Cómo promover el comercio electrónico en América Latina y el Caribe

El comercio electrónico brinda una oportunidad real de hacer más inclusivo el sistema global de comercio, permitiendo que micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) accedan a nuevos mercados y consumidores, superando barreras geográficas y reduciendo intermediarios y costos de transacción. Asimismo, un aumento del comercio electrónico en América Latina y el Caribe (ALC) permitiría mejorar la competitividad de la región, incrementando y diversificando sus exportaciones y atrayendo inversión extranjera directa.

¿Qué es el comercio electrónico?

Cuando hablamos de comercio electrónico nos referimos a la compra o venta de bienes o servicios realizada a través de redes informáticas, especialmente redes conectadas por internet. Las redes en línea son ampliamente utilizadas para efectuar y recibir pedidos y pagos. Para el caso de ciertos servicios, la entrega puede efectuarse en línea también; mientras que, en el caso de las mercancías, su entrega se hace físicamente a través de las redes logísticas.

El comercio electrónico se compone de cinco elementos clave: (1) consumidores que tengan acceso a información en línea y sitios web; (2) plataformas de comercio electrónico que incluyan una efectiva función de búsqueda; (3) empresas comerciales que tengan acceso confiable por internet a consumidores y marketplaces; (4) servicios financieros/de pago que estén disponibles para verificar y ejecutar transacciones; y (5) proveedores de servicios logísticos y de correo expreso que puedan transferir mercancías desde vendedores a consumidores.

¿Cuál es la situación del comercio electrónico en ALC?

De acuerdo con el Monitor de Comercio e Integración 2017 del BID, el comercio electrónico en ALC ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años, pero sigue siendo marginal. Las ventas de negocio a consumidor (B2C, por sus siglas en inglés) en la región alcanzaron 47 mil millones de dólares en 2015, equivalente a un crecimiento de 24% respecto al año anterior.

Sin embargo, la participación de la región en el comercio electrónico B2C global se situó en 2%, siendo menor a su participación en el PIB mundial (7%) y en el comercio internacional de bienes (6%).

Adicionalmente, como proporción del total de las ventas al por menor, en 2016 las ventas electrónicas en ALC alcanzaron entre un 1% y 1,9%, y se situaron considerablemente por debajo del promedio mundial, entre 7% y 8,7%. Estas cifras, sumado al hecho de que sólo la mitad de los latinoamericanos están conectados en línea e incluso menos tienen conexiones de banda ancha, muestran que existe un gran espacio para el crecimiento del comercio electrónico en la región que es preciso aprovechar.

¿Qué políticas comerciales favorecerían el desarrollo del comercio electrónico en ALC?

Para que ALC maximice las oportunidades del comercio electrónico es necesario implementar políticas comerciales que reduzcan las barreras a su desarrollo, tanto a nivel nacional como regional. Esta labor no es sencilla, ya que estas barreras son de difícil cuantificación y reducción en comparación a enfoques tradicionales de liberalización comercial.

El comercio digital, además de verse afectado por barreras comerciales convencionales, presenta obstáculos específicos asociados a la economía digital que no fueron contemplados al momento de negociarse los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la mayoría de los acuerdos comerciales vigentes en la región.

Más aún, incluso en lo que podemos llamar barreras “tradicionales” existen complejidades, ya que el crecimiento de la economía digital ha hecho más difusa la distinción entre comercio de bienes y de servicios, como es el caso por ejemplo de productos como libros, música y películas, que hoy pueden obtenerse a través de la red en forma de servicios.

Dentro de las medidas “tradicionales” que favorecerían el desarrollo del comercio electrónico se encuentran:

• Medidas de facilitación del comercio, particularmente aquellas que permiten remover fricciones a los procedimientos aduaneros, reducir los tiempos para el despacho de aduanas y los procesos de retorno de mercancías.
• Mejoras en logística y distribución, incluyendo – además del fortalecimiento de la infraestructura física de transportes – la optimización de los regímenes de envío y postales.
• Fortalecimiento del entorno para los medios de pago electrónicos.
• Liberalización y facilitación del comercio de servicios, con énfasis en aquellos que pueden suministrarse digitalmente – tales como servicios de educación, TICs, de salud y ciertos servicios profesionales – y los que tienen especial relevancia para la economía digital.
• Compromisos en contratación pública y en inversiones.
• Compromisos de acceso a mercados en bienes, especialmente para dispositivos que permiten el acceso a internet, como los establecidos en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información de la OMC, en el cual participan varios países de ALC.
• Estándares técnicos no discriminatorios.
• Compromisos de no discriminación para productos digitales.

En cuanto a las medidas que permiten enfrentar desafíos específicos del comercio digital, podemos citar:

• Desarrollo de las infraestructuras intrarregionales que mejoren la interconectividad de los países de ALC y permitan una mayor penetración de internet.
• Preparación de las personas y empresas para la economía digital, junto con una agenda de promoción comercial y atracción de inversiones enfocada en ello.
• Facilitación de los flujos de información y datos.
• Un balanceado régimen de propiedad intelectual.
• Regímenes de protección al consumidor y cooperación en ciberseguridad que garanticen las transacciones digitales.
• Un régimen tributario que favorezca y facilite el comercio digital.

Los países de ALC tienen desafíos similares en estos temas. Además, debido a su naturaleza transnacional, es conveniente un enfoque regional para su discusión que evite un escenario fragmentado con regulaciones nacionales divergentes. Un enfoque regional se ajusta a las complejidades regulatorias del comercio electrónico, que al cruzar distintos sectores requiere un alto grado de coordinación y cooperación entre países y entre distintas agencias de gobiernos y reguladores al interior de éstos.

Este enfoque regional en algunos casos puede significar armonización de regulaciones, a través del establecimiento de compromisos y estándares en un instrumento internacional vinculante como un acuerdo comercial.

En otros casos, sin embargo, puede ser suficiente la cooperación regulatoria con el objetivo de asegurar la interoperabilidad o el reconocimiento mutuo entre países. Todo ello, con miras a reducir los costos de operar de manera transfronteriza, incentivar las inversiones y expandir el comercio digital.

Esquemas regionales de integración como la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR presentan un espacio propicio para estas discusiones y ya se encuentran trabajando en sus respectivas agendas digitales.

Desde el BID, hemos estado apoyando iniciativas destinadas a fomentar el comercio electrónico en la región, a través del trabajo directo con países y al interior de la Alianza del Pacífico. Además, hemos firmado un acuerdo para acelerar el desarrollo digital con la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y colaborado con el sector privado en recomendaciones de políticas a través del Diálogo Empresarial de las Américas. Esperamos que éstos y otros esfuerzos en la región avancen para que, con el apoyo del sector privado y sociedad civil, se consolide un ecosistema que promueva el desarrollo del comercio electrónico en ALC, permitiendo que cada vez más empresas, especialmente mipymes, se incorporen a la economía digital.

Tomado originalmente de: https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/comercio-electronico-america-latina/

*Es consultor del Sector de Integración y Comercio del BID. En su carrera ha trabajado en políticas y regulaciones comerciales desde diferentes perspectivas: como profesor de derecho internacional; negociador en foros bilaterales, regionales y multilaterales (incluyendo TPP, TISA y la Alianza del Pacífico); delegado en organizaciones internacionales como la OCDE y la OMC; consejero legal del Gobierno de Chile; y representante comercial y económico de Chile en Estados Unidos. Rodrigo es abogado de la Universidad de Valparaíso (Chile) y tiene un LL.M. en Georgetown University.

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