Con la aplicación de protocolos de bioseguridad que garanticen la salud y la vida de todas las personas que forman parte de la cadena automotriz, el sector propone la reapertura de sus actividades. El objetivo es proteger los 182.491 empleos directos que se generan y recuperar el aporte al fisco, que en el 2019 generó $ 1.557 millones. El avance del Covid-19 y las necesarias medidas adoptadas por el Gobierno tuvieron efectos negativos en el sector automotor. Así, entre marzo y abril de este año la comercialización de vehículos tuvo una reducción del 80%, en relación a los mismos meses del 2019. La caída de la demanda se verá reflejada, además, en el pago de tributos del sector. En el 2019, los $ 1.557 millones que se cancelaron al Estado se lo hizo a través aranceles, IVA, ICE, ISD, Impuesto a la Propiedad de los Vehículos, Impuesto a la Renta, Fodinfa e Impuesto Verde. La carga impositiva encarece el costo de un vehículo en 110%.
El sector también enfrenta inconvenientes y retrasos por la excesiva tramitología que se exige en el país. Desde la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador hemos identificado, al menos, 20 procesos que podrían eliminarse o simplificarse de manera inmediata, aplicando la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. Estos son parte de los temas que se deben debatir, reformar y mejorar en el país. Mientras se establece el ambiente adecuado para ello, la cadena automotriz plantea la reapertura de las actividades industriales y comerciales, a través de programas piloto en aquellos cantones que aún se encuentran en semáforo en rojo. La propuesta está en manos de los COE cantonales para que autoricen su aplicación. A través de nuestra propuesta, cada empresa se compromete a implementar los protocolos de bioseguridad, priorizar el teletrabajo con máximo el 50% de trabajo presencial, y garantizar la movilización de sus trabajadores.