no mueran por causas evitables. La inmunización salva entre 2 y 3 millones de vidas cada año a nivel global. Los beneficios son exponenciales. En la niñez, la vacunación previene discapacidades y reduce el número de muertes por enfermedades infecciosas, entre ellas polio, difteria, sarampión, meningitis, paperas, tosferina, neumonías, infecciones por rotavirus y tifoidea.
En las siguientes etapas de la vida, permite prevenir cánceres relacionados con infecciones, como el VPH, y favorece a que las personas adultas mayores tengan vidas más sanas y largas. La inmunización, además, representa un ahorro para los Estados. Se estima que en países de ingreso bajo y medio la vacunación tienen un retorno de 16 veces lo invertido, ya que evita incurrir en los costos del tratamiento de la enfermedad y se previene la pérdida de productividad a lo largo de la vida laboral1. La vacunación es una intervención que posibilita el ejercicio de los derechos de los niños, en especial, al disfrute del más alto nivel posible de salud, al desarrollo integral, a la supervivencia, a la vida.
Si bien en las últimas décadas se han dado enormes avances en cuanto a la cobertura de vacunación en el país y el mundo, estos han sido desiguales entre países y en el interior de la gran mayoría de ellos. Las crisis económicas y la pandemia del COVID-19, han modificado las prioridades de los gobiernos y han creado nuevas barreras para el acceso a servicios esenciales como la vacunación. Hoy en día, se observa una reducción del número de niñas y niños que reciben inmunización completa y oportuna, lo que pone en riesgo sus vidas. Según un análisis llevado a cabo por los investigadores de la Escuela Johns Hopkins Bloomberg de Salud Pública publicado en la revista académica The Lancet Global Health, se estima que en 2020 en el Ecuador pudo incrementarse hasta 2.282 el número de muertes en niñas y niños menores de 5 años con respecto a 2019 por efecto de la reducción de las coberturas de servicios esenciales en el marco de la pandemia.
Last modified on 2021-05-17